Odebrecht y las otras empresas
brasileras responden su accionar a la estrategia de la geopolítica del poder
único que la república federal del Brasil ejerce en Latinoamérica. El
comportamiento de estas empresas no sólo fue ganar los concursos de las obras públicas
trascendentales en los países, sino para lo cual sobornó a los gobernantes; en
el caso del Perú tanto en el ámbito central, como regional (caso de los
gobiernos de Ancash, Callao y Cuzco) y municipal (caso de Lima Metropolitana).
El objetivo brasilero ha sido
debilitar más la desconfianza en las autoridades de los países, llegando a
dominar dolosamente, significando que hubo una alianza político/económica entre
las empresas constructoras y las instituciones casi siempre con las cúpulas de
los gobiernos (sean estos de izquierda o de derecha). Lo importante para los
brasileros es penetrar en los asuntos de los gobiernos de los países
latinoamericanos. Poco importa si los medios sean delincuenciales, con tal de
conseguir sus fines.
Lo dicho en el anterior párrafo nos
conduce a manifestar que la justicia brasilera como poder autónomo, investiga a
las empresas en su país descubriendo a las mafiosas, iniciando procesos penales
hasta encarcelar a los responsables de la corrupción; sin embargo, la justicia
brasilera decide al poco tiempo que los responsables de los actos de corrupción
no solo declaren su culpabilidad; sino se acojan a dar detalles de los delitos
cometidos, de esa manera los culpables se hacen acreedores a la rebaja de años
de carcelería y muchos alcancen su libertad, siempre y cuando, se conviertan en
delatores de los hechos ilícitos.
Estos hechos de comisión de delito no
llega a ser justiciero ¿por qué en un corto tiempo se descubre, se sanciona y
se encarcela?, teniendo como final que las cortes brasileras, permitan que los
culpables se acojan a las prerrogativas de rebaja de las penas y la libertad
respectivamente, esto lleva a preguntar, si con ello se intentó engañar al
consenso mundial que hubo válida justicia. O más bien existió un blufee, un
aparato que informa y que a la vez desinformar, escondiendo que en el Brasil
todo éste accionar ha sido compartido entre las empresas y los gobiernos,
respondiendo a su geopolítica, cumpliendo con sus políticas de poder sobre los
países sudamericanos. El Perú al no estar organizado y no teniendo elites
preparadas, sucumbiría ante dicho poder.
Empero, debemos significar que el
Perú también tiene características de ser un país geopolítico por su
centralidad y su salida a los océanos Pacífico y el Atlántico, por lo cual
puede tener un intenso movimiento comercial con los más variados países. El
ejercicio geopolítico viene desde la etapa del Perú prehispánico y del imperio
incaico que abarcaba territorios completos de algunas repúblicas y en otras partes
(Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile y Argentina); y lo mismo pasaría en la etapa
colonial, cuando España ejercía su poderío, para el caso del Virreinato de Lima
que contó con los mismos territorios prehispánicos. El imperio Español sacó
mucho provecho y utilidades económicas de la condición geopolítica del Perú. En
la republica sus autoridades, al no ser elites no entienden el saberse país
geopolítico.
Otros comentarios
Los Odebrecht (padre, hijo y espíritu
santo) son amigos fraternos de García Pérez desde la década del 80, esto no
haría que se produzca delación entre ellos. El pedido de asilo de Alan García
respondería al temor de que ha llegado información que lo implica y está
por llegar información más comprometedora, producto de las delaciones de
Odebrecht y sus funcionarios. .
Hecho inesperado es que Jorge
Yoshgiyama Sasaki sobrino de Jaime, rompe la obediencia muy propia de la
cultura del Japón al denunciar a su tío que no sólo es su protector familiar;
sino que el tío Jaime le da trabajo, lo designa gerente general de su empresa.
Con estos antecedentes, Jorge quiebra los “respetos orientales”. Para sus
allegados, posiblemente, Jaime Yoshiyama se convertiría en el responsable de
todo, haciéndose la víctima que lo inmolaría
En los dos casos de las sospechas
delincuenciales, García y Keiko existe la creencia que ellos serían inmunes a
la delación brasilera. La demora en los casos mencionados ante el poder judicial
se puede calificar que los jueces y fiscales no están preparados para este tipo
de delitos, apareciendo que actuarían con mucha “benevolencia”. Esta última
apreciación es posible comparar de que son pocos los agentes de la justicia que
están convencidos que hay que cambiar (la presencia renovada y las nuevas
disposiciones), en particular en el caso de Concepción Carhuancho y José
Domingo Pérez no sólo son excepciones; sino que salen adelante, bajo una
distinta dimensión, así se toman los tiempos necesarios en los procesos
en que se distinguen las audiencias preventivas y de las sanciones que dictarán
en los juicios orales.
La acción de la justicia peruana, en
este nuevo momento aún no llega a constituirse en mayores cuadros renovados de
magistrados. Eso mismo pasa con los partidos políticos y con el manejo de los
gobiernos del Estado. Por eso no hay dirigencias organizadas y cuadros de
gestión en las instituciones estatales y en especial de los tres poderes
públicos. No hay elites preparadas.
Pareciera que el actual presidente
Martín Vizcarra consciente y/o por la ventura de la “buena suerte”,
intenta por referéndum aprobar las reformas: política (poder legislativo con la
bicameralidad); sistema de justicia (con un nuevo CNM, señalar a los verdaderos
actores en la administración de la justicia), y ha de terminar con una ley
general del sistema de administración de justicia.
Sin embargo, después del 9 de
diciembre de este año, en general los poderes públicos estarán obligados a
laborar las respectivas reformas en cuanto, a los objetivos institucionales y
de sus estructuras organizativas de cada poder del Estado. El ejecutivo tiene
una tarea inmensa porque tendrá que reformar el poder central (ministerial) y
de los gobiernos descentralizados.
Las reformas por realizar deben
partir tomando en cuenta que el poder ejecutivo disminuya el exceso de carteras
ministeriales, en razón a que siendo poder central sus funciones son
normativas, planificadoras, y supervigilantes del resto de las instituciones, siendo
los gobiernos descentralizados los que directamente son responsables de
ejecutar los servicios públicos; así, también le corresponde al Ejecutivo
promover las actividades y la ejecución de las obras públicas, pero la
ejecución misma corre a cargo de los entes descentralizados.
El ejecutivo central solo realizará
obras y actividades de carácter interregional y casi siempre son las
obras públicas que en su mayor parte tengan financiamiento internacional de
mayor cuantía. Depende esto último de ser transferido a los gobiernos descentralizados,
siempre y cuando, éstos muestren capacidad ejecutora y estén organizados de tal
suerte que su capacidad instalada tenga la fuerza adecuada y pertinente para
accionar.
Asimismo, se debe considerar lo
urgente que significa cambiar y reformar los actuales mal llamados gobiernos
regionales, dado que éstos son continuación de la vieja división departamental,
de raíces políticas en la colonia y del sistema de hacienda y del latifundio en
la república, cuando los intereses departamentales los manejaban los caciques a
nivel departamental y provincial.
También se hace urgente cambios en el
ámbito de los gobiernos y territorios provinciales y distritales del orden
municipal. Estas instancias de gobierno como bien sabemos es por demás
complicada para una buena y regular gestión. No solo es un problema territorial
en un país de complicada geografía; sino que esto puede superarse con una
redistribución de ámbitos de gestión, considerando la primacía del concejo
provincial con relación a los distritales.
Finalmente, los cambios y las
reformas distribuyen poder de gestión, partiendo de los municipios en cuanto a
la realidad de los hechos y tomándose en cuenta las instancias tal como señala
el derecho administrativo en relación al vínculo de la gestión pública entre
los tres gobiernos: el central y los dos descentralizados; esto tiene que
convalidarse, bajo una concepción que se encamine al desarrollo humano y
sustentable. Ello significa no olvidar del carácter unitario y descentralizado
que es una forma de gobierno asumida por el Perú y relevada en la constitución
política de 1978.
Fernando Arce
Meza
Surco, 18 de noviembre del 2018
Otro sí: Las fuerzas conservadoras y
la derecha bruta y violentista quieren que fiscales y jueces no procesen los
casos de corrupción, asimismo, el asilo de García Pérez si se produce, bajaría
el tono renovador y el inicio de las reformas judiciales ¿ganarán esta batalla
los conservadores? El presidente Martín Vizcarra y la ciudadanía impedirán que
continúe la impunidad y la desinstitucionalización. La república del Perú
democrático debe ser completa, incluida la justicia igualitaria.
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