21/10/2016
Opinión
Lamentable que a dos meses y medio de gobierno se
produzca la muerte del comunero Quintino Cereceda Huisa de un certero balazo de
fusil como consecuencia de la acción de desbloqueo de la carretera desde la
comunidad de Quehuira hasta Las Bambas. El bloqueo, como sabemos, había sido
impuesto por cuatro comunidades afectadas por el uso de la carretera comunal
por parte del proyecto minero Las Bambas y por el cual exigían a la empresa
minera el pago de una compensación económica. No era la única demanda. Los
comuneros tenían una larga lista de reclamos, siendo el factor dinamizador que
impulsó el bloqueo y los enfrentamientos con la policía el tema de la
carretera.
El desenlace era previsible. Los representantes de
los comuneros en estas tres últimas semanas había sido intensa: una delegación
llegó al Congreso de la República para denunciar no solo el tema de la
carretera sino otros puntos de su plataforma, así como cuestionar las mesas de
diálogo que se habían instalado y a los representantes del gobierno. Las mesas
de diálogo habían perdido credibilidad, no obstante, se insistía en ellas;
precisamente una semana del enfrentamiento se había realizado una mesa de
diálogo, pero, al parecer, ya nada podía contener la confrontación. Había un
antecedente reciente que los comuneros recordaban: en septiembre del 2015, se
produjo un enfrentamiento violento en medio de un paro indefinido en el
distrito de Chalhuahuacho que arrojó el saldo de tres comuneros muertos: Betto
Chahuallhua Huillca, Alberto Cárdenas Challco y Esequiel Huamaní Mío); y en esa
ocasión, después de este fatal enfrentamiento se instaló una mesa de diálogo
que empezó a funcionar en enero del 2016.
Es inevitable hacer comparaciones de este trágico
conflicto con los que me tocó lidiar cuando era Jefe de la Oficina de
Prevención de Conflictos Sociales de la PCM. Características similares se
presentaron en los conflictos de Espinar – Conga – Paita – Andahuaylas – Puerto
Maldonado; en estos conflictos las muertes por el conflicto social se
produjeron por dos factores: por un lado, la predisposición de líderes que
llevan a la población a un enfrentamiento violento; y por otro, a una mala
práctica de la policía en la contención y disuasión de las poblaciones
movilizadas. En conflictos de tan alta tensión, a veces resulta inevitable que
se impongan liderazgos que buscan ex profesamente la confrontación, con el
pleno conocimiento que un saldo de víctima provoca una crisis política, del
cual es difícil salir.
Cuando ese factor no se controla; cuando se deja
que los mandos operativos de la Policía Nacional actúen a su criterio sin medir
las consecuencias políticas de la confrontación; o, lo que es peor: actúen sin
contar con los instrumentos de disuasión y prevención, el resultado es el saldo
inevitable de víctimas; y como consecuencia de ello, la apertura de una crisis
política que afecta al gabinete y a los ministros involucrados en el conflicto.
Lamentablemente es así, y cuando eso sucede, pocos recuerdan el problema que
originó el conflicto porque ya es otra agenda y son otros los actores en esa
crisis.
A dos meses y medio de gobierno de PPK los
conflictos sociales han estallado sin pausa ni tregua. No es que considere que
haya un plan concertado de desestabilización del gobierno por los conflictos
sociales. Lo que existe en el país es un modus operandi de las organizaciones
sociales con demandas incumplidas o con plataformas de lucha que buscan
imponerse en la agenda nacional.
Por experiencia sabía que todo inicio de gobierno
es una oportunidad para que los diferentes grupos y organizaciones sociales
consideren oportuno imponer una agenda al gobierno entrante; una agenda en la
que se legitime liderazgos y se impongan condiciones al diálogo. Así pasó en el
2006 cuando el 3 de agosto estalló el conflicto social en la localidad de
Combayo – Cajamarca contra la empresa Yanacocha con el resultado de un rondero
muerto por la intervención de las fuerzas de seguridad de la empresa; lo mismo
pasó el 3 de agosto del 2011 en los valles de Huaura y Cañete, cuando los
productores de algodón bloquearon la carretera panamericana imponiendo una
negociación respecto del pago del quintal de algodón en los términos que habían
pactado con el gobierno aprista apenas unas semanas antes de dejar el gobierno.
Eso mismo pasó el 3 de agosto del 2016 con el conflicto en Urubamba. De ese
conflicto a la fecha, sin pausa, se han reactivado conflictos en diferentes
escenarios del país; y de ellos, lo que estaba pasando en las provincias de
Cotabambas y Grau, era, sin duda, el más crítico.
¿Por qué, entonces, conociendo estos antecedentes,
las autoridades del gobierno nacional y regional, y los negociadores de las
mesas de diálogo dejaron escalar el conflicto hacia una confrontación? ¿Por qué
no se pudo encontrar salidas consensuadas entre la empresa, los comuneros y los
sectores del gobierno regional y nacional?
Creo que, a manera de hipótesis, que existen tres
razones que pueden explicar esto:
La primera: los tres actores: comuneros y
organizaciones sociales y políticas – Proyecto Las Bambas (sus tres
administraciones) - representantes de los gobiernos regional y nacional,
pusieron en prácticas diferentes estrategias en los procesos de diálogo que no
se basaron en la confianza y en su desarrollo no construyeron credibilidad de
los acuerdos por el incumplimiento de compromisos. Los recursos que se
obtuvieron provenientes del proyecto minero, nunca fue suficiente; los
proyectos de inversión que se comprometieron tanto el gobierno nacional y
regional, tardaron demasiado en concretarse o simplemente no se concretaron;
los recursos del canon o los proyectos de inversión aprobados por el proyecto
minero beneficiaron a unos y excluyeron a otros. Así, sin consensos de por
medio, y sin la confianza en los actores, la confrontación no solo era
inevitable, sino que la posibilidad de evitarlas ya no podía lograrlo por esos
medios de las mesas de diálogo con los mismos actores, por lo demás.
La segunda; porque, en cierta forma, la expectativa
por obtener el máximo de beneficio de la confrontación no era solo de los
pobladores y sus líderes, sino también de la empresa. Es cierto que en las
comunidades y en las poblaciones aledañas hay un sobredimensionamiento de
expectativas, alejadas de cualquier ideología o de pretensiones programáticas;
pero siendo así, la empresa también se guiaba por la reducción de sus costos;
y, ciertamente, no atender la demanda de las poblaciones vecinas era una forma
de reducir costos. El camino de la confrontación, por tanto, era la forma de
imponer condiciones, porque los pobladores entendieron que la mejor forma de
obtener sus demandas era con la confrontación. Y por ello fueron permisibles a
los discursos radicales que se ofrecieron e impusieron en la conducción de la
movilización. Lo que no valoraron en esta estrategia es que la violencia y el
saldo de víctimas generan una crisis política y una vez en ella, cambia de
plano la agenda de negociación y los comuneros pueden quedar al margen de la
salida a la crisis porque ya son otros los actores los que se apropian de la
representación comunal.
La tercera, porque la estrategia de confrontación y
la violencia usada tiene en el fondo un objetivo político que va más allá del
conflicto en sí. Nadie debe ignorar que en torno a los conflictos existen
intereses políticos que desde la confrontación y violencia buscan imponer
liderazgos con el propósito de controlar espacios locales, territorios,
gobiernos locales. No incluir en el análisis este factor es pecar de inocencia
o de ingenuidad.
Lo que me asombra, y preocupa, que los equipos del
gobierno, conociendo el proceso del conflicto hacia la crisis política generada
por la exacerbación de la violencia, no cuenten con las herramientas que
permitan impedir que se llegue a ese desenlace; me alarma que, ante esas
circunstancias, sea la policía la que tenga el rol protagónico y que siendo
ellos los protagonistas, el conflicto fácilmente puede terminar con el saldo de
víctimas ya conocido. Es lamentable, pero los hechos han mostrado que los
negociadores del gobierno desaparecieron en la hora crítica de la
confrontación.
¡Qué mal todo! Ahora este conflicto de Las Bambas
ha pasado a otro escenario. Son otros los actores los que tratarán de sacar
ventaja de las víctimas producidas en este lamentable enfrentamiento.
http://www.alainet.org/es/articulo/181123
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