19/12/2016
Pareciera que ya no hacen falta Tratados de Libre
Comercio de nueva generación: de facto, sin tener en consideración las
constituciones nacionales ni las normas jurídicas internas e internacionales,
la derecha enquistada en el poder en Sudamérica avanza hacia la imposición de
un bloque político-comercial, digitado desde Washington, que reivindica el proyecto
frustrado del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
El plan es el mismo del ALCA y hoy encuentra en los
gobiernos de derecha de Argentina y Brasil (uno llegado por los votos, otro por
golpe de Estado) la decisión de retomarlo, hablando de flexibilización,
modernización, inserción en el mundo…
Para ello obturan programas alternativos como un
Mercosur más fuerte, con falaces argumentaciones jurídicas y con decisiones que
no se adaptan a ningún tratado ni normativa –creando una realidad de inseguridad
jurídica en la región que, obviamente, significará un cúmulo de dudas en el
momento de exigir inversiones-, alentando una mayor concentración y menor
importancia relativa del trabajo, la desregulación de las industrias de
servicios y la ruptura de toda norma proteccionista, nacional o regional, de
compras gubernamentales.
Pero más allá de esta ofensiva neoliberal y
dependiente de los mandatos estadounidenses, hay que recordar que en la última
década, después de la derrota del ALCA en Mar del Plata, nuestros países no
privilegiaron -porque no pudieron o no quisieron- la conformación de un gran
mercado interno plurinacional basado en la complementación productiva, ni
priorizaron el progreso tecnológico conjunto a través del aumento del stock de
conocimiento, pero enfatizaron el sendero de la división del trabajo
aprovechando la demanda asiática de productos.
La cuestión visible en la llamada crisis del
Mercosur, es el nivel de cumplimiento “a tiempo” de las normas mercosurianas
por parte de Venezuela, que afirma que cumplió el 93 por ciento en solo cuatro
años, mientras que otros socios no lo han logrado en los 25 años de
funcionamiento. Argentina, Brasil, Paraguay –con la ambivalencia permanente de
Uruguay- primero le saquearon a Venezuela la presidencia pro-tempore que le
correspondía.
Pero los propios documentos del Mercosur señalan
que precisamente es Venezuela el país que más normativas tiene aprobadas, 1.479
de un total de 1.563, es decir, solo queda pendientes 5%. En cambio, Brasil
tiene 42,4% por aprobar; Uruguay, 42,40%; Argentina, 37%, y Paraguay, 32,12%.
Se plantea el tema ideológico como causa del
quiebre, pero cabe recordar que Venezuela fue incorporada como miembro pleno
para completar geopolíticamente al bloque, fortalecer la matriz energética y
acumular poder para jugar con mayor fuerza en un mundo que el Mercosur (de
entonces) insistía que debía ser multipolar.
Lo mismo sucedió con Bolivia, que desde 2015 es
Estado parte y será miembro pleno cuando todos los congresos ratifiquen su
incorporación. La diversidad se mantuvo incluso respecto de los Estados
asociados al bloque: Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Guyana y Surinam.
La separación de Venezuela del bloque regional se
da en medio de fuertes presiones para avanzar en el acuerdo de integración
asimétrica del Mercosur con la Unión Europea, en una negociación en la que
Venezuela no participa. Todo parece indicar que Mercosur volverá a ser el
organismo para el comercio de las grandes empresas trasnacionales y de
intercambios comerciales en términos desiguales con grandes potencias,
desconociendo las asimetrías existentes.
La Asamblea Interparlamentaria Europa – América
Latina (Eurolat) celebrada en Montevideo en septiembre último, advirtió que
cualquier posible Acuerdo entre la UE y Mercosur “debe basarse en la defensa de
las economías locales, el respeto a la soberanía de los gobiernos y su
capacidad de regular la economía”.
Asimismo, condenó los tratados de libre comercio en
vías de negociación y que afectan a los dos espacios. Tratados como el TTIP, el
CETA, el TISA y el TPP que “buscan profundizar en la liberalización de la
economía, la privatización de servicios públicos y la desprotección del
medioambiente, priorizando el beneficio privado a la soberanía de los pueblos y
la democracia”, reza el documento conjunto.
Obviamente, un acuerdo con la Unión Europea
profundizará las asimetrías en perjuicio de las economías y sociedades del
Mercosur que basarían su economía en la exportación de productos agrícolas,
que, en una balanza comercial, frente a la importación de productos
tecnológicos e industriales, supondría una pérdida, señala el parlamentario
europeo Xabier Benito.
Solución de controversias
Apegado a las normativas mercosurianas, Venezuela apeló
a la legalidad para resolver el conflicto a través de la activación del
Protocolo de Olivos, solicitando la aplicación de la Resolución de
Controversias según lo establecido en el Protocolo de Olivos de 2002. A pesar
de que la Presidencia Pro Témpore del Mercosur debía pasar a Argentina recién
en enero de 2017, el presidente argentino Mauricio Macri convocó a una reunión
de los miembros del bloque (a excepción de Venezuela) para asumir de inmediato
esa responsabilidad.
Pese a no estar invitada, la canciller venezolana
Delcy Rodríguez se hizo presente en la Cancillería argentina el día de la
reunión en Buenos Aires: no sólo le impidieron participar, sino que el trato
fue violento para con ella y con el ministro boliviano del Exterior, David
Choquehuanca. Un día más tarde, en Montevideo, el controversial canciller
uruguayo Rodolfo Nin Novoa fue anfitrión de la puesta en marcha del Protocolo
de Olivos, lo que significó un paso significativo de la diplomacia venezolana.
En este documento se establecen varias etapas,
comenzando con la posibilidad de resolver el conflicto de modo directo entre
las partes, y que cuenta con 15 días para su resolución. Cumplido este plazo,
debería darse paso a las siguientes instancias: solicitud de un proceso
arbitral mediante la conformación y actuación de un Tribunal ad Hoc. El
tribunal debe expedir su decisión en 60 días, prorrogable a 30 días más, o la
petición de común acuerdo de iniciar directamente dicho procedimiento frente al
Tribunal Permanente de Revisión, que debe cumplir una serie de pautas para su
conformación y operación.
A pesar del apresuramiento de Paraguay, Argentina y
Brasil, acompañados por Uruguay, por suspender a Venezuela, los autollamados
“miembros signatarios” (especie que no figura en ningún acuerdo del bloque)
deberán respetar los pasos legales previstos por la normativa para la
resolución de controversias.
Hasta ahora no se adaptaron a la
“institucionalidad” del Mercosur y avanzaron en base a la arbitrariedad y
prepotencia. Para muestra, el último botón: el jueves, el Consejo del Mercado
Común (máximo órgano decisorio), dio a conocer su DEC1016, seguramente la
última del año.
Sin basarse en ningún tratado, acuerdo ni
documento, señala dos puntos: 1) Instruir al Grupo Mercado Común a reglamentar
los aspectos operativos derivados del cese de los derechos inherentes a la
condición de estado parte de Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela,
y 2) Esta decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los
Estados parte por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento
del Mercosur. Otro disparate jurídico, y van…
No es de extrañar de dos gobiernos surgidos de
golpes de Estado y de otro que desconoce permanentemente sus obligaciones ante
Naciones Unidas y la OEA, y mantiene a la parlamentaria mercosureña Milagro
Sala como presa política. Extraña que Uruguay, pese a la posición del Frente
Amplio y de los movimientos sociales, los acompañe.
Prepotencia, terror mediático, represión, falta de
seguridad jurídica: ¿todo para volver al ALCA y a los TLC? La pregunta que
queda en el aire es si Europa (Brexit mediante, implosión de la ultraderecha en
varios países) y Estados Unidos (con Trump) están interesados en suscribir
algún acuerdo con ellos.
- Rubén Armendáriz es analista del Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
http://www.alainet.org/es/articulo/182465
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