Bloqueo de carretera de los partidarios de Evo Morales para reclamar por el llamado a elecciones judiciales, en febrero de 2024.
En
Bolivia, las circunstancias internacionales y las disputas políticas locales
desgastan a paso acelerado el proceso de cambio iniciado en 2008 con la
elección de Evo Morales. El panorama impone la discusión urgente de nuevas
estrategias, pero la dirigencia parece estar absorbida por las rencillas
internas.
a crisis política desatada en
2019 ha venido surcando conflictos de diversa índole en estos cuatro años.
Desde el 2023, una de sus consecuencias principales es la división del
Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).
El debilitamiento político de este partido está relacionado con el desgaste de
su líder histórico, Evo Morales. Ambos factores están íntimamente vinculados a
la capacidad de gestión del mismo Estado, como si la relación entre MAS y
Estado fuera orgánica, lo que evidencia la carencia de autonomía relativa tanto
del partido como del Estado, un elemento clave para la estabilidad de cualquier
régimen democrático.
Los senderos de la actual
conflictividad política
La conflictividad política
boliviana ha transcurrido en los últimos meses por dos caminos que confluyeron
rápidamente. En primer lugar, la batalla al interior del MAS por el control del
«Instrumento», que opuso al bando del presidente del Estado, Luis Arce, y al
del dirigente principal del MAS, Evo Morales, en la disputa por definir quién
tendrá el control de la sigla del MAS-IPSP para las elecciones generales de
2025.
Cuando la fracción de Luis Arce
ya no pudo disimular sus intenciones de desplazar de la jefatura a Evo, el
dirigente histórico del MAS intentó tomar el sartén por el mango organizando un
congreso partidario en su bastión territorial, el trópico de Cochabamba, donde
se asientan los sindicatos de campesinos productores de coca. Como era
previsible, el congreso, realizado en octubre de 2023, terminó ratificando el
liderazgo y candidatura de Evo Morales, dejando virtualmente fuera del partido
a todos los opositores internos que actualmente ocupan el poder ejecutivo. Poco
tiempo después, los funcionarios de Luis Arce presionaron al Tribunal Electoral
para anular el mencionado Congreso.
El segundo camino por el que
discurrió la conflictividad política en Bolivia en el último tiempo es el de
los avatares de la camarilla judicial. Los actos de los altos magistrados del
poder judicial y del tribunal constitucional han estado cobrando fisonomía
corporativa a la sombra de la crisis y división del MAS. Según la Constitución,
estos cargos se renuevan cada seis años por medio de elecciones con voto
universal. Durante todo el 2023, los miembros del tribunal constitucional
obstaculizaron sin disimulo a la asamblea legislativa para impedir la
aprobación de convocatoria a elecciones, recurriendo al chicaneo jurídico para
hacer «inevitable» su interinato a partir del 1 de enero de 2024.
Así, el gobierno de Arce y la
camarilla judicial intercambian favores. Los estrategas del gobierno
encontraron en la ambición corporativa de la rosca judicial el atajo para
alcanzar la meta de Luis Arce de presentarse como candidato del MAS en las
elecciones generales de 2025. Las muestras de complicidad fueron diversas;
desde un juez de garantías constitucionales «suspendiendo» la competencia de la
Asamblea Legislativa (donde el oficialismo de Arce tiene minoría) para
interpelar a ocho ministros del Ejecutivo, hasta una sentencia constitucional
emanada el 29 de diciembre —dos días antes que fenezca la gestión legal de los
magistrados— apuntando argumentos para inhabilitar como candidato presidencial
a Evo Morales.
Amenazado de quedar fuera de
juego, el evismo activó a mediados de enero de 2024 la movilización social,
instalando decenas de puntos de bloqueo en las carreteras de Cochabamba, Potosí
y Chuquisaca, respaldados por importantes sectores de base del campesinado. Sus
peticiones fueron dos: exigir la convocatoria inmediata a elecciones judiciales
y la sanción de una ley de cese de cargos a los magistrados prorrogados.
Después de 16 días de bloqueo, las bases de apoyo del evismo obligaron al
gobierno a recular en su intención de alargar indefinidamente el interinato judicial,
aprobándose una Ley referente al primer punto. También arrancaron el compromiso
de sancionar una ley de cese de funciones para la rosca judicial, aunque
existen numerosas razones para pensar que finalmente el gobierno se resistirá a
doblegarse en este último aspecto.
Con el caudillo debilitado, el
MAS se divide
Las elecciones presidenciales de
2019 fueron las últimas en las que Evo Morales apareció como el candidato
indiscutible del MAS y, si bien obtuvo su cuarta victoria consecutiva, el
rendimiento de su candidatura fue el más bajo. Cabe recordar que tres años
antes había perdido un referéndum para habilitarse como candidato, cuyos
resultados desconoció en base maniobras jurídicas, entregando a la derecha
mediática y política una máscara con la cual aparecer como «democrática». La
oposición burguesa se calzó con gusto el ropaje y desató una campaña ideológica
dentro de los patrones semióticos del lenguaje ultraderechista: fake news,
difusión de contenidos que bestializan al enemigo, troleo sistemático,
etc.
La operación dañó la fuerza
simbólica de Evo Morales, consolidó a las clases medias acomodadas como núcleo
reaccionario y logró expandirse hacia sectores populares, aunque, a despecho de
su histrionismo y ombliguismo, no alcanzó mayoría social ni electoral. Esa
fue la razón principal que explicó la derrota de la derecha en las elecciones
del 2019. Solo pudo capturar el gobierno a través de un golpe de Estado,
aventura que sostuvo durante un año, perdiendo otra vez la repetición electoral
de 2020 que hizo presidente del Estado a Luis Arce, el candidato elegido por
Evo.
Lo importante de todo esto es que
el MAS salió lesionado de la ofensiva ideológica opositora que basó su discurso
en la crítica de gestos antidemocráticos como la repostulación forzada. Durante
las jornadas destituyentes de noviembre de 2019, forma y contenido se
manifestaron claramente dentro de las fantasías reprimidas de las clases
acomodadas de regresar a una «república» donde los roles sociales se reparten
en proporción del esfuerzo por «desindianizarse» cultural y subjetivamente. En
último término, la campaña derechista apuntó al evismo —y, con él, al mismo
Estado Plurinacional— como causante del detestable afán de democratizar el
ascenso social de las clases y grupos étnicos antes condenados a mantenerse en
los sótanos de la pirámide.
Paralelamente, ninguna crítica
por izquierda a las limitaciones y defectos del MAS ha logrado instalarse como
corriente social de consideración, y no por falta de condiciones. El modelo del
«proceso de cambio» —en el que la acumulación de capital sigue basada en la
precariedad laboral y las reformas democráticas tienen alto contenido
alegórico— presenta suficientes motivos para constituir un relato contestario.
Pero ese discurso no surgirá automáticamente de las «condiciones objetivas»,
sino de la acción intencionada de la militancia política de izquierda. Y si
esta no existe como hecho de masas (ni por dentro ni por fuera del MAS), pueden
deducirse las causas principales de su ausencia.
Minada la imagen del caudillo
gracias a la agitación reaccionaria, desde los despachos del gobierno de Arce
emergió una asociación de intereses dispuesta a desplazar de la dirección del
partido, del Estado y del «proceso de cambio» a Evo Morales.
¿Qué piedras trae la corriente
«renovadora» del MAS?
Hasta ahora, la fracción
gubernamental del MAS —dueña del Poder Ejecutivo pero minoritaria en la
asamblea legislativa— no ha hecho conocer sus razones de fondo para deshacerse
del caudillo histórico. Apelan a la «renovación», a una «dirección conjunta del
MAS a través de las organizaciones populares», frases que solo denotan su
deliberada vaguedad y la ausencia de una convicción política progresista.
Desde hace más o menos un año,
Luis Arce y sus asesores han comenzado a eyectar repulsa creciente por el
caudillismo de Evo, aunque este rechazo verbal no se sustente en acciones
democráticas. No es un dato menor que no hayan organizado ni siquiera un
ampliado de su fracción para demostrar que controlan algo más que un colectivo
de funcionarios estatales. Y su condición de fracción constituida socialmente
por la burocracia de Estado es un elemento clave para comprender su contenido
político.
La expansión económica vivida en
Bolivia durante una década (2008-2018), acicateada desde el núcleo estatal,
explica por qué el MAS, con quince años de gobierno a cuestas, es la
organización política más importante del país. Los procesos de reproducción
ampliada de capital promovieron a su vez el fortalecimiento institucional del
Estado. Por primera vez en la historia de Bolivia, 9 de cada 10 niños asisten a
la escuela y las instituciones se han ramificado territorialmente y muestran
mayor capacidad de asimilar demandas sociales. Con la instauración de un nuevo
régimen político en 2009, el país ha visto incrementada su corporalidad
estatal.
Ahora bien, este Estado
amplificado fue precisando de una burocracia acorde. Marx definió alguna vez a
la burocracia estatal como «un tejido de ilusiones prácticas». Lo «ilusorio»
refiere a la creencia de la burocracia de representar, en su interés
particular, al conjunto de la sociedad. Pero junto a lo ilusorio coexiste un
contenido material, «práctico», porque sus fines de autorreproducirse la
conducen a adquirir un saber técnico que, para los objetivos del Estado,
resulta útil.
Los funcionarios del MAS en el
gobierno buscan ocupar un hipotético «centro político» que los diferencie del
«radicalismo» evista y también de la derecha, circunstancia que se explica por
el doble impacto del fortalecimiento relativo del Estado (que demanda el saber
técnico de la burocracia) y una cada vez más precaria estabilidad económica.
René Zavaleta apuntó como un
rasgo de las sociedades abigarradas el no haber completado de forma
total la separación entre las relaciones de explotación y las relaciones de
soberanía. Y si bien, a lo largo de su historia, países como Bolivia tuvieron
momentos fundacionales —como lo fue aquí la revolución de 1952, donde el pueblo
en armas impulsó procesos de democratización social (nacionalización de minas,
voto universal, reforma agraria, etc.)— su profundidad y extensión limitadas
determinan el carácter inconcluso de la construcción del Estado boliviano
moderno.
Más contemporáneamente, se puede
pensar a los levantamientos populares que derribaron el régimen neoliberal,
llevaron al gobierno al MAS e impulsaron el proceso constituyente que parió un
nuevo régimen político en 2009 como un nuevo «momento estructural ocasional»
que, a la fecha, está mostrando dificultades para establecer su propia
continuidad histórica. La aprobación, hace quince años, de una nueva
Constitución no ha engendrado un verdadero sistema de partidos, y ello
evidencia la incapacidad de la democracia representativa boliviana. De hecho,
el golpe del 2019 pareciera ser muestra de que únicamente un MAS fuerte, con
victorias electorales contundentes, es la única garantía de continuidad del
régimen.
En lo referente a las relaciones
materiales, es muy difícil hablar de construcción hegemónica perdurable con
casi el 70% de la población económicamente activa en la informalidad laboral,
por mencionar un solo dato. En el plano ideológico, por otra parte, el
contenido inclusivo del Estado plurinacional no ha adquirido pleno consenso
social y precisa ser defendido incluso a través de barricadas por el movimiento
popular. En otras palabras, en tanto la relación salarial no se ha
generalizado, el prejuicio de la «igualdad» en el intercambio entre fuerza de
trabajo y capital no está insertado en el tejido social, mostrándose en las
relaciones sociales la vigencia del prejuicio premoderno de los privilegios de
casta. Las clases dominantes con más peso económico, como la oligarquía
cruceña, viven aferradas a la creencia de la «indiada nacida para servir y no
para gobernar».
Lo que la política no da, las
maniobras no prestan
Después de década y media,
Bolivia está volviendo a ser el país del desabastecimiento, del dólar en
constante ascenso y de los conflictos «por todo y nada». Sin embargo, para toda
la dirigencia del MAS la cuestión esencial parece reducirse a definir qué personal
ocupa los despachos gubernamentales.
Con la división del MAS, la
política en su sentido amplio, en su dimensión estratégica, está dando lugar a
la primacía de las maniobras para anular el contendiente. Se está instalando el
tiempo de las pequeñas cosas que transcurre en un terreno donde los objetivos
se han miniaturizado hasta representar el mero acto de administrar lo que
existe.
El cuadro asume un cariz patético
si se toman en cuenta los signos del agotamiento de las reformas realizadas
desde 2009. Una economía basada fundamentalmente en redistribuir un excedente
que cada vez está más disminuido no es otra cosa más que una bomba de tiempo.
El momento torna urgente la discusión y el impulso de un nuevo ciclo de
reformas para evitar el descalabro material del movimiento popular, pero en
Bolivia el reformismo tiene las manos vacías.
Fuente: https://jacobinlat.com/2024/03/03/los-frutos-amargos-del-proceso-de-cambio-en-bolivia/
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