17/08/2020
Es casi un lugar común decir que, en el marco de la
lucha contra la Pandemia que nos afecta tan duramente, se han agravado las
tensiones sociales. En otras palabras, la confrontación de clase ha adquirido
un nivel más alto en la medida que han ido saliendo a escena, uno a uno, los
actores del drama peruano.
Esto no debiera sorprender a nadie por cuanto la
crisis sanitaria ha desnudado la esencia de la sociedad peruana y ha puesto en
evidencia no sólo sus limitaciones, sino también sus deformaciones raigales.
Todos hemos podido apreciar las iniquidades de un
sistema que privilegia la economía, antes que la salud; y el dinero, antes que
la vida. Que cada quien tome partido por una opción u otra, finalmente podría
resultar legítimo, toda vez que cada quien defiende los suyo, y lo hace sin
medias tintas.
Pero esa es una cosa; y otra es que, para que unos
impongan su voluntad a otros, quienes tienen en sus manos las riendas del
Poder, agarren a palos a sus adversarios a fin de reprimirlos y doblegarlos.
Y ahí sí, si se usan esos procedimientos, puede
llegarse a extremos agresivos que hay que enfrentar sin tapujos. Es por eso que
hoy usamos el titular que encabeza esta nota. Se trata de una severa
advertencia que no debe caer en saco roto y más bien ser tomada en cuenta por
quienes, desde las altas esferas del Estado, se proclaman depositarias de la
“confianza ciudadana”, aunque esa camisa les quede notoriamente grande.
Recientemente se ha evidenciado un grave conflicto
entre los trabajadores municipales encargados de la limpieza pública y el
municipio capitalino. Los primeros luchan por mantener su puesto de trabajo, y
el segundo busca -según parece- ahorrarle algunos soles a las arcas ediles,
tercerizando ciertos servicios de limpieza y salubridad.
Pareciera que las autoridades capitalinas creen que
su deber es asegurar que el municipio gaste menos, aunque eso implique un
trabajo más precario para seres humanos que cumplen la más humilde de las
tareas: librar de los deshechos a esta Lima que aún tiene ciertas ínfulas
virreinales.
La tercerización de los servicios es una suerte de
leguleyada pseudo jurídica de la que se valen algunas empresas cuando quieren
gastar menos, y ganar más. Pero no tiene ninguna justificación en una
administración que carece de fines de lucro, y que más bien brinda servicios a
la comunidad.
El Alcalde y los regidores deben asegurar que esos
servicios, sean eficientes; y no pretender que le cuesten menos al municipio,
porque la entidad edil no es una empresa. Por lo demás, las rentas
municipales provienen del aporte ciudadano y no les cuesta un centavo a quienes
desempeñan ocasionales funciones de mando.
Nada justifica la “tercerización” de los servicios,
sobre todo si se considera que estos precarizan el empleo y le restan derechos
y beneficios a los trabajadores. Pero si esta acción va unida a una represión
salvaje contra quienes se enfrentan a ella, entonces ya estamos ante un extremo
simplemente intolerable.
Y lo hemos visto el mismo día de la Fiesta Nacional
ante la sede del Congreso de la República, cuando las trabajadoras del
municipio de Lima fueron brutalmente golpeadas por el simple hecho de hacer oír
su voz.
La oscura y deplorable agresión contra Isabel
Cortez -la valerosa dirigente de las trabajadoras de Limpieza- puede atribuirse
a una provocación orientada a exacerbar los ánimos y agriar la confrontación
planteada; pero la represión salvaje contra las obreras del servicio público,
no tiene la menor justificación.
Por lo demás, se ha ejercido contra quienes hasta
el día anterior eran consideradas, con legitimidad total, como heroínas de la
resistencia a la Pandemia por cuanto habían salido a trabajar arriesgando su
vida en el cenit de la Cuarentena que puso a buen recaudo a la mayoría de los
peruanos, incluidos los funcionarios ediles.
Pero otros héroes también han sido brutalmente
agredidos: los médicos, enfermeras y el personal de salud de las distintas
unidades hospitalarias. Chorros de agua helada y gases lacrimógenos en
abundancia, fueron lanzados contra los servidores del área de salud el mismo
día de la presentación del Gabinete Martos ¿A santo de qué ocurrió eso? ¿Con
qué derecho los atacaron así?
Esos profesionales de la salud, están salvando
vidas aún a costa de las suyas ¿Por qué los golpean entonces? ¿Porque piden
Equipos de Protección Personal, o pago por sus servicios?.
Invirtamos los papeles: démosle palos y armas a los
trabajadores de la salud y alentemos a los policías, sin armas, a manifestarse
pidiendo garantías para su trabajo y protección para sus vidas ¿Podrían los
médicos golpear a los uniformados? ¿Alguien lo justificaría?
El que el Presidente Vizcarra haya concurrido al
acto convocado por los médicos en homenaje a sus compañeros caídos, y celebrado
recientemente en Miraflores, dice algo de su sensibilidad. Pero diría mucho
más, el que ordenara a través del titular del Interior, que la policía no
aporreara a los profesionales de la salud que formulan demandas enteramente
legítimas.
Si algo hay que condenar en un gobierno como éste
-a más de su obcecado servilismo ante el Imperio y su servil prosternación ante
el Neo Liberalismo- es la tendencia a reprimir salvajemente a quienes expresan
demandas legítimas.
Recientemente lo hicieron en Espinar, en un hecho
condenable que costó la vida tres pobladores de la región; pero también
en la Amazonía, con un saldo similar. ¿Qué se busca? ¿Sentar las bases de un
Estado Policiaco? Eso es algo que podría esperarse de la Mafia Fuji-aprista,
pero no de un gobierno que dice diferenciarse de ella.
Pero las cosas van más allá. Recientemente fue
secuestrado y detenido en el norte del país Luis Cerna, dirigente de los
trabajadores mineros de MARSA, quien denunció y se enfrentó a ciertas maniobras
patronales. Aun hoy permanece en manos de sus captores. ¿Tiene el gobierno la
voluntad de callar voces como esas?
Es bueno poner cada cosa en su lugar. El gobierno
debe encarar y resolver los problemas de la gente. No agarrarla a palos cada
vez que protesta por algo que anda mal.
https://www.alainet.org/es/articulo/208468
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