Parte I
EL PODER DE LAS FARMACEÚTICAS Y EL DERECHO A LOS MEDICAMENTOS
Sally Burch
ALAI AMLATINA, 02/09/2016.- Por contradictorio que
parezca, las grandes empresas farmacéuticas dan muy poca prioridad al derecho
humano a la salud, a pesar de que les corresponde un rol estratégico en este
marco. Su meta principal es la ganancia, y como trabajan en una industria
cuyos clientes finales son de alta vulnerabilidad –las personas con
enfermedades– les da un margen mucho mayor que en otras industrias para fijar
precios exagerados. Corresponde, entonces, a los Estados establecer los
parámetros de operación de estas empresas en aras del interés público y para
garantizar el derecho a la salud.
No obstante, los pequeños países en desarrollo
tienen poca capacidad de negociación frente a estas empresas, y si son parte de
acuerdos comerciales, se encuentran muchas veces con las manos atadas por
medidas como la extensión desproporcionada de los plazos de patentes o las
garantías de ganancias que las empresas pueden invocar en tribunales de
arbitraje cuando sienten sus intereses afectados por políticas públicas. Fue el
caso del litigio que presentó la multinacional tabacalera Phillip Morris contra
Uruguay, cuando ese país adoptó legislación para proteger la salud de los
fumadores[1].
En este contexto, constituye un antecedente
alentador que, en marzo último, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó
dos resoluciones significativas para garantizar el derecho humano a la
salud. La primera reafirma que el acceso de todas las personas a
medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una condición para
gozar del derecho a la salud, considerando que ello podría salvar millones de
vidas cada año; y la segunda reconoce la necesidad de fortalecer las
capacidades de los Estados en materia de salud pública.
Estos acuerdos, adoptados además por consenso –lo
que es poco usual en estos temas–, constituyen un respaldo político,
particularmente para los países en desarrollo que buscan adoptar políticas para
ampliar la protección de su población. En tal sentido, el Consejo de la
ONU alienta a los países a utilizar las flexibilidades ya disponibles bajo el
acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con el comercio de los
derechos de propiedad intelectual), para reducir el costo de las medicinas.
El South Centre, en un
documento de propuestas presentado a un Panel de Alto Nivel sobre el Acceso a
las Medicinas, de la ONU[2], recomienda que:
“Una manera efectiva para abordar la incoherencia en políticas entre el derecho
a la salud por sobre las reglas comerciales y los reglamentos de propiedad
intelectual (PI), consiste, en primer lugar, en afirmar la primacía del derecho
a la salud para todos, por encima de las reglas comerciales y de PI. Alcanzar
la buena salud y el bienestar es un objetivo, además de ser un derecho humano,
mientras que el comercio o la propiedad intelectual son medios. Por lo tanto,
la salud debe primar sobre el comercio o la PI”.
La compra pública agregada
Uno de los mecanismos que algunos países ya están
implementando para enfrentar el poder económico de las grandes empresas
farmacéuticas es a través de la compra pública. Centroamérica, por
ejemplo, ya cuenta con un mecanismo común a través de COMISCA[3], mediante el cual
compra en conjunto unas 64 medicinas básicas, lo que le da una mayor capacidad
de negociación frente a las empresas productoras. Este mecanismo se
denomina “compra agregada”.
Ecuador acaba de hacer lo propio, con la compra
inicial de 326 medicamentos por subasta inversa (o sea, donde gana la oferta de
menor precio), para aprovisionar todo el sistema público de salud del país
durante los próximos dos años. Primero, el año pasado, se realizó un análisis
regional de los precios de todos los medicamentos más esenciales, aquellos
usados para el tratamiento de las principales causas de muerte en la región,
que reveló que una misma casa comercial vende el mismo medicamento en
diferentes países con variaciones de precios que pueden llegar al 300% o
incluso 600%. Santiago Vázquez, Director General del Servicio
Nacional de Contratación Pública de Ecuador –SERCOP–, comentó a ALAI que ello
se da porque, cuando las empresas farmacéuticas ven la oportunidad de obtener mayor
renta de corto plazo “lo han hecho sin ningún miramiento… lo que vimos en
América del Sur y América Latina es una gran estrategia de control de poder del
mercado”.
También la ONU y la Comisión Económica Europea han
elaborado informes que indican que las farmacéuticas establecen precios
exorbitantes, utilizando todo una red de mecanismos: pacientes, ONGs, medios de
comunicación, médicos, para direccionar la compra hacia ciertas marcas; por
ello la ONU recomiendo establecer mecanismos como procesos agregados de compra,
señaló Vázquez.
Cuando se les obliga a las empresas a competir en
precios para vender en cantidad, igual les interesa. Más de 160 empresas
participaron en la subasta ecuatoriana; entre ellas 27 latinoamericanas de las
cuales 7 resultaron adjudicatarias. La compra significó un ahorro para el
país de 320 millones de dólares. Lo novedoso de la subasta ecuatoriana es
que se realizó de manera totalmente electrónica y automática, y en forma
pública, lo que posibilita la veeduría social.[4] “Todos pueden
ver los medicamentos que ha comprado el Estado, su registro sanitario, el
precio adjudicado”, informó el funcionario.
No obstante, el director de SERCOP lamenta que
ciertas empresas se han empeñado en tratar de desvirtuar el proceso, en
particular criticando la inclusión de medicamentos genéricos, como si fueran de
menor calidad. La calidad no depende de un patente, enfatizó. Más
bien el proceso de compra ha previsto un mecanismo de control de calidad de los
medicamentos, que, además del registro sanitario como requisito básico,
incorpora una red de laboratorios que reciben muestras aleatorias de parte de
los organismos de inspección, y cuyos resultados se publican en la Web.
En este sentido, destaca también como tema clave el
rol de los medios de comunicación en las compras públicas. Sercop ha
expedido un manual de buenas prácticas en contratación pública, con un capítulo
específico para los medios, que llama a un pacto social. Vázquez resaltó que Ecuador
fue gravemente afectado por un conflicto de intereses de un canal de televisión
privado, que hizo campaña durante seis semanas contra la subasta, con
desinformación y desequilibrio en la cobertura. “Cuando se hacen los
análisis del caso, resulta que hay un claro conflicto de interés entre el
canal, la periodista y el mundo farmacéutico, porque su familia tiene relación
directa con la venta de medicamentos al Estado”. Cuando SERCOP solicitó
un recurso ante la Superintendencia de Comunicación, fue tildado de atentado a
la libertad de expresión, versión que tuvo eco en medios internacionales.
Por ello Vázquez insiste en que los medios de comunicación clarifiquen si
tienen o no conflictos de interés cuando se trata de cubrir noticias sobre las compras
públicos.
Entre tanto, Ecuador ha entregado a Unasur y su
Consejo de Salud (ISAGS) los resultados de su estudio de los precios de
medicamentos en la región, con la esperanza de poder concretar una compra de
medicamentos a nivel de América del Sur.
“Las empresas farmacéuticas, conocidos como los ‘big
pharma’, se han repartido el mercado mundial, y han indicado en qué continentes
van a aplicarse –comentó Santiago Vázquez–. Tanto las ‘big pharma’ como
las empresas locales de medicamentos a nivel latinoamericano, ven a las
medicinas como un negocio y no como un derecho. Frente a ello, la labor
de los Estados es equilibrar las condiciones para que los medicamentos se
conviertan en un derecho y no un negocio. Para eso, la compra pública
juega un rol fundamental”, concluyó.
- Sally Burch, periodista, ALAI.
[1]
Uruguay recientemente ganó el caso en el CIADI, lo que crea un antecedente muy
importante, ya que estos tribunales suelen fallar lo más a menudo a favor de
las empresas.
[2]
Improving Access to
Medicines: What needs to be done, South Bulletin 91, 18 June 2016, www.alainet.org/en/articulo/178356
[4]
Todo el proceso se puede visualizar en el sitio web de la compra: https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/.
URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/179977
Parte II
EL PODER DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA
No vamos a descubrir nada nuevo si decimos que, muy
a menudo, las élites económicas y políticas están bastante próximas, y que unas
se valen de las otras para obtener ventajas personales o para sus empresas.
Esto, en los “altos niveles”, es algo relativamente habitual y no es algo intrínsecamente
malo, pero hay puntos en los que el inmenso poder de ciertas empresas llega
como un tsunami a las instituciones políticas, haciendo que muchas de ellas
queden secuestradas por la acción y los intereses de estas multinacionales o
sus respectivos lobbies. En este sentido, la industria farmacéutica es un buen
ejemplo para reflejar estas dinámicas de poder.
Sin duda, gracias a la industria farmacéutica
vivimos – al menos en ciertas partes del planeta – sustancialmente mejor. Sus
productos han erradicado enfermedades como la viruela (erradicación confirmada
por la OMS en 1980) y han ayudado a combatir de manera eficaz todo tipo de
enfermedades como la lepra o la tuberculosis, que en siglos anteriores causaban
terribles problemas de salud pública en muchos lugares del mundo. Igualmente,
su estrecha colaboración con la industria química, otros tipos de industria,
las universidades y la constante apuesta en el I+D han ayudado al crecimiento
económico de muchos lugares y al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero
no deja de ser menos cierto que en muchos momentos, esta industria se ha
servido de su poder oligopólico para poner contra las cuerdas a gobiernos e
instituciones en situaciones de riesgo sanitario. Tampoco podemos pasar por
alto el hecho de que en varias ocasiones, los desarrollos de los laboratorios
farmacéuticos han derivado en auténticas chapuzas, caso de la Talidomida; en
generar alarmas innecesarias para vender sus productos, como el Tamiflú contra
la Gripe A o en múltiples acusaciones a lo largo de los años por sobornos a
médicos y políticos, causar muertes con sus productos o la venta de auténticos
placebos.
El
poder de la industria
Para poder ver mejor el peso de este sector dentro
de la economía mundial y concretamente dentro de los países económicamente
desarrollados, vamos a ver en primer lugar qué facturación han tenido las diez
mayores empresas farmacéuticas del mundo en dos años del siglo XXI: 2004 y
2013. Para ello nos serviremos del índice PharmExec, una web de negocios farmacéuticos que
elabora anualmente un índice de la situación financiera de las principales
empresas del sector. Veamos la comparativa (las cifras se expresan en miles de
millones de dólares):
MÁS INFORMACIÓN:
2004 PharmExec Top 50
MÁS INFORMACIÓN: 2012 PharmExec Top 50
En total, este Top 10 de empresas farmacéuticas
facturaron en 2004 más de 235.000 millones de dólares, mientras que ocho años
después, en 2012, facturaron por valor de 335.000 millones de dólares. Para
visualizar estos datos en una comparativa más clara, estas diez empresas
produjeron por más valor en el año 2004 que Grecia, 24ª economía del planeta
con 230.719 millones de dólares (fuente: Banco Mundial); este tipo de
comparativa, en el año 2012, arroja que estos diez transatlánticos
empresariales produjeron casi como la 33ª economía, Venezuela, con 337.979
millones de dólares (fuente: FMI).
Que ‘hayan bajado’ nueve puestos estas empresas ni
mucho menos es un indicativo de que vendan menos (de hecho han facturado un 30%
más en esos ocho años). Sólo hay que ver el volumen de las ventas y el
progresivo pelotón que se está formando en la cúspide que la norteamericana
Pfizer retiene por los pelos. A esto hay que sumarle el hecho de que al
comparar con PIBs de países, en esos ocho años de diferencia, algunos países,
los llamados emergentes, han visto como su PIB crecía como la espuma, llegando
a duplicarse en algunos casos como India.
Por supuesto, estamos hablando de estas diez en la
cúspide, pero hay numerosas empresas más con notables facturaciones, en
especial empresas japonesas, europeas nórdicas, alguna alemana y las siempre
presentes norteamericanas. También cabe destacar el hecho de que de media, un
20% de estos ingresos acaban reinvertidos en procesos de investigación, ya que
sin duda las patentes de los diversos fármacos son uno de los principales
ingresos de estas empresas.
Una
persona, una pastilla
Una de las máximas de la democracia liberal
contemporánea ha sido “un hombre, un voto”. Pues bien, de vez en cuando, a este
sector económico, el farmacéutico, le asalta la idea de reconvertir eso en “una
persona, una pastilla”. Las acusaciones de que estas empresas crean
enfermedades a propósito para vender sus productos quizás sea excesiva y cuanto
menos peligrosa, pero no cabe duda de que ante un conato de enfermedad que
pueda ser bastante contagiosa, dichas empresas se movilizan a marchas forzadas
para que las instituciones, estatales y mundiales, actúen con celeridad y
combatan esa “peste negra” moderna con sus maravillosos fármacos. Por supuesto,
no empiezan de cero a cada alerta sanitaria, sino que con los años han
conseguido de una manera muy eficaz ir colocando en puestos políticos – que no
tienen que ser meramente ejecutivos o gubernamentales, sino simplemente de
asesoría – individuos afines a sus intereses o que directamente sean de su
empresa. Quizás en España esta situación nos resulte más extraña o más turbia
por el hecho de que aquí el lobbismo está prohibido y casi está mezclado con el
“enchufismo”, pero en otros lugares como EEUU o la propia Unión Europea es
absolutamente legal y está regulado, por lo que es una actividad que sucede con
normalidad por unos cauces determinados.
La
industria, la OMS y la Gripe A
ara ejemplificar todo lo relatado anteriormente,
vamos a irnos a un momento no muy lejano y que la mayoría de los lectores
tendrán medianamente fresco: abril de 2009. Gripe A. Se llegó a vender como la
enfermedad que podía llegar a diezmar a los humanos a límites insospechados.
Una nueva gripe española, que entre 1918 y 1919 mató a entre 25 y 40 millones
de personas. Posteriormente, según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), esta enfermedad mató a unas 18.500 personas – una gripe normal, la
estacional mata a 250.000-500.000 personas cada año – Estas precauciones en sí
no son malas; para estas cuestiones mejor ser precavido que confiado. La
cuestión es que en esta “precaución” de países y de la OMS, las empresas
farmacéuticas vendieron millones de dosis del conocido Tamiflú, embolsándose
notables cantidades de dinero, que más adelante desarrollaremos.
El organismo que gestionó toda esta crisis fue la
OMS, un organismo dependiente de la ONU y que a lo largo de su existencia ha
coordinado y apoyado la lucha contra diversas enfermedades, en especial en
países en vías de desarrollo, con el fin de mejorar la salud pública y promover
el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de dichas poblaciones. En
definitiva, la OMS era – y es – un organismo respetado en cuestiones político-sanitarias
a nivel global. Por ese motivo, en esta crisis gripal, la OMS asumió el
liderazgo de coordinación y recomendaciones a los distintos países en los que
iba surgiendo la pandemia.
Breve
cronología de la Gripe A
El 13 de abril de 2009 se reportaba la primera
muerte en Oaxaca (México) de una mujer que padecía la entonces llamada “gripe
porcina”; el 17 de abril, EEUU notificaba que habían aparecido casos en
California; entre el 24 y el 25 de abril, mueren en México 7 personas más, por
lo que la OMS advierte el posible riesgo de pandemia y eleva el nivel de
alerta; entre el 16 y el 25 de abril, la enfermedad se extiende hasta Canadá y
aparecen casos en España, siendo el primer caso en Europa; durante la primera
quincena de mayo el virus llega hasta Asia, el resto de Europa y América del
Sur. En este momento la OMS informa de que un tercio de la población mundial
podría estar afectada por esta enfermedad; el 19 de mayo, la OMS y las
farmacéuticas perfilan un plan de vacunación a nivel global. Aún así, el 11 de
junio, la OMS declara la pandemia por Gripe A. Así pasan dos meses hasta que en
agosto, la propia OMS decide declarar la situación post-pandemia, esto es que
el virus ya no es tan agresivo y el riesgo de contagio es menor, por lo que la
alerta ha de ser relajada.
La
industria farmacéutica y la Gripe A
Para situaciones como esta, la industria
farmacéutica es un actor clave y se debe contar con ella, puesto que a nivel
práctico es quien tiene la solución del problema (vacunas, fármacos, etc). La
cuestión es, ¿cedió demasiado la OMS ante las presiones y recomendaciones de
dicha industria? Pues por las investigaciones y descubrimientos posteriores,
parece ser que sí.
El 4 de junio de 2010, el British Medical Journal y
el Consejo de Europa criticaban a la OMS en un artículo por supuestos
conflictos de intereses, ya que para combatir una epidemia así ya había un
protocolo desde hacía diez años (ver artículo
del BMJ). Ante estas acusaciones, la OMS defendió su gestión con otro
artículo, repasando punto por punto las acusaciones (ver artículo OMS). Para resumir el tema que estamos
tratando, a continuación incluimos dos segmentos del texto:
-¿Se intentó beneficiar a la industria con algunas
de las decisiones que adoptó la OMS en relación con la pandemia?
-No. Las acusaciones de que la OMS declaró la
pandemia para multiplicar los beneficios de la industria farmacéutica guardan
relación con las prácticas seguidas por la OMS para recabar el asesoramiento de
expertos.
-¿Qué precauciones se toman para evitar los
conflictos de intereses?
-Los conflictos de intereses potenciales son
inherentes a cualquier relación entre un organismo normativo y de desarrollo de
la salud, como la OMS, y una industria con fines lucrativos. (…) Los máximos
expertos han de elaborar orientaciones basadas en los mejores conocimientos
especializados.
Casi lo más alarmante de todo fue encontrarse con la
opacidad de la gestión, ya que si acudimos al citado documento de 1999 donde se
especifica cómo tratar una epidemia de gripe extremadamente virulenta, nos
encontramos con que el consejo asesor de la OMS está formado de la siguiente
manera (ver foto).Como podemos comprobar, aparecen numerosas profesiones y
medios, lo cual está bien, pero en ningún momento aparece cuántos va a haber de
cada uno de ellos y mucho menos los lugares o instituciones de los que van a
proceder, por lo que la toma de decisiones dentro de la OMS tiene una
transparencia nula.
En el citado artículo del BMJ también se critica
que la OMS no dijese nada acerca de los vínculos de sus asesores con las
grandes empresas farmacéuticas encargadas de fabricar y distribuir el antiviral
Tamiflú y Relenza, los antivirales que la OMS recomendó para combatir la
pandemia (ver artículo). En él, podemos leer cosas como: “La
gestión de la pandemia de gripe A por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
fue poco transparente. Un informe clave de la OMS ocultó los vínculos
financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes
de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1. Ese fue el
informe que instó a los Gobiernos a apilar reservas de esos medicamentos, por
valor de unos 6.000 millones de dólares (4.900 millones de euros)”
El siguiente gráfico muestra los ingresos totales
de Roche, que si recordamos la tabla del inicio del artículo, era una
empresa que en el 2004 no estaba entre los diez primeros, pero que en el 2012, tres años después de la pandemia, se encontraba en quinto lugar.
Posteriormente, la empresa suiza fue acusada por la
publicación médica Cochrane Collaboration de que el medicamento que ésta
vendía, el Tamiflú, no tenía tanta efectividad como la anunciada y
que Roche lo había ocultado a propósito, puesto que desde 2002, la OMS
recomendaba usar este fármaco para combatir posibles pandemias de gripe.
De hecho, gracias a estas recomendaciones de la
OMS, numerosos países compraron millones de dosis de Tamiflú, lo que hizo que
Roche ganase en el año 2009 más de 3.370 millones de dólares sólo con la venta
de este medicamento.
Un buen negocio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario