Postergaciones
y Mala Voluntad de Funcionarios del Estado
Desde hace dos décadas o más,
he persistido en reclamar la atención de la deuda interna que el Estado peruano
tiene principalmente con los ciudadanos de la tercera edad, y de los militares
que han sufrido los efectos de la guerra civil y del Cenepa, por la que sufrió
durante la década del 80 y parte del 90.
Me refiero a los pagos que hay
que realizar con los cesantes y jubilados, tanto de las leyes pasadas 20530, la
ley militar de retiros y la 19990, esta última, en que el electo alcalde de
Lima, Luís Castañeda Lossio, cuando era jefe del IPSS, todo lo que se refería a
pensiones de los viejitos se los pasó de taquito al gobierno central de la
época malhadada del fujimorismo. Con ello motivó que el Estado ampliara los
pagos a los laboristas del sector privado, lo cual significó que a los servidos
públicos, civiles y militares, se les quitara una parte de lo que les
correspondía.
Dejando la historia de la
anécdota, pasamos a la historia de los ciudadanos postergados que durante
tantos años laboraron en el servicio público, cuando no habían vacaciones, ni
CTS, pero los ahora cesantes y jubilados aportaban como promedio de 10% y 12%
de sus remuneraciones, que servirían para el fondo de pensiones; es decir que,
los viejitos de ahora venían dejando una décima parte de sus remuneraciones,
para efectos de tener una pensión estimada y semejante al servidor y
funcionario público en actividad. Claro está que la burocracia estatal creció
más del cálculo actuarial, pero aún así somos los convencidos en que los montos
por pagarse no son tan onerosos como lo sostienen los grupos conservadores y ahora
neoliberales.
Estos últimos parecen que con
el pasar de los años ya no ganan más allá de lo que ahora obtienen, sea porque
los momentos de prosperidades falaces no han sido bien aprovechadas, o porque
fueron más largas las crisis y desaceleraciones económicos que hemos tenido en
estos últimos 50 años (1958, 1967, 1979, 1988, 1998), a estos caballeros de la
DBA y sus acólitos, forman parte de esa prensa monopólica y monocorde del
Comercio S.A., que han manifestado no solo su rechazo a los “privilegios
pensionarios” que tenían y deberían tener nuestros viejitos, sino que en el
fondo los de la DBA hay en ellos bastante envidia, a la que también se ha
sumado lo hecho por el gobierno de Toledo con el grupo parlamentario de García
Pérez, para derogar todo dispositivo que tuviera efectos favorables a los
cortos años de vida que le faltan a nuestros viejitos de la 20530. Y
últimamente con los militares en retiro.
De otro lado, muchas
asociaciones de cesantes y jubilados del Estado, han conseguido con relativo
éxito pronunciamientos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional de
carácter favorable, y en otros casos se ha llegado hasta la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte de Justicia de Costa Rica, en
su afán de conseguir que, se le respeten sus derechos adquiridos, y que en
todos los países se cumplen; pero que en el Perú para ser ejemplo de ser
neoliberales, han derogado los mencionados dispositivos, así muestran sus
políticas de flexibilidad laboral.
Los casos de las organizaciones de cesantes, a pesar de
los pronunciamientos de la Corte Interamericana y de la Corte de Justicia de
Costa Rica, las altas autoridades donde laboraron el hoy cesante y jubilado,
sin más ni más, no cumplen con las sentencias, y muchas veces éstas están
refrendadas y puestas en marcha por los juzgados especializados.
Hay comentarios de ex jefes de
la Sunat y otras organizaciones del Estado, no necesariamente ministeriales,
pero sí muy importantes, que se han enfrentado a los ex funcionarios y
servidores. No saben que cuando esta gente laboraba, tenían exigencias de
confidencialidad en sus actos, para luchar contra las irregularidades
administrativas e indicios razonables de delitos, así como de no poder laborar
en las instituciones motivos de sus intervenciones, de Control Público por
ejemplo, y de estar prohibidos de ejercer sus profesiones, aun en defensas de
sus familiares cercanos, cuando son abogados, o cuando siendo ingenieros o
arquitectos, no podían firmar los planos de su propiedad. Todas estas
limitaciones tenían sus costos, a veces favorables, pero en la mayoría de los
casos, sobre todo de personal de antigüedad en el servicio público, no
alcanzaron o no les dieron las compensaciones que merecían, y que como hemos
dicho, han sufrido los descuentos de la décima parte de sus remuneraciones, que
iba a un fondo de pensiones sin fondo, es decir, estaban perdidas por gobiernos
abusivos e intolerantes, con los descuentos que servían para otros usos muy
diferentes a remuneraciones y pensiones.
Estos cesantes y jubilados,
que no son muchos, pero están excluidos y no reciben lo que les corresponde, a
pesar de no pasar de tres centenares de ciudadanos en unos casos, y muy
probablemente, en otros ocurre lo mismo.
Los jueces de nuestro Poder
Judicial, han entendido los dispositivos y sentencias, tomando las medidas
legales, para ejecutar los pagos devengados; pero las autoridades de los
organismo públicos y los funcionarios del MEF, encabezados por sus ministros de
los últimos cuatro gobiernos, les importa un rábano cumplir con la ley. Su
complicidad de atentar contra la dignidad de la persona humana en esos cesantes
y jubilados es por demás irrita y desleal con su propia y futura existencia. ¿Ellos
olvidan que dentro unos 10 a 20 años, como mínimo o máximo pasarán también por
ese calvario de injusticia, envidia y de mala fe?
Pero lo más detestable del
comportamiento de las autoridades y funcionarios del MEF es que saben
perfectamente que hay miles de millones de nuevos soles no usados, y que están
guardados en el banco de la Nación y en el Tesoro Público, que tal vez sea y
así será una pequeña parte, se debe invertir en cumplir con los mandatos de los
tribunales nacionales e internacionales.
Este comportamiento que por
muchos años lo he venido diciendo, parten de los momentos de prosperidad fiscal
en que nos dábamos el lujo de tener superavit aun cuando un viejito cesante o
un soldadito del Cenepa o de la guerra civil con el maldito Sendero Luminoso,
no se le pague sus devengados por sus mutilaciones físicas. Que demoren años en
regularizar las pensiones de oficiales y sub oficiales de las FF.AA., así como
también de las entidades públicas y civiles.
Si bien este artículo lo formula
una persona que ha dedicado buena parte de su vida en ser funcionario público,
no impide que la ciudadanía se entere de cómo actúan las burocracias de los
últimos cuatro gobiernos, teniendo fondos para hacerlo, los ciudadanos,
pensionistas, cesantes, jubilados, mutilados y sus herederos no puedan recibir
lo que les corresponden.
Surco, 17 de Diciembre de 2014
Fernando Arce Meza
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