LA HERENCIA FEUDAL Y EL “PAÍS DE VIOLADORES”

(05 de agosto de 2016)

Por Miguel Aragón

     Vayamos al fondo del problema. 

     La mayoría de  analistas y comentaristas superficiales pretenden  reducir el problema de la violencia contra las mujeres, a una contradicción entre mujeres "buenas" y hombres "malos". 

    Por mi parte, considero que la raíz de estas persistentes agresiones  contra las mujeres, y también contra los niños, se encuentra en el pesado lastre de la HERENCIA FEUDAL que todavía subsiste en el país.

    No obstante los ciento cincuenta años de mediocre desarrollo capitalista, que ha modificado ligeramente   las relaciones económicas al introducir el trabajo asalariado,  la herencia feudal todavía subsiste en el país, tanto en las relaciones culturales y religiosas, como en las relaciones políticas y militares. 

    Desde los inicios de la época republicana, en el agro feudalizado  tanto el patrón, como sus hijos, caporales y capataces, estaban acostumbrados a violar impúnemente a todas las mujeres de la servidumbre, y.... "nadie les decía nada". 

   Esa práctica  era lo más “habitual” y "normal", aceptado y consentido por las capas altas de la  sociedad y por todas las instituciones gubernamentales.

    De manera similar, en los pequeños poblados, e incluso en las ciudades, los jueces, policías, militares, sacerdotes, y otras autoridades pueblerinas, se comportaban igual que los gamonales: las violaciones no eran la excepción, sino que eran lo habitual y consentido por la mayoría.

    En la actualidad, esas costumbres y hábitos del pasado todavía se mantienen en el país, tiñendo gran parte de las relaciones familiares en todas las capas de la sociedad.

    Me parece que  nuestro análisis, y nuestra crítica, deberían comenzar por ahí. En primer lugar, tenemos el deber de  denunciar y combatir el carácter precario tanto de la  actual democracia feudal burguesa, como  de la cultura, la política y la justicia  feudal burguesas todavía imperantes en el país.

    Para que la lucha tenga resultados efectivos, para que no se quede en una simple movilización "feminista", debemos apuntar contra las cúpulas del sistema judicial, de las jerarquías militares y religiosas,  del sistema educativo y de los medios de comunicación, que encubren todo tipo de abusos contra las mujeres.     

   Los personajes y funcionarios públicos  son los más notorios y principales promotores de la agresión física y sicológica contra las mujeres en el país. El presidente Alberto Fujimori, durante su periodo gubernamental, agredió brutalmente a su esposa Susana  Higuchi. Por su parte el  presidente Alejandro Toledo fue denunciado por no reconocer a la niña Zarai,  su hija tenida en relaciones extramatrimoniales; recién aceptó su responsabilidad  cuando fue amenazado de tener que realizarse una prueba ADN de paternidad. El siguiente presidente, Alan García ofendió moralmente a su esposa Pilar Nores, al obligarla a estar presente en un acto público, cuando él presentaba a un hijo concebido en relaciones extramatrimoniales, aparte de tener varias denuncias de  militantes de su organización política, por haber violado a algunas de sus hijas. El laureado novelista Mario Vargas Llosa en los últimos años viene ofendiendo moralmente a su esposa Patricia, al lucirse por todo el mundo con su nueva pareja.

  Gran parte del vulgo equívocamente razona de la siguiente manera:

Si un presidente puede agredir físicamente a su esposa: “Yo, ¿por qué no puedo hacerlo?”         

Si otro presidente no reconoce la paternidad de sus hijos: “Yo, ¿por qué no puedo hacerlo?”

Si un tercer presidente agrede moralmente a su esposa: “Yo, ¿por qué no puedo hacerlo?”  

    El cardenal Cipriani es un conocido encubridor de las agresiones sexuales que se cometen en varias congregaciones religiosas católicas, y fue encubridor de las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres durante la década de 1990. Varios congresistas de diversas tendencias políticas, como el aparentemente “decente”  Díaz Dioses, o el “bullanguero” Becerril, entre otros,  han sido denunciados por sus esposas o convivientes, por no cumplir con sus obligaciones de manuntención  económica de sus hijos. Así como estos, otros  gobernantes y personajes notorios de la iglesia, la cultura y la política  oficial, sirven para encubrir todo tipo de agresiones morales y físicas contra las mujeres. Todos ellos están descalificados moralmente para pronunciarse  sobre las agresiones contra  las mujeres. 

  Si una mujer agredida reclama en la dependencia policial y en el juzgado por la agresión recibida, los funcionarios policiales y judiciales, menosprecian sus denuncias y encubren a los agresores.

   Por eso,  debemos de subrayar que la movilización del 13 de agosto es parte de la amplia lucha democrática del pueblo peruano contra  los pilares del actual estado feudal burgués, contra sus instituciones, sus personajes representativos y su decrépita cultura.