08-02-2014
El 5 de febrero es
para los peruanos una fecha de ingrato recuerdo. Nadie, en su sano juicio, la
reivindica como una expresión positiva. Fue una explosión sediciosa que buscó
minar al régimen progresista de Juan Velasco, orientada a restaurar el dominio
oligárquico. Para el pueblo fue una fecha infausta, de destrucción y barbarie.
Y para la clase dominante, un hito de vandalismo y saqueo que también la
afectó. Ni siquiera los beneficiarios directos de aquellos sucesos, podrían
hablar de una jornada de lucha democrática; ni la expresión sana de un pueblo
empeñado en poner fin a una “dictadura”.
Y es que ese día estuvo marcado por los
actos más agresivos desatados por turbas enardecidas y descontroladas, que no
hallaron nadie al frente. La huelga policial declarada desde horas antes había
retirado todos los puestos de control y vigilancia de la ciudad, dejando sin
funcionar incluso los semáforos.
Centenares de personas -en gran medida
delincuentes y otros segmentos del lumpen- coordinadas y organizadas, salieron
a la calle sabiendo que no encontrarían resistencia de ningún tipo, y
premunidos de bidones de gasolina prendieron fuego a instalaciones del Centro
Histórico y propiciaron saqueos que diezmaron almacenes y tiendas. Actuaron
guiados por individuos en motocicletas lineales vestidos con indumentaria
similar como una manera de identificarse entre sí. Eran los “Comandos de
Acción” del APRA.
Adicionalmente esas huestes, atacaron
sedes del gobierno y entidades militares, medios de comunicaciones y otras
instituciones como una manera de afirmar su poderío, causando ingentes daños
materiales y pérdida de vidas.
Los hechos comenzaron en las primeras
horas del 5 de febrero de 1975 cuando efectivos de la Comandancia Central de
Radio Patrulla, en La Victoria, se amotinaron protestando por la agresión de la
que fuera objeto un policía por parte del Jefe de la Casa Militar del general
Velasco. Para acabar con la protesta, el gobierno dispuso la ocupación militar
de la instalación, que fue ocupada en la madrugada. Aunque luego se dijo que
habían perdido allí la vida numerosos policías; la información era falsa. Nunca
nadie dio a conocer la identidad de un solo policía que hubiese caído abatido
en esas circunstancias.
Lo que sí ocurrió fue que los
sublevados huyeron del edificio copado y se esparcieron por la ciudad abordando
unidades de transporte público en los que algunos de ellos hicieron uso de la
palabra asegurando que eran “sobrevivientes de una espantosa masacre”. A
continuación hablaron de los hechos magnificando las cosas, y generando un
clima de zozobra y desconcierto. Al unísono, los Comandos del APRA se
desplazaron por las principales avenidas de la ciudad, a partir de las 9 horas
y generaron los desmanes que hoy aún la gente recuerda.
El gobierno de entonces fue
sorprendido. Y no estaba en capacidad de entender lo que ocurría, ni hacerle
frente. A las 7.30 de la mañana de ese día la CGTP planteó formalmente al
gobierno la habilitación de vehículos para trasladar de las fábricas a 2,000
trabajadores que asumieran el control del centro histórico de la ciudad. El
general Sala Orosco -quien recibió la propuesta- la descartó arguyendo que eso
era crear “milicias populares” “guardia obrera”, lo que estaba, por cierto, muy
lejos de las miras del Ejecutivo.
Cuando casi tres horas después las
bandas armadas incursionaron en las dependencias públicas para incendiarlas; el
mismo general Sala llamó con insistencia a la CGTP pidiendo ayuda. El pedido
llegó tarde, Antes que él, los obreros y periodistas de los diarios “Expreso” y
“Extra” que estaban bajo su control, habían solicitado lo mismo, porque ya eran
motivo de agresión, y un contingente de la CGTP acudió en su ayuda. La firmeza
de los trabajadores de ambas publicaciones, y la presencia de los activistas
del movimiento sindical, fue decisiva para que la turba soliviantada no lograra
su propósito.
Adicionalmente, vándalos de similar
procedencia se habían instalado en la Plaza Dos de Mayo, ante la sede de la
Central Obrera, amenazando arrasar con ella. La resistencia de los trabajadores
-la firme defensa de la Guardia Obrera- impidió que este hecho se concretara.
Pero las amenazas se prolongaron desde las 10.30 de la mañana hasta casi las 2
de la tarde en medio de un clima de violencia no visto antes en la capital.
Solo cuando a esa hora una columna de tanques de la División Blindaba de Lima
procedente del Fuerte Rímac ingresó a la Plaza en medio del júbilo de los trabajadores,
fue posible desbaratar definitivamente los planes sediciosos.
En total, entre las 9 de la mañana y
las 2 de la tarde se registró la muerte de 86 personas, la mayoría de las
cuales fue abatida cuando participaba en actos de pillaje, saqueo y vandalismo. Sus
nombres fueron publicados y sus restos entregados a sus familiares cuando eso
fue preciso.
La fuerza del pueblo, la valentía de
los trabajadores y la presencia de la Fuerza Armada desbarató esos planes
sediciosos, que nunca más se repitieron en el escenario nacional.
La huelga policial de mayo de 1987,
impecablemente dirigida por el sargento Celso Pastrana y sus
colaboradores, se diferenció sustantivamente de la asonada del 75. En esa
ocasión, los policías en lucha tomaron la VI Comisaría y otras dependencias en
perfecto orden y sin violencia. Y salieron a la calle no con propósitos
vandálicos sino en requerimiento legítimo de apoyo social. Ellos sí fueron
abaleados en el gobierno aprista y en la Plaza Bolívar, ante el Congreso de la
República cuando en compañía del Presidente del Senador Guillermo Larco Cox,
y de la Cámara de Diputados, Luis Negreiros, a más de otros
parlamentarios de distintas bancadas, se dirigían a Palacio de Gobierno en
busca de una entrevista con el Jefe del Estado
Ese fue un Paro Policial. Pero no formó
parte de conjura alguna, razón por la que no fue usado por nadie para fines
sediciosos. Por eso se marcó también la diferencia de trato que recibieron los
“jefes” del 75, del que sufrieron los del 87. Con Velasco, ni los Enciso, Gersi
o García nunca fueron castigados, ni los policías identificados. Los del 87,
con el gobierno del APRA, fueron perseguidos y encarcelados y se vieron
forzados luego a buscar el asilo diplomático y el exilio para protegerse del
Poder.
Hoy, el Paro fue alentado por el APRA
con el apoyo vergonzante de los grandes medios de comunicación que se
esforzaron en informar a la ciudadanía que “estaba confirmado el Paro
policial del 5 de febrero”.Ellos buscaron obsesivamente que, cuando menos
un segmento de la policía en actividad se plegara para provocar miedo e
inseguridad ciudadana y afirmar la idea que el gobierno “no controla nada”. Insistieron
incluso tomando como pretexto ridículo expresiones del Presidente Humala en
torno a la corrupción policial y asegurando que ellas constituían una “afrenta” a
la institución.
El clima que se generó en el país por
el tema de La Haya conspiró contra dichos planes, pero ellos fueron
desbaratados también por la ausencia de lideras reales en la institución
policial, así como por el desprestigio galopante que ha generado la corrupción
que la agobia a partir de las más recientes administraciones.
Paro policial, no hubo, entonces este 5
de febrero, con lo cual los planes sediciosos de la Mafia conocieron un nuevo
descalabro. Pero sí quedó en evidencia el descontento que se vive en las
esferas policiales, lo que dio lugar a una marcha de alrededor de 300 efectivos
en retiro de la Guardia Civil y sus familiares, que presentaron un pliego de
demandas de orden salarial y otros, plenamente justificado.
Es verdad que la institución policial
atraviesa una de las crisis más severas de su historia. Fue corrompida por la
Mafia y el APRA virtualmente desde sus raíces. Y por eso ejecuta acciones que
la ciudadanía detesta, aunque no entienda necesariamente su origen, ni su
esencia. Las rechaza igual.
El gobierno no encuentra un camino
efectivo para superar estas dificultades. Ellas se mantendrán en la medida que
subsistan los factores que las hacen posibles. Sólo cuando la seguridad
ciudadana deje de estar en manos de diez mil policías y pase a ser tarea de 20
millones de peruanos, se tendrán los frutos esperados.
Pero ése es un paso revolucionario que
éste gobierno no adoptará, como el de Velasco Alvarado no quiso asumir en 1975;
por carecer de confianza real en la fuerza de un pueblo organizado. No
obstante, como en otras ocasiones también en éste, un fracaso más si importa.
Gustavo Espinoza M. del Colectivo de
Dirección de Nuestra Bandera
Rebelión ha publicado este artículo
con el permiso del autor mediante una licencia de
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras
fuentes.
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