miércoles, 28 de febrero de 2018

LA CORRUPCIÓN: ¿UN PROBLEMA ÉTICO O SISTÉMICO?




27/02/2018

La corrupción no es un fenómeno social exclusivo de la modernidad capitalista, pero si fundamental para la construcción de este proceso histórico. Su rastro tiene una presencia preponderante en la acumulación originaria (proceso por el cual se obtuvo los medios y recursos para el desarrollo capitalista), así como fueron los “hechos históricos como el despojo de la tierra a los pequeños parceleros, la expoliación del continente de América y la caza de humanos en África para su sucesiva venta como esclavos”. Además, se ha demostrado como desde “el apogeo de la producción capitalista en la base misma de la producción está instalada la corrupción que se materializa en la explotación y el robo en contra del sujeto que se ve obligado a vender la única mercancía que dispone: su fuerza de trabajo, y en las múltiples formas de adulteración de los productos industriales (mercancías) a las que recurren los capitalistas desde el mismo inicio del industrialismo para rebajar la inversión en los costos y poder competir con ventajas extras en el mercado”.

La corrupción manifiesta la presencia de poder o influencia, discrecionalidad, violaciones a las normas e intercambio de dinero o beneficios. Son actos que ocurren a nivel horizontal y tiene una causalidad de corto y largo plazo. Generalmente son pactos entre pares iguales mediados por el dinero. Sin embargo, el mayor impacto de estos actos es que degradan o distorsionan lo asaltado, logrando que el mismo pierda o disminuya sus atributos. Esto sugiere que un órgano contaminado por la corrupción deja de ser funcional para un sistema-cuerpo, ya que el mismo no podría cumplir a cabalidad o parcialmente con su rol. Al menos que el cuerpo, en este caso el Estado, esté diseñado para permitir la corrupción. En este sentido, la corrupción más que una sustancia corrosiva, se transforma en una institución necesaria para el funcionamiento de un Estado corrupto. Sin embargo, para estas reflexiones descartaremos a la corrupción como una institución funcional, de manera que dejaremos a un lado este enfoque para un próximo ensayo.

Para continuar con las pretensiones de este ensayo podemos señalar que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de un sector, como normalmente la opinión pública de Panamá la relaciona con el Estado y los partidos políticos tradicionales. Con bastante razón pero sin las interconexiones necesarias que conlleven a entender las raíces del problema. En ese sentido, queremos subrayar que la corrupción es un cáncer que recorre todas las instancias de la vida social, como suele encontrarse en las instituciones públicas, en las empresas privadas, en los gremios, asociaciones, sindicatos, iglesias y, entre todos ellos, los partidos políticos. No obstante, aquella corrupción que afecta el bien del conjunto de la sociedad -y es la que exclusivamente nos interesa analizar en este trabajo- tiene su germen bien definido, lo cual más adelante estaremos explicando.

Antes de continuar con definir que es corrupción, consideramos importante detenernos en explicar que es el Estado. Para este objetivo tenemos, en resumidas palabras, que el Estado no es más que el resultado de las correlaciones de fuerzas, lo que presupone esta definición, en primer lugar, es que no es una institución supra, ni neutra, sino una definición propia y cabal de las disputas entre las distintas clases sociales y sectores que componen a una sociedad, que a su vez permite dar cuenta como están conformados y cuanto poder tienen cada uno de estos en el tablero de tensiones. Pero pese a esta realidad, los Estados modernos como Panamá, en papel, tienen como finalidad el bien común de todos sus ciudadanos y ciudadanas, de manera, que deben garantizar las condiciones necesarias para que cada uno de éstos puedan desarrollarse libremente. En ese sentido, haremos una defensa tácita de lo que el Estado panameño ha asumido, por escrito, como su fin último: “el bien común”.

Sin embargo, para lograr avanzar tenemos que comprender que el Estado se encuentra sumergido y supeditado a un sistema social, político y económico que tiene como finalidad la acumulación de capital permanentemente. No podemos desconocer que el Estado panameño está inmerso en un sistema capitalista globalizado. Dicho esto, tenemos que el fin último del Estado y del sistema son contradictorios por naturaleza. Por un lado el primero persigue el bien común y el segundo los intereses económicos privados (la continua acumulación y expansión de capital). Lo que sugiere que el Estado al estar constreñido por el sistema entra a un proceso de degeneración que no permite que éste cumpla con su función.

También, nos indica que los sectores económicos privados son los que mejor están organizados y mayor poder tienen en la sociedad panameña, de manera, que logran imponer su voluntad sobre los demás grupos sociales que la componen. Además y no por casualidad, son estos mismos grupos los que controlan las esferas políticas (partidos políticos, gremios, sindicatos, sociedad civil organizada), culturales (educación, iglesias, medios de entretenimiento y comunicación) y, dicho de paso, el propio aparato estatal (Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial).

Entonces, nos estamos refiriendo a que el germen de la corrupción es la ganancia privada. Su necesidad imperativa de seguir acumulando riquezas. En esa dirección, “la corrupción que implica a los gobiernos no es realizada por entidades públicas o privadas separadamente, sino que la misma implica la acción conjunta de agentes públicos y privados. En estas acciones no solo es cierto que el origen de los actos de corrupción puede deberse a la iniciativa de los agentes públicos, sino que también pueden generarse en la de los agentes privados, quienes, por ejemplo, hacen de las coimas su cultura básica de acción”. Tal como ocurre en la mayoría de las licitaciones públicas. En ocasiones quienes se las adjudican pueden ser juez y parte, ya que muchas veces suelen ser gobierno y socio o propietario de la empresa privada. Es decir, los mismos. Las élites económicas dominantes, de Panamá, precisan del control del Estado para continuar acrecentado sus riquezas, es un hecho histórico que explica las disputas entre sectores de su propia clase a lo largo de la historia nacional.

En el repertorio también se encuentra la corrupción por ausencia del Estado, forma que muy pocas veces es discutida en los debates que tratan el problema, incluso suele no ser percibido por la opinión pública. Este tipo de corrupción se da no precisamente por razones de ineficiencia o por alguna distracción de los administradores de la cosa pública, sino para permitir que los grupos económicos dominantes puedan especular en nombre del libre mercado. Esto ocurre principalmente con los alimentos, las medicinas (salud en general), los servicios de energía y telecomunicaciones, incluso, hasta con la educación. “Un ejemplo de este tipo de corrupción en Panamá es la utilización del poder del mercado de los oligopolios que se dedican a la intermediación de bienes básicos, los cuales generan precios artificialmente bajos para los productores (poder de monopsonio) y artificialmente elevados para los consumidores (poder de oligopolio)”. En esa linea, podemos señalar, a modo de ejemplo, que este tipo de corrupción degrada la producción nacional de alimentos, atentando con la seguridad y soberanía alimentaria del país, que en última instancia se resume a un ataque directo a la familia y a la vida de cada uno de los panameños. Es decir, al bien común.

Corrupción, ética, moral y educación

La ética como rama de la filosofía estudia lo moral, lo inmoral y lo amoral. Pero ¿Quién define que acción es moral, inmoral o amoral? Esta pregunta suele ser eludida en la discusión pública. Se toma por sentado a los valores de la actual sociedad panameña como universales, eternos y propios de un orden natural. Sin embargo, los valores no tienen ninguna de estas características mencionadas. Ellos son propios de construcciones sociales, que sin más tienen sus orígenes en las interacciones sociales, pero dicho orígenes no niegan que los valores que se institucionalizan en la sociedad, es decir que son aceptados y practicados, son aquellos que sean funcionales al sistema hegemónico de un periodo histórico determinado. Lo contrario fuese reprimidos por el propio sistema.

De manera, que si actualmente la sociedad panameña se encuentra sumergida en un sistema que no prioriza el bien común sino las ganancias de las empresas privadas, que en efecto lo está, entonces la corrupción, que deteriora el bienestar de la sociedad, tiene un lugar -como valor- muy bien reservado y apreciado en ella. Al menos que la correlación de fuerza cambien, en ese sentido los valores también se modificarían y el modelo actual entraría en crisis. Entonces, esto nos lleva a pensar que a mayor ausencia de los sectores populares (trabajadores, campesinos, profesionales, sectores medios, estudiantes) estén del poder, mayor corrupción habrá. En otras palabras, a menor democracia, mayor corrupción. ¿Pero por qué estos sectores? Porque son la absoluta mayoría, el 90% de la población, que además producen toda la riqueza económica del país.

“De lo anterior surge la idea de que los actos extendidos de corrupción no pueden entenderse como el simple resultado de la conducta individual” o de la ausencia de moral o de educación en los sujetos, “sino que es indispensable establecer como la estructura institucional vigente en la sociedad los permite, tolera y promueve”. Lo que sugiere estas líneas es que culpar a los individuos de las acciones corruptas es un cálculo superficial, ya que el problema de fondo no es ético sino estructural y se encuentra en la lógica de un modelo económico que irrumpe en todas las esferas de la vida social y política, para ensañarlas en la búsqueda constante de mayores dividendos privados. Provocando un estado de riña continuo entre los intereses privados y los públicos. 

Esto viene de la mano con el vacío y la ausencia de las normas para prevenir y sancionar la corrupción, como en Panamá ocurre con la debilidad de la legislación vigente en materia de contrataciones públicas y, a su vez, el porqué de la existencia de normas que permiten que las correlaciones de fuerzas no se modifiquen; cómo son el caso del anti-democrático código electoral, que favorece al poder económico dominante sobre cualquier aspiración alternativa ajena a estos sectores, las normas que regulan las frecuencias para la creación de medios de comunicación alternativos y como aquellas que criminalizan las protestas sociales, principalmente.

Cabe entonces preguntarse si es posible prevenir o disminuir la corrupción en un Estado sumergido en un sistema globalizado que prioriza los intereses privados. Es un reto que los pueblos del mundo deberán asumir, para lograr su supervivencia frente a los nuevos embates que les proporciona el cambio climático y detener el continuo avance de la desigualdad mundial, para ello tendrán que modificar las correlaciones de fuerzas e imponer su voluntad, de manera que alcancen sociedades más democráticas, socializantes y amigables con el ambiente.

26/2/2018

Referencias

Gandásegui, Marco. Entrevista aplicada. 2018.

Ibarra, Hernán. Reseña de “Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada” de Mario Caciagli, 2002. P. 157.

Jované, Juan. Corrupción Instituciones y Economía Política, 2018. 

Reyes, Marlo. La corrupción, hedor del capitalismo, 2010.


Mario Enrique De León
Estudiante de Sociología, Universidad de Panamá

https://www.alainet.org/es/articulo/191315

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