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(05 de agosto de 2016)
Por Miguel Aragón
Vayamos al
fondo del problema.
La mayoría
de analistas y comentaristas superficiales pretenden reducir el
problema de la violencia contra las mujeres, a una contradicción entre mujeres
"buenas" y hombres "malos".
Por mi parte,
considero que la raíz de estas persistentes agresiones contra las
mujeres, y también contra los niños, se encuentra en el pesado lastre de la
HERENCIA FEUDAL que todavía subsiste en el país.
No obstante los
ciento cincuenta años de mediocre desarrollo capitalista, que ha modificado
ligeramente las relaciones económicas al introducir el trabajo
asalariado, la herencia feudal todavía subsiste en el país, tanto en las
relaciones culturales y religiosas, como en las relaciones políticas y militares.
Desde los inicios de
la época republicana, en el agro feudalizado tanto el patrón, como sus
hijos, caporales y capataces, estaban acostumbrados a violar impúnemente a
todas las mujeres de la servidumbre, y.... "nadie les decía nada".
Esa práctica era lo
más “habitual” y "normal", aceptado y consentido por las capas altas
de la sociedad y por todas las instituciones gubernamentales.
De manera similar,
en los pequeños poblados, e incluso en las ciudades, los jueces, policías,
militares, sacerdotes, y otras autoridades pueblerinas, se comportaban igual
que los gamonales: las violaciones no eran la excepción, sino que eran lo
habitual y consentido por la mayoría.
En la actualidad,
esas costumbres y hábitos del pasado todavía se mantienen en el país, tiñendo
gran parte de las relaciones familiares en todas las capas de la sociedad.
Me parece que
nuestro análisis, y nuestra crítica, deberían comenzar por ahí. En primer
lugar, tenemos el deber de denunciar y combatir el carácter precario
tanto de la actual democracia feudal burguesa, como de la cultura,
la política y la justicia feudal burguesas todavía imperantes en el país.
Para que la lucha
tenga resultados efectivos, para que no se quede en una simple movilización
"feminista", debemos apuntar contra las cúpulas del sistema judicial,
de las jerarquías militares y religiosas, del sistema educativo y de los
medios de comunicación, que encubren todo tipo de abusos contra las
mujeres.
Los personajes y
funcionarios públicos son los más notorios y principales promotores de la
agresión física y sicológica contra las mujeres en el país. El presidente
Alberto Fujimori, durante su periodo gubernamental, agredió brutalmente a su
esposa Susana Higuchi. Por su parte el presidente Alejandro Toledo
fue denunciado por no reconocer a la niña Zarai, su hija tenida en
relaciones extramatrimoniales; recién aceptó su responsabilidad cuando
fue amenazado de tener que realizarse una prueba ADN de paternidad. El siguiente
presidente, Alan García ofendió moralmente a su esposa Pilar Nores, al
obligarla a estar presente en un acto público, cuando él presentaba a un hijo
concebido en relaciones extramatrimoniales, aparte de tener varias denuncias
de militantes de su organización política, por haber violado a algunas de
sus hijas. El laureado novelista Mario Vargas Llosa en los últimos años viene
ofendiendo moralmente a su esposa Patricia, al lucirse por todo el mundo con su
nueva pareja.
Gran parte del vulgo
equívocamente razona de la siguiente manera:
Si un presidente puede agredir
físicamente a su esposa: “Yo, ¿por qué no puedo
hacerlo?”
Si otro presidente no reconoce la
paternidad de sus hijos: “Yo, ¿por qué no puedo hacerlo?”
Si un tercer presidente agrede
moralmente a su esposa: “Yo, ¿por qué no puedo hacerlo?”
El cardenal Cipriani
es un conocido encubridor de las agresiones sexuales que se cometen en varias
congregaciones religiosas católicas, y fue encubridor de las esterilizaciones
forzadas de miles de mujeres durante la década de 1990. Varios congresistas de
diversas tendencias políticas, como el aparentemente “decente” Díaz
Dioses, o el “bullanguero” Becerril, entre otros, han sido denunciados
por sus esposas o convivientes, por no cumplir con sus obligaciones de
manuntención económica de sus hijos. Así como estos, otros
gobernantes y personajes notorios de la iglesia, la cultura y la política
oficial, sirven para encubrir todo tipo de agresiones morales y físicas contra
las mujeres. Todos ellos están descalificados moralmente para
pronunciarse sobre las agresiones contra las mujeres.
Si una mujer agredida reclama en
la dependencia policial y en el juzgado por la agresión recibida, los
funcionarios policiales y judiciales, menosprecian sus denuncias y encubren a
los agresores.
Por eso, debemos de
subrayar que la movilización del 13 de agosto es parte de la amplia lucha
democrática del pueblo peruano contra los pilares del actual estado
feudal burgués, contra sus instituciones, sus personajes representativos y su
decrépita cultura.
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