EL ESTADO EXCLUYENTE DESDE LA DÉCADA DEL 90 A LA ACTUALIDAD

Estimados amigos:

El 29 de agosto enviamos una primera entrega sobre el “Estado excluyente”, que forma parte de el libro “El Estado en el Perú debe ser para todos”, cuya autoría corresponde al suscrito. En esa primera entrega le pusimos un subtítulo “Hasta antes del año 2000”.

La segunda entrega corresponde a todo lo que viene después del año 2000 a la actualidad, incluyendo los efectos que produjo el primer fujimorismo en las desventuras del Estado peruano de tener un Estado que sirvió a grupos privilegiados; sin embargo, es también necesario aclarar que el concepto y la realidad del Estado excluyente que nacería y que además estaría confirmándose con la constitución política de 1993, a pesar que en algunos períodos de gobiernos se intentó que el Estado excluyente estuviera en camino de extinción.  

Empero, posterior a la constitución del 93 ningún gobierno o partido político representado en el congreso se ha atrevido a interpretar en otros artículos constitucionales el tomar la decisión política sobre las funciones que no sean las subsidiarias.

Si bien subsidiario significa que parte o todo de lo que otro no puede ni podría realizarse, para el caso del Estado subsidiario, éste de acuerdo a la constitución vigente tiene que responsabilizarse de lo que el sector privado no estaría en condiciones de asumir, porque lo que hace este sector –vendiendo bienes o dando servicios- su fin es recibir contribuciones, lo que le permite obtener ganancias.

En consecuencia, el quehacer de lo privado es para cobrar y ganar, diferente al Estado subsidiario que compra bienes para dar servicios, y el ciudadano no paga por éstos, y de llegarse a cobrar por un servicio, una parte significativa de éste corre a cargo del concesionario que cobra, pero lo cobrado no cubre ni siquiera su costo, debiendo el ente público sea central, regional o local quien debe saldar las cuentas en favor del concesionario, cubriendo lo que realmente cuestan los servicios –que casi siempre son los esenciales- o lo que el concesionario previamente ha señalado como precio del servicio a prestar.

A esta explicación de cómo actúa el Estado subsidiario, los servicios programados tienen que considerar que el accionar de dichos servicios se brindan dada su importancia por ser esenciales, requiriendo cierta o una completa aceptación de los ciudadanos usuarios; ello hace imprescindible cubrir con mayores gastos e inversiones de lo previsto, para tener la aceptación de dichos servicios, lo que significa que en general el Estado -en este caso el subsidiario- su principal fuente de financiamiento son los fondos del erario.

Esto último se ha experimentado – por la historia- en que los recursos públicos no alcanzan, lo que acarrea que dichos servicios no sólo no puedan financiarse en su totalidad; sino como tema actual resulta que los servicios no lleguen de acuerdo a lo programado a la ciudadanía y en el territorio nacional, una parte recibe completo el servicio, otra parte incompleto y otra parte no recibe los servicios.

En suma, el Estado subsidiario termina siendo excluyente, porque muestra su ausencia al no llegar con la oportunidad y la eficiencia requerida, particularmente, a través de los servicios públicos esenciales a la ciudadanía,  la dirección del Estado al seguir siendo conducida por los denominados grupos de poder que gobiernan directa e indirectamente, es obvio que a éstos no les importa los pocos servicios que se brindaban a los ciudadanos, sean bien recibidos o no, el poco interés de los funcionarios muestra cuan disminuida es la validez e importancia. Esto se ha convertido en un hábito que consagra al Estado excluyente; esta situación perversa ha sido motivo de reacciones explicitadas en protestas y de un abierto descontento.

Segunda entrega sobre el Estado excluyente desde la década del 90 a la actualidad (ver páginas 49 hasta 55 del libro del autor)

El autoritarismo que es disfuncional para la democracia caso de la década del 90 hasta el año 2000, la corrupción enriqueció a sus jefes y clanes y miembros de las mafias civiles y militares, se crearon nuevos privilegios, contrarios a la ética y la moral política, gracias a la impunidad de un gobierno que no respeta a la ciudadanía.

(Podemos hacer un agregado de hasta donde llega la exclusión, los peruanos  serían testigos que hasta los dirigentes máximos de gobiernos al apropiarse de los fondos del erario son excluyentes con el resto de los funcionarios públicos que al no recibir la cutra, los delatan y se vuelven en colaboradores eficaces)

Se estableció por primera vez una mafia inédita por su lucha corrupta y desigual por mantenerse en el poder, desde dentro de poder gubernamental, su organización fue para delinquir y aprovecharse de los fondos del erario comprando conciencias tanto de civiles, ministros, altos funcionarios, vocales y fiscales supremos, como militares de altos grados que la vez servían de soporte de la mafia al formar parte de la directiva del gobierno autocrático. No solo accionó su cleptomanía, sino se organizaron para ejercer el crimen, a través de grupos paramilitares y de sicariato contra todos los que se oponían a la mafia dirigida por el trío Fujimori/Montesinos/Hermoza.

La repetición de gobiernos corruptos ha hecho que se tenga mayoritariamente a poblaciones desinformadas, en el que se han originado expresiones, que sin querer han dado su asentimiento y aceptación de vivir y pasar por estas vergüenzas nacionales y locales, adornadas con frases como “la democracia no se come”, “este gobierno mató menos”, “roba, pero hace obra pública” y “felizmente habrá gobiernos fuertes que pongan orden”. Ahora, se produce comparaciones cuál mafia se llevó y se lleva más de los recursos del erario.

A la ignorancia sobre los latrocinios y crímenes se suma el confuso despertar de los rasgos psicóticos de la población, y de la ignorancia por la falta de información de los medios de información, ello no motiva reflexión en los peruanos, asumiendo el tipo de comportamiento individual y social que los lleva a aceptar como normal los autoritarismos, las exclusiones y la corrupción de los gobiernos que no son por cierto, ejemplos de transparencia y cultura cívica. Esto trae como consecuencia que no les interese recordar los hechos históricos y los momentos próximos que vienen viviendo, ello ha impedido formar memoria colectiva, George Santayana dice: “los pueblos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.

Estas vivencias negativas pasadas, también ocurren en la actualidad, a pesar que desde fines del año 2000 a la fecha, cayó la autocracia corrupta, se consiguió la democracia aún precaria. Empero, como se ha manifestado la influencia de los gobiernos autoritarios dejan huellas, difíciles de ser eliminadas. Estos han minado la mentalidad y el comportamiento de los peruanos que los hacen desconcertados y más descreídos, ello significa desdibujar la visión de la democracia, tanto en los gobiernos, como de vivir con esperanzas en los procesos para elegir sus autoridades, observándose la mínima presencia en debates y reuniones públicas en general, ello conlleva a no estar presente en dichos eventos que en su calidad de ciudadanos les permite el derecho de acceder a una activa participación en los asuntos políticos, económicos y de organización civil en la república.

La ausencia de la población en informarse es alentada por la autoridad, pero ésta no sabe que en el corto plazo vendrá el rechazo, el cual crecerá en forma tal que, la población no habrá de creer en la autoridad cualquiera que sea su nivel, produciéndose su deslegitimación. Últimos acontecimientos muestran que no se cree en el autoridad, la reacción ante el posible delito se producen precipitaciones  al intentar de manera violenta hacer justicia por mano propia, esta manera de proceder hace compleja la acción policial para reestablecer el orden público, igualmente,  ocurre con las decisiones y sentencias para los agentes de la justicia.

El pueblo peruano trajina en un camino trastocado de una política de la mentira perversa, a ellos como ciudadanos les toca decidir con su voto, pero la mayoría  son ignaros o mejor decir analfabetos cívicos, que aprendieron a leer hace años y ahora se han acostumbrado a no leer, pues se sienten satisfechos al sólo ver las imágenes televisivas teñidas de noticias de crímenes y de los temas intrascendentes de la farándula. Esta forma de comportarse se origina por la educación impartida, esencialmente en las escuelas públicas, donde desde niños y pasando por los años de su adolescencia, no llegan a comprender lo que leen y tener un mínimo de razonamiento matemático.

Hay hechos incomprensibles de cómo reaccionan los ciudadanos con los acontecimientos y lo mismo ocurre cuando emiten votos para elegir presidentes, gobernadores y alcaldes con antecedentes de ser arrebatadores de los fondos públicos. Los partidos que quedan vinculados al cambio sienten decepciones cuando ven la cantidad de votos alcanzados por personajes con prontuarios delincuenciales y llegan a salir vencedores derrotando a candidatos que no ostentan los comportamientos de sus rivales. 

Estas comparaciones de quienes son honestos e incapaces del asalto al patrimonio de las entidades públicas con los otros personajes resultan inexplicablemente  rechazados, porque los candidatos a la reelección de pésimos antecedentes, cuando han ejercido los cargos han realizado construcciones de cemento, ladrillo y fierro (caso de la reelección para alcalde de Castañeda Lossio), las que son impresionantes para los electores; éstos les creen y votan por ellos, por más que los otros candidatos sean honestos y también vayan por la reelección, pero no hicieron las obras gigantescas y se dedicaron a promover programas de formación y construcción de identidades de las comunidades y dar racionalidad urbana, caso del transporte. Estas poblaciones muestran bajas estimas personales con repercusiones que explican sus confusos comportamientos en relación al convencimiento de la vida en democracia y de sus virtudes del respeto a la igualdad y la solidaridad. 

El lema de que “robó pero hizo obra” flamea y es la mejor carta que califica, para ser ganador de las elecciones en cualquier nivel de presidentes, de gobernadores y especialmente de alcaldes. El comentario de los medios de información de correcta presencia en el debate público pregunta ¿cómo las poblaciones eligen a estos personajes para cargos de significativa responsabilidad?

En síntesis, todo ello históricamente configura que no existe el “Estado para todos”; sin embargo, desde 1963 recién se iniciaron las elecciones libres con el triunfo del primer gobierno de Fernando Belaúnde, donde se tuvo como uno de sus pilares el proyecto de establecer la institucionalidad democrática. Se creó su propio organismo financiero –el banco de la nación- el Estado cobraba por primera vez sus tributos e impuestos, revelando lo importante que significa el sentido soberano de ser país. Se llevó acabo programas como el de cooperación popular de -orden participativo, inclusivo, democrático, no asistencialista, ni de orden clientelista-, no obedeció a la dependencia de la autoridad caudillesca que secuestra a los ciudadanos pobres.

La cooperación popular sería una organización planeada, como así fue, para ejecutar obras y promoción en la organización comunitaria; para ello existió una compartida relación Estado/pueblo, principalmente de los poblados menores, anexos, comunidades campesinas y neo indias quechua hablantes. Esta sería la única vez en que el Estado llegó al Perú de los olvidados, la participación rural fue un acontecimiento inédito en el país, a través de la inversión/trabajo, en que el Estado acudió con su organización profesional y el instrumental técnico, se avivaría la participación en la ayuda mutua, respondiendo a sus instituciones históricas de la minka y el ayni.  A pesar del aliento dado para el desarrollo de sus pequeñas economías, no hubo gobiernos que dieran continuidad a estos programas.

Las fuerzas opositoras al gobierno impidieron que los nuevos proyectos de cambios se vincularan los programas de cooperación popular rural, al inicio de la reforma agraria en contexto de los planes de integración campesina del ministerio de trabajo y asuntos indígenas (luego campesinas), dirigidos al Perú de las cordilleras donde imperaba todavía vestigios de la hacienda serrana con todas sus secuelas de baja producción, sin productividad y sin justicia social. Recordar a los gamonales, ellos vivían adheridos a la miseria y el descuido sociocultural, y de acceder al progreso tanto el cacique alfabeto, como de los campesinos pobres y analfabetos.

Los programas de cooperación popular son un ejemplo del Estado que se hace presente en las poblaciones menores a un distrito, donde las necesidades son mayores, pero que a la vez esas poblaciones se comprometieron en elevar sus propios programas de ayuda mutua. Los olvidados, se aliaron a un Estado que los respetaba, al tomarlos en cuenta en los programas de gobierno.

Esta novedad chocaría y choca con los programas de ayer y hoy en que no se pueden desterrar el distorsionado carácter asistencialista, conque llega a los pueblos, principalmente rurales, para asistir a los escolares con alimentos citadinos y dejando atrás a la pura alimentación de granos comunales, intentos ha habido de hacer campañas. En la actualidad se ha creado un ministerio de la inclusión que iría más allá, en la tentación por favorecer el clientelaje que se ve arraigado en el Perú, al que se ha contrapuesto variados programas que no sólo trabaja con la niñez y los escolares, sino también con otros segmentos como de la tercera edad, los incapacitados. Todas estas campañas necesitan nuevo mensaje que gire alrededor del respeto a la persona humana y la solidaridad, sin mostrar la dádiva del Estado de manga larga, pero maltrecha y seudo generosa.

Sin embargo, hay muchos aspectos por buscar su carácter multisectorial, donde la presencia del ministerio de salud ocupa la mayor importancia, su presencia debe ser continua, por ejemplo en la distribución de los desayunos y los almuerzos tienen una dirección por luchar y acabar contra la anemia y las falta de proteínas que como bien sabemos padecen, en particular, la niñez serrana, la perenne asistencia médica en estos programas es por demás necesaria, son los médicos especializados, incluidos los nutricionistas que no pueden abandonar estos programas que resulta válidos, para extender una calidad de vida del futuro ciudadano.

Estos programas de esta última década están obligados a llegar sin burocratismo, excesos en gastos administrativos y en condiciones de un trabajo reiterado de característica multisectorial a la vez descentralizado, por la responsabilidad que tiene que asumir los gobiernos descentralizados: regionales y locales. Los programas que se sitúan como “Juntos” tiene que acentuar las acciones que se vinculen al proceso de producción en particular de extensión agropecuaria.

Considerar de otro lado el uso racional de los gastos programados que está última década se incrementado no se sabe con exceso, el hecho es hacer entender en el imaginario colectivo que la inclusión no se logra solamente con fuertes gastos, y tener en perspectiva no muy cercana de su disolución paulatina, en la medida que los ciudadanos beneficiados hayan asumido otras direcciones de autonomía y de solidaridad que el campo rural serrano tienen enseñanzas por el trabajo de la ayuda mutua y de organización en círculos de productores.

A estas formas de participación de cómo se ejerció como democrática, no se le ha dado importancia, y menos cómo alcanzar a su institucionalidad de la civilidad, alcanzando tanto que el actual sistema eleccionario no tiene condiciones de cómo escoger, por ejemplo a los miembros de las comunidades campesinas y nativas que puedan elegir a sus representantes a los municipios y al poder legislativo, así como de tener injerencia participando en las directivas de los programas de ayuda.

Igualmente, manteniendo las distancias, la interdependencia de los poderes públicos será un triunfo republicano si se sepulta los comportamientos irregulares, por la intromisión del poder ejecutivo y el legislativo sobre el poder judicial; ahora tenemos casos en que los jueces intentan acallar y cortan a las pocas comisiones investigadoras del congreso (caso de García Pérez en que se anuló la investigación congresal). Los magistrados sí atienden las sentencias del alto mundo político y económico, y se desvían en el tratamiento de las mayorías dejando atrás los cientos de casos de corrupción denunciados por la sociedad civil, los medios de comunicación y de la población en general. La falta de respeto a lo constituido y a la autoridad, responde a que no se han construido los pesos y contra pesos de los poderes públicos, en el marco de la cultura de la civilidad.

La justicia apuesta por la crematística o sigue al poder de determinados partidos políticos en los que militó o simpatiza. Se redondea con la baja calificación profesional y moral de trabajo, a pesar de pertenecer a una organización que se distingue por el respeto a la ley, la selección no medita ni supervisa.

No hay, ni ha habido los canales de protesta y de participación democrática con color de ciudadanía, esto no alcanza al poblador, el que sigue siendo un habitante menos ejercitado e impotente, para hacer participante de los actos de los gobiernos y, reconocer las fallas de los gobiernos al no sólo no cumplir con las ofertas electorales, sino a las tropelías y evidencias de corrupción de los gobiernos.

El contralor general que se ha jubilado ha dicho: ante los indicios razonables de delitos en que habrían incurrido los funcionarios de la administración pública, éstos fueron denunciados en el número de 2,762 en años pasados y han sido sólo sentenciados 300. Ello permite observar en este caso que los procuradores de la contraloría general no han realizado el seguimiento, asumiendo la defensa de las denuncias, lo que muestra que el Estado, a través de las procuradurías y a nivel del poder judicial tampoco llega a todos los peruanos, al no hacer justicia sea por políticas partidarias, impericia jurídica, incuria avanzada bajo razones crematísticas, y deficiencias tanto en la selección de magistrados, como en la evaluación por el consejo nacional de la magistratura (CNM) que no califican debidamente a los tipos de jueces y fiscales.

Considerar también que el tribunal constitucional (TC) dictó fallos en beneficios de colectividades de poder y rectifica fallos mostrado su intromisión en asuntos que no les corresponden; estas intromisiones crean desconfianzas en el orden de la institucionalidad democrática y de la forma como se comporta la justicia, poniendo en riesgo la marcha de su economía y de las inversiones. Todo se desarrolla en el contexto de la precaria democracia en que vivimos y de la poca firmeza con que debe actuar la autoridad elegida, restándole legitimidad, y que irá creando el círculo vicioso donde el desmanejo que acarreado la falta de autoridad en las gestiones.

En los poderes públicos no aparece el compromiso dirigido a la consolidación del régimen democrático con institucionalidad, así como la participación activa de las entidades del Estado, para encarar periódicamente las rendición de cuentas, a fin de que los gobiernos elegidos evidencien el haber cumplido las promesas electorales, sus ofertas de planes y programas que presentan los candidatos, en especial de los movimientos ganadores.

Estas formas de comportamiento del poder judicial y altos organismos que no ayudan a fortificar la institucionalidad y hacer justicia están en la línea de que el “Estado que no es para todos”

Se requiere de una obligada institucionalidad que consagra la existencia de las organizaciones estatales dedicadas en los casos de la observancia del cómo se lleva acabo el desarrollo infraestructural, participan en estas acciones: las supervisoras de los proyectos de inversión de obras públicas por parte del poder ejecutivo; y la intervención del ente contralor -la contraloría general y su SNC-, y las fiscalía y las cortes de justicia, ellas accionan verificando el cumplimiento tanto de las metas de los programas, como de las disposiciones legales en el marco de su incambiable autonomía.

En el caso de la CG su carácter es de supervigilancia que debe recaer sobre las ejecuciones de las obras públicas y ante indicios de delitos de los jefes y miembros responsables de los pliegos presupuestales son acusados ante fiscalía, para los efectos de las sanciones que los casos ameritan procesos de parte de los jueces que termina en las sentencias respectivas. Las cuales se deben dictar en tiempos más cortos para apreciar que se viene imponiendo justicia ejemplar y transparente.

Asimismo, el Estado peruano, cada vez que crece su economía, paradójicamente los gobiernos pierden presencia en la vida nacional, en razón a la liberalidad absoluta que usan los grupos de poder económico, donde también los bolsones poblacionales en pobreza llegarían a crecer, ello visto en el contexto que, a los más pobres no el chorreo como se creía en las políticas de crecimiento, tanto para dar calidad de vida, como en la aplicación de los avances tecnológicos. Lo que si ha aumentado es la informalidad y la desigualdad entre los grupos que conforman su estructura social campo y ciudad, como de sus relaciones socioeconómicas y culturales.

La presencia de la exclusión atentan contra la cohesión, la paz social, el desarrollo y el ejercicio de la democracia. En consecuencia, las mayorías continúan desatendidas en los servicios esenciales como educación, salud, seguridad ciudadana, justicia, infraestructura mínima, fiscalización, y de la falta de rendiciones de cuentas.

Se necesita como punto de partida parámetros para definir los niveles de pobreza y  no pobreza, diferencias que señalan la desigualdad. Faltan políticas de Estado crecer no es lo mismo que desarrollar, considerando que no hay bases educativas, políticas de prevención en la salud, las que permitirían ser apoyos en el marco de la igualdad de oportunidades

Comprender que la no atención de los servicios por parte del Estado no es sólo del  ejecutivo con los gobiernos descentralizados, sino están incluidos los poderes legislativo y judicial y de los entes autónomos.

Esta desatención de los poderes y servicios se explica con las rendiciones de cuentas, pues, sin ellas no sabemos de cómo se gastó e invirtió, significando que las rendiciones de cuentas forman parte de lo que hemos denominado el “Estado para todos”, esta expresión tienen contenido, para el proceso de gobernar un país, han sido poco lo avanzado, los responsables de quienes gobiernan y norman las acciones de las organizaciones públicas, en el transcurso de la vida republicana no le han dado la importancia a las rendiciones de cuentas.

Sin embargo, el 26 de octubre del año en curso, el presidente del CM Fernando Zavala Lombardi después de una ardua labor destinada a destrabar más de quince proyectos de inversión, en la entrevista realizada ante la prensa manifiesta que “es buena señal rendir cuentas si queremos ser un país moderno. Estamos en un gobierno que quiere dar cuentas, mejorando la gestión de cara al ciudadano”.

Esta declaración tiene un peso específico de que la solicitud para que el Perú, su Estado rinda cuentas de lo que realiza y de cómo invierte. Se espera que se llegue a poner en marcha el programa visible de las rendiciones de cuentas, a través de un ente autónomo en este caso la contraloría general, encargándose de las medidas de la programación.

Tamaño trabajo de ordenar y dedicar a este proceso sea universalizado en el sentido que todos los escalones y reparticiones públicas se suman ante tan significativa acción pública; sin embargo, no hay cambios para entender la universalización del control público.

Fernando Anibal Arce Meza

Surco, 14 de septiembre del 2018