por
Manuel Romero
Martes 10 de enero del 2017 |
07:04
La anulación del
cobro de subsidio del Gasoducto del Sur propuesto por el gobierno no es lo que
parece. Lo que busca hacer el Ejecutivo es solo un reemplazo, que el Estado
asuma lo que pagaban los usuarios en sus recibos de luz.
Todo proyecto
tiene una serie de contratos y en este asunto hay un contrato de concesión que
es abusivo.
Lo que el país
está perdiendo por estas coimas y sobornos es caja chica, es un sencillo
comparado con las ganancias ilícitas generadas por este contrato.
De aplicarse lo
que propone el Gobierno estamos condenando al tesoro público a pagar 912
millones de dólares anuales al concesionario, que puede ser Odebrecht o
cualquier otra empresa que esté operando la obra.
Hay que renegociar
el contrato, porque haciéndolo se cambian las reglas de juego. Pero es evidente
que no se busca hacerlo porque eso implicaría volver a licitar el proyecto y
provocar pérdidas.
Existe la
posibilidad de aplicar la cláusula anticorrupción y terminar con esto, porque
la norma dice que basta con el intento de soborno para que sea aplicada. Pero
no hay interés en hacerlo.
Todo lo que vemos
ahora son las piruetas que se hacen para mantener el acuerdo comercial.
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