Estimado
amigos:
Por
la presente les hago llegar salvo mejor parecer con cargo a las respectivas
observaciones la publicación del diario “La República” del 17 de septiembre del
presente año, en lo referente al excarcelamiento de los presos por terrorismo durante
los gobiernos de Fujimori, Paniagua y Toledo.
De
mi parte estaré muy agradecido, si me hacen llegar que esta publicación - la
única que hasta el momento informa -, la que tendrá defectos que convertidos en
errores sirva para que se elabore una publicación lo más cercana a la realidad
de los hechos ocurridos con los mencionados excarcelamientos.
Me
encuentro honrado por las respuestas al anterior artículo sobre que los
indultos no sean privilegios individuales, como pareciera beneficiar con la
excarcelación del ex presidente Alberto Fujimori. Pues como intentamos vivir en
democracia, hay que acostumbrarse a que no haya privilegios de ninguna clase,
porque todos los peruanos y residentes en nuestro país somos iguales.
Esto
lo digo porque ese mismo diario “La República” el día de ayer publica una nota
extensa sobre la terrible situación en que se encuentra el general retirado
Hermoza Ríos, ex comandante general del comando conjunto de las Fuerzas
Armadas, en la prisión de Piedras Gordas en Ancón. No hay duda que él está padeciendo
de demencia senil y está postrado en cama, porque no puede caminar y valerse
por si mismo.
A
pesar de los errores y culpas cometidas por dicho general, no merece que se
encuentra preso cumpliendo la sentencia judicial; él también merece con
argumentos valederos que sea beneficiario del indulto humanitario o simplemente
sufra un arresto domiciliario.
Llama
la atención que sus familiares, amigos y ex amigos, principalmente de las fuerzas
armadas y de la política no hayan tramitado, sea el indulto o el arresto
domiciliario, por cuestiones de salud del citado general del ejército en
retiro. ¿Cuántos peruanos como Hermoza Ríos están en la misma situación?
Atentamente,
Fernando
Arce Meza
Alberto Fujimori es el que excarceló a más
presos por terrorismo: 535
Lo
que no se dice. En los periodos gubernamentales de Valentín Paniagua y de
Alejandro Toledo fueron 227 y 131, respectivamente. El ministro que más liberó
a sentenciados y procesados por delitos de terrorismo y traición a la patria
fue Alfredo Quispe Correa: 240 presidiarios.
17
Sep 2017
Una
de las grandes mentiras cultivadas a pulso por el fujimorismo es que los
gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo excarcelaron al mayor número
de presos por delitos de terrorismo y traición a la patria. La verdad
contundente es que el régimen de Alberto Fujimori fue el que liberó una cifra
que representa casi el doble que Paniagua y Toledo juntos.
De
acuerdo con datos oficiales de la Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y Conmutación
de pena (Ley Nº 27234), entre los años 1996 y 2000, durante el mandato de
Fujimori, salieron de prisión 535 reclusos que se encontraban sentenciados o
procesados por los delitos de terrorismo y traición a la patria.
En
el periodo de Paniagua fueron 227 y en el de Toledo 131.
Estos
son los números verdaderos y no los fabricados que difunde el fujimorismo.
Esto
significa que de un total de 893 presidiarios que salieron en libertad bajo las
figuras legales de indulto, derecho de gracia y conmutación, el 60 por ciento
ganó la calle en el régimen de Fujimori, el 25 por ciento durante el gobierno
de Paniagua y el 15 por ciento en el periodo de Toledo.
Debe
señalarse que las liberaciones se produjeron en el contexto de la aplicación de
las durísimas leyes contra el terrorismo y traición a la patria emitidas por el
gobierno de Fujimori que vulneraron los estándares internacionales sobre el
debido proceso, derecho a la defensa y asistencia legal, entre otros. Después
del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, el Gobierno de Emergencia y
Reestructuración Nacional, denominación que le impuso Fujimori al régimen
dictatorial que instaló, con el respaldo de una mayoría de la población harta y
atemorizada por el terrorismo, emitió varios decretos ley que originó un clima
de represión generalizada.
Represión general
Incluso
se permitió que tribunales militares sin rostro procesaran a civiles,
considerada una flagrante violación de los derechos humanos.
Como
resultado del sistema legal de Fujimori fueron arrestadas y encarceladas
centenares de personas falsamente acusadas de terroristas o de traidores a la
patria y condenadas con durísimas sentencias de hasta cadena perpetua.
El
17 de agosto de 1996, por iniciativa de Fujimori y del entonces defensor del
Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, el Congreso aprobó la Ley Nº 26655 que
creó la Comisión Ad Hoc de Indultos.
El
padre Hubert Lanssiers tuvo un papel trascendental. Conocedor del problema
carcelario porque estaba dedicado por muchos años a predicar en las prisiones,
y tuvo la ocasión de exponer a Fujimori la terrible situación que afrontaban
los ciudadanos injustamente encarcelados, muchas veces con pruebas fabricadas,
falsas imputaciones o sin haber tenido la oportunidad de ejercer su defensa,
fue designado miembro de la comisión como representante del jefe de Estado.
Pero
el trabajo de la comisión fue dificultosa porque no contaba con los recursos
necesarios y Fujimori se sentía fastidiado con la labor de Lanssiers, como lo
dijo en una entrevista el religioso (ver recuadro).
De
modo que los presos que consiguieron la libertad por recomendación de la
comisión, muchas veces luego de años de investigaciones y verificaciones, no
eran terroristas.
El
gobierno fujimorista aplicó más la figura del indulto para otorgar la libertad
a personas inocentes condenadas por los delitos de terrorismo y traición a la
patria.
Con
el indulto fueron liberados 456 reclusos, 46 con el derecho de gracia y 33 con
la conmutación de pena.
Números verdaderos
En
el mandato de Paniagua se dieron 154 indultos, 71 conmutaciones y 2 derechos de
gracia.
En
el gobierno de Toledo, fueron 95 indultos, 36 conmutaciones y ningún derecho de
gracia.
Es
importante indicar que las conmutaciones se otorgaban cuando los reclusos se
sometían a la Ley de Arrepentimiento Nº 25499, es decir, colaboraban con la
justicia. Entre estos se encontraban los que aportaron información para la
captura de Abimael Guzmán y para identificar y atrapar a los terroristas del
brutal ataque a los vecinos de la calle Tarata, en Miraflores, entre otros
casos.
La
información a la que ha tenido acceso La República por parte de ex miembros de
la comisión que investigó los casos y recomendó a los jefes de Estado la
excarcelación de presos inocentes acusados falsamente de los delitos de
terrorismo y traición a la patria, también permite esclarecer otra frecuente
mentira del fujimorismo y de sus simpatizantes. Se atribuye erróneamente al ex
ministro Diego García Sayán haber sido el titular de Justicia que más presos
libró.
Por supuesto, no es verdad.
El
ranking de ministros de Justicia que más indultos, derechos de gracia y
conmutaciones otorgaron en beneficio de reclusos por terrorismo y traición a la
patria lo encabeza Alfredo Quispe Correa. Durante su gestión, entre el 18 de
julio de 1997 y 6 de enero de 1999, suscribió 240 liberaciones.
Diego
García Sayán, ministro de Justicia de Paniagua entre 25 de noviembre de 2000 y
28 de julio de 2001, dispuso la libertad de 227 presos sentenciados
injustamente por los delitos de terrorismo y traición a la patria.
Precisamente, con García Sayán cesó el trabajo de la Comisión Ad Hoc y se
instaló una Comisión Técnica que continuó con el trabajo del anterior.
Carlos
Hermoza Moya, cuyo mandato como ministro de Justicia se inició el 10 de enero
de 1996 y terminó el 18 de julio de 1997, excarceló a 226 presidiarios. Una
cifra muy similar a la de García Sayán, con la diferencia de que Hermoza
indultó a más (200 presidiarios), en comparación con este (154 reclusos).
El
ranking continúa con Fernando Olivera Vega, quien ejerció como titular de
Justicia entre el 28 de julio de 2001 y el 27 de julio de 2002. Dio libertad a
100 presos.
Sigue
Alberto Bustamante Belaunde, con 62 casos. Bustamente fue ministro fujimorista
entre el 13 de octubre de 1999 y el 25 de noviembre de 2000.
Fausto
Alvarado Dodero, ministro de Toledo entre el 27 de julio de 2002 y el 16 de
febrero de 2004, excarceló a 31.
Y
completa la lista la ministra fujimorista María Valenzuela de Puelles, que en
el periodo comprendido entre el 6 de enero y el 16 de abril de 1999 liberó a
solo 7.
Como
lo señalan informes de la Defensoría del Pueblo, del Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la llamada Ley de Arrepentimiento Nº 25499, del 12 de mayo de
1992, y el reglamento de esta, aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-93-JUS,
originaron detenciones y sentencias abusivas basadas en mentiras.
No
solo legalizaba las simples imputaciones de “arrepentidos” que acusaban sin
evidencias a otras personas con el propósito de conseguir salir de prisión,
sino también las normas premiaban a los miembros de las fuerzas del orden que
conseguía el mayor número de “arrepentidos”, lo que alentaba las detenciones
arbitrarias masivas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario