lunes, 2 de diciembre de 2019

EL PUEBLO CHILENO EN LUCHA, NO VOLVERÁ A CAER EN LA MISMA TRAMPA



Análisis
29/11/2019

Chile bajo el terror pinochetista ha sido el campo experimental para el neoliberalismo ideado por el académico de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, y puesto en práctica por los Chicago boys. Previendo que el régimen que tanto benefició a tan pocos podría no ser eterno, especialmente después que él mismo saliera de la escena, Pinochet decidió amarrar el sistema por medio de una Constitución Neoliberal. La Constitución de Pinochet de 1980 fue redactada a puertas cerradas por Jaime Guzmán, ideólogo de la Dictadura, y se impuso a un pueblo chileno silenciado por la fuerza. En este caso no hubo engaño. No fue más que una de las tantas formas de avasallar al pueblo chileno. Sirva este escrito de aviso para navegantes. El tan publicitado milagro chileno, no era tal. El neoliberalismo más que liberar, destruye a los pueblos y a sus territorios.

Primer engaño

La Transición a la Democracia – transición resbaladiza porque aún no se concreta una verdadera democracia en Chile – se llevó a cabo gracias a una negociación secreta, a espaldas del pueblo, entre militares y partidos de la derecha con los partidos que constituyeron la Concertación por la Democracia y el Partido por la Democracia (PPD). Esta fue una verdadera traición al pueblo porque los “demócratas”, incluidos los antiguos “socialistas marxistas”, se comprometieron a acatar la Constitución de Pinochet que amarraba el modelo neoliberal permitiendo el saqueo de los recursos naturales y la explotación del pueblo, y que garantizaba la impunidad a los crímenes de la dictadura. Las leyes electorales además aseguraban a estos “negociadores” que ellos y sólo ellos constituirían la clase política en el ejecutivo y en el legislativo, manteniendo así los candados que impuso el régimen dictatorial.

La aprobación de 54 reformas a la Constitución de 1980, que permitían el inicio de la “Transición” pero que no alteraron su esencia autoritaria y neoliberal, formó parte de esta negociación. El plebiscito del 30 de julio de 1989 que acordó poner fin a la Dictadura, fue engañoso porque en la realidad incluía legitimar a la Constitución Pinochetista y al modelo neoliberal, dirigido y auspiciado por un Estado subsidiario. En opinión de algunos analistas, por el contrario, debió insistirse en derogar la Constitución de 1980 y volver a la de 1925 – vigente hasta antes del golpe de Estado y que no había sido derogada por órgano competente alguno - mientras se convocaba a una Asamblea Constituyente o se hacían las reformas necesarias para actualizarla a la demanda del nuevo milenio. Muchas de las cuestiones que se discuten hoy día, ya estaban prescritas en ese cuerpo legal. (Murialdo, 2019). https://elclarin.cl/life-styles-2/item/1547-la-concertacion-bucaneros-de-la-politica-prepara-una-nueva-felonia-el-golpe-blando-2-0

Contribuyó al engaño el hecho de que el pueblo, que fue mantenido al margen de las negociaciones, desconocía la vocación neoliberal y la naturaleza traidora y corrupta de los partidos de la Concertación quienes aseguraban que se haría de la Constitución de 1980 un texto legal más democrático. Sin embargo, la mayoría de esas reformas fueron cosméticas y las que realmente importaban, sólo sirvieron para hacer más dificultosa cualquier reforma que se quisiera introducir con posterioridad. Se aumentaron los quorum para aprobar la legislación ordinaria a mayoría absoluta en las dos cámaras, pero manteniendo a los senadores designados y al propio Pinochet como Senador Vitalicio. Así la Concertación, contribuyó a asegurar la pérdida de su propia mayoría parlamentaria, cuando el Congreso volviera a estar en funcionamiento. La Concertación tampoco aprovechó los breves periodos en que tuvo mayoría en el Congreso para abolir leyes injustas como la Ley de Amnistía, la Ley Laboral, la Ley de Educación y las leyes represivas. (Portales 2019) http://piensachile.com/2019/11/chile-desnudo/

Segundo engaño

En tanto se consolidaba y desarrollaba el neoliberalismo y la economía del abuso durante los gobiernos pseudo- democráticos, la Concertación en 2005 volvió a introducir algunos cambios a la Constitución de 1980, haciéndola propia al firmarla el Presidente Lagos y todos sus ministros. Estas reformas nuevamente dejaron intacta la impronta autoritaria y neoliberal de la Constitución y, entre otras cosas, mantuvieron la imposibilidad del pueblo de efectuar plebiscitos; la semi-autonomía de las Fuerzas Armadas y Carabineros; y un Tribunal Constitucional que en la práctica se ha establecido como un poder con virtual derecho a veto en la aprobación de leyes por parte del Congreso (Portales, 2019). Todo mecanismo que se propusiera para llegar a una Constitución legítima y democráticamente elaborada fue rechazado sistemáticamente.

Tercer engaño
                                                         
Después de años de lucha ciudadana por una Constitución legitima, en abril de 2017 la Presidenta Bachelet, en su segundo mandato, impulsó un proyecto de reforma constitucional, habilitando al Congreso para definir el mecanismo para redactar una nueva Constitución. Eso sin tomar en cuenta de que un gobierno saliente y un Congreso sin legitimidad no tenían la autoridad moral para legislar sobre los mecanismos para llegar a una nueva Constitución. La ilegitimidad del Congreso emanaba del hecho de que había sido elegido con el excluyente sistema binominal. Además, la mayoría de sus miembros respondían a  los intereses del yerno de Pinochet, el ahora magnate Julio Ponce Leroux, y a los de otros grandes empresarios que los habían financiado en sus campañas y a quienes pagaban con decisiones parlamentarias que los beneficiaban.

Este proceso fraudulento intentó hacer participar al conjunto de la sociedad en “cabildos abiertos”, cuyos resultados, sin ser vinculantes, habrían sido articulados por mediadores designados por el gobierno para generar finalmente un proyecto de nueva Constitución. A pesar de que hubo participación de muchos incaustos, el gobierno de Bachelet terminó con bajísimos índices de aceptación y sin que este proyecto hubiera llegado a ningún puerto. El gobierno entrante de Sebastián Piñera, tenía aún menos interés en sacarlo adelante.                                                                     
                                                     
Resultados de 4 décadas de neoliberalismo y 3 de pseudo democracia

  • La mayoría de los criminales violadores de derechos humanos siguen sin ser castigados. El dictador fue rescatado de un juicio internacional y finalmente murió en su cama dejando en herencia familiar una cuantiosa fortuna mal habida
  • Los militares se integraron a la actividad empresarial. Si bien ya no agredían físicamente al pueblo, salvo al pueblo Mapuche en una Araucanía militarizada, torpedeaban la labor de los organismos de derechos humanos
  • Siguiendo el ejemplo de Pinochet, su Comandante en Jefe, los altos mandos militares se lanzaron de lleno a actividades ilícitas, enriqueciéndose
  • Ya no era necesaria la fuerza. Al pueblo se lo sometió por la vía de la explotación, las leyes laborales, las privatizaciones, la fiscalidad injusta, etc. etc.
  • El capital, incluso el capital extranjero, exprimió al pueblo chileno privándolo de sus derechos sociales y económicos, reduciendo su rol al de mano de obra barata y consumidor endeudado de servicios públicos privatizados, a los que antes tenía derecho de forma gratuita
  • La clase empresarial que cada día se entremezcla más con la clase política, tomó las riendas del Estado, corrompiéndolo y enriqueciéndose
  • Se pusieron en marcha formas inéditas de traspaso de recursos desde la ciudadanía al empresariado
  • Los chilenos perdieron la confianza en las instituciones públicas o privadas. No se salva nadie. Se alejaron igualmente de los partidos políticos tradicionales aunque tampoco encontraron en la izquierda atomizada, una propuesta sólida y convincente.
  • Se consolidó a la relación servil con los EE.UU
  • Se consolidó la des-nacionalización del cobre – “el sueldo de Chile” - que había nacionalizado el gobierno del Presidente Allende, con unanimidad parlamentaria.
  • Se entregó la explotación del litio al yerno de Pinochet incrementando su enriquecimiento personal y legitimando a un gran corrupto
  • Chile consolidó su posición vulnerable en la economía mundial como país extractor y exportador de materias primas
  • Se transgredieron tratados internacionales respecto a los derechos políticos, económicos, sociales, ambientales y relativos a los pueblos indígenas.
  • Se produjo una des-politización y una pérdida de valores - la primacía del dinero y del individualismo por sobre todas las cosas.
  • Aumentaron las disparidades a unos niveles estremecedores
  • La ruptura entre representantes y representados se torna insalvable

El listado podría ser interminable. El Estado chileno cual heredero de Pinochet, con su abuso sin límites, ha plantado la semilla de su propia destrucción. El pueblo ha despertado y dicho Basta! La rebelión social es la única alternativa que queda.
                                         
A menos de una semana de vanagloriarse en el extranjero de que su país era “un oasis de paz”, públicamente el Presidente Piñera declaró la guerra a los chilenos. Impuso  Estado de Sitio y Estado de Emergencia, militarizando el conflicto. Ahora, el pueblo en lucha no tiene miedo. Caen muertos, heridos, detenidos, violentados sexualmente, mutilados, etc. pero el pueblo sigue en la calle día y noche. Se dispara con armamento de guerra a las alumnas dentro de un establecimiento escolar, se lanzan bombas de gases lacrimógenos al interior de un hospital público, se hace blanco sobre el personal de emergencia que atiende a los heridos. En lugar de amedrentar, el Gobierno sólo consigue desprestigiarse aún más, y miles más se unen a las filas de la rebelión.

Que no cuentan con un liderazgo claro, ni con una estrategia, es verdad. Sin embargo, se van conformando día a día formas inéditas de hacer política partiendo de los Cabildos y de las calles donde la ciudadanía se auto convoca. En las distintas regiones del país se están articulando y uniendo las distintas asambleas territoriales para conformar Asambleas Provinciales o Regionales. Se prevé que a partir de estas surja la constitución de una Asamblea Nacional que represente al movimiento popular convirtiéndose en poder constituyente.

Lo que está meridianamente claro son los objetivos que surgen de esas convocatorias. Ya no se trata sólo de terminar con el robo en los fondos de pensiones, ni de la lucha por un salario digno, ni tampoco por recuperar la dignidad pisoteada del pueblo mapuche, ni de la lucha por un medio ambiente sin contaminación, ni por la recuperación de los recursos naturales. Se unen todas las luchas con una visión más sistémica de la sociedad. Surge una Unidad Social que incluye la Mesa Sindical, la Feminista, la Ambientalista, la Educativa, la Poblacional y la Académica. También se ha identificado el enemigo principal. Ya no es el Presidente Piñera como en algún momento pensaron algunos, tampoco algún empresario en particular, sino el sistema en su conjunto. Por eso es que el objetivo de mayor consenso es el llamado a una Asamblea Constituyente para dar fin a la Constitución del 1980 y con ella a la lacra del  neoliberalismo y su poder destructivo.

Que ha habido vandalismos, también es verdad. Lo que no está nada de claro es su autoría. El pueblo en lucha no tiene ningún interés en destruir la infraestructura que les es necesaria para su vida diaria y que han pagado con sus impuestos. Son otros los interesados en crear una crisis para justificar más poder de represión con el objetivo de salvar el status quo. Son otros los que tienen la tecnología y la organización para destruir a esa escala. La verdadera violencia ha estado en la represión desmedida que ha dejado al Estado Chileno muy mal parado frente a los organismos internacionales. Sin embargo, Piñera no renuncia a la violencia y paralelamente se prepara para un nuevo engaño.

Cuarto engaño

De momento, mientras se desarrollan los acontecimientos, este cuarto engaño se mantiene sólo a nivel de intento. A casi un mes de la rebelión social, el Presidente anunció un Acuerdo por la Paz, la Justicia y por una nueva Constitución Política, con la intención de calmar la situación y someter al pueblo en lucha a la vía político-institucional gatopardista. El Parlamento aprobó con los votos de todos los partidos, esos partidos que ya no representan a nadie, un procedimiento para dicho efecto. Así, los que pudieron haberlo hecho antes, incluso aquellos que insisten en considerarse “progresistas” recién ahora se avienen al cambio constitucional. Fiel a su naturaleza tramposa, el “Acuerdo” aprobado, elaborado sin consulta alguna a la ciudadanía, es profundamente anti democrático. Nada nuevo tratándose de partidos agrupados en dos coaliciones, habituadas a la política de los consensos entre ellas. Sólo se manifestaron en contra de la aprobación, los parlamentarios de los muy minoritarios partidos Comunista, Progresista, Humanista y Regionalista Verde. El Frente Amplio que en algún momento representó una esperanza para algunos, mostró su verdadera inclinación política al aliarse con los neoliberales.

Para comenzar, el “Acuerdo” es anti-democrático porque es totalmente objetable que sea el poder instituido el que se ha permitido establecer las reglas del juego que marcarán los límites al poder constituyente, el pueblo soberano. Más aún cuando el poder instituido no tiene legitimidad para conducir proceso democrático alguno al tratarse de instituciones desprestigiadas que no cuentan con la aprobación popular en las encuestas. El Presidente, que respondió a las demandas ciudadanas con toda la fuerza de la violencia estatal, al más puro estilo Pinochetista, está incapacitado moralmente para liderar el proceso.
                                                             
Para seguir, el “Acuerdo” propone un Congreso Constituyente con una cierta representación de la ciudadanía. No se refiere en ningún momento a la figura de una Asamblea Constituyente que es la única forma verdaderamente democrática de cambiar una constitución. Para peores, propone un sistema de elección de los asambleístas basado en el mismo mecanismo que la elección de los actuales diputados con lo que se reproduciría el esquema de representación partidaria, dejando fuera al movimiento ciudadano.

Para mayor abundamiento, el “Acuerdo” es anti democrático porque perpetua el vicio de la Constitución de 1980 al establecer en el quorum necesario para que el Constituyente apruebe sus acuerdos, con lo que se le otorga a la derecha y demás neoliberales el derecho al bloqueo de las demandas de las grandes mayorías populares, con el objeto de mantener sus prebendas. La mayoría de las demandas explicitadas por el movimiento popular serían sofocadas. La validación final de la nueva constitución estaría sujeta al mismo quorum, con lo que lo más probable es que no se lograra cambio constitucional alguno, para gran tranquilidad de las elites y del “gran hermano del Norte”.

El poder mediático concentrado en manos empresariales, ha emprendido una campaña del terror en contra de los manifestantes adjudicándoles y magnificando el tema del vandalismo. Un pequeño sector de la ciudadanía muy bien servido por el sistema, comienza a organizarse y a armarse para defender sus propiedades, aunque estas nunca hubieran estado en peligro. Este mismo grupo también presta oídos al falso rumor originado por el propio Presidente respecto a intervenciones de gobiernos extranjeros en los disturbios. Los grandes medios de comunicación informan en detalle de las posibles consecuencias macroeconómicas, de la baja en el valor del peso chileno y de los desplomes en la bolsa, asuntos que entre las elites alimenta esta campaña pero que poco han preocupado a los desposeídos. Las palabras “recesión” y “desempleo” se emplean como arma arrojadiza.

Nada de esto contribuye a bajar el tono del conflicto.  Piñera ha anunciado que volverán los militares a las calles, aun sin el contexto de un Estado de Excepción, y esta vez respaldados por un decreto ley que les otorga inmunidad. El Gobierno apaga el incendio con gasolina. Tanto es así que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada contra el Presidente y quienes resulten responsables por permitir la violación a los derechos humanos durante las últimas semanas tras el estallido social del pasado 18 de octubre. El auge y el fortalecimiento del movimiento ciudadano avanzan de forma paralela a la decadencia del gobierno, a su falta de capacidad de respuesta a su desprestigio y a la desconfianza ciudadana.

La realidad es que el verdadero colapso no está en la economía sino en la hegemonía neoliberal. El Chile insumiso ofrece una contracultura que emerge y se refuerza desde las comunidades (Walder, 2019).  https://radio.uchile.cl/2019/11/06/elogio-a-la-insumision/)

La energía social transformadora que hoy está en las calles sabrá reconocer la trampa y exigir dignidad. ¡Esta vez, el engaño no pasará!



https://www.alainet.org/es/articulo/203575

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