Las comunidades campesinas, organizaciones sociales de base, frentes de defensa y alcaldes de la provincia
de Cotabambas y distrito de Progreso, preocupados por los intentos de distorsión
de nuestros reclamos y por la existencia de un conflicto latente, manifestamos
ante la opinión pública y las autoridades gubernamentales lo siguiente:
1. En los últimos meses personas extrañas, con intereses subalternos
se han hecho presentes en nuestra provincia, para aprovecharse de nuestras
demandas legítimas, distorsionarlas y obtener beneficios económicos, políticos
e ideológicos.
2. Es el caso de tres abogados, Iván Ovalle y los hermanos Chávez
Sotelo, que vienen ocasionando enfrentamiento y división en las comunidades en
función de sus particulares intereses económicos. Esto ha sucedido con cuatro
comunidades ubicadas en la zona donde se encuentra
carretera por donde se realiza el transporte minero.
Ellas
teniendo justos reclamos, fueron sorprendidas, desinformadas y conducidas a una
situación difícil de resolver.
3. Asimismo, denunciamos la intromisión de los señores Rodmy Cabrera
Espinal, procedente de Arequipa; Mauricio Quiroz Torres, sociólogo con un
pasado bastante cuestionable; y Edwar Quiroga Vargas, director del Centro
Islámico del Perú; quienes escondiéndose tras banderas indigenistas, buscan
distorsionar nuestras luchas y orientarlas a sus intereses políticos e ideológicos,
habiendo tomado inconsultamente el nombre de nuestras comunidades campesinas.
Nuestras comunidades y organizaciones rechazan rotundamente cualquier propuesta
violentista. Cotabambas viene luchando por alcanzar la paz social y una
convivencia en condiciones justas y de respeto con la empresa minera.
4. Esta situación se ha producido también porque erróneamente la
empresa Minera Las Bambas S.A. (MMG) ha alentado divisiones y negociaciones
paralelas, que luego no ha podido manejar. Además, en esos procesos ha mostrado
falta de transparencia y abuso de poder, lo que ha conducido a incrementar el
conflicto y el clima de desconfianza.
5. Frente a esta situación, reiteramos nuestras demandas: una opinión
técnica independiente del EIA del proyecto minero Las Bambas a fin
de evitar daños y riesgos ambientales; seguro ambiental; asfaltado y
mantenimiento permanente de la carretera por donde se realiza el transporte
minero y medidas de mitigación adecuadas para sus impactos; diálogo prioritario,
justo y transparente con las comunidades de Allahua, Choquecca, Pumamarca y
Quehuira; pago por los terrenos ocupados por la vía y las viviendas afectadas
por la vibración de los vehículos; declarar de interés nacional el
desarrollo de la provincia de Cotabambas; un convenio marco provincial con
la empresa minera sobre responsabilidad social; que la inversión pública y ios
aporte de la minería se orienten a proyectos de impacto en función de planes de
desarrollo concertados participativos; apoyo e indemnización a ios familiares
de las víctimas muertos y heridos del conflicto social del 2015 y 2016; cese de
la persecución a los dirigentes sociales y la revisión de los convenios de la
Empresa Minera Las Bambas S.A. con la Policía Nacional a fin de que ésta no
distorsione sus funciones constitucionales.
6. Nuestras demandas han sido siempre justas y razonables y esperamos
que sean adecuadamente atendidas por el Estado, mediante un diálogo franco,
horizontal y constructivo. Estamos convencidos que el diálogo es la única vía
para resolver nuestros problemas y en ese sentido, reiteramos nuestro rechazo a
posturas extremistas que buscan deslegitimar nuestro justos reclamos.
Cotabambas, 08 de noviembre de
2016
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