Jaime
Escobedo
Olmos es
el mejor ejemplo de la desnaturalización de las asociaciones público-privadas.
La asociación público-privada (APP) es una herramienta para asegurar —por parte
del sector privado— la prestación de servicios públicos o la implementación y
operación de infraestructura pública con alta rentabilidad social. Esta figura
tiene aproximadamente cuatro años de vigencia. Fue incorporada en el Decreto
Legislativo 1012, uno de los 99 decretos legislativos aprobados durante el gobierno
de Alan García, en junio de 2008, para asegurar la implementación del TLC con
EE.UU.
La APP es
un tipo de concesión que se caracteriza por la contribución que realiza el
Estado en el servicio u obra de infraestructura pública, debido a que la
rentabilidad financiera del negocio no resultaría suficiente para utilizar el
esquema clásico de concesiones. Esta contribución del Estado puede adoptar
distintas formas: cesiones de terrenos o maquinarias, compromisos de compra de
los productos, etc.
Formalmente,
a través de este tipo de concesión el Estado busca obtener los mayores beneficios
para la ciudadanía, mediante el menor monto de subsidio estatal posible y con
la posibilidad de distribuir los riesgos con el sector privado. Sin embargo,
hay ejemplos concretos de APP donde el inversionista privado asume —de manera
insólita— un riesgo cero.
Veamos el
caso de Olmos. Para comenzar, este tipo de concesión se puede implementar sólo
si, en términos de costo-beneficio, es más beneficiosa la participación privada
que la estatal. Pues bien, los datos evidencian que, en lugar de una APP, la
provisión directa del Estado de las obras de riego de Olmos, bajo la modalidad
de obra pública, hubiera redundado en mayores beneficios para la sociedad.
Únicamente por la venta de tierras del proyecto, el Estado hubiera obtenido un
ingreso mínimo de US$161.5 millones. Si a ello se suman los US$22.6 millones
anuales que se espera obtener por el uso del agua en las 38 mil hectáreas del
proyecto, la recuperación de la inversión, estimada en US$222 millones, no
debería ser un problema.
Sin
embargo, la decisión del Estado fue concesionar las obras de riego a favor de H2Olmos,
integrante del grupo Odebrecht, con lo cual será esta empresa la que obtendrá
el 85% de los ingresos de la subasta de tierras y el total de ganancias por el
uso del agua durante 23 años.
Sumado a
este hecho se encuentra el riesgo cero que asume H2Olmos por la concesión del
proyecto. Para tener una idea de lo que hablamos, la obligación de la empresa
de trasladar al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), aproximadamente, US$2.5
millones anuales, en calidad de regalías por la prestación del servicio de
riego en el valle Viejo de Olmos, solo tendrá esa calidad (de obligación) mientras
los campesinos y agricultores cumplan oportunamente con el pago. De no ser así,
por un plazo de seis meses de servicio, H2Olmos se liberará de la obligación y,
a partir de entonces, el GRL deberá asumir íntegramente ese pasivo.
Por eso,
la experiencia del proyecto Olmos es un primer llamado de alerta frente a esta
figura de las asociaciones público-privadas, donde las empresas concesionarias no
arriesgan nada, sino que, por el contrario, ganan por encima de la rentabilidad
esperada. A todas luces, se trata, para ellas, de un negocio redondo.
Gracias al blog por toda la información transmitida, la cual es importante que nos enteremos diariamente, sobre las gestiones de proyectos en nuestro pueblo.
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