Luis Hernández Navarro
A Norma Angélica Bruno Román la ejecutaron el
pasado 13 de febrero a las 11:45 de la mañana enfrente del panteón Cristo Rey,
en la ciudad de Iguala. Caminaba rumbo al cementerio cuando, a unos 20 metros
de la puerta principal, dos individuos en una motoneta le dispararon a
quemarropa y le dieron el tiro de gracia en la cabeza. Los homicidas la
esculcaron, le quitaron su teléfono celular y huyeron tranquilamente.
Esa mañana, Norma Angélica vestía short de
mezclilla azul, blusa negra transparente y alpargatas rosas. Acompañada de sus
dos hijos, iba al funeral de José Ramón Bernabé Armenta, asesinado por la
espalda dos días antes en una cancha de futbol rápido en el centro de la
ciudad. Había recibido amenazas de muerte.
La señora Bruno Román tenía 25 años de edad. Se ganaba la
vida vendiendo rosas, tarjetas y pequeños regalos. Ayudaba a una tía suya a
buscar a su hija desaparecida. No era una dirigente, pero colaboraba con la
Comisión de Búsqueda y Familiares y Desaparecidos de Iguala.
Era pareja sentimental de Luis Alberto José Gaspar, apodado El
Tongo, preso en el penal de alta seguridad de Tepic, acusado de la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Según el ex procurador de
Guerrero Iñaki Blanco, Luis Alberto ingresó a Guerreros Unidos para ser halcón,
es decir, cuidar y avisar de la presencia de federales, estatales,
ministeriales, marinos y militares (averiguación previa FGE/DGCAP/4035/2014).
De acuerdo con el fiscal del estado, Norma Angélica era parte del mismo grupo
delincuencial y trabajaba también de halcón (http://goo.gl/xlj1RV ).
Los homicidios de la señora Bruno Román y de José Ramón
Bernabé se produjeron en una ciudad bajo el resguardo de la Gendarmería y la
Policía Federal. El 8 de octubre pasado llegaron al municipio para hacerse
cargo de la seguridad pública. Los crímenes muestran que nada cambió. Como
dijeron a Blanche Petrich los familiares de los desaparecidos que no son
normalistas: En Iguala nadie está a salvo; quienes ordenan las
desapariciones no se han ido.
Sin embargo, el problema no se limita a Iguala. La situación
de violencia e inseguridad abarca casi todo el estado y ha prendido las luces
de alarma fuera de México. Entrevistado por el periódico español El País, el
gobernador interino Rogelio Ortega declaró: Si les da miedo a los de fuera,
imagínese a los que vivimos ahí todos los días.
Interrogado sobre el poder del crimen organizado en la
entidad, el mandatario estatal respondió: “Desde hace más de 10 años hay una
infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones, no sólo en la
burocracia, en los jueces o los procuradores, sino también en los partidos
políticos. Estos les abrieron las puertas para financiar candidaturas; luego el narco se
dio cuenta de que ellos podían ser el alcalde, el diputado y hasta el
gobernador”.
Precisamente por ello, numerosos grupos de ciudadanos,
comunidades y hasta consejos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE)
sostienen que no se pueden efectuar comicios en Guerrero. Ese es el caso del
consejo distrital 07, que abarca los municipios de Chilpancingo, Tixtla,
Quechultenango, Mochitlán y Coyuca de Benítez. El 16 de diciembre de 2014 este
organismo publicó en El Sur de Acapulco un desplegado en el que
reconoció que no existen las condiciones para llevar a buen fin este proceso
electoral. Los siete consejeros distritales demandaron reconocer al movimiento
de la Asamblea Nacional Popular, que exige la presentación con vida de los
normalistas desaparecidos y justicia para los estudiantes masacrados en Iguala,
como un factor de cambio.
El consejo distrital señaló que, cuando se instaló el 20 de
noviembre, los consejeros hicieron un llamado urgente a las autoridades para
generar las condiciones que permitieran el sano desarrollo del proceso
electoral. Sin embargo, su petición no fue atendida.
Ahora, ese consejo distrital estableció que las 248 secciones
que forman su demarcación, son secciones de atención especial (SAE). Esto debido
a las circunstancias y complejidades derivadas del movimiento social que se
suscita en nuestro distrito a consecuencia de la desaparición de los jóvenes de
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Lo mismo sucedió en el consejo distrital 05, con sede en
Tlapa. Las 306 secciones distribuidas en sus 19 municipios se declararon SAE
porque son secciones en zonas de conflictos políticos, y por esa razón los
ciudadanos rechazan participar con organismos o instituciones gubernamentales o
de otro carácter.
Y como si no fuera este llamado de atención, el distrito 09
de Acapulco declaró que la mitad de las secciones de ese distrito se
identificaron como SAE, porque hay problemas de inseguridad para encontrar a
los ciudadanos en sus domicilios.
En Guerrero existen nueve distritos electorales federales y,
al menos en dos y medio de ellos el INE reconoce que existen serios problemas
para organizar los comicios del próximo 7 de junio. Sin embargo, la situación
es aún mucho más grave. En el resto de la entidad existen grupos organizados
que exigen la anulación de las elecciones y que están dispuestos a emprender acciones
para abortar su realización. Una encuesta efectuada a comienzos de este año
señalaba que 71 por ciento de los guerrerenses duda que los comicios se lleven
a cabo con normalidad.
Por supuesto, además de la inercia institucional también hay
en la entidad grupos ciudadanos y poderes fácticos en favor de que las
elecciones se efectúen. Unos por convicción y otros por interés desean que por
ninguna razón se suspendan.
Pero nadie puede garantizar que eso vaya a suceder. Los
candidatos guerrerenses son más de lo mismo. El tren electoral en Guerrero
puede descarrilarse con más facilidad de lo que las instituciones quieren
admitir. Las candidaturas de Beatriz Mógica, Héctor Astudillo y el ex
gobernador Zeferino Torreblanca (postulado por el PAN a la alcaldía de
Acapulco) huelen acedo. El hartazgo ciudadano es muy fuerte y muy profundo. Y
crímenes como el de Norma Angélica no hacen más que agrandarlo.
Twitter: @lhan55
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