11/04/2017
Las izquierdas peruanas y el drama del registro
electoral
Ni antes de los huaicos, cuando Lava Jato amenazaba
con desestabilizarlo todo; ni ahora en la coyuntura de la reconstrucción, las
izquierdas peruanas han podido incidir en la situación política nacional. ¿Por
qué?
Si en algo coinciden todas las expresiones de
izquierda en el Perú, es en su oposición al régimen nacido del golpe del 5 de
abril de 1992, y su partida de nacimiento: la Constitución Fujimorista de 1993,
que hasta la actualidad rigen la vida del Estado peruano. Ese consenso político
(sistema cerrado), económico (neoliberal) y social (restrictivo de derechos) de
las élites peruanas es el principal enemigo de todas las izquierdas peruanas. De
ahí que su bandera central sea una nueva constitución, la misma que está
presente casi en todos los programas izquierdistas de los últimos años.
Sin embargo, y a pesar de la buena perfomance electoral
de Verónika Mendoza en las elecciones del 2016, y la sorpresa que significó la
votación de Gregorio Santos desde la cárcel, imposibilitado de hacer campaña en
ese mismo proceso electoral, hoy las izquierdas parecen estar ausentes de la
política.
Ninguna de las consignas como “Ante la mega
corrupción, nueva constitución”; o “Para una real construcción, nueva
constitución”, aparecen situadas en los medios o el debate público.
Mi impresión es que no solo se trata de un veto en
el periodismo mainstream, sino de que viven algo que llamo el
“drama del registro” ante el Jurado Nacional de elecciones (JNE), y que parece
estar en el centro de su táctica, tanto de aquellas organizaciones que lo
tienen, como de las que lo necesitan con urgencia. Veamos.
Lo que el huaico se llevó
La coyuntura política peruana cambió dramáticamente
tras los devastadores embates del Fenómeno del Niño Costero, en especial cuando
a partir de la quincena de marzo, la propia ciudad capital se vio afectada.
Hasta antes de esa fecha y a pesar de que las inundaciones
ya se hacían sentir en la zona urbana y rural de la costa norte del país
(Chiclayo, Piura y más), la escena política nacional estaba copada con el lío
de la mega corrupción del caso Lava Jato que involucraba – en mayor o menor
medida – a todos los mandatarios del periodo denominado como transición
democrática (2001-2016): Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el
propio PPK.
De allí que algunos analistas hablaban de una
crisis de régimen. Precisamente de ese régimen que comenzó con la renuncia vía
fax de Alberto Fujimori a finales del año 2000, a poco de iniciar su tercer
mandato. La crisis del régimen de la transición.
Este régimen puede ser descrito como el de una
alianza partido-empresarial que mantuvo intacto el consenso económico de la
Constitución Fujimorista de 1993 (fruto del autogolpe de 1992). Una transición
de tímidas reformas a inicios de siglo, centradas en mecanismos de
participación y concertación ciudadana, una pequeña apertura en la
participación política electoral (hoy revertida), algo de transparencia y
punto, dejando intacta la mayor parte de los legados de Alberto Fujimori. Un
fujimorismo económico sin Fujimori.
En efecto, todos los partidos que llegaron al
gobierno en ese periodo fueron heridos casi de muerte al hacerse públicas las
delaciones de los funcionarios de Odebrecth y otras empresas constructoras
brasileñas que usaron prácticas corruptas como la manera principal de hacer
negocios con el Estado.
Perú Posible (Toledo) se disolvió; el Nacionalismo
(Humala) no existe más allá de Ollanta/Nadine y los dos o tres con quien
fundaron su partido; el APRA y su imposibilidad de hacer un nuevo congreso
partidario que saque al cogollo alanista de su conducción; y Peruanos Por el
Kambio (PPK) que en los hechos no es más que un eslogan.
Por el lado del empresariado, la crisis también se
desató cuando la constructora Graña y Montero (vinculada a la familia Miró
Quesada y al Grupo El Comercio) fue puesta en el ojo de la tormenta, al igual
que otros miembros de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), socios de
Odebretch en mega proyectos de infraestructura como la carreteras
interoceánicas, la irrigación de Olmos, entre otros.
La caída de Graña involucró pérdidas en los fondos
de pensiones privados administrados por grupos financieros como el Grupo Romero
(Banco de Crédito del Perú, AFP Primax, Seguro Pacífico, etc.).
En general, se desató el desorden y la
conflictividad al interior de las élites del poder económico, lo que tuvo
varios efectos, como que el liderazgo de su gremio más representativo, la
Confiep, tenga que ser asumido por uno de los empresarios con mayor poder y
manejo político: el minero Roque Benavides de Buenaventura, uno de los dueños
de Yanacocha.
Para fijar un punto de partida de la crisis de
régimen que se desató a finales del 2016 e inicios del 2017, podemos
identificar la orden de prisión preventiva dictada contra el expresidente
Alejandro Toledo (hasta hoy requisitoriado por la justicia peruana). En ese
momento la crisis política empezó a escalar rápidamente en las más altas
esferas del poder local.
En medio de este caos, las derechas peruanas (pero
ninguna de las izquierdas) empezaron a trabajar tres escenarios a fin de dar
salida a esta crisis. Varios analistas izquierdistas los dibujaron y
debatieron. Cada uno de estos escenarios (hoy arrasados por el huaico) tuvo sus
operadores y sus problemas, pero eran viables teniendo en cuenta las
correlaciones de fuerza existentes. A continuación un resumen:
Escenario 1: La defensa del sistema, cogobierno
entre PPK y Fujimori
Impulsado arduamente por periodistas con cierta
influencia como Jaime De Althaus (conductor del programa televisivo la Hora N)
y analistas como Víctor Andrés Ponce (director del portal de opinión El
Montonero y uno de los ideólogos de Fuerza Popular). La idea central era la
defensa del consenso económico-político de 1993 ante el riesgo de la aparición
de fuerzas anti sistema. El gran problema de este escenario era que el
fujimorismo pagaría altos costos políticos por verse vinculado a un gobierno
débil como el de PPK, poniendo en riesgo sus posibilidades de victoria en las
elecciones del 2021.
Escenario 2: Vacancia de PPK
Trabajado directamente en la campaña política #ConMisHijosNoTeMetas,
cuyos principales voceros como el conocido conductor radial Phillip Butters,
pedían sin mayor empacho la cabeza de miembros del gabinete e incluso del
propio presidente, usando como pretexto que una “ideología de género”
infiltrada en el currículo escolar amenazaba con homosexualizar o transgenerizar a
los escolares. Medio fujimorismo acompañó esta ofensiva con el fin de generar
la masa crítica que apoye la caída del gobierno en el contexto Lava Jato,
aderezado por la crisis del Aeropuerto de Chincheros.
La campaña de marras, promovida por iglesias
evangélicas fundamentalistas y parte de la iglesia católica, tiene alcance
internacional (Brasil, Colombia, etc.), y se articuló muy bien en el Perú con
la bancada de Fuerza Popular, cuya mayoría y control en el Parlamento es
suficiente para vacar a PPK por incapacidad moral.
Los problemas de este escenario (muy factible como
alertaba Rosa María Palacios antes de los huaicos) siempre fue el timing,
a fin de no dar la idea de un golpismo fujimorista que traiga reminiscencias
del 5 de abril, y conecte las intenciones políticas de Keiko Fujimori con la
dictadura de los noventa. Con todo, la maquinaria se echó a andar y el primer
paso en claro fue la moción de interpelación del ministro de Transportes y
Comunicaciones, Martín Vizcarra, también vicepresidente y por tanto segundo en
el orden de la sucesión presidencial. Esto fue una de las primeras cosas que se
llevó el huaico.
Escenario 3: Pacto de impunidad
Muy parecido al primer escenario, pero con la
inclusión del cogollo alanista, es decir del Apra realmente existente. Su
principal operador, el propio Alan García desde España. A pesar de la gran
influencia del expresidente peruano, quien no dudó en mover todos sus contactos
a fin de administrar la crisis de la mejor manera, el mayor problema fue
siempre el nivel de supranacionalidad del caso Lava Jato. Al menos tres sistemas
de justicia movilizados además del peruano: Brasil, Suiza y Estados Unidos.
Este escenario fue el menos probable de los tres pero allí se estaba moviendo.
La nueva coyuntura tras los huaicos e inundaciones,
se trajo abajo estos tres escenarios, especialmente el que parecía cada vez más
viable: el de la vacancia. No obstante, es importante notar que ninguno de los
tres escenarios (ni la posibilidad de que surja un cuarto escenario) pudo ser
operado por las izquierdas peruanas.
Ninguna de las dos fracciones de la izquierda
parlamentaria del Frente Amplio, ni la izquierda que controla las centrales
sindicales; ni mucho menos las agrupaciones regionales de este campo, pudieron
plantear un cuarto escenario donde se cuestione el consenso de 1992.
“Ante la mega corrupción, nueva constitución”, casi
ADN de la propuesta política de la mayor parte de las izquierdas peruanas en la
actualidad, no fue siquiera deslizado en algún sector de la opinión pública.
Las izquierdas en el Perú quedaron completamente
por fuera de la gestión de la crisis Lava Jato. Pero en todo caso, el escenario
que más le convino en ese momento fue el del cogobierno o pacto de impunidad,
pues no había condiciones para encarar una elección presidencial en el corto
plazo.
Peor aún, hoy que los escándalos de Odebrecht y
compañía han pasado a un segundo plano, y que la nueva coyuntura es la
reconstrucción del país, dando la posibilidad y el aire necesario a PPK para
llegar hasta el 2021 (incluso con éxito), tampoco las izquierdas parecen tener
la capacidad (o vocación) como para ser un actor de peso en esta nueva
situación política.
A pesar de la buena performance de Verónika Mendoza
en las elecciones del 2016, las izquierdas están en posición de off
side. A simple vista es como si hubiera una vocación de marginalidad, o
deseos por ser nada. Al menos, la ruptura del Frente Amplio (FA) se puede
interpretar de esa manera.
El drama del registro
Dentro de la izquierda electoral, podemos contar al
menos cuatro bloques relevantes llamados a enfrentar los retos de la actual
coyuntura de la reconstrucción y los posteriores procesos electorales del 2018
y el 2021: 1) Frente Amplio (FA), 2) Nuevo Perú, 3) Más Democracia, y 4) el
Frente Unete (hoy aliado con el Partido Humanista en el naciente Frente Nueva
República).
Cuatro izquierdas - que más allá de matices
programáticos en la intensidad o velocidad de las reformas - no tienen más
motivos de división o falta de convergencia que la ausencia real de voluntad
por querer gobernar.
Todos están más preocupados en el registro
electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que en hacer política.
Quienes tienen el registro lo usan para imponer condiciones – casi barreras - a
la convergencia con el resto; y quienes no lo tienen, centran su preocupación y
tarea política casi exclusiva en ello, dejando de participar en el debate
nacional.
Hagamos un pequeño examen de estas cuatros
izquierdas. Si bien, también existe el partido Perú Libre de Vladimir Cerrón
(con registro) y otras organizaciones más pequeñas, solo nos centraremos en
estas:
1. Frente Amplio (FA) controlado legalmente por el
partido Tierra y Libertad (TyL) del actual congresista Marco Arana.
Un mejor nombre para este bloque sería el de Frente
Estrecho (FE) porque ni bien pasó la elección del 2016, Arana y sus operadores,
cerraron el padrón de militantes para que nadie ingrese, excluyendo a sus
propios aliados que siendo parte del FA en campaña, nunca se inscribieron en
TyL, único aparato político reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones
(JNE) como la vía para ser parte de la institucionalidad oficial del FA.
En la práctica siempre hubo dos FA: el FA político
donde Verónika Mendoza era la líder indiscutible, y el FA burocrático, donde
Arana decide. El resultado fue que hasta los propios congresistas electos que
no eran miembros de TyL quedaron excluidos de lo que se suponía debía ser el
estado mayor de la izquierda peruana. Ya a fines del 2016 el FA explotó y
Verónika Mendoza decidió construir una propia organización política denominada
Nuevo Perú.
Lógicamente, el FA burocrático de Marco Arana
conservó el registro electoral que venía de TyL, y podrá participar sin
problemas en las elecciones poniendo condiciones a quien se le acerque para
candidatear, por ejemplo a la alcaldía de Lima. Eso sí, la principal condición
de Arana siempre será que el candidato/a no tenga nada que ver con Nuevo Perú.
Así de triste.
2. Nuevo Perú liderado por Verónika Mendoza
Tras la ruptura con Arana, y la crisis en su propia
organización política creada para entrar al FA (Sembrar), Verónika y sus
operadores más cercanos decidieron crear un partido propio.
Si bien se afirmó al inicio que se trataba de una
organización que buscaría el registro electoral para mantenerse dentro del FA y
hacer contrapeso a TyL a la interna (oponer un registro electoral a otro es una
onerosa forma de mantener la unidad); se trata en realidad de un proyecto
completamente separado de la organización que hoy maneja Marco Arana. Van a ir
separados y no hay posibilidad de convergencia, ni siquiera en términos de
táctica electoral. La destrucción moral que ha ocasionado la demora en resolver
la crisis de convivencia dentro del FA, apenas permite la coordinación
parlamentaria.
A la fecha el FA parlamentario se mantiene unido
solo debido a las nuevas normas que regulan el “transfuguismo”, lo que
deja en el limbo (o en condición de parias) a quienes traten de formar un nuevo
bloque congresal.
De los 20 congresistas que llegaron de la mano de
Mendoza, nueve son parte de Nuevo Perú (aunque algunos de ellos parecen moverse
con cierta autonomía). Los otros once responden a Arana.
El gran problema de Verónika Mendoza es que no
tiene registro electoral y en las actuales condiciones del Sistema de Registro
de Organizaciones Políticas en el Perú, es casi imposible que pueda conseguir
la legalidad necesaria para participar sin alianzas de las elecciones del 2018
o el 2021. Además de otros requisitos, se necesitan aproximadamente 800 mil
firmas válidas, lo cual implica presentar al menos 3 millones de firmas para su
depuración ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Solo los costos
administrativos que implica la revisión en el JNE se acercan a 1 sol por firma
presentada (o sea 3 millones de soles o más solo en la presentación).
Si a ello se suma el costo que implica la propia
recolección de las firmas en las calles y plazas, estamos hablando de una suma
de dinero inalcanzable para una fuerza política que no tiene al sector
empresarial en su militancia.
Paradójicamente a lo expuesto, no se trata de un
problema de plata, sino centralmente de la elitización del registro electoral
peruano. Y eso un tema político que tiene que ver con los candados del sistema
que solo permiten inscribirse a los partidos vinculados a las élites del poder
económico o en un acuerdo con ellas. Pero a pesar de que es un problema
político, la campaña de recolección de firmas de Nuevo Perú no toma esta
bandera. No explicita que la salida al drama del registro, además de una
política inteligente de alianzas, es precisamente democratizar la política. Una
campaña por la reforma política que además busque firmas para inscribirse es
central para partidos como Nuevo Perú. En tal sentido, la campaña de
recolección de firmas de Mendoza carece precisamente de política, y de ahí la
principal causa de lo que será su fracaso.
Sin duda, Mendoza tendrá que aliarse o con Más
Democracia de los hermanos Alcántara y Gregorio Santos, o con el recién nacido
Frente Nueva República, integrado por el Partido Humanista de Yehude Simon (con
registro) y el Frente Unete; o con otras fuerzas con registro. Es decir, tiene
que apostar a la convergencia.
El gran problema es que Nuevo Perú parece haber
desarrollado una línea política algo soberbia debido a una errónea
interpretación del arrastre electoral de Mendoza en el 2016. Bajo la consigna
“ya vendrán” o “primero construyamos Nuevo Perú y luego veamos alianzas”, se
ponen barreras a otros políticos de izquierda que quieren reunirse hace rato
con la excandidata presidencial y no lo logran.
No es que Mendoza tuvo los millones de votos en las
elecciones del 2016 por ser ella (sin duda tiene excelentes dotes políticos
como lo demostró), sino porque se logró introducir en una corriente nacional-popular
que andaba buscando candidato. Lo que pasa es que hasta ahora Verónika mantiene
ese espacio y esa es su gran ventaja respecto al resto.
A lo mejor la experiencia de algunos de los aliados
de Mendoza como varios de los integrantes del Partido Socialista, fundado por
el extinto Javier Diez Canseco, pueda hacer de bisagra con las demás
izquierdas.
3. Más Democracia, aún registrado ante el JNE como
Democracia Directa
Partido vinculado al movimiento social de los “fonavistas”,
y todavía controlado por los hermanos Alcántara, conservó su inscripción a
pesar de que no colocó congresistas en el Parlamento (no pasó la valla
congresal), pero sí pasó la valla del 5 por ciento de los votos para la
elección del Parlamento Andino, que se dio de manera conjunta con la elección
presidencial de primera vuelta y congresal en abril de 2016.
Su líder político es Gregorio Santos, quien postuló
a la presidencia desde prisión y a pesar de la imposibilidad de hacer campaña
(solo se le permitió ir a los debates entre candidatos promovidos por el JNE),
logró un importante apoyo electoral. Hay quienes dentro de la izquierda lo
responsabilizan por frustrar el ingreso de Verónika Mendoza a la segunda
vuelta.
En este momento, Más Democracia ha convocado de
manera pública a la ciudadanía a inscribirse en sus padrones. Ha abierto su
registro y según Santos, el control de ese instrumento electoral dejará de ser
exclusividad de los hermanos Alcántara.
El problema de Gregorio Santos es que tiene una
imagen deteriorada, ya que ha sido vinculado a procesos de corrupción, por lo
que viene afrontando en libertad varios procesos penales. Su gran reto es
construir un relato de cómo es que fue un preso político durante 25 meses (sin
sentencia) por haber echado abajo el proyecto minero Conga de Yanacocha.
Si logra hacerlo y reconstruir su imagen, podría
tener mayor chance tanto en una posible convergencia con las demás izquierdas,
como en vencer varias resistencias que tiene ante el gran público. Aunque, la
actual coyuntura política marcada por la reconstrucción tras los huaicos, es
menos conveniente para él. En la anterior coyuntura, la de crisis de régimen
por el caso Lava Jato, él tenía más chance de actuar ya que es visto como un
candidato anti sistema.
En la actualidad Santos la tiene difícil en
términos de convergencia. Mendoza se ha negado en varias ocasiones a reunirse
con él, y del lado del Frente Unete tampoco hay buenos puentes, tomando en
cuenta que Gregorio Santos tuvo una fuerte ruptura con su expartido Patria Roja
(parte importante de Unete), así como el hecho de que los hermanos Alcántara
rompieran la alianza en ciernes con Unete para las elecciones del 2016 (lo que
dejó sin piso a Gonzalo García, candidato por Unete). Asimismo, hay aún sangre
en el ojo entre Santos y Salomón Lerner (una de las principales figuras en
Unete) por la coyuntura del conflicto Conga del 2011, cuando Lerner era primer
ministro y Santos, gobernador regional de Cajamarca.
4. Frente Nueva República: Unete, integrado por los
dos viejos partidos comunistas (PC Unidad y PC Patria Roja), el movimiento
“Ciudadanos por el Cambio” de Salomón Lerner, el Partido Fuerza Social (sin
Susana Villarán); y el Movimiento por el Socialismo (antes Voz Socialista).
Unete es lo más cercano a lo que se puede llamar la
izquierda tradicional peruana. En realidad, tanto en sus modos, como en sus
ritmos e imagen luce como una izquierda antigua. Al igual que Nuevo Perú, sufre
el drama de no tener registro electoral, lo que los dejó sin juego alguno en
las elecciones del 2016.
Sin embargo, han logrado mantenerse unidos y
nuevamente están a punto de hacer una alianza que les permita participar de las
elecciones con registro. En el periodo anterior fracasaron al menos en dos
ocasiones: 1) con el Partido Humanista de Yehude Simon (que no cumplió los
acuerdos iniciales y postuló solo), y 2) con Democracia Directa (con quien
entró en contradicciones en las elecciones internas previas a las elecciones).
El candidato de Unete hasta el momento es Gonzalo
García Nuñez, un solvente tecnócrata que le da seriedad programática al frente
y es la carta de Unete para integrar cualquier plancha de la izquierda.
Nuevamente, Unete acaba de formar una alianza con
el Partido Humanista de Yehude Simon, con quien se ha recompuesto relaciones.
Junto a más personalidades del centro político han llegado al acuerdo de formar
el Frente Nueva República, que se formalizaría en mayo. Un frente de izquierdas
con registro y por tanto hábil para participar en las elecciones del 2018 y
2021.
Este acuerdo tiene anticuerpos en sectores de la
izquierda, por el pasado de Simon como premier de Alan García (baguazo).
De allí que lo mejor es que él se repliegue al espacio regional de Lambayeque,
donde ya fue gobernador, dejando el campo nacional a otros líderes y así
controlar algunos daños. Además, tanto Simon como otros políticos del naciente
Frente Nueva República ven con buenos ojos una convergencia mayor con Nuevo
Perú de Verónika Mendoza. De hecho lo único medianamente viable en términos de
convergencia entre izquierdas en la actualidad.
Si se concreta un acercamiento Nuevo Perú – Nueva
República, dejando atrás el drama del registro o mejor dicho resolviéndolo,
convocando a más izquierdas, y además se entra en el eje de la reconstrucción
con propuestas viables y planteando un adversario claro (por ejemplo las élites
que ganaron en las épocas de boom pero no se interesaron en la
infraestructura adecuada para la población, etc.), podríamos tener algún tipo
de izquierda competitiva de cara a los procesos electorales del 2018 y el 2021,
pero eso es dibujar escenarios post huaicos. Veremos.
Carlos Bedoya
Periodista y abogado. Interesado en política,
economía y sociedad.
@cbedoyam
http://www.alainet.org/es/articulo/184732
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