Por: Eduardo
Ballón
2. 11.
2017
La renuncia de Pablo de la Flor, responsable de la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), evidenció, por si hacía
falta, la virtual parálisis del proceso de rehabilitación, prevención y
reconstrucción lanzado por el gobierno como respuesta al Niño Costero que
afectó distintas regiones del país, dejando a decenas de miles de personas sin
vivienda y sin acceso a servicios básicos y a vías de comunicación, pero
dejándolas también sin sus principales fuentes de ingreso, es decir sus tierras
y sus empresas.
El Estado, tras hacerse presente directamente en
las zonas afectadas para responder a las necesidades más urgentes de la
población en el terreno, contra viento y marea creó una Autoridad de la
reconstrucción, basada en un diseño fuertemente centralista, poco articulada
con los diversos sectores y niveles de gobierno, obviando todo mecanismo
significativo de participación de los afectados. La misma fue encargada a un ex
alto funcionario del Banco de Crédito que “compitió” por la posición con otros
gerentes privados, destacando entre ellos, otro importante gerente, allegado al
Grupo Interbank. Fue claro desde un primer momento, en consecuencia, la
preocupación y el interés de los principales sectores privados por liderar un
proceso, percibido como la locomotora del crecimiento económico de los próximos
24 meses en el país. A fin de cuentas, los 25,665 millones de soles aprobados
como presupuesto para la reconstrucción, constituyen un bocado nada desdeñable.
El 75% de las aproximadamente 10,000 obras
contempladas, han sido programadas para ser ejecutadas por el gobierno
nacional, dejando 20% de éstas a cargo de las regiones y 5% en manos de los
gobiernos locales. Ello, a pesar de la abundante y larga evidencia que
demuestra los límites de la capacidad de ejecución de los sectores. Como es
obvio, este enfoque de intervención generó tensión entre los gobiernos
subnacionales y la Autoridad. Más importante aún, generó creciente malestar
entre la población afectada, que después de los meses transcurridos sigue
viviendo en carpas y albergues transitorios, enfrenta su supervivencia
cotidiana sin mayor apoyo del Estado y ha tenido que hacer frente a sucesivas
crisis sanitarias y de salud, como la sufrida por Piura, frívolamente
caracterizada por una ex ministra, de cortina de humo.
La multiplicación de malestares y críticas se
agudizó con el cambio de gabinete. A fin de cuentas, De la Flor fue impulsado
por Zavala y no gozaba, necesariamente, de la confianza y el entusiasmo de la
nueva Premier. En este contexto, y con un presupuesto que recién fue aprobado
en septiembre, De la Flor sorprendió al país con unas declaraciones publicadas
por El Comercio, donde responsabilizaba a las autoridades subnacionales de
incapacidad para el gasto en distintas obras de prevención y anunciaba su
pretensión de hacer de la Autoridad, una unidad ejecutora presupuestal; es
decir, manejar directamente la mayoría de obras y recursos.
De la Flor, y el gobierno todo, obviaban en su
mirada interesada, los severos problemas de los sistemas administrativos del
Estado. Preocupados por resolver la tramitología que supuestamente afecta a la
gran inversión privada, olvidaron aquella que perjudica directamente a la
gente. Así, por ejemplo, los procesos de contratación y adquisiciones que
controla la OSCE, toman, en cada paso, 30 días de papeles que van y vienen de
Lima sin contemplar las demandas y urgencias de la gente. Antes que apoyar a
los distintos niveles de gobierno a ejecutar adecuadamente los recursos para
distintas obras de prevención –acortando por ejemplo los plazos de los que
dispone la OSCE, creando un equipo especial destinado a estas tareas-, optaron
por “constatar” las limitaciones de los gobiernos descentralizados,
exonerándose de responsabilidad.
La respuesta de los gobernadores regionales del
Norte, no se dejó esperar. Rechazaron los señalamientos del responsable de la
Autoridad y exigieron su renuncia en un pronunciamiento conjunto. Así las
cosas, todo indica que De la Flor “calculó” sus declaraciones, ante las
dificultades crecientes que enfrentaba con sus distintos interlocutores: los
sectores, frente a los cuales tenía una capacidad limitada, y las autoridades
descentralizadas, con las que los desencuentros eran inevitables.
Así las cosas, la eventual designación de Edgar
Quispe, un funcionario público de varios años, distintos gobiernos y diversas
posiciones en su curriculum, no cambia sustantivamente la esencia de las cosas.
La Autoridad debiera reorganizarse rápidamente para garantizar una coordinación
efectiva de todos los comprometidos en la reconstrucción, niveles y sectores
del gobierno, incorporando directamente a los órganos nacionales de
contrataciones y de control. De inmediato, se deben priorizar y cronogramar las
inversiones, con participación de las autoridades descentralizadas, agilizando
la viabilidad de las inversiones y asegurando su transparencia, impulsando un
sistema de veedurías ciudadanas, con la participación directa de la población
afectada, que complemente las acciones de control a cargo de la Contraloría.
Desde los gobiernos territoriales, se debe fortalecer el ordenamiento y la
gestión y prevención de desastres para no repetir una mala película.
¿Es posible? Si, de existir en el gobierno la
decisión de evitar seguir disparándose a los pies.
[1] Investigador principal de DESCO
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