Uruguay. Entrevista al sociólogo Miguel Serna
Viento
Sur
27-11-2017
La incidencia creciente de empresas trasnacionales
en sectores clave de la economía uruguaya, como la propiedad de la tierra o el
agronegocio, viene generando cambios en las elites empresariales locales. La
influencia de representantes del poder económico en partidos, políticas
públicas y gobiernos latinoamericanos, así como la participación directa de
empresarios en la política, forman parte de las líneas de investigación que el
sociólogo repasa en esta entrevista. En Uruguay observa una creciente
proporción de empresarios en el Partido Nacional, nuevas elites empresariales
de mánagers dirigiendo trasnacionales multilatinas y una aplastante desigualdad
de género en la cúpula de las grandes empresas. Analiza también las relaciones
del empresariado con el Frente Amplio, la “puerta giratoria” por la que entran
y salen del sector público representantes empresariales, y el arribo a la
política partidaria del empresario Edgardo Novick.
—¿Qué influencia tiene la “burguesía nacional” en
la política si la elite empresarial está cada vez más extranjerizada?
—Con la trasnacionalización se tiende a pensar que
quienes dirigen las empresas son Ceo (directores ejecutivos) extranjeros que
sustituyen a los locales. Hay estudios interesantes sobre la formación de una
clase trasnacional global. Pero diversas investigaciones recientes, tanto en
Alemania, Estados Unidos como en América Latina, muestran que la propiedad de
las empresas se trasnacionaliza rápidamente, pero los dirigentes empresariales
siguen siendo nativos. Las relaciones sociales, los recursos humanos, la
organización interna de las empresas siguen bajo control nacional. Esto no
significa que los elencos extranjeros no participen en la conducción de las
empresas, sino que son minoritarios en los cargos gerenciales.
—¿Pero esa dirigencia nacional no queda subordinada
a la extranjera?
—La contradicción entre la burguesía local y la
burguesía trasnacional era un asunto al que se prestaba mucha atención en los
setenta. Ahora estamos viendo que no siempre es una relación conflictiva, sino
que existe superposición. Al estudiar las elites empresariales de Uruguay vimos
que 80 por ciento de las 50 empresas más grandes en los últimos 20 años son
trasnacionales. Y que la mayoría son multilatinas, es decir, que los grupos
empresariales colombianos, brasileños, argentinos y chilenos tienen una
participación muy relevante. Y cuando miramos la alta gerencia, es decir, las
direcciones clave de esas empresas, vemos que 90 por ciento de los directivos
son uruguayos.
—¿En qué difiere que sean uruguayos si la propiedad
de las empresas es extranjera? ¿No son meros administradores?
—Hay diferencias. Por ejemplo, una empresa
tradicional uruguaya integrada por tres generaciones familiares fue vendida a
una trasnacional, pero sus antiguos dueños quedaron a cargo de la alta
gerencia. Los trabajadores siguieron viendo al mismo patrón o a uno proveniente
de la misma familia. ¿Son meros administradores? Sí, y no. Por un lado, esa
persona no sólo pasó a tomar decisiones sobre la empresa uruguaya, sino también
sobre una empresa trasnacional que abarca a Brasil y Argentina. Por otro lado,
no perdió su capital, sino que hizo una nueva inversión que pasó a ser una
fuente importante de sus ingresos. Lo mismo viene sucediendo en otros países.
Thomas Piketty (economista francés) mostró que los altos mánagers de Estados
Unidos tenían un nivel de ingresos mucho mayor que el de las clases altas
propietarias de Europa. Por lo tanto, no tener la propiedad de las grandes
empresas no significa que los ingresos de esta elite empresarial sean menores.
Eso puede explicar, en parte, qué pasó con el empresariado uruguayo en las
últimas décadas.
—¿Qué consecuencias genera esto en la relación
entre empresarios y gobiernos?
—Tenemos pocos datos sobre esa relación, más bien
algunas hipótesis y pistas. La década del 90 no sólo impactó en los sindicatos,
también disminuyó el peso de las cámaras empresariales, que era el lugar
tradicional de encuentro de la elite dirigente local. Con el agrobusinnes
(agronegocio) apareció una nueva elite dirigente de grandes empresas
trasnacionales que no necesariamente participa en los circuitos tradicionales
representados por las cámaras empresariales. La Asociación Rural era el bastión
tradicional del poder económico agropecuario, pero ha ido perdiendo relevancia.
Al igual que en otros países de Europa y América Latina, las fuentes de poder
pasaron a las grandes empresas corporativas que empezaron a tener influencia
directa sobre los gobiernos. La relación de Upm con Uruguay es el caso más
reciente. Upm no se vincula con el gobierno a través de la Cámara de Industrias
ni de la Asociación Rural, sino directamente con él. La elite empresarial pasa
así a tener dos caras: la de las grandes empresas y la de las cámaras
empresariales. Es un cambio en las reglas de juego.
—¿Incide en que los empresarios estén
sobrerrepresentados en la política?
—La relación entre poder político y poder económico
tiene dos carriles: el de los empresarios que participan directamente en la
política y el de los grupos empresariales que influyen en las políticas
públicas o en el Estado. Piñera en Chile y Macri en Argentina son prototipos.
Pertenecen a grupos empresariales locales que a veces se asocian con sectores
económicos internacionales, pero también con el Estado. Generalmente se plantea
una oposición entre Estado y mercado, pero una parte importante de los grupos
empresariales ha crecido en América Latina en asociación o captura del Estado.
En Brasil esa vinculación quedó al descubierto con los escándalos de
corrupción, aunque los sectores empresariales no sólo se vinculan así. En el
caso de Uruguay, la hipótesis tradicional de la literatura académica, la de
Barrán y Nahum, era que había una relativa autonomía de lo político respecto
del poder económico. Esa hipótesis en general se corrobora, excepto durante las
crisis. Pero eso no significa que la economía uruguaya no esté fuertemente
trasnacionalizada en su comercio exterior y su estructura productiva. Hoy
podemos decir que la clase empresarial está integrada a América Latina. Debemos
dejar de ver a Uruguay como un caso excepcional, para verlo como un caso
particular en el contexto de las problemáticas regionales similares. En nuestro
estudio comparado corroboramos que en Uruguay los empresarios tienen una
participación menor en la política que en el resto de América Latina. Pero las
magnitudes de esa participación no son nada marginales, sino más altas de lo
que esperábamos. La mayoría de los empresarios que entran en la política en
Uruguay son productores rurales. Aunque las relaciones no son lineales ni
necesariamente ingresan para defender sus intereses económicos, no se puede
subestimar su incidencia política. Los empresarios rurales no sólo inciden
políticamente en las crisis, lo vemos en la discusión sobre los impuestos al
agro.
—¿El Partido Nacional (PN) se está convirtiendo en
el principal refugio político de esas elites empresariales?
—La participación global de los empresarios en la
política no cambió drásticamente en los últimos años. Cambió con qué partidos
se relacionan. Entre fines de los ochenta y principios de los noventa los
sectores tradicionales del empresariado se habían alejado del PN para acercarse
al Partido Colorado (PC). No sabemos cuánto tuvo que ver con el posicionamiento
del PC o cuánto con su cercanía con el Estado, pero incluso los sectores
agrarios tuvieron participación más fuerte en el PC. En los últimos 15 años esa
relación volvió a su cauce histórico, con un PN más vinculado al empresariado
rural y el PC al urbano, aunque también hay sectores empresariales urbanos que
tradicionalmente estaban en el PC y que ahora aparecen en el PN.
—También analizaron a los empresarios rurales que
entran a la política a través del Frente Amplio (FA).
—Eso empezó a aparecer más claro en el gobierno de
Mujica. Tradicionalmente los sectores empresariales vinculados al FA provenían
de la pequeña burguesía, de empresas públicas o de cuadros gerenciales de
empresas no muy grandes. En estos años el FA comenzó a agregar un acercamiento
mayor a sectores del ámbito agropecuario. Pero en comparación con blancos y
colorados, sigue siendo el partido con menos cargos políticos ocupados por
empresarios.
—¿Qué estrategias de reclutamiento de empresarios tiene el FA?
—Una tiene que ver con los cuadros ejecutivos
reclutados a partir de la gestión en las grandes empresas públicas. Ute, Antel
y Ancap han sido históricamente catapultas para reforzar candidaturas políticas
de cuadros ejecutivos; y ahora lo estamos viendo con el FA. La otra estrategia,
más reciente, tiene que ver con la mediación, negociación y cooptación
recíproca de sectores del ámbito empresarial agropecuario. Al frente del
Ministerio de Ganadería se suele colocar a personas vinculadas con lo
agropecuario, como el ministro Tabaré Aguerre (empresario arrocero).
—El Quincho de Varela 1/ representó uno de esos
lugares de mediación informal entre empresarios y políticos frenteamplistas.
—Es eso, y también algo más. Expresa el
relacionamiento con la mediana y pequeña empresa, pero también con empresarios vinculados
a la regulación pública, por ejemplo al transporte o al puerto. No sólo porque
la regulación pública y los intereses privados están necesariamente vinculados
de forma cotidiana, porque lo que pasa en uno influye en el otro, sino porque
las pymes tienen una extensión capilar en la sociedad uruguaya. Una parte de
los dirigentes del FA ha estado vinculada a cooperativas de empresas. Aunque no
se trata del gran empresariado, porque las pymes uruguayas a nivel
internacional son microempresas, tiene incidencia política.
—¿Por qué concluyen en su investigación que las
grandes empresas tienen mayor distancia política con el Frente Amplio? ¿Cómo se
expresa esa distancia?
—No aparecen en el financiamiento de las campañas
políticas del FA, pese a que reconocen tener un dialogo fluido con el gobierno.
Es cierto que es sólo una de las tantas formas que tienen las grandes empresas
de vincularse con los partidos, pero que no financien las campañas del FA y sí
la de los partidos tradicionales ya está diciendo algo. Es muy difícil estudiar
esa relación, pero logramos hacer algunas exploraciones mediante entrevistas
con dirigentes de grandes empresas. Y responden que los canales de diálogo con
el gobierno son excelentes, pero no llegamos a ver un reclutamiento político de
esos dirigentes.
—¿En qué medida los gobiernos frenteamplistas han
establecido acuerdos estratégicos con las elites empresariales para evitar
bloqueos o vetos del poder económico? Se pactó, por ejemplo, con los
empresarios de los grandes medios de comunicación.
—Hubo acuerdos con las elites empresariales a
través de la negociación colectiva y mediante acuerdos estratégicos no
escritos. La instalación de sectores agroindustriales en zonas francas es una
política de los noventa que no se modificó, porque formaba parte de los
incentivos al capital y la inversión extranjera. Fue una primera estrategia
para hacer política redistributiva sin tener el veto del gran capital. Así se
gestó también el Estado de bienestar en Europa: haciendo reformas redistributivas
sin que el empresariado perdiera su tasa de ganancia. La segunda estrategia fue
la regulación laboral en favor de los trabajadores a través de la negociación
colectiva tripartita. Es, por tanto, una doble estrategia.
—Hubo un aparente giro conservador en el tercer
gobierno del FA. ¿El empresariado influyó en esto?
—El actual gobierno ha tratado de mantener la doble
estrategia. La preocupación por que se instale una tercera planta de celulosa
tiene que ver con que la inversión extranjera directa siga apuntalando el
crecimiento económico. El gobierno está diciendo que no va a cambiar las reglas
de juego. Pero también sigue con la negociación colectiva. Lo que ha habido es
un enlentecimiento. No se avanza, pero tampoco se retrocede. Es un
estancamiento. Pero es diferente al giro conservador que hubo en Brasil con el
desmantelamiento de lo hecho en el giro a la izquierda y con la captura
política del bloque empresarial.
—No deja de ser paradójico que el giro a la
izquierda latinoamericano haya propiciado el acceso de más empresarios a la
política.
—Si el inicio del giro a la izquierda lo marcamos
con la llegada de Lula al gobierno de Brasil en 2002, debemos recordar que ya
su vicepresidente era un empresario. Los empresarios no estuvieron ausentes en
el ciclo del giro a la izquierda, aunque tuvieran menos hegemonía que en los
noventa. El crecimiento económico permitió pactar entre políticas
redistributivas y políticas beneficiosas para el capital. Había margen para las
dos cosas sin la amenaza de veto de los sectores económicos más poderosos.
También sucedió eso en Venezuela, o en Bolivia con la llamada “burguesía
chola”. Los estudios sobre las crisis del posliberalismo y la reacción
conservadora en Brasil están prestando atención a los sectores empresariales
que mantuvieron una fuerte incidencia, y a las nuevas elites económicas que
aparecieron con el giro a la izquierda. Para saber qué está pasando con los
empresarios que entran en la política debemos saber qué tipos de dirigentes
empresariales tenemos. Un primer núcleo son los propietarios de empresas, los
más invisibles en la escena pública. Un segundo grupo influyente en la política
son mánagers, cargos directivos y de la alta gerencia, vinculados a las clases
altas y medias-altas. Un tercer grupo son los empresarios que tradicionalmente
ingresaron en la política latinoamericana: los productores rurales. Es un tipo
de empresario que no está absorbido totalmente por la gestión empresarial y
tiene tiempo para dedicarse a la política. En Brasil eso es muy notorio con la
bancada ruralista. En Uruguay el ingreso de empresarios rurales a la política
ha sido tradicionalmente a través del Partido Nacional. Y un cuarto grupo son
los grandes estudios jurídicos y contables que administran intereses de grandes
empresas, y que quedaron más al descubierto con los Panama Papers.
—Es el caso del estudio uruguayo Posadas, Posadas y
Vecino.
—Sí, ese es de los más visibles, aunque también hay
otros estudios jurídicos vinculados a la actividad futbolística. Pero la novedad
es que las nuevas elites empresariales aparecen como un empresariado más
moderno, con una gramática y un lenguaje empresarial que quieren trasladar a la
política. Edgardo Novick es la expresión uruguaya de un empresario que quiere
entrar en la política colocando un tipo de saber técnico que le dé cierto
estatus por venir del ámbito empresarial.
—Es el saber tecnocrático colonizando la política.
Pero si logra anclarse es porque existe un campo fértil abonado por otros
partidos, incluso por sectores de izquierda. ¿No es esa una expresión de la
hegemonía neoliberal?
—A pesar de que Uruguay tiene una tradición
política y un sistema de partidos consolidado, no ha estado ausente de estos
temas. Eso que tú dices es claro en la política de Chile. Los programas de
gobierno son acordados en la “tecnópolis”, es decir, por técnicos que hacen
acuerdos entre ellos más allá del partido al que pertenecen. Eso todavía no
sucede en Uruguay. Los cuadros técnicos siguen más vinculados a lealtades
partidarias, aunque aparece la idea en el discurso de Novick y en su iniciativa
de reclutar candidatos a intendente a través de consultoras. Eso claramente es
poner criterios de gestión empresarial en el campo político, y es la faceta más
nueva de la incidencia de los empresarios en la política.
—Y aquella imagen del empresariado uruguayo poco
proclive a los riesgos, rentista, especulador, atado a las prebendas del Estado
¿en qué medida cambió?
—Aparece distinta. La discusión no pasa tanto por
determinar si los empresarios son rentistas o innovadores, emprendedores y
proclives al riesgo. De hecho, una parte importante de la riqueza generada por
el empresariado no proviene del riesgo, sino de la asociación o captura del
Estado. Las investigaciones sobre el grupo empresarial de Macri en Argentina o
el de Trump en Estados Unidos muestran que, en lugar de hacer grandes
inversiones de riesgo, han estado fuertemente imbricados con los estados
desarrollando estrategias para influir en las políticas públicas. Parte de la
riqueza de Trump proviene de los márgenes de rentabilidad –relacionados con la
regulación pública– del sector inmobiliario. Un concepto que se utiliza para
analizar la relación entre empresarios y gobernantes es el de “puerta
giratoria”, que refiere a cómo representantes de los grupos empresariales
entran y salen de la política. A veces un miembro del gabinete de un gobierno
saliente es cooptado por el sector empresarial porque tiene redes, know how y
experiencia, o viceversa, cuando un gobierno recluta gestores de intereses empresariales.
—Es el caso de Fernando Puntigliano, que salió del
puerto, pasó por Aratirí y ahora está en la Intendencia de Montevideo, o el
caso de Marta Jara, que luego de pasar por petroleras privadas llegó a Ancap.
—Sí, son ejemplos de la movilidad de los mánagers,
de los equipos gerenciales que están en el sector público y en el sector
privado; van y vienen, puede ser con grandes o pequeñas empresas. Daniel
Martínez también se presenta como buen gestor por su experticia en el sector
privado. Ahora no discutimos tanto en clave burguesía versus Estado, sino más
bien de la influencia de las elites empresariales sobre los gobiernos, las
políticas públicas y los partidos políticos.
—¿El empresariado sigue teniendo más “conciencia de
clase” que el proletariado? ¿O esa visión de las elites empresariales como
sujetos colectivos cohesionados y homogéneos es insuficiente para entender la
actualidad?
—Las investigaciones muestran que la visión
tradicional sobre la homogeneidad del sector empresarial no es así. En algunos
momentos confluyen los intereses empresariales, pero en otros se fragmentan. Lo
mismo respecto de la incidencia política. Sin embargo, en Brasil el bloque
empresarial está mostrando una gran homogeneidad para capturar la política,
ganó mucho terreno en poco tiempo y volvió a desbalancearse la relación con un
desmantelamiento rápido de la protección laboral. No sólo la creada por Lula,
sino la que venía desde Getúlio Vargas. No debemos minimizar estos momentos.
Aunque el sector empresarial no sea homogéneo, en el capitalismo global los
procesos de concentración económica son cada vez más fuertes, y también lo es
la capacidad de organización de las elites dirigentes.
Miguel Serna es licenciado en sociología por la Universidad de
la República (Udelar) y doctor en ciencia política por la Universidad Federal
de Río Grande del Sur (Brasil). Está especializado en política comparada e
integración latinoamericana, y coordina las investigaciones “Grupos dirigentes
y poder en Uruguay” y “Desigualdad, pobreza y políticas sociales”. Es docente
en la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar) e investigador del Nivel II del
Sistema Nacional de Investigadores de la Anii. Realizó estudios posdoctorales
en la Universidad de París 3 y en la Universidad de Salamanca.
Nota:
1/ Instalación en la periferia de Montevideo,
propiedad de un empresario rural amigo del matrimonio Mujica-Topolansky, que
poseen su chacra en la misma zona. Allí, Mujica organiza encuentros con
empresarios, sindicalistas, embajadores y políticos. Todos los 1° de Mayo, se
realiza un almuerzo: los comensales provienen de los diferentes estratos de la
“clase política” y los poderes corporativos (Nota de Correspondencia de
Prensa).
Empresarios políticos
Sobrerrepresentados
El 20 por ciento de los políticos uruguayos son
empresarios, según un estudio de Miguel Serna, Eduardo Bottinelli, Marcia
Barbero y Franco González presentado en las XVI Jornadas de Investigación
Científica de la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar), titulado “Los
empresarios en la política en Uruguay en tiempos de cambio (2000-2015)”. Aunque
la cifra no varía demasiado durante el período estudiado, y es menor al
promedio latinoamericano (25 por ciento), los investigadores concluyen que en
Uruguay hay una “sobrerrepresentación formal de empresarios ocupando cargos
políticos (…) cuando se los compara con el peso que tienen esas categorías en
la estructura social de cada país”. Pero también encuentran diferencias
relevantes en la participación por partido. El Frente Amplio es el que presenta
menos empresarios en cargos políticos (13,9 por ciento), en el otro extremo se
ubica el Partido Nacional (32,3 por ciento), y en un nivel intermedio el
Partido Colorado (22,4 por ciento). La proporción de empresarios en cargos
políticos varió poco entre colorados y frenteamplistas, pero aumentó entre los
blancos, en cuyas filas se destacan los empresarios rurales.
Empresarios “latinuruguayos”
El 100 por ciento de los directivos de las cinco
principales cámaras empresariales son uruguayos, según otro estudio de Miguel
Serna y Franco González que analizó una muestra de directivos de grandes
empresas y entidades gremiales empresariales en los últimos diez años. Al
observar los directorios de las grandes empresas, identificaron que 69 por
ciento son uruguayos, 19 por ciento extranjeros de la región y 12 por ciento de
otras nacionalidades. En la alta gerencia la proporción fue de 90, 6 y 4 por
ciento respectivamente. Al reparar en la nacionalidad de los cuadros
directivos, los investigadores se refieren a las “caras paradójicas de la
globalización”. Por ejemplo, la “desnacionalización parcial de las clases
dirigentes globales”, dado que gran parte de la trasnacionalización de las
empresas uruguayas se produce en los “marcos de la integración regional” a
través de empresas multilatinas y directorios empresariales con redes
regionales.
Desigualdad de género en la cúpula empresarial
Subrepresentadas
Las mujeres están subrepresentadas en el mundo
empresarial. Las elites empresariales están “notoriamente masculinizadas, con
una baja participación de las mujeres, y testimonial en la mayoría de los
casos”, según el estudio de Miguel Serna y Franco González. Las desigualdades
de género son evidentes en la cúpula de las grandes empresas. El 97 por ciento
de los puestos en los directorios de las cámaras empresariales está ocupado por
varones; en los directorios de las grandes empresas éstos tienen el 89 por
ciento de los cargos, y en la alta gerencia el 90 por ciento. “A partir de 2018
nos proponemos investigar y discutir los estudios comparados de los organismos
internacionales que utilizan criterios estandarizados para todos los países y
encuentran que la situación en las pymes uruguayas avanzó. Pero queremos mirar
las elites discriminadas para mostrar cómo los núcleos duros del poder
empresarial siguen totalmente masculinizados”, explica Serna.
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