Estimados amigos:
Nuevamente por la ambición de las empresas y por un
Estado sin calificación de profesionales y de gente decidida ha poner las cosas
tal como son, traen como consecuencia los conflictos, en especial del orden
minero.
En el valle del Tambo se han realizado y se
realizan enfrentamientos entre la policía y las manchas desordenadas de
agricultores que gozan de la bondad del valle en referencia.
Indudablemente cuando hay enfrentamientos surgen
los grupos extremistas de distinta procedencia, se dice que para movilizar a
estos “anti mineros” están financiados no sólo por las empresas de la
competencia, sino por las ONGs, lo que ha resultado en este caso que un
conductor/caudillo (no líder) se ha prestado a coimear con la misma empresa
Southerm que quiere imponer condiciones para explotar la mina que se le ha
concedido. Si estos conductores de los enfrentamientos son líderes no
harían violencia y se entregaban por un plato de lentejas.
El personaje captado no es cualquier hijo de
vecino, pertenece o perteneció al movimiento o partido Tierra y Libertad que
dirige el sacerdote de permiso Marco Arana, que dicho sea de paso, ha expulsado
a su correligionario; y, de paso hemos apreciado en un programa televisivo cual
es currículum que hace gala Marco Arana, en cuanto a los años que ha dedicado a
estudiar principalmente en el extranjero cuando era sacerdote y cuando trata de
no serlo, en universidades que le han dado títulos de especialista en medio
ambiente, en ecología y en conflictos sociales. Arana no es un improvisado
Me cuesta creer que este sacerdote suspendido tenga
dotes de agitador y de matón para que en las luchas por las minas convenza a
sus seguidores a agitar y a matar. Esto demuestra que nuestras autoridades no
le han iniciado juicios como para llevarlo a la cárcel o hacerlo responsable de
los daños que causan nuestros compatriotas que protestan, sabiéndolo o no, que
lo que están haciendo es a favor de su diario vivir.
Por otro lado tenemos, la parte que se vale el
Estado para la represión, como una de sus funciones para poner orden a los
desmanes de los protestantes, ellos como sabemos resultan que han disminuido en
número de efectivos, por lo menos desde hace una década. Asimismo, todos
sabemos que no están bien equipados, tal es el caso que cuando se enfrentan a
las turbas son arrinconados y maltratados sin piedad.
Sin embargo, he esperado algunos días para que la
noticia de la muerte del un brigadier, policía de 32 años de servicio que
últimamente laboraba en las secciones de tránsito del Cuzco, fue reclutado para
aumentar el número de efectivos, le dieron su escudo, su casco y su vara, pero
según los policías retirados y su propio padre y hermano, también ex policías,
dijeron que no le habían entregado las bombas lacrimógenas para defenderse
cunado las dioió, se habían terminado. Y como hemos dicho, ningún diario ha
continuado averiguando e investigando como los hermanos policías están
equipados y preparados para detener las protestas, pero esta vez en el marco de
la democracia y el respeto a los derechos humanos. Así, nuestro brigadier fue
muerto, no solitariamente, sino acompañado de sus compañeros que al parecer si
tenían las bombas lacrimógenas.
Yo, como hijo de Oficial Superior de la Guardia
Civil, ahora Policía, formo parte y nadie me puede negar que soy un miembro de
la familia policial, y eso me lleva a protestar por la muerte del hermano
brigadier. Mi protesta también se alarga a lo que ocurre con los enfrentamientos
de peruanos agricultores y policías mal pagados y mal equipados.
Mi protesta no es lírica ni oportunista, porque he
tenido un padre que no ha estado de adorno como muchos jefes actuales de la
PNP. Quien pregunta que ha hecho o que hizo mi padre en casi 40 años al
servicio de la civilidad, inmediatamente sabrá que con las justas, a pesar de
su alto grado vivía en un departamento que compró en un edificio de “clase
Media”.
Estos conflictos tienen culpables, como hemos dicho
anteriormente, y comenzaremos por el Estado y quiénes son sus autoridades. Gran
parte de las reuniones con las mujeres y hombres del valle del Tambo las hacía
ir a la ciudad de Arequipa, pregunto ¿los ministros cuántas veces más se
hospedaron en Arequipa en relación a la provincia de Islay?
Los mediadores de última hora en representación del
Estado no han sido capaces de exponer las fallas del primer informe sobre el
orden ecológico, con 138 situaciones por resolver. Tampoco han sido capaces de
señalar claramente como corresponde en una democracia en que nada se puede
esconder, todo es visible, porque dudo que las correcciones a las 138 faltas
del estudio del MEM han sido todas motivo de correcciones; y dónde estuvo y
está el Ministerio del Ambiente, para qué lo hemos creado, si seguimos la misma
política de siempre, en que lamentablemente los funcionarios del MEN son
amiguitos de los funcionarios de las empresas mineras concesionarias.
Nada ha cambiado, más bien seguimos igual o peor
para resolver los conflictos, y tenemos que decir que estos dos últimos
gobiernos de García Pérez y OHT se ha hecho los desentendidos y no han ejercido
su deber como jefes de Estado ante lo que se dice: al estar en juego miles de
millones de dólares por invertir. Un presidente de un país pobre, pero gracias
al buen humor de algunos o de muchos economistas somos emergentes, y que en
estos días pasaremos a formar parte del primer mundo.
Finalmente, sigo protestando porque soy peruano y
formo parte de la familia policial, que dicho sea de paso sigue siendo la PNP
desde hace 50 años la cenicienta de las instituciones armadas, además de tener
ministros por lo menos hasta este último que no aparece como caído del palto,
incluido el vociferante y alegre General E.P. en retiro Urresti.
Nota: para mayor conocimiento del caso se anexa el
artículo “La sangre y la tinta” de Sinesio López Jiménez.
Atentamente,
Fernando Arce
La sangre y la tinta
Sinesio López Jiménez
Diario “La República”, 14 de Mayo de 2015
Tía María no solo tiene quien la defienda (el
Estado) sino también quien le escriba (la prensa conservadora). La sangre y la
tinta se mezclan para defender, imponer y legitimar los intereses de una
empresa en contra de los intereses legítimos de un amplio sector de la
población de Arequipa. Lo peor del caso es que algunos escribas de ultraderecha
quieren más sangre siempre y cuando no sea la suya sino la de los otros. No es
la primera vez. Ya tuvimos el caso reciente de Conga en Cajamarca, el no tan
reciente de Cerro de Pasco y otros más. En realidad, es la historia de siempre.
En gran medida, la historia peruana (lo digo sin demagogia y más bien con pena)
está hecha de sangre y de tinta. Es el lado malo de la historia porque el Perú
tiene también otra historia edificante.
En todos los casos, el conjunto del Estado se pone
en movimiento para apoyar a la gran empresa y reprimir a la población. Asume su
representación y apalea y dispara contra la población. Apela a todas sus
competencias (que quizás son muchas) y a sus capacidades (que son pocas)
para ponerlas al servicio de intereses particulares en desmedro de los
intereses de la gente. Los funcionarios (algunos eficientes y honestos), los
ministerios (algunos organizados especialmente para defender a la población),
las leyes (los fiscales y los jueces), la policía y el ejército, la mayoría de
los aparatos del Estado acuden presurosos a defender a Tía María e imponer el
orden en Cocachacra, Islay y Arequipa.
El Estado, el gobierno, la empresa y la derecha
buscan un chivo expiatorio y lo han encontrado supuestamente en “los
terroristas antimineros” y en las izquierdas que acompañan las protestas de la
gente que defiende la agricultura, el medio ambiente y su vida misma. Las
culpables son las izquierdas que manipulan a la población supuestamente
ignorante. Son antimineros que no quieren el progreso del país, pero se oculta
el hecho de que esas mismas izquierdas acompañan el diálogo y las
negociaciones de la población con las empresas mineras que funcionan en otras
zonas del país. Las izquierdas no inventan las protestas sociales que son de
diverso tipo, unas son de oposición a la minería y otras de negociación.
Solo las acompañan y buscan representar a los sectores contestatarios, como
todas las izquierdas de todo el mundo.
¿Por qué el Estado peruano se pone (en general) al
servicio de los intereses particulares de la gran empresa minera? Hay varias
razones, pero destaco dos. La primera, la explotación de los recursos naturales
brindan al Estado abundantes ingresos fiscales fáciles. Este facilismo, como
han mostrado muchos investigadores sobre el Estado, bloquea a la larga la
posibilidad de construir un Estado con capacidades de diverso tipo. Segundo, el
Estado no es autónomo sino que se somete fácilmente a los intereses de las élites
privadas, a las presiones sociales y a los grandes poderes internacionales. Eso
se debe, entre otras cosas, a la inexistencia de una élite de
funcionarios públicos calificados que puedan competir de igual a igual con la
élite privada y a los gobernantes que, pese a haber ganado las elecciones con
los votos de los sectores contestarios, terminan gobernando para los ricos.
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