18/10/2019
Foto: pensandoamericas.com
La señora
Rosa María Palacios (RMP) es una abogada y periodista liberal ilustrada, con
una opinión muy influyente. Una cosa es debatir con los buenos modales de esta
señora y otros liberales de similar tenor (como Hernando de Soto y Federico
Salazar); otra es hacerlo con la jauría de políticos (hombres y mujeres) que
defiende a ultranza el régimen económico vigente consagrado por la Constitución
fujimorista de 1993, pero que lamentablemente -a diferencia de los anteriores-
tienen más llegada al "pueblo" con su verborrea y sus dislates; y
otra es batirse con los "ideólogos", sean economistas, líderes
empresariales y los escribas del periodismo "independiente",
incluyendo en este último grupo a opinólogos como Phillips Butters y Aldo
Mariátegui. Mario Vargas Llosa es harina de otro costal, ya que él como premio
nobel de literatura y uncido desde su pedestal de marqués y libre pensador,
funge de adalid y juez supremo sobre todos los asuntos de este mundo, obrando
como inquisidor colonial juzgando especialmente a los países del sur global.
Este no es
solamente un debate con la señora Palacios. Se trata además de un debate con
toda una forma de pensar muy arraigada en el Perú, y otras partes de América
Latina, donde el neoliberalismo logró implantarse como sentido común hasta en
la forma de gobernar así como en la forma de entender la economía y las
relaciones económicas. En este debate están implicadas profundas cuestiones
epistémicas y epistemológicas, que las resumo en dos: el conocimiento objetivo
y la verdad objetiva, que deben estar fundamentadas en la historia más que en
cuerpos doctrinarios abstractos o prejuicios ideológicos. De ahí también el
título del artículo, inspirado en trabajo del filósofo marxista Adam Schaff.1
La señora
Palacios -muy didáctica, sistemática y ordenada- expuso en su programa “Sin
Guión”, emisión del 16 de octubre,2 lo
que contiene la actual Constitución peruana en lo referido al "marco
económico", que descansa en cuatro ejes fundamentales: libertad, rol del
Estado, libertad de contratación y propiedad privada. En este artículo se
examinan y desmontan una a una las tesis e interpretaciones que RMP esgrimió, a
partir de la lectura que hizo del articulado contenido en dicho marco.
Sobre lo
primero (la libertad) RMP señaló: "En primer lugar la economía peruana se
basa en un principio de libertad"; una libertad que denota con varias
expresiones (iniciativa privada libre, libertad de trabajo, libertad de
empresa, de comercio, de industria, libre mercado). Al respecto, se contrasta
ese principio general y pretendidamente universal en torno a la "libertad",
cuyo sentido es esencialmente económico, con esta otra mirada sobre esa misma
"libertad":
"La
especificidad de la libertad económica es que se ejerce en la medida exacta del
poder económico que uno tiene para ejercerla y, por tanto, su ejercicio siempre
implica una forma de imposición asimétrica sobre los grupos sociales que tienen
menos poder y una forma de violencia brutal sobre los que no tienen poder, la
gran mayoría de la población empobrecida del mundo. Tal imposición y violencia
siempre se traduce en la transferencia de riqueza de los pobres (traducida en
las magras políticas de protección social del Estado) a los ricos y en el
saqueo de los recursos naturales, así como de los activos económicos, cuando
los hay."3
A la luz de
la cita del sociólogo portugués nuestra experiencia indica más bien que, en el
Perú, lo que hemos tenido por lo menos desde la Constitución del 93 ha sido una
permanente "imposición asimétrica" de la "libertad
económica"; porque una cosa es la defensa doctrinaria de un principio y
otra su verdadera historicidad, sustentada en una forma de poder (el poder
económico) que los defensores y defensoras de dicha libertad procuran ocultar o
desconocer todo el tiempo.
Con relación
al segundo eje (rol del Estado), el caballito de batalla del liberalismo
criollo y fundamentalista, para pasar de la Constitución del 79 a la del 93,
fue el "estatismo del gobierno militar" sobre todo del régimen
velasquista (1968-1975), al cual se le puede añadir el último manotazo de
ahogado del primer gobierno de Alan García, que en 1987 intentó
"estatizar" la banca para salvar a su gobierno y a él mismo de la
catástrofe (económica, social y política) que se veía venir, siendo esto último
lo que hizo resucitar y sacar de sus casillas a toda la derecha (económica y
política). Podría decirse que el cambio de régimen económico fue propiciado, al
menos indirectamente, por la desastrosa situación en que terminó esa primera
experiencia de gobierno aprista de la historia del Perú, en la segunda mitad de
los 80 del siglo XX.
Mientras que
las reformas militares, en su "primera fase", buscaron iniciar un
proceso de modernización del país en el sentido de un capitalismo nacional,
siendo el Perú un Estado dependiente, a pesar de todo el discurso
antimperialista, tercermundista y no-alineado del Gral. Velasco (preludio de lo
que en América Latina se conoce ahora como "socialismo del siglo
XXI"); con el neoliberalismo criollo de los 90, ya con Fujimori y sus
secuaces posesionados en el control absoluto del Estado, y con la Constitución
del 93 sancionada y aprobada en el tristemente célebre CCD (Congreso
Constituyente Democrático), se encaminaron de tal manera las cosas a fin de
despojar al Estado no solamente de todo el capital acumulado en forma de
empresas públicas, sino para fortalecer a los grupos de poder económico (medios
de comunicación incluidos) mediante privatizaciones y grandes negocios en la
sombra.
En ese
contexto, la "imposición asimétrica" de la "libertad
económica" solamente fue posible por la lucha que el neoliberalismo
criollo (político, empresarial y tecnocrático) libró por el control del Estado
bajo un régimen autoritario sin el contrapeso de alguna oposición organizada;
otra cosa es que hubo voces aisladas como la de Javier Diez Canseco desde una
"izquierda" inexistente. En esta lucha política, la izquierda de
entonces (bajo el membrete de IU) había abdicado por su propia autodisolución
en 1989, año en que se produjo la caída del muro de Berlín. La estocada para
esa izquierda vino en 1991 con la debacle final de la URSS y del "sistema
socialista".
Por
consiguiente, lo central del "modelo económico" en lo que al eje
"rol del Estado" se refiere, no son determinados conceptos o
principios universales, sino el trasfondo histórico que hizo posible que se
plasmaran esos roles consagrados en la Constitución del 93. La señora Palacios,
además, mezcla o confunde "participación del Estado en la economía"
(limitada a situaciones especiales o excepcionales) con la definición del
Estado como "propietario de los medios de producción". De esta
confusión ha surgido toda una cantaleta de prejuicios archiconocidos, que se han
instalado también en el sentido común, entre los cuales el más célebre es este:
participación del Estado en la economía = estatismo = socialismo = populismo
económico = ¡chavismo! Esta cadena de falacias mentales, consagradas por los
neoliberales, constituyen una camisa de fuerza que se aplica a todo, desde la
orientación de las políticas fiscales hasta para dirimir los conflictos
sociales por aumento de salarios, obras públicas y proyectos de inversión
social. ¿Adónde cree la señora Palacios que va ese dinero "negado" por
el neoliberalismo y sus tecnócratas para atender reclamaciones justas sobre
condiciones de existencia social? ¿No ha ido acaso a los bolsillos de la
corrupción? ¿No es esto el "costo de oportunidad" económico, político
y social que el neoliberalismo en el Perú nos está haciendo pagar por su miopía
y estrechez de miras, a lo largo de tres décadas?
¿Por qué
solo la "iniciativa privada" puede hacer "empresa"? Aun
dentro del marco de lo "subsidiario": ¿quién y cómo se determina el
"alto interés público"?, ¿qué significa eso de "manifiesta
conveniencia nacional"? ¿Acaso lo "público" es sinónimo de
"estatal"? Son algunas de las muchas preguntas que deberían suscitar
un amplio debate.
El tercer
eje, "libertad de contratar", es bastante genérico (artículo 62), ya
que se refiere a las relaciones contractuales entre privados (dueños de capital
y medios de producción), y entre los sectores público y privado. Es el fiel
reflejo del "libre mercado" en estado puro. Aquí cabe preguntar, por
ejemplo, si los trabajadores (cualquiera sea su condición social, raza o
género) son "privados". Tácitamente, RMP da a entender que sí cuando
cita: "La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato".
¿"Pactar válidamente"? Es una broma de mal gusto pues la realidad de
nuestro país, y seguramente la de otros países latinoamericanos, nos indica que
la abrumadora mayoría de trabajadores y trabajadoras se ven obligados a aceptar
y trabajar en condiciones precarias (bajos salarios, contratos temporales,
carencia de seguro social, despidos intempestivos) para las empresas privadas y
en el mismo sector público. Que "pactar válidamente" sea entendido /
asumido como aceptar la imposición de quien ostenta el poder económico (o sea
del detentador de capital-dinero, del "inversionista" sea o no
corporativo), o de poder político, es otra cosa. Es lo que posiblemente la
señora Palacios entiende por "seguridad jurídica".
Finalmente,
el cuarto eje: la propiedad, es el fundamento basal sobre el que se levanta
todo el ordenamiento jurídico anterior. La señora Palacios, como buena liberal
que es, habla desde un mundo idílico: ¿todos y todas somos o podemos ser
"propietarios"?, ¿todos tenemos "contratos protegidos"?, ¿estamos
realmente protegidos de expoliaciones y/o expropiaciones? El articulado en
torno a este tema es declarativo porque no se condice con la realidad actual
del Perú, donde basta ver los conflictos de la megaminería con las poblaciones
locales, incluyendo territorios indígenas ancestrales, en los espacios que
están concesionados para el extractivismo. ¿Por quién doblan las campanas
cuando se habla de "expoliación"?
Lima, 17 de
octubre 2019.
Antonio
Romero Reyes
Colaborador
de ALAI desde el 2008. Autor de los libros: Miserias de la economía. El
fetichismo de la ciencia económica (2012) y La transición histórica en el siglo
XXI (2011). Investigador adherente del Seminario Economía Social, Solidaria y
Popular, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.
1 Adam Schaff, Historia y Verdad (Ensayo sobre la objetividad del
conocimiento histórico), México D.F., Editorial Grijalbo, 1974. (Edición
original: Geschichte und Wahrheit, 1971).
2 El programa “Sin Guión” se difunde de lunes a viernes por internet a
través de RTV del diario de circulación nacional “La República”. Véase https://larepublica.pe/politica/2019/10/16/sin-guion-partidos-de-izquier...
3 Boaventura de Sousa Santos, "Ecuador: del centro al fin del
mundo", en www.alainet.org/es/
articulo/202666
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