5-05-2015
En Guatemala históricamente la gran masa de la
población vive mal, muy mal. El 53% está por debajo de la línea de pobreza. A
eso se le suma una cantidad de problemas igualmente complejos que hacen de la
vida cotidiana casi un suplicio: racismo, machismo, corrupción, violencia
desbocada, impunidad.
Terminó una
guerra interna de 36 años y nada ha cambiado. Los problemas mencionados siguen
intactos. El retorno de esta precaria democracia hace ya casi 30 años, después
de haber despertado algunas esperanzas, se muestra hoy día como otro fiasco
más. Se suceden las elecciones cada cuatro años, y todo sigue igual. ¡O peor!
Las
esperanzas que se podían tener algunos años atrás, terminada la larga guerra
con la Firma de los Acuerdos de Paz en 1996, ya se han disipado. Hoy la
situación general del país es una olla de presión lista para estallar en
cualquier momento. Sucede, sin embargo, que no hay dirección para tanto
malestar. Las fuerzas de la izquierda están diezmadas, fragmentadas, y la
protesta popular es básicamente reactiva (las movilizaciones contra las
industrias mineras y energéticas en lo fundamental). De todos modos, si bien no
hay organización política que pueda direccionar tanto malestar, a la clase
dirigente le preocupa ese mar de fondo, por cierto muy turbulento.
Históricamente
los “dueños” del país han sido unas cuantas grandes familias oligárquicas –en
algunos casos herederas de blasones de la época colonial– y la omnipotente
“embajada” (la embassy de los Estados Unidos, se entiende), tomadora de
las decisiones finales en muchos casos. A ello se les ha acercado en estos
últimos años una nueva burguesía advenediza surgida del Estado contrainsurgente
de la guerra interna, y que sigue enquistada en estructuras estatales, como la
recientemente descubierta en la SAT –Superintendencia de Administración
Tributaria, a cargo de una enorme y multimillonaria red de evasión fiscal–.
Manejando negocios no muy santos (narcoeconomía, crimen organizado,
contrabando) estos sectores emergentes ya tienen un peso económico nada
desdeñable. Se calcula que no menos de un 10% del PBI está dado por esta
economía “caliente”.
El hecho de
detentar ese no pequeño poderío económico y manejar los hilos del aparato de
Estado, pone a este sector de “nuevos ricos” en una situación de competencia
con la oligarquía tradicional. Sin dudas, como clase social, todos comparten la
misma intención: lucrar. Mucho del dinero “mal habido” se lava en los circuitos
“honorables” de la economía oficial. Y ahí tenemos una increíble profusión de
centros comerciales y edificios de lujo que reciclan esos capitales mafiosos.
En definitiva: ¿hay algún capital que no lo sea? Trabajando honradamente
¿alguien consiguió hacerse millonario alguna vez?
Lo cierto es
que, aunque pueda haber beneficios mutuos, también hay choques. Eso es lo que
está sucediendo ahora. Esta nueva clase de enriquecidos a la sombra del Estado
contrainsurgente –lo de la SAT es el modelo por excelencia– muestra que la
corrupción es endémica al sistema. No sólo los ahora detenidos son corruptos:
también las “honorables” empresas que estafan al fisco. Una vez más: trabajando
honradamente ¿alguien consiguió hacerse millonario alguna vez?
Pero hoy día
la corrupción tocó niveles que podrían hacer estallar esa olla a presión.
Invitar a comer “mojarras del lago «reciclado»” ** (entre otros tantos excesos,
similares a ostentosas mansiones o caballos de carrera) es una irritante
provocación altanera que invita a desencadenar el temido estallido. De ahí que
los históricos factores de poder (CACIF –la unión de todas las cámaras empresariales–
y embajada), nada tontos, entrevieron el peligro en ciernes. La respuesta
inmediata: lucha frontal contra la corrupción y obligada permanencia de la
CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, órgano de
Naciones Unidas).
Sin dudas
que la lucha contra esa abominable lacra que es la corrupción es una buena
noticia. Pero ¡cuidado!: la situación estructural del país no va a cambiar sólo
encarcelando a algún “corrupto” (como esos mismos factores de poder ya
hicieron, por ejemplo, con el otrora presidente Alfonso Portillo –que lejos de
ser un socialista, con un planteo populista osó querer cobrarles impuestos a
estos empresarios históricos–).
Bienvenida
la concentración anti-corrupción del pasado 25 de abril con 30.000 personas movilizadas,
pero eso debería ser sólo el inicio de un proceso de transformación. ¿Por qué
la mansión de la vicepresidente Roxana Baldetti es “corrupta” y la de los
herederos de los encomenderos no?
Notas
* Material
aparecido originalmente en la revista digital “Plaza Pública”, de Guatemala, el
4/5/15.
** Expresión
que usara la vicepresidente Roxana Baldetti en respuesta a una denuncia hecha a
través de la prensa consistente en una multimillonaria estafa, donde se
pretendía “limpiar” el contaminado lago de Amatitlán con una supuesta fórmula
química (por cierto inexistente) de una misteriosa empresa israelí.
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