Tito
Tricot
ALAI
AMLATINA, 09/05/2016.- El archipiélago de Chiloé es de esos trozos de tierra que
parece desbocarse casi sin remedio al precipicio del mar. O, quizás, el mar
trepa sin suerte alguna a aquellas trizas de colinas y bosques antiguos. Un
entramado de tierra y mar que se mueve al ritmo de la magia, pero hoy lo
estremece un movimiento social: un movimiento sísmico de grado insospechado.
El
gobierno jamás imaginó que el pueblo chilote se levantaría en apoyo a la
protesta de pescadores y mariscadores por sus reclamaciones en torno a las
consecuencias de la denominada marea roja. Se supone que ésta constituye un
fenómeno natural configurado por la proliferación desmesurada de microalgas que
contienen toxinas y que al ser consumidas por moluscos y éstos, eventualmente,
por humanos, pueden ser potencialmente letales.
Diversas
organizaciones chilotas y nacionales, ponen en entredicho el carácter natural
del evento, puesto que el vertimiento de 5 toneladas de desechos –salmones y
truchas en descomposición– que generan químicos sulfhídrico de alto riesgo, por
parte de la industria salmonera hace un par de meses habría alterado
significativamente el ecosistema y sino producido, al menos agravado
profundamente los efectos de la marea roja.
Pero
lo que sucede actualmente en Chiloé trasciende lo episódico y uno puede
vislumbrar sin temor a equivocarse que la rebelión chilota de mayo marcará un
punto de inflexión en la historia política reciente del archipiélago. Es en
este marco general movimental que uno puede argumentar al menos 5 razones por
lo cual nada jamás será igual en Chiloé. La isla seguirá siendo isla, pero
nunca más será isla política, toda vez que las movilizaciones han evidenciado:
Primero:
La connivencia entre el Estado y la empresas salmoneras
Durante
la crisis de la industria salmonera a causa del virus ISA, el primer gobierno
de la presidenta Bachelet actuó como garante para que los empresarios pudiesen
contraer préstamos con la banca privada por un total de 450 millones de
dólares. Ello en adición a otros millonarios beneficios y programas. Asimismo,
a pesar de los serios perjuicios económicos, sociales y ecológicos producidos
por esa misma crisis y por la operación de la industria, el 2011 y el 2012 el
SEIA de Los lagos entregó Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) a 4
proyectos para aumentar hasta 16 veces su producción en las inmediaciones de
Isla Guar, en el Seno de Reloncaví.
Lo
anterior, mientras tanto a los pescadores, mariscadores y sus familias, el
ministro de economía le ofrece un magro bono de 100 mil pesos mensuales para
bajovivir en condiciones humillantes. El ministro Jorge Burgos se burla de las
demandas de los pescadores señalando que el gobierno no es de “billetera
fácil”, cuando el gana 9 millones de pesos mensuales y, claro, siendo ministro
de defensa –y antes– los gobiernos de la Concertación jamás fiscalizaron cómo
se gastaban los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Es decir,
ahí sí existió “billetera fácil” para las distintas ramas de las Fuerzas
Armadas que incurrieron en graves casos de corrupción: los casos
Milicogate; la compra de las fragatas de la Armada; contrabando de armas a
Croacia; aviones mirage; el millonario patrimonio del ex comandante en jefe del
ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, por nombrar algunos.
Segundo:
Terrorismo medioambiental y racismo medioambiental
El Estado
avaló, mediante sus instituciones –la Armada y Sernapesca, por ejemplo–la
reciente descarga en marzo de salmón descompuesto y altamente tóxico en el mar.
Pero no tan sólo eso, sino que por décadas el Estado ha entregado concesiones a
las transnacionales salmoneras que han contaminado las costas interiores de la
provincia de Chiloé. Además, el monocultivo intensivo ha llevado a cabo las
fases más contaminantes del proceso productivo en sus costas, lagos y fiordos.
Chile se ha transformado en el segundo productor y exportador de salmón en el
mundo, pero las utilidades se las llevan las transnacionales, en este caso
principalmente noruegas, mientras los trabajadores –subcontratados
mayoritariamente– laboran en precarias condiciones. El medioambiente es víctima
de terrorismo ambiental y de racismo ambiental porque habitando también allí
Huilliche, su Ñuke Mapu y su Lafken ancestral, no son respetados. Al igual que
en el territorio mapuche histórico donde el 70% de los vertederos se encuentra
ubicado en comunidades. El terrorismo y racismo ambientales violan los derechos
de la naturaleza, los derechos humanos, y los derechos colectivos de los
pueblos indígenas.
Tercero:
La existencia de una democracia a la fuerza o democradura
Como
habitualmente acontece ante demandas sociales, el gobierno responde con
amenazas, ya sea a nivel discursivo o factualmente, rehusándose a dialogar,
salvo que se depongan las movilizaciones. Es decir, privando a las
organizaciones sociales del elemental derecho a protestar o bregar por sus
reivindicaciones y demandas. Luego, ante la persistencia de los sectores
movilizados por proseguir su accionar, las autoridades se ven en la obligación
de establecer negociaciones pero bajo parámetros delimitados por ellos. Es la democracia
restringida que es simultáneamente respaldada por contingentes de Fuerzas
Especiales de Carabineros transportadas a la isla por aviones y helicópteros de
la Fuerza Aérea. Es decir, la democracia a la fuerza: la democradura.
Cuarto:
Rol de la comunidad
Una de
las características más relevantes del movimiento social chilote lo constituye
el rol asumido por la comunidad en el despliegue de la organización, la
construcción del discurso, y el accionar de las movilizaciones de los últimos
días. Ha tendido a prevalecer, al igual que en otros movimientos en América
Latina, una lógica más horizontalista, menos jerarquizada y apartidista. No es,
por cierto, una comunidad homogénea, una especie de entelequia, sino que una
conjunción de sectores sociales, económicos, organizaciones, emanada
desde los barrios, cerros, campo, mar, puertos, pueblos, que se aglutinan en
torno a espacios comunitarios que, o son recuperados, o se intentan recuperar
en tanto comunidad identitaria, cultural, social, con demandas comunes.
La comunidad se ha reencontrado consigo misma, ha redescubierto su energía, su
teluridad, su memoria de siglos. Esto es lo que ha permitido que el movimiento
se haya desplazado desde el canal Chacao hasta Quellón y que los chilotes hayan
tenido la capacidad de cercar los pueblos, impidiendo el paso de la policía y
desconcertando al gobierno. Además la fuerza movimental, que sobrepasó con
creces las demandas de apoyo económico temporal a la familias directamente
afectadas por la marea roja, desautorizó a algún dirigente que había negociado
con las autoridades “por una mugre de plata”, como el mismo reconoció.
Quinto:
Territorialización del movimiento y politización de la demanda
El
movimiento chilote ha territorializado su demanda y sus movilizaciones; esto
significa, no sólo que desde el mar pasó a la tierra con las reclamaciones de
los pescadores artesanales como detonante, sino que la demanda adquirió una
calidad chilota. Ya dejó de ser sólo una reivindicación económica, justa y
legítima, sino que adquirió una dirección y horizonte político, por al menos
dos razones. Primero, territorializar la demanda movimental implica mucho más
que extender las movilizaciones –cortes de ruta, bloqueos, barricadas,
manifestaciones– geográficamente. Significa entender el territorio, además de
un lugar geográfico, como un espacio social que se construye y se le otorga
sentido culturalmente. Es un espacio simbólico, identitario, que contiene
memoria, historia y posibilidad de futuro colectivo. Es un espacio de disputa
de poder. Por consiguiente, el movimiento chilote, lo declare o no, lo
explicite o no, es un movimiento político.
Segundo.
El proceso de territorialización de los movimientos en América Latina se ha
verificado fundamentalmente a partir de la década de los noventa, y no
solamente se relaciona con la tierra, los pueblos originarios o campesinos,
sino que con la recuperación de territorios, sea en sectores rurales o urbanos.
Esto puede apreciarse también embrionariamente en Chiloé con la participación
de pescadores, buzos, profesores, feministas, estudiantes, pobladores,
comerciantes, profesionales, algueros, organizaciones no gubernamentales,
pueblos y comunas, como Ancud, Castro, Cucao, Chonchi, Curaco de Vélez, Achao,
Dalcahue, entre muchos otros.
La
territorialización de la demanda se expresa en el anclaje de la misma en una
problemática específica: la crisis medioambiental en el archipiélago producto
de la operación de la industria salmonera. Pero, además, es política, puesto
que interpela a la responsabilidad del Estado y al modelo económico que ha
viabilizado la depredación ambiental.
La
politización de la demanda del movimiento chilote, se manifiesta en la disputa
de poder territorial en las calles, aunque en el Petitorio de la Mesa
Provincial de Chiloé las 15 demandas aluden principalmente a temas
medioambientales, en el punto 14, se señala prístinamente: “Exigimos que el
representante que nombre el gobierno, venga a entregar su propuesta a Castro,
capital provincial del archipiélago de Chiloé”. En otras palabras, el
movimiento social de Chiloé está construyendo autonomía, con o sin permiso,
transitando desde la Marea Roja a una Marea Humana.
- Dr.
Tito Tricot es sociólogo, director del Centro de Estudios de América Latina y el
Caribe-CEALC.
URL de
este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/177303
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