Dr. Hugo SALINAS
De hoy en adelante, la gran
Transformación no será más una bella frase. La gran Transformación se resume en
la creación de empresas-país. Y podemos comenzar a crearlas desde ahora. No
esperemos a tomar el Poder (gobierno central).
Hasta aquí he mostrado la factibilidad
de poner en movimiento la gran Transformación con la seguridad de un éxito a
cortísimo plazo. La emisión monetaria, como fuente de financiamiento, hace
factible el desarrollo de un gran número de proyectos de inversión al mismo
tiempo. Todos ellos a ejecutarse por empresas-país que conllevan los mecanismos
de la eliminación de las grandes desigualdades socio-económicas al interior del
país.
A ello se debe agregar un segundo reto a
llevar adelante en paralelo. Se trata de la instalación y desarrollo del
proceso de trabajo de concepción. Es el ingreso al mundo inmaterial, y un gran
cambio en el cuadro vida de las personas del Tercer y Cuarto Mundo. La
eliminación de las grandes desigualdades socio-económicas y el desarrollo del
proceso de trabajo de concepción son los dos retos más grandes de los tiempos
modernos.
Son retos que, sobre todo en los países
del Tercer y Cuarto Mundo, exigen una movilización general y un esfuerzo
financiero descomunal. En efecto, se trata de poner en marcha un Proyecto de
Sociedad. Por ello es que, ante lo delicado de la misión, se requiere de una
total Transparencia en todo el sector a Repartición
Igualitaria.
Total transparencia en el sector a
Repartición Igualitaria
La noción de Transparencia implica que
todo acto debe ser de conocimiento público, o lo actuado debe estar disponible
para su verificación en cualquier instante. Sin embargo, la acción de
Transparencia no debe, en ningún momento, entrabar la acción en curso.
La exigencia de Transparencia resulta
crucial por cuanto se está, por un lado, realizando esfuerzos descomunales para
llevar adelante un Proyecto de Sociedad y, por otro lado, se tiene que lidiar
con un comportamiento fraudulento e individualista de la mayoría de la
población. Un comportamiento adquirido durante diez mil años en el intento de
supervivir o de “salir adelante”, cueste lo que cueste.
Quienes en primer lugar deberán mostrar
una total Transparencia son las instituciones y personas ligadas al sector
económico a Repartición Igualitaria. La Transparencia tendrá que ver no
solamente con los actos económicos de todo el sector a Repartición Igualitaria,
sino también de las personas encargadas de su gestión, en forma directa o
indirecta. Y la Transparencia deberá expandirse hasta la vida privada de los
que tienen que ver con los intereses del país. Para las personas trabajando en
dicho sector no habrá diferencia entre la vida privada y la vida pública,
porque el grado de responsabilidad y de sensibilidad del cargo así lo exige.
Y ante tal responsabilidad, deberá
existir una igual sanción ante el incumplimiento de su deber.
Pena de muerte para quienes utilicen los
recursos del país con fines personales
No hay delito más grave que aquel que se
comete contra todo un pueblo. Y es aún más grave que sea cometido por quienes
precisamente juraron defenderlo, por quienes fueron contratados para servirlo.
Es hora que la dignidad de un pueblo se respete. El comportamiento de la
Repartición Individualista ha trastocado los valores de un pueblo. Es necesario
recuperarlos para cultivar una vida armoniosa y de complementariedad.
Es importante que los intereses de un
pueblo se pongan por encima de los intereses individuales. El ingreso a una
nueva economía orientada al bienestar general debe ir acompañada del máximo respeto
de los intereses de toda una población que ha sido postergada por cientos,
miles de años. Y quienes incurran en delitos contra el país deben recibir la
máxima sanción prevista por la legislación.
Los incursos en la sanción no solamente
deberán ser considerados los que directamente cometieron el delito, sino
también todos aquellos que facilitaron la comisión del delito. Cientos de años
que se viene cometiendo este delito por quienes precisamente tienen que
salvaguardar los intereses del pueblo, sin que exista una real sanción contra
los responsables. Los políticos, militares, policías, como los civiles de la
administración pública y de las empresas-país, deberán ser los primeros
incursos en dicha sanción.
La eliminación de la corrupción y el mal
uso de los bienes del país exigen la sanción más severa. Deberá inscribirse en
la Constitución Política del país que se aplicará la sanción más severa contra
quienes hagan un mal uso de los bienes del pueblo. Y esta sanción deberá ser la
pena de muerte. Es necesario corregir el comportamiento del ser humano
desviado por intereses individualistas, egoístas.
La decisión de adoptar la pena de muerte
contra aquellos que lesionen los intereses del país debe tener una
vigencia de cincuenta años. Se estima que es un período necesario para
cambiar de un comportamiento individualista hacia otro de respeto del bien
colectivo, base del bienestar general.
Descentralización del Poder Judicial
Y la sanción más severa contra quienes
atenten contra los intereses de un pueblo debe ir acompañada de un Poder
Judicial descentralizado, flexible, en armonía con la cautela de los
intereses del pueblo. Descentralización no es sinónimo de desconcentración. Descentralización
es autonomía irrestricta.
Y no puede existir Descentralización si
las decisiones se toman a varios niveles tanto que, en última instancia, en los
casos más graves, es el presidente de la República quien lo decide. Este
comportamiento debe terminar. El Poder Judicial debe ser autónomo y sus decisiones
deben realizarse a un solo nivel. No habrá el recurso de apelación. Esto no
impide que existan otros niveles, pero ellos no serán de decisión sino de
información, supervisión y coordinación.
De igual modo, la ubicación geográfica
de la unidad descentralizada del Poder Judicial, a ventilar el caso, debe ser
el más próximo al que se cometió el delito. Esto permitirá que las personas,
abogados y jueces que atiendan el caso, sean materia de una vigilancia más
cercana de la ciudadanía. Cualquier infracción malintencionada de la parte de
cualquiera de ellos, debe ser materia de una investigación sumaria por otro
cuerpo colegiado. La sanción en caso de delito es igualmente la pena de
muerte.
Los cuerpos jurídicos tanto de acusación
como de juzgamiento deben estar exentos de abogados. Ellos deben estar
conformados por ciudadanos de a pie y elegidos rotativamente para cada caso.
Solamente se exige saber leer, escribir y estar hábil en sus derechos ciudadanos.
El Tribunal de Acusación es un cuerpo
investigativo y consultivo a la vez, “con autonomía de ver pruebas,
interrogatorios, requerir evidencia, etc.” como lo señala Iván Fernández Paz.
“De existir fuertes evidencias sobre los mismos se deriva el caso a un juicio
[a efectuarse por el] Jurado de Juzgamiento”, puntualiza Fernández.
El Tribunal de Acusación estará
conformado solamente por ciudadanos de a pie. Y, según los casos de
acusación, debe invitarse a los especialistas a dar su opinión ante la plaza
pública.
El Tribunal de Juzgamiento debe estar
compuesto por doce personas (ciudadanos de a pie y no abogados), renovables
para cada juzgamiento. Y sus decisiones deberán ser tomadas por una mayoría de
tres cuartos (9 votos).
Estos dos cuerpos jurídicos, en la forma
descrita, son la expresión de uno de los pilares de la Democracia Directa. Es
la Justicia al servicio del pueblo y dictado por un pueblo debidamente
organizado para tal fin.
El comportamiento individualista contra
los intereses del pueblo debe cambiar lo más rápidamente posible si queremos
que el sector a Repartición Igualitaria tenga éxito al más breve plazo.
Esto nos conduce a proponer que los
delitos cometidos contra los bienes del país son imprescriptibles. El abuso
de los políticos confundidos con el accionar económico ha comprado y corrompido
conciencias y poderes como el judicial. Este comportamiento debe terminar en
aras del bienestar general.
Ferreñafe, el pueblo de las dos Fe,
diciembre 6 del 2012
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