Escribe: Milcíades Ruiz
La pandemia sin fin, nos ha cortado la programación de planes y nos ha
desvinculado mucho más entre nosotros y con el pueblo, al cual nos debemos.
Todos estamos muy preocupados día y noche, por los peligros de la salud y por
la grave situación económica que nos ha tocado vivir. En todas partes, no se
habla de otra cosa, sobrecargando nuestra mente y animosidad. Esta nota
pretende sacarlos de esa tensión, aunque sea por un momento, abordando un tema
pendiente.
Desde antes
de la pandemia, la izquierda ha venido planteando la necesidad de cambiar la
constitución vigente, sin especificar detalles ni presentar un proyecto
sustitutorio. En nuestras filas, hay unanimidad en cuanto a que la constitución
vigente es espuria y producto de una sucia maniobra gubernamental de la década
de 1990, para gobernar sin estorbos democráticos. Sin embargo, creo que hace
falta crear condiciones apropiadas para lograr el cambio en mención.
Siempre es
bueno meditar una consigna para no lanzarnos a una piscina sin agua. Toda
gestión se juzga por sus resultados. La anterior representación parlamentaria
de la izquierda, apoyó a Vizcarra en su afán de enfrentamiento con el
Parlamento, a tal punto de auto eliminarse políticamente con la disolución de
este. La coyuntura nubló los principios y el remedio resultó peor que la
enfermedad. El resultado de esta gestión es un engendro indeseable y nuestro
saldo político es negativo.
Se ha
lanzado la consigna de una nueva constitución como piedra angular, de la que
depende la solución a nuestras desdichas. Sin duda será punto obligado en la
próxima campaña electoral. Si bien, esta consigna es obvia en los círculos
esclarecidos, pudiera ser que no haya resonancia en la conciencia ciudadana a
tal punto que la haga suya. Esta debilidad será aprovechada por los adversarios
con su mayor capacidad de audición.
Históricamente,
el cambio de constitución siempre ha sido propiciado por quienes detentan el
poder, a fin de establecer las reglas que faciliten el gobierno de su
conveniencia. Salvo condiciones de abrumadora violencia popular, que lo imponga
contra la voluntad de los gobernantes. Aun así, se abre una pugna de intereses
al momento de las definiciones en el texto de la nueva constitución. La fuerza
política predominante es finalmente la que le da forma final.
Podemos
revisar la historia, incluyendo la de países socialistas, para comprobar esta
lógica. Esto ya nos dice de la opción que tenemos al propugnar este desafío, en
las condiciones en que nos encontramos dentro de la correlación de fuerzas. De
convocarse a una asamblea constituyente, con el actual régimen eleccionario
fraudulento, no tendríamos la supremacía suficiente para lograr una Carta
Magna, acorde con nuestros deseos ideológicos.
Ya hemos
pasado por esta experiencia en la asamblea constituyente de 1978, obteniendo 32
de los cien constituyentes, en varias bancadas separadas. En el lado opuesto
estaban 37 del PAP, 25 del PPC y 6 de partidos menores. Lógicamente no pudimos
hacer prevalecer nuestras concepciones doctrinarias y peor aún, con profundas discrepancias
internas y enfrentamientos públicos por línea política.
Toda
constitución es una envoltura doctrinaria traducida jurídicamente para
establecer los principios fundamentales que rigen una sociedad en particular.
Define su marco ideológico, organización y funcionamiento. Sus principios
doctrinarios prevalecen sobre cualquier aplicación jurídica a las actividades
de la población en los diversos aspectos. Estas disposiciones secundarias, solo
tiene validez, si concuerdan con la naturaleza doctrinaria de la constitución.
Los
principios doctrinarios priman a la hora de definir los derechos ciudadanos, el
régimen político, económico, administrativo, relaciones con otros países y
demás aspectos de la vivencia de una sociedad. Es lo que constituye el “Estado
de Derecho”. La república fue fundada por una asamblea constituyente en la que
gran parte de los diputados eran sacerdotes colonialistas, incluyendo su
presidente. De allí el texto:
“ARTICULO 8º.- La religión de la República es la Católica, Apostólica,
Romana con exclusión del ejercicio de cualquier otra. ARTICULO 9º.- Es un deber
de la Nación protegerla constantemente, por todos los medios conformes al
espíritu del Evangelio, y de cualquier habitante del Estado respetarla
inviolablemente”. ARTICULO 31º.- La elección de Diputados se hará por medio de
Colegios Electorales de parroquia,... ARTICULO 52º.- Todo Diputado antes de
instalarse el Congreso para ejercer su cargo prestará juramento en la forma
siguiente: - Juráis a Dios defender la Religión Católica, Apostólica, Romana,
sin admitir el ejercicio de otra alguna en la República? - Sí, Juro”. Etc. etc.
Este era el
liberalismo criollo, influenciado por el liberalismo español, que no permitía
la libertad religiosa, ni la libertad de esclavos, ni la de los vasallos
nativos cautivos. El presidente de esa constituyente Javier de Luna Pizarro fue
más tarde Arzobispo de Lima y el secretario Francisco J, Mariátegui, vocal de
la Corte Suprema, mientras los demás constituyentes pasaron a ocupar los más
altos cargos de la república.
Es así como,
la doctrina determina la naturaleza de una constitución, sentando las bases de
la conducta social, la economía nacional y toda la estructura del ordenamiento
social, queda sujeta a esa concepción. Así, una doctrina pluri étnica nos
conduciría a cambiar el modelo estatal republicano y dar cabida a las múltiples
nacionalidades originarias y no originarias, una doctrina que propugne una
democracia económica nos obligaría a una distribución equilibrada de la
rentabilidad social.
Si la base
doctrinaria de la nueva constitución fuese el bien común, entonces, todos los
aspectos de la vida nacional tendrán que respetar este principio, no siendo
admisible el individualismo que no redunde en beneficio colectivo, sin dejar de
reconocer y gratificar el liderazgo individual en toda rama del conocimiento y
la práctica. Este era el principio rector de las sociedades andinas
prehispánicas, porque eran autárquicas. Pero esta no es la situación actual*.
Bajo el
influjo doctrinario del neoliberalismo es que se maquinó la constitución
vigente. La Carta Magna es pues, una envoltura jurídica nacional acondicionada
doctrinariamente, pero sobre ella, hay una envoltura doctrinaria de dominación
global. Este es el contexto en el que ubicamos nuestra lucha por la liberación
nacional y una nueva constitución tiene que ser realista para permitir un
desarrollo nacional soberano a pesar de las condiciones adversas.
Entonces,
cuando lanzamos la consigna de nueva constitución, tenemos que tener muy claro
el terreno que pisamos y trazar la estrategia apropiada. Si no estamos en
condiciones de cambiar la constitución sobre la base de nuestra doctrina, la
única posibilidad que tenemos para lograr cambios constitucionales puntuales,
es con la presión popular de magnitud apropiada. Pero para eso, se necesita un
gran trabajo de campo, con organización y divulgación ideológica.
Si
puntualizamos la consigna “nueva constitución con un régimen de economía social
de mercado equitativo”, estaríamos siendo más expresivos. Y si propugnamos el
“pluralismo empresarial equilibrado” estaríamos sentando jurisprudencia para
enrumbar el desarrollo nacional dando apoyo compensado a las modalidades de
mayor cobertura social. (cooperativas, empresas asociativas populares,
comunitarias).
Esta forma
de puntualizar cambios para una nueva constitución, podría tocar aspectos más
sensibles de necesidad popular, ganando simpatías para una presión efectiva.
Una consigna que generaliza, sin especificar, podría ser indicativo de pobreza
doctrinaria. Es importante distinguir, en todo momento, entre lo deseable y lo
factible para no pisar en falso. Tenemos que hacer el esfuerzo de formular
nuestra alternativa en términos coherentes.
Las batallas
se ganan con inteligencia, compensando nuestras debilidades con habilidades y
eludiendo las trampas del adversario, hasta adquirir la consolidación
sostenible que nos proteja de nuestros depredadores. Muchos seres minúsculos de
la naturaleza, sobreviven mimetizándose. No se trata de desafiar al enemigo,
asumiendo poses de soberbia revolucionaria, con provocaciones que nos exponen
al peligro. Es el pueblo el que sufre las consecuencias de nuestra intolerancia
infundada.
Por eso es
importante que nuestras convicciones tengan solidez doctrinaria para no caer en
desviaciones y en esto, tenemos que trabajar mucho para mejorar nuestro
desempeño político. Si la consigna es por una nueva constitución, tenemos que
sustentarla planteando nuestra alternativa. No solamente entre los ilustrados
sino fundamentalmente entre la gente del llano, de cuyo apoyo dependerá su
factibilidad. Salvo mejor parecer.
Julio 2020
*El
desarrollo del Tahuantinsuyo no dependía de otros estados y todo lo que el Inca
ganaba con sus conquistas no era para su beneficio personal, sino comunitario.
Muchos pueblos se incorporaban sin oponer resistencia porque el incanato
mejoraba su sistema de vida, manteniendo los curacas, el autogobierno de su
jurisdicción.
Otra información en https://republicaequitativa.wordpress.com/
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