15-11-2014
Nunca un
gobierno mexicano ha recibido un repudio más vasto. Hay un hilo rojo de sangre
entre las matanzas de Tlatelolco de tiempos de Díaz Ordaz y Echeverría, los 50
mil muertos durante el gobierno de Calderón y los más de 15 mil que lleva en su
haber Peña Nieto, que es el representante de las transnacionales y la
oligarquía reducida que explotan México.
El PRI en el gobierno siempre reprimió
sangrientamente o asesinó a los henriquistas, a Jaramillo y otros dirigentes
campesinos, a los ferrocarrileros, maestros, médicos pero nunca descansó sólo
en las desapariciones y los asesinatos porque en otros períodos todavía podía
añadir a sus crímenes concesiones y promesas y aún tenía en su seno grupos y
tendencias nacionalistas que se diferenciaban de los fascistas del PAN. Ahora el
PRI está unido al PAN y al resto de los partidos del régimen y tiene dirigentes
que plantean la necesidad de un nuevo Díaz Ordaz, es decir, de matanzas masivas
“ejemplarizadoras” y de la imposición del “orden” de los cementerios a “los
nacos y patas-rajadas” que osan protestar. Ante la desintegración del Estado,
convertido en un semiEstado ligado a la delincuencia y dependiente de Estados
Unidos, el capitalismo ya no puede gobernar sino con la violencia y los métodos
clandestinos e ilegales.
Eso asusta a una parte de los empresarios e
industriales a los que debió dirigirse antes de su viaje Peña Nieto porque
aquéllos temen que la banda de siervos ineptos que sólo piensan en gozar el
lujo malhabido y en multiplicar los Atenco y los Tlatlaya fabrique una situación
tal de odio y desesperación que lleve a millones de mexicanos y mexicanas a
arriesgar la muerte para salvar al país de la crisis que se profundiza y de la
desaparición como nación soberana y sacarse de encima el peligro constante de
asesinato, violación, despojo, desaparición ilegal. Incluso en los serviles
diarios del régimen comienzan a escucharse voces de crítica y diferenciación.
Por su parte, los creyentes sinceros y los
religiosos populares que creen en los principios humanitarios, de amor al
prójimo, de igualdad de todos los seres humanos, de justicia y repudio a la
explotación del prójimo, se unen a las movilizaciones por la aparición con vida
de los desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. Los estudiantes de todo
el país y los sindicalistas más conscientes se rebelan a su vez y llenan las
calles. En las grandes empresas y en las clases medias pobres, si bien no hay
todavía paros ni movilizaciones, debido a la desinformación y la intoxicación
por los medios y la despolitización, serpentea sin embargo una sorda inquietud.
El mismo gobierno de Estados Unidos no sabe si desembarazarse de Peña Nieto
para salvar lo salvable de su dominación en este país- como intentó hacer en su
momento con Somoza en Nicaragua- o si esperar que la rabia se calme, que la ola
de indignación popular refluya.
La protesta popular, por su parte, ya alcanzó un
punto alto y, al mismo tiempo, llegó a límites peligrosos. En efecto, es
general la conciencia de que estamos ante un nuevo crimen de Estado, no ante un
delito de un grupo de de narcotraficantes y del alcalde de Iguala (a los que el
gobierno quiere transformar en chivos expiatorios sin convencer a nadie). El
odio y la rabia se concentran en manifestaciones de repudio y en la quema de
los atributos formales del poder estatal, como sucedió hace más de dos siglos
con la destrucción de la prisión de la Bastilla, símbolo odioso de la tiranía.
Pero el poder no está en las casas de gobierno ni en el Parlamento: está en
Washington, en las transnacionales, en la Bolsa y las Cámaras empresariales,
Televisa, TV Azteca, la jerarquía eclesiástica, los bancos. Ese es el poder que
hay que quebrar, el de los amos y mandantes del títere Peña Nieto. La legítima
violencia de los oprimidos debe ejercerse con eficacia para que no disperse en
el aire.
Este fue un nuevo crimen de Estado y es el Estado
el que debe cambiar. Pero eso no se logrará, como propone MORENA, pidiéndole a
Peña Nieto, quien es el responsable del crimen, que renuncie antes del 1° de
diciembre y convoque a elecciones anticipadas (¿organizadas por sus agentes de
la llamada Justicia Electoral, que le dio el triunfo al fraudulento Calderón y
al fraudulento Peña Nieto? ¿o por el Congreso PRIAN-PRD y adláteres al cual hay
barrer?
Peña Nieto no renunciará. Debe ser echado por la
sociedad movilizada una parte importante de la cual son los 15 millones que
votaron por López Obrador queriendo un cambio. El propuesto paro del 20 debe
servir para explicar y organizar en las grandes empresas y en los barrios un
paro cívico nacional preparatorio de una huelga general nacional
obrera-estudiantil-campesina con la exigencia democrática de la aparición con
vida de los de Ayotzinapa, la libertad de los presos políticos, el castigo a la
corrupción estatal coludida con el narcotráfico y a los responsables de los
crímenes y desapariciones, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés sobre
los derechos indígenas, la anulación de las leyes lesivas de los derechos
laborales, de la ley contra la Educación pública, de la entrega de los recursos
naturales.
Sólo una amplia movilización popular podrá separar
en las fuerzas armadas a los legalistas y nacionalistas de los agentes del
narcotráfico y del imperialismo como sucedió en Bolivia o en Túnez. Sólo ella
podrá hacer pensar dos veces a Washington antes de llevar a cabo su tentación
constante de intervenir en México, como durante la revolución mexicana o cuando
Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo. Un frente único contra Peña Nieto y el
gobierno oligárquico proimperialista podrá imponer, como en Bolivia, la
expulsión del presidente asesino y un gobierno provisorio que organice
elecciones generales limpias para una Asamblea Constituyente con los medios de
comunicación bajo control popular y distribución justa de los espacios y
tiempos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso
del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su
libertad para publicarlo en otras fuentes.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=192012
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