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Nodal
24/08/2017
Análisis
La lucha del magisterio peruano -y su prolongación
luego de las tratativas frustradas del fin de semana- obligan a mirar las cosas
con la mayor objetividad. Y exigen el más alto sentido de comprensión hacia una
causa –la del magisterio peruano- que es usada por unos, y vilipendiada por
otros. Urge, a la luz del conflicto de hoy, resumir algunos conceptos
centrales:
1.- La legalidad de la huelga magisterial
El Gobierno ha resuelto declarar “ilegal” la
huelga magisterial. En contraste, cabe preguntarse ¿cuántas huelgas han sido
declaradas “legales” por la administración actual? Ciertamente que ninguna. No
es que todas las otras hayan sido consideradas reamente “ilegales”, sino que
las autoridades buscan usar el término hoy, para desarrollar acciones punitivas
contra los docentes: Descontar salarios, y despedir profesores.
Lo primero, ha ocurrido antes. En las huelgas
históricas contra Morales Bermúdez -en la segunda parte de los años 80 del
siglo pasado- nunca fueron pagados los salarios de los maestros, muchos fuimos
subrogados primero, y trasladados irregularmente después en el empeño de
quebrar la lucha sindical de entonces. Pero esos fueron años –como se suele
decir ahora- de “dictadura militar”, en los que los procedimientos legales
resultados avasallados por un régimen que, adicionalmente, autorizó el despido
masivo de dirigentes sindicales de todas las áreas productivas, con motivo del
Paro Nacional del 19 de Julio de 1977.
En otros conflictos, eso no ocurrió. Suspendida, o
levantada, la huelga; todos los Trabajadores de la Educación volvieron a sus
aulas, y continuaron sus tareas bajo un compromiso que se cumplió en todos los
casos: recuperar las horas de clase no dictadas. Hoy se habla de
prolongar hasta enero el año escolar “para que los alumnos no se perjudiquen”,
¿pero quien dictará esas clases? ¿No serán acaso los maestros que hoy están en
huelga? Si les pagan entonces, no habrá ninguna “irregularidad” en el tema.
2.- La representatividad legal
Sobre todo algunas conductoras de programas de la
TV han puesto énfasis en subrayar que esta huelga “carece de legitimidad”
porque es convocada por un organismo “legalmente no reconocido”. Esto, por
cierto, basadas en el hecho que no es la dirección nacional del SUTEP la
convocante de la acción, sino el CONARE, un organismo “no reconocido”. Esa idea
ha sustentado otra: “no se puede dialogar con un organismo que legalmente no
existe”.
Las huelgas, responden a la voluntad de los
trabajadores. Y sus organizaciones representativas –que las decretan- nunca
fueron reconocidas desde un inicio. Al contrario, fueron legalizadas como
consecuencia de duras luchas sociales. La misma CGTP, refundada en junio de
1968, fue reconocida legalmente sólo en enero de 1971. Sus acciones de lucha
anteriores, y su participación activa en las movilizaciones laborales de
entonces, ¿fueron ilegales? Por cierto que no. Fueron admitidas al margen de un
debate formal, como realidades objetivas; y las autoridades debieron discutir y
tratar con los representantes de los trabajadores, independientemente de su
inscripción, o no, en los registros formales.
Muchas veces, la inscripción, o el reconocimiento
de estructuras sindicales, fue posterior a duras luchas libradas por los
trabajadores en todos los niveles. Los ejemplos abundan.
3.- Los “sesenta días de conflicto”
Una huelga magisterial que dure “sesenta días” -se
ha dicho- hará que los niños pierdan inexorablemente al año escolar. Y esto,
afectará a “los más pobres”, que estudian en los establecimientos del Estado
Aquí hay falsedades, pero también mensajes.
Los maestros del Cusco fueron los que iniciaron su
huelga el 17 de junio de este año. Pero la levantaron. Y ahora están
trabajando. En otros lugares de país, la huelga se inició más tarde, y de
manera escalonada Hoy los huelguistas más antiguos” cumplen 38 días, pero otros
apenas tienen un par de semanas. Lo que ocurre, es que el conflicto se ha
extendido por la inopia del gobierno, y no por culpa de los sindicatos. De eso,
hay que ser conscientes.
Por lo demás, el “mensaje” es claro: Hay
que matricular a los niños en os colegios privados. Así no se perjudicaran “por
las huelgas de los maestros.
4.- El “diálogo”
Todos coinciden en señalar que en el Diálogo, está
la solución del problema. Lo que ocurre es que objetivamente el gobierno no
quiere dialogar. Puede entenderse que, en otros países, o en otros escenarios,
haya sido preciso –y hasta útil– “dialogar” a través de intermediarios o en
“cuartos separados”. Pero en el Perú nunca ha ocurrido eso. Y mucho menos en
materia de conflictos laborales. El Trato Directo, la Junta de Conciliación o
el abordaje del tema por las altas autoridades del sector, ha sido siempre una
práctica. En los años de Velasco Alvarado, el general Sala Orosco –ministro de
Trabajo- recibía a los trabajadores en huelga y a los empresarios, y resolvía
“cara a cara” los conflictos sociales. Incluso, Juan Velasco recibió a los
maestros con Horacio Zevallos al frente, aunque el SUTEP no estaba legalmente
reconocido.
Que PPK se haya reunido con quienes NO ESTÀN EN HUELGA
para que se comprometan a LEVANTAR UNA HUELGA QUE NO HACEN, raya en lo
patético. Pero que, adicionalmente, la ministra de educación no quiera tratar
con los dirigentes de la huelga magisterial, linda ya en el extremo del
ridículo.
5.- La evaluación
Se ha dicho hasta la saciedad que los maestros
“rechazan la evaluación“. Habría que decir, en primer lugar, que esa
evaluación, no se justifica. ¿Alguien “evalúa” a los médicos, a los ingenieros,
o a los economistas, cuando ejercen su profesión? Los maestros -como todos los
otros profesionales- reciben una formación académica que los faculta para
ejercer la docencia. Pueden ser capacitados -o recibir cursos de
perfeccionamiento para su función- pero aprueban esos cursos. No tienen que
someterse a ninguna “evaluación” adicional. Ella, sin
embargo, se ha “institucionalizado”.
Cabe preguntarse si un médico es inhabilitado para
ejercer su profesión si no cura a los enfermos que trata; si un abogado pierde
su carrera porque no gana tres juicios consecutivos; si un Juez se va a su casa
porque no resuelve tres casos pendientes; o si un Fiscal es destituido porque
no abre instrucción contra ciertos acusados. ¿Por qué entonces se quiere
inhabilitar a un maestro? Si el Estado lo formó insuficientemente, debe suplir
esa deficiencia y formarlo bien. Por lo demás es ridículo ponerse en el extremo
de lo que pasa si los maestros “no aprueban tres veces su evaluación”. Eso
podría ocurrir en un caso, o en dos; pero miles de maestros no sólo que no
necesitan ser evaluados, sino que hasta podrían darse el lujo de evaluar a
funcionarios del Ministerio de Educación que no distinguen entre San
Martín y Bolívar, ni saben quién proclamó la a Independencia del Perú en
1821.
Temas como otros podrían ser simples paparruchadas –como
aquello que la “huelga es política” Pero todos deben ser enfrentados con
claridad y firmeza. La justa causa de los Maestros, habrá de vencer.
Gustavo Espinoza M.
Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
https://www.alainet.org/es/articulo/187604
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