19/10/2017
Opinión
El fujimorismo
siempre ha estado contra la gratuidad de la enseñanza, el mejor ejemplo al
respecto fueron sus intentos de limitarla en el Congreso Constituyente
Democrático de 1993. Hoy reitera estos criterios a través de una de sus voceras
en el terreno educativo, María Isabel León, en artículo de El Comercio, el
sábado 14 de octubre de 2017.
Como siempre ponen
las cosas al revés. Se presenta la gratuidad de la enseñanza como una forma de
financiar la educación para aquellos que no la necesitan mientras se desprotege
a la mayoría. Falso. La gratuidad es el financiamiento de un derecho
fundamental —no un subsidio temporal a una situación de carencia— que tiene
como fines no solo dar acceso a la educación a los que no tienen para pagarla,
sino también financiar a instituciones como la escuela y la universidad
públicas que son espacios de forja de la ciudadanía y la nación, para
integrarnos como sociedad. Restringir la institución pública educativa a una
“escuela de pobres” es negar la forja de una identidad común para adueñarnos de
nuestro destino.
El ejemplo que se
pone, continúa con un argumento de cabeza. Opone a las universidades públicas,
señalando a San Marcos, con el Pronabec y sus malhadados programas como Beca
18, planteando una supuesta mayor eficiencia de estos últimos sobre las
primeras. Nuevamente falso. Las 51 universidades públicas reciben para este año
2017 aproximadamente 2400 millones de soles, mientras que el Pronabec cerca de
900 millones, de los cuales el 90% van a universidades privadas. En lugar de
financiar las carencias de las públicas, que son las instituciones emblemáticas
del Estado para dar educación universitaria, se usa dinero de todos los
peruanos para que un grupo de privados financie sus negocios. Esto no es otra
cosa que la privatización de la universidad ¡con dinero del Estado!
Mientras tanto, no
se atiende el presupuesto de las universidades públicas y a la vez se les exige
“licenciamiento” por parte de la SUNEDU. A San Marcos se le da 240 millones del
Tesoro Público para el año 2017 cuando necesita al menos 760 millones para
funcionar. Ninguna institución puede cumplir con sus funciones si solo se le da
la tercera parte de lo que necesita. Asimismo, se olvida (cuando les conviene)
a la Ley Universitaria 30220 que constituye el Programa de Mejoramiento a la
Calidad Educativa, en el que están las doce universidades públicas más antiguas
encabezadas por San Marcos. A ellas el Estado les debería dar un presupuesto
especial para que en su desarrollo lideren al conjunto. Esos son justamente los
900 millones que hoy se dedican al Pronabec y que deberían pasar a las
universidades públicas.
La gratuidad es la
base de la democracia en la universidad pública. Sin la primera, rápidamente
perderemos la segunda y será imposible la búsqueda desinteresada del
conocimiento que es el fin supremo de la universidad. Como muchas veces en el
último siglo, defendamos la gratuidad que permite la esencia de nuestro
quehacer.
Saavedra y Martens
ya se fueron pero parece que algunos quieren continuar su camino
privatizador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario