Servindi, 21
de abril, 2015.- En medio de denuncias que buscan desnaturalizar las protestas
contra el proyecto minero Tía María, compartimos la columna de Rocío Silva
Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en la que brinda
detalles de su visita al Valle de Tambo junto a un equipo de
especialistas.
La visita
tuvo como fin el recojo de información y testimonios sobre violaciones de
derechos humanos en el contexto del conflicto que lleva ya un mes.
Como es
sabido, la negativa de la población del valle a permitir la ejecución del
proyecto data del 2011. Ese año murieron tres personas por impactos de arma de
fuego de la Policía Nacional.
En esta
nueva escalada, ya se vienen registrando decenas de heridos de perdigones y
gases lacrimógenos.
Mientras
esto ocurre en Arequipa, en Lima actores políticos de diversos sectores vienen
ofreciendo declaraciones que señalan un supuesto vínculo entre los opositores a
Tía María y “grupos terroristas”.
Lo cierto
hasta el momento es que mañana miércoles 22 de abril se desarrollará un paro
regional en Arequipa en rechazo a la imposición del proyecto Tía María
por parte del gobierno central.
Han
garantizado su participación en la jornada de protesta organizaciones
populares, sindicales, juveniles, feministas, ambientalistas, políticas y
culturales.
A
continuación la columna:
Cocachacra
Por Rocío
Silva Santisteban
Atravesando
un paisaje lunar a través de las pampas de La Joya, en un camino de herradura,
una se encuentra con una puerta: es la entrada al proyecto minero Tía María.
Para pasar es necesario pedir permiso al vigilante de la empresa. No, no es
agresivo como los de Yanacocha, simplemente apunta en un papel y deja pasar a
los transeúntes. Más adelante 20 policías caminan bajo el tórrido sol con una
especie de cascos con tapaorejas de tela. Sudados y sedientos. Nos miran
alejarnos.
A los dos
lados de esa pista afirmada vemos que hay piedritas puestas como si fueran
pequeñas apachetas: no son dos, ni decenas, son miles de piedritas durante
varios kilómetros. ¿Quién se ha tomado tremendo esfuerzo? Nos dicen que la
empresa Southern se gana el “cariño” de la gente contratando a pobladores para
poner, literalmente, piedras al costado de la vía. Un trabajo inútil,
improductivo, pero de salario seductor. Sobre la siguiente curva vemos el cerro
de cobre: ese será el tajo al que muchos temen y otros desean.
Un par de
vueltas más y la aridez se corta de porrazo: un valle hermoso, verde,
impregnado de arroz y árboles frutales, salta a la vista. Desde hace cien años,
agricultores y campesinos, le han ganado la batalla a pulso contra la tierra
seca: granadas y membrillos que penden de los árboles imponen su presencia y su
victoria.
Hoy el
distrito de Cocachacra está concesionado al 108%, ¡¿cómo es posible?! Hay
concesiones sobre concesiones producto del relajamiento del ordenamiento
territorial durante el gobierno aprista. Hoy, para las empresas mineras es un
derecho legítimo otorgado por el Estado peruano. En su carrera loca por
conseguir inversiones como sea, el gobierno de AGP concesionó todo el valle del
Tambo. Por eso, no se trata de cuestionar por cuestionar el proyecto sino por
la posibilidad de la entrada de otras empresas.
Incluso, el
tajo de Tía María no sería tan problemático si no incluyera el tajo La Tapada,
cuyo perímetro de influencia llega casi a orillas del río. Se ha solucionado
con el levantamiento de observaciones el problema del agua superficial con las
posibilidades de desalinización del agua de mar (pequeño dolor de cabeza para
los veraneantes de Mejía que también se oponen al proyecto), pero ¿y la
contaminación de la napa freática en cada uno de los dos tajos? ¿Por qué el
Estado no acepta el pedido de los alcaldes y los miembros de las juntas de
usuarios para que UNOPS revise si sus observaciones fueron levantadas o no con
el segundo EIA?
El día
jueves 16 de abril una misión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos,
la Red Muqui y Cooperacción llegamos a Cocachacra invitados por su alcalde,
Elard Valencia, con la finalidad de recoger información sobre violaciones de
derechos humanos en el contexto del conflicto.
En el año
2011, durante su primera escalada, murieron tres personas por impactos de arma
de fuego de la PNP y hoy hay decenas de heridos de perdigones o gases
lacrimógenos. Sí, la gran diferencia entre usar balas y perdigones implica la
vida de los seres humanos, felizmente eso lo sabe el actual ministro del
Interior Pérez Guadalupe.
Sin embargo
las lágrimas que corrían por los rostros de esos agricultores trejos cuando nos
narraban sus historias están vinculadas con el dolor moral: la indignación.
“¡¿Por qué, doctorita, creen que somos ignorantes y nos dejamos arrastrar por
cuatro dirigentes? ¿Por qué nos llaman terroristas antimineros?! ¡Somos gente
honrada que vive de la agricultura y lo único que queremos es vivir en paz!”.
Mientras
tanto el gerente de Southern Copper que acusa a la población inocente de ser
terroristas, Óscar González Rocha, es procesado por contaminación del aire y
arrojar arsénico al mar de Ilo. ¿Quién es el delincuente?
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Fuente: Publicado en La República el 21 de abril de 2015: http://www.larepublica.pe/columnistas/kolumna-okupa/cocachacra-21-04-2015
Fuente: Publicado en La República el 21 de abril de 2015: http://www.larepublica.pe/columnistas/kolumna-okupa/cocachacra-21-04-2015
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