LA FARSA DE LA JUSTICIA BURGUESA

(15 de julio de 2017)

Por Miguel Aragón

No hay que hacerse ilusiones con la función de la justicia burguesa, ni con las condenas a sus funcionarios públicos.

En el país, el poder está en manos de la CLASE DOMINANTE, y no en manos de sus ocasionales representantes políticos, como son los Fujimori, Toledo, García, Humala o PPK.

La cúpula de la clase dominante está formada por los propietarios de los bancos, los propietarios de las grandes empresas comerciales y los propietarios de la gran minería. Ese grupito reducido decide las políticas de estado, políticas que son aplicadas fiel y servilmente por sus funcionarios de turno, como los Fujimori, Toledo, García, Humala o PPK. Todos ellos son empleados a sueldo de la clase dominante, todos ellos trabajan para los mismos patrones, y las pugnas superficiales entre ellos son por "quien sirve mejor al patrón", y quien recibe "más limosnas de sus patrones".

Por otro lado, la clase dominante financia las campañas políticas de todos sus candidatos que están dispuestos a defender la permanencia del actual orden social feudal burgués  (así ha ocurrido con los Fujimori, Toledo, García, Humala y PPK).

Después que son elegidos "democráticamente" como funcionarios públicos (presidentes, ministros, etc.), estos serviles funcionarios, además de sus sueldos legales, reciben sobornos ilegales que les entrega la propia clase dominante, es decir los corrompe. La corrupción de funcionarios públicos no es una excepción, sino que es una regla de la actual política de estado.  

Concluida su función temporal de “gobernantes” al servicio de los grupos de poder, la propia clase dominante los denuncia por "corruptos" (revisar editoriales de El Comercio, principal vocero de la CONFIEP)  y los entrega al grosero circo mediático, como el que estamos viviendo en estos momentos.

De esa manera tienden una "cortina de humo", para que el pueblo ingenuamente crea que los poderosos y los explotadores son “sus serviles empleados”, y de esa manera el pueblo no se pueda dar cuenta que quienes realmente tienen el poder son los grandes propietarios que conforman la clase dominante en el país.

Si sumamos  todos los ingresos económicos “legales” e “ilegales”, conseguidos durante toda su vida política,  de todos los últimos presidentes (Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK) en su conjunto son “una ridiculez”, al lado de las ganancias,  de un solo año, de cualquiera de los grandes grupos de poder (bancos, grandes empresas comerciales y gran minería).  

   

            Entonces decidamos de una vez.

O seguimos perdiendo el tiempo, denunciando y acusando a los serviles empleados de los grupos de poder; o de una vez, nos atrevemos a impulsar la lucha de clases contra la clase dominante, para impulsar el cambio social.