10/01/2017
A fines de diciembre de 2016 adquiere
visibilidad uno de los casos “más escandalosos” de corrupción en América
Latina, que vincula a la empresa brasileña Odebrecht con diferentes gobiernos
de la región. Se trata de una de las empresas de ingeniería y construcción más
importantes de la región, que opera desde 1944 con sede en Brasil y que en las
últimas décadas realizó grandes obras de infraestructura en el marco de
licitaciones públicas ganadas en varios países. Las coimas de Odebrecht son uno
de los indicios que surgen del caso abierto en Brasil contra Petrobrás
denominado Operacion Lava-Jato, en el que se puso en evidencia el soborno por
parte de empresas constructoras tanto a Petrobrás como a políticos de turno y
que fue el punto de partida para el golpe de Estado “institucional” contra la
presidenta Dilma Rousseff.
La investigación comenzó en el Estado de Curitiba,
pero es el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que en diciembre de
2016 estableció una multa de 3.5 mil millones de dólares a Odebrecht, por haber
pagado 788 millones de dólares en coimas para lograr nuevos contratos y
mantener contratos anteriores con el sector público de 10 países de la región
además de Brasil[1]: Guatemala, México, Argentina, Venezuela,
Panamá, Perú, Ecuador, República Dominicana y Colombia. Se trata de una de las
multas más caras de la historia, y Estados Unidos se quedará aproximadamente
con el 15 por ciento del monto total[2].
¿Qué es lo que conduce al Departamento de Justicia
estadounidense a dedicarle tiempo y recursos a la lucha contra la corrupción en
América Latina? ¿Cómo interviene Estados Unidos en el curso adquirido por el
Lava-Jato, que ahora implica a varios gobiernos de América Latina a través de
las coimas de Odebrecht? ¿Es Odebrecht la única empresa implicada en la red de
corrupción que se devela?
Estados Unidos y el asesoramiento judicial: cómo se
construye el caso y cómo se publica
El caso Odebrecht incumbe a la justicia
estadounidense al enmarcarse en la enmienda de 1998 a la Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero de 1977 (Foreign Corrupt Practices Act). Esa
enmienda dispuso que pudieran investigarse y sancionarse empresas y personas
extranjeras que causaran directamente o a través de otros agentes, actos de
corrupción y pago de coimas en territorio estadounidense[3]. La empresa Odebrecht ha realizado obras de
infraestructura en Florida, Luisiana y Texas[4]. Sin embargo, el modo en que se lleva a cabo
la investigación y la manera en que se publicó en los medios despierta algunas
dudas: se ha acusado a gobiernos sin dar a conocer las pruebas, a la vez que se
exige “colaboración” con la justicia estadounidense para resolver el caso. Como
si América Latina estuviera de hecho bajo jurisdicción estadounidense. Lo
interesante es que gobiernos como el de Perú o el de Panamá inmediatamente
aseguraron que colaborarían con todo lo que sea solicitado desde Estados
Unidos.
Pero sin dudas el líder en colaboración es Brasil.
Hace varios años que la justicia brasileña viene “trabajando en conjunto” con
expertos estadounidenses. Un ejemplo de esto es que el principal juez de la causa
Lava Jato es Sergio Moro, participó activamente en un curso de “formación” de
personal de justicia en la lucha contra la corrupción auspiciado por Estados
Unidos. Se denominó “Proyecto Puentes: construyendo puentes para la aplicación
de la ley en Brasil” (2009) y consistió en asesoramiento y entrenamiento para
la aplicación de leyes y habilidades prácticas contra el terrorismo[5]. A este curso asistieron jueces de los 26
estados brasileños además de 50 policías de todo el país, incluidos
participantes de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Según lo publicado en un documento secreto filtrado
por Wikileaks, entre los objetivos del programa estaban “la investigación y
penalización de casos de lavado de dinero, incluida la cooperación entre
países, confiscación de bienes, métodos para extraer pruebas, negociación de
delaciones…” y una de las conclusiones a las que se llegó es que “el sector
judicial brasileño está muy interesado en luchar contra el terrorismo, pero
necesita herramientas y entrenamiento para utilizar la fuerza eficazmente (…)
los jueces especializados dirigirán los casos de corrupción más significativos
que impliquen a individuos de jerarquía”[6]. Considerando esto, puede decirse que, por un
lado, Sergio Moro fue uno de los mejores alumnos del Programa y cumplió al pie
de la letra con los objetivos. Por otro lado, este tipo de “colaboraciones”
entre el gobierno estadounidense y los poderes judiciales en América Latina
tiende a propagar una forma y contenido de justicia particular, con una fuerte
tendencia a la judicialización de la política. Esta tendencia se materializó en
Lava Jato (y el juicio a Rousseff, quien padeció sospechas nunca confirmadas
sobre su participación en la Operación y a quien se la destituyó por otra
causa) y que ahora se reproduce a nivel regional con el caso Odebrecht, que tal
como se presenta parecería implicar única o particularmente a los gobiernos
progresistas.
Ecuador
Desde ese lugar se han comprendido las denuncias
sobre Odebrecht en Ecuador, culpando directamente la gestión de Correa. La delación
de Marcelo Odebrecht ante la justicia norteamericana reveló el pago de coimas
para la contratación de obras en el Ecuador por 33 millones de dólares. El
fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, manifestó que la Justicia está
actuando y ha solicitado de manera soberana que los Estados Unidos entregue
toda la información sobre las personas que recibieron los sobornos. Por ahora,
el único confeso culpable de corromper es el propio Odebrecht. Es importante
recordar que el presidente Rafael Correa expulsó en el 2008 a la firma
Odebrecht y le impuso un conjunto de exigencias para contratar en el Ecuador,
tras lo cual sólo regresó en el 2010 firmando un acta de compromiso para ser
contratista[7]. En la actualidad el único contrato vigente
de la constructora brasileña es la segunda fase del metro de Quito, cuyo
proceso de contratación fue realizado de forma pública, donde tuvo
participación el Alcalde de dicha ciudad, opositor al gobierno de Alianza País[8].
Argentina
En Argentina, todos los focos se dirigieron
inmediatamente hacia los gobiernos kirchneristas. Se explora menos el hecho de
que con la obra pública se enriquecieron empresarios que hoy tienen asiento en
sillones presidenciales. El clan Macri es conocido por estar vinculado a la
línea empresaria que ligo contratos en dictadura y los siguió teniendo en
democracia por su afianzado poder económico. Es rentable hacer negocios con el
Estado. Uno de sus familiares y dueño de la empresa Iecsa, Ángelo Calcaterra,
fue denunciado por recibir sobornos y ser uno de los principales socios de
Odebrecht en la Argentina, empresa que en el gobierno macrista continúo con el
negocio del soterramiento de la línea del tren Sarmiento con financiamiento del
Banco de la Nación Argentina[9]. La prensa argentina se ha centrado en las
informaciones sobre la adjudicación de contratos a Odebrecht durante los
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez, sin someter a escrutinio el
papel de los Macri desde hace décadas en la contratación de la obra pública. Se
espera que en los (pocos) archivos desclasificados de los Estados Unidos en el
2016 y en los archivos del Bancro Central de la República Argentina
desclasificados en 2015 por el entonces gerente Alejandro Vanoli se empiecen a
conocer las piezas sobre el patrimonio de las empresas y la obra pública en los
nefastos momentos de la dictadura Argentina[10].
Colombia
El tratamiento no es igual para casos como el de
Colombia, que debería estar en el “top ten” de la corrupción. Y decimos esto
porque las coimas de Odebrecht son pequeñas comparadas con los negociados de
Uribe y empresas estadounidenses. En el mes de diciembre salió a la luz que
altos funcionarios del gobierno de Alvaro Uribe (2002-2010) recibieron 6.5
millones de dólares a cambio de la concesión de millonarios contratos con la
firma Odebrecht. La noticia se presenta como un escándalo mayúsculo, y sin
embargo es de poco peso si lo comparamos con los casos de corrupción de las
estadounidenses Glencore, CB&I y Foster Wheeler que según el gobierno de
Santos desfalcaron por más de 1 mil millones de dólares a la estatal petrolera
colombiana Ecopetrol en los contratos de modernización de la refinadora de
petróleo de Cartagena-Reficar entre 2008 y 2014. Según la demanda interpuesta
por el propio gobierno, se trataba de una obra de construcción presupuestada en
3.7 mil millones de dólares, por la cual el país terminó pagando cerca de 8 mil
millones[11]. Sobre esto los amigos anticorrupción del
norte nunca advirtieron y hoy no dicen nada, aunque estamos hablando del
desfalco más grande del siglo en el país.
De la misma manera, Andrés Felipe Arias exministro
de agricultura del gobierno de Uribe, prófugo de la justicia por desfalcar a la
nación por más de 30 billones de pesos (10 mil millones de dólares) está como
solicitante de asilo en Miami, sin que la justicia norteamericana se indigne
por los hechos de corrupción y lo regrese al país a cumplir la pena de 20 años
de prisión interpuesta por la Corte Suprema de Justicia. Parece claro que el
gobierno estadounidense asila a algunos corruptos mientras denuncia a otros.
Los límites de la lucha anti-corrupción: los
intereses de las otras empresas
En los hechos, la corrupción no es una problemática
nueva para Latinoamérica y no es exclusiva del Estado o “la cosa pública”, sino
que existe porque hay empresas como Odebrecht que se prestan para acciones
ilegales. Se trata de una pesada herencia labrada por los partidos políticos en
las democracias liberales como uno de los tantos medios para mantener su
dominación, la utilización de los recursos públicos estatales a través de
mecanismos ampliamente conocidos como el clientelismo o la recepción de
coimas/propinas, especialmente provenientes en los rubros de contratación
estatal. De modo que es poco verosímil comprender la corrupción como el acto de
una empresa en vínculo con algunos gobiernos. Habría que estar atento más bien
a la red de clientelismo y coimas que involucra también a otras
transnacionales.
Un dato que ha pasado desapercibido es que si
tenemos en cuenta las empresas que a nivel global tienen contratos billonarios
con el sector público, Odebrecht se sitúa en el puesto número 13, por encima de
las estadounidenses Betchel y Fluor. Desde este lugar, podría pensarse que la
multa billonaria a Odebretch es una manera de quitarla del juego para permitir
un mayor protagonismo a empresas estadounidenses.
Un ejemplo de este tipo de estrategia, son los
datos que emergieron de Lava Jato, pero que no se tuvieron en cuenta, como las
declaraciones que implicaban a varias empresas extranjeras involucradas en el
Cártel de Petrobrás, como la sueca Skanska y la francesa Technip[12]. Esto no resultó un dato relevante, a pesar
de que el número de transnacionales implicadas en el esquema de corrupción es
fenomenal: Maersk, Jurong, Kawasaki, KeppelFels, Mitsubishi, Rolls-Royce,
Samsung, SBM, Sembcorp Marine, Skanska, Techint, Toyo, Mitsui, Toshiba, Sargent
Marine, Astra Oil, GB Marine, Trafigura, Glencore, OceanRig, Pirelli y Sevan[13]. A excepción de Odebrecht, el resto de las
empresas pueden seguir postulándose para licitaciones de obras públicas, además
de seguir operando con normalidad no solo en Brasil sino en los países
latinoamericanos que están cortando el vínculo con la empresa brasileña. Así,
el operativo anti-corrupción guiado por Estados Unidos es selectivo, en tanto focaliza
en una sola empresa y puede pensarse que en este escenario de caída de
Odebrecht se beneficien empresas estadounidenses y europeas.
El caso Odebrecht podría ser la oportunidad para
abrir la caja de pandora y buscar estas conexiones entre los negocios
transnacionales y las políticas neoliberales. Pero de eso no se ocupará el
Departamento de Justicia estadounidense. La histórica e íntima relación entre
los intereses del Estado y empresas en ese país no parece el contexto propicio
para un proceso de justicia contra la red de empresas y empresarios implicados
en corrupción que extiende sus tentáculos mucho más allá de Odebrecht. En
efecto, y tal como ya ha sido notado, las sanciones a esa empresa pueden ser
interpretadas como un “reordenamiento” para que la mayoría de los empresarios y
millonarios involucrados sigan con su buena vida luego de haber pagado el
tributo imperial[14].
Silvina Romano y Javier Calderón /
Investigadores CELAG
@silvinamceleste @javiercc21
Notas
[1]http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,oito-paises-latinos-investigam-a-odebrecht,10000096325
[2] http://www.esquerdadiario.com.br/FBI-diz-corrupcao-da-Odebrecht-e-a-maior-do-mundo-Conheca-5-fatos-escondidos-no-episodio
[8] http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/el-alcalde-de-quito-defiende-el-proceso-de-contratacion-de-la-fase-ii-del-metro
[10] http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/23/depues-de-39-anos-investigaran-rol-entre-dictadura-militar-y-sector-economico-argentino-4949.html
[12] http://www.esquerdadiario.com.br/FBI-diz-corrupcao-da-Odebrecht-e-a-maior-do-mundo-Conheca-5-fatos-escondidos-no-episodio
[13]http://jornalggn.com.br/noticia/contra-corrupcao-quebra-se-a-odebrecht-mas-se-protege-as-estrangeiras
http://www.alainet.org/es/articulo/182759
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