Las vidas de cerca de 2
mil 500 millones de personas dependen de tierras indígenas y
comunitarias, las cuales suponen más del 50% de la tierra del planeta;
sin embargo, legalmente solo son dueñas del 10%. Los 5 mil millones de
hectáreas restantes están desprotegidas y son vulnerables al
acaparamiento de tierras por parte de entidades más poderosas, donde en
muchos casos los Gobiernos son utilizados por empresas transnacionales
para despojar de sus tierras a pobladores originarios.
En el caso
peruano, esta realidad no es ajena; al contrario, calza perfectamente.
En el reciente informe 2016 sobre el estado de las comunidades
indígenas, elaborado por el Colectivo Territorios Seguros para las
Comunidades del Perú, se revelan cifras que llaman la atención.
Empecemos mencionando que las comunidades en el Perú son la forma de
organización de los pueblos indígenas, de ahí que tengamos comunidades
campesinas en la costa y sierra, y comunidades nativas en la selva, su
formación a lo largo de la historia ha sido compleja, ahora no nos
referiremos a ella.
Lo cierto es que hoy, las comunidades gozan de
autonomía organizativa según el artículo 89 de la Constitución; es
decir, son o en todo caso deberían ser las comunidades un nivel de
autogobierno territorial ademas de los existente niveles de gobierno
nacional, regional y local. Sin embargo, las comunidades indígenas han
estado relegadas y excluidas en la construcción de Estado republicano,
al punto que actualmente el Estado no sabe con exactitud cuántas son,
dónde están, quiénes las componen o cuáles son sus necesidades.
Según
el informe, en el Perú contamos con 10 mil 529 comunidades, divididas
en 6 mil 120 comunidades campesinas de la sierra y costa, 2 mil 400
comunidades ribereñas de la Amazonia (poco estudiadas hasta el momento) y
2 mil 9 comunidades nativas. Todas juntas poseen el 49,1% del total de
la superficie territorial del Perú; si a esta cifra le agregamos el 5%
de Reservas Territoriales, hoy llamadas Reservas Indígenas para pueblos
en aislamiento voluntario y contacto inicial, llegaríamos al 54,1% del
territorio nacional; es decir, más de la mitad de las tierras del
territorio peruano están en manos de comunidades sin mencionar otras
modalidades de gestión comunitaria del agua, los bosques y demás bienes
comunes de la sociedad.
De ese número total de comunidades solo
están reconocidas y tituladas 6 mil 506, aún faltan por titular
alrededor de 4 mil 23 comunidades campesinas y nativas (40% del total);
pero además, según datos de COFOPRI, solo el 6,7% de las comunidades
nativas y el 38,5% de las comunidades campesinas cuentan con una
georreferenciación oficial de sus linderos; la gran mayoría de los
planos que acompañan los expedientes de titulación están desfasados, lo
que dificulta su localización geográfica exacta, ésta a su vez agravada
por la creciente superposición de concesiones que el Estado otorga en
los territorios de comunidades.
En resumidas cuentas, existe una
gran inseguridad sobre las tierras comunales, donde el papel del Estado
ha sido y es cuestionable en los últimos cuarenta años de gobiernos
sucesivos. Esta situación tiene que ver con una estrategia consciente
desde los gobiernos para debilitar este régimen de propiedad comunal,
puesto que existe una ambición por las tierras comunales, ya sean para
la actividades extractivas (minería, hidrocarburos, monocultivos, etc.)
de infraestructura pública o privada; o recientemente de especulación
inmobiliaria; lo que se viene reflejando en la aprobación de normas
legales que debilitan el marco de protección de derechos de las tierras
comunales de los pueblos indígenas.
Por ejemplo en el caso de la
región de Puno, se registran mil 316 comunidades campesinas; es la
región que posee más comunidades, actualmente están tituladas mil 57,
donde aún restan por titular 259. Estos datos hay que corroborarlos en
el campo, puesto que hay errores el registro de comunidades, la
información es confusa o en algunos casos los cambios que se están
generando por diferente problemática dentro de las comunidades,
rapídamente desfasan la información obtenida. Lo cierto es que no hay
datos oficiales al día de hoy, ni un catastro rural que permita
visibilizar sus tierras, puesto que la mayoría de sus límites y linderos
no están correctamente georreferenciados, la superposición de
concesiones agrava el caos, convirtiendo la realidad territorial en un
"río revuelto ganancia de pescadores" no solo en la región de Puno, sino
en todo el país.
En estos últimos 40 años, pese a poseer más del
50% del territorio con al menos el 30% de la población total, las
comunidades campesinas y nativas increíblemente no han tenido políticas
públicas que las pongan como eje para el desarrollo sostenible del país.
Las comunidades siguen dando un gran aporte al país, gracias
precisamente a sus formas de gestión comunal; no olvidemos que más del
70% de alimentos que consumimos en las ciudades provienen en gran parte
de ellas, sin embargo nos hemos olvidado que de alguna u otra forma
provenimos de nuestros pueblos indígenas y originarios, organizados hoy
en más de diez mil comunidades campesinas y nativas, los verdaderos
poseedores de la riqueza y diversidad que tanto nos enorgullece.
Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=214446
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