Colombia,
Oriente Próximo y Ucrania
27-03-2017
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Traducido
para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo
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Introducción
Hace unos treinta años, un sagaz campesino
colombiano me dijo: “Cuando oigo hablar de `acuerdos de paz´, escucho al
gobierno afilar sus cuchillos”.
Últimamente se ha hablado mucho de acuerdos de paz
en todo el mundo. En casi todas las regiones o países que sufren una guerra o
una invasión se ha mencionado la posibilidad de negociar “acuerdos de paz”. En
muchos casos, estos llegaron a firmarse y todavía no han logrado acabar con los
asesinatos y el caos provocados por la parte beligerante apoyada por Estados
Unidos.
Vamos a repasar brevemente algunas de estas
negociaciones del pasado y del presente para comprender las dinámicas de los
“procesos de paz” y los resultados subsecuentes.
El proceso de paz
Actualmente están en marcha diversas negociaciones
supuestamente diseñadas para lograr acuerdos de paz. Entre ellas podemos citar:
las discusiones en Ucrania entre la junta, con sede en Kiev y respaldada por la
OTAN y EE.UU., y la dirigencia de la región de Donbas, situada al este del
país, opuesta al golpe y a la OTAN; en Siria, entre la coalición
saudí-EE.UU.-OTAN-terroristas armados y el gobierno sirio y sus aliados rusos,
iraníes y de Hezbolá; en Palestina, entre el régimen colonial israelí
respaldado por EE.UU. y las fuerzas por la independencia palestina en
Cisjordania y la Franja de Gaza; y, en Colombia, entre el régimen del
presidente Santos apoyado por EE.UU. y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC).
Hay otras negociaciones de paz en marcha que no han
recibido atención pública.
Resultados de acuerdos de paz del pasado y del
presente
A lo largo del pasado cuarto de siglo se firmaron
diversos acuerdos de paz, todos los cuales llevaron a la rendición tácita de
los protagonistas antiimperialistas armados y de los movimientos populares de
masas.
En América Central, los acuerdos firmados en El
Salvador y en Guatemala condujeron al desarme unilateral del movimiento de
resistencia, la consolidación del control de la economía por la oligarquía y el
crecimiento y proliferación sin trabas de bandas de narcotráfico y escuadrones
de la muerte auspiciados por el gobierno. A consecuencia de ello se produjo una
escalada del terror interno. Los líderes de la resistencia consiguieron votos,
entraron en el parlamento como políticos y, en el caso de El Salvador, ocuparon
altos cargos. Las desigualdades se mantuvieron o empeoraron al igual que los
asesinatos, que llegaron incluso a superar las cifras del periodo previo al
acuerdo de paz. Un gran número de emigrantes, con frecuencia refugiados que
huían de la violencia de las bandas armadas, entraron ilegalmente en EE.UU.
Este país consolidó sus bases y sus operaciones militares en América Central,
mientras la población seguía sufriendo.
Las negociaciones de paz israelí-palestinas no
produjeron ningún acuerdo, pero sirvieron para proporcionar una ligera tapadera
al aumento de la anexión de tierras palestinas para construir enclaves racistas
“solo para judíos”, provocando asentamientos ilegales a más de medio millón de
colonos judíos. Estados Unidos respaldó por completo la farsa del proceso de
paz, financiando a los líderes-vasallos corruptos palestinos y proporcionando
apoyo diplomático, militar y político incondicional a Israel.
Estados Unidos-Unión Soviética: el acuerdo de paz
Se suponía que los “acuerdos de paz” entre
Reagan-Bush y Gorbachov acabarían con la Guerra Fría y lograrían la paz global.
Pero, en lugar de ello, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) establecieron bases
militares y regímenes clientelares por toda Europa Oriental, el Báltico y los
Balcanes, saquearon los recursos nacionales y se apropiaron de las economías
desnacionalizadas. Las élites con sede en EE.UU. dominaron el régimen vasallo
de Boris Yeltsin y despojaron virtualmente a Rusia de sus recursos y su
riqueza. En alianza con los oligarcas gansteriles, hundieron su economía.
El régimen postsoviético de Yeltsin compitió en las
elecciones, promovió la multiplicidad de partidos y presidió un país desolado,
aislado y cada vez más rodeado; al menos la elección de Vladimir Putin sirvió
para “descolonizar” el aparato del Estado y reconstruir parcialmente la
economía y la sociedad.
Las negociaciones de paz de Ucrania
En 2014, un golpe de Estado violento patrocinado
por Estados Unidos unió a fascistas, oligarcas, generales y simpatizantes de la
UE, que tomaron en control de Kiev y de la parte occidental de Ucrania. Las
regiones orientales pro-democracia de Donbas y la península de Crimea
organizaron la resistencia al régimen golpista. Crimea votó unánimemente la
unión con Rusia. Los centros industriales del este de Ucrania (Donbas) formaron
milicias populares para resistir a las fuerzas armadas y los paramilitares
neonazis de la junta respaldada por EE.UU. Después de unos años de caos y
habiendo llegado a una situación de punto muerto, se inició un “proceso de
negociación” que no impidió que el régimen de Kiev continuara atacando al
Donbas. El “intento de paz” se convirtió en la base del “Acuerdo de Minsk”, negociado
por Francia, Rusia y Alemania, mediante el cual la junta de Kiev pretendía el
desarme del movimiento de resistencia, la reocupación del Donbas y de Crimea y
la eventual destrucción de la autonomía cultural, política, económica y militar
del este de Ucrania, de mayoría étnica rusa. En consecuencia, el “Acuerdo de
Minsk” ha sido poco más que un plan fracasado para lograr la rendición.
Mientras tanto, el saqueo masivo de la economía de la nación perpetrado por la
junta de Kiev ha convertido Ucrania en un Estado fallido en el que 2,5 millones
de habitantes se han trasladado a Rusia y muchos otros miles han emigrado a
Occidente a cavar patatas en Polonia o se han incorporado a los burdeles de
Londres y Tel Aviv. La juventud desempleada restante ha quedado con la sola
opción de vender sus servicios a las tropas de choque de los paramilitares
fascistas de Kiev.
Colombia: ¿Acuerdo de paz o cementerio?
Si examinamos sus encarnaciones pasadas y la
experiencia presente, resulta prematuro celebrar el “acuerdo de paz” de las
FARC colombianas y el presidente Santos.
En las últimas cuatro décadas, los regímenes
oligárquicos colombianos, apoyados por el ejército, los escuadrones de la
muerte y Washington han convocado innumerables “comisiones de paz”, inaugurado
negociaciones con las FARC y procedido a romperlas para relanzar guerras a gran
escala, utilizando los “acuerdos de paz” como un pretexto para diezmar y
desmoralizar a los activistas políticos.
En 1984, el que era presidente Belisario Betancourt
firmó un acuerdo de paz con las FARC conocido como el “Acuerdo Uribe” por el
cual miles de activistas y simpatizantes de las FARC se desmovilizaron,
fundaron un partido legal, la Unión Patriótica (UP), y entraron en el juego
electoral. En las elecciones de 1986, candidatos de la UP fueron elegidos
senadores, congresistas, alcaldes y concejales y su candidato presidencial
consiguió más del 20% del voto nacional. En los siguientes cuatro años, de 1986
a 1989, más de 5.000 dirigentes, cargos electos y candidatos presidenciales de
la UP fueron asesinados en una campaña nacional de terror. Decenas de miles de
campesinos, trabajadores del petróleo y jornaleros de las plantaciones fueron
asesinados, torturados y empujados al exilio. Los escuadrones paramilitares de
la muerte y los ejércitos privados de los terratenientes, aliados con las
Fuerzas Armadas de Colombia, asesinaron a miles de líderes sindicales,
periodistas, trabajadores y familiares. La “estrategia paramilitar” del
ejército contra no combatientes y civiles de las aldeas había sido desarrollada
en los sesenta por el general del ejército estadounidense William Yarborough,
comandante del centro especial de la guerra del ejército estadounidense y
creador de las fuerzas especiales conocidas como “boinas verdes”.
A los cinco años de su creación, la Unión
Patriótica había desaparecido: sus miembros supervivientes se habían exiliado o
pasado a la clandestinidad.
En 1990, el recién elegido presidente César Gaviria
proclamó el inicio de nuevas negociaciones de paz con las FARC. A los pocos
meses de su anuncio, el presidente ordenó el bombardeo de la “Casa Verde”,
donde se alojaban dirigentes de las FARC y un equipo negociador.
Afortunadamente, pudieron escapar antes del ataque traicionero.
El presidente Andrés Pastrana (1998-2001) demandó
nuevas negociaciones de paz con las FARC que se llevarían a cabo “en una zona
desmilitarizada”. Las conversaciones se iniciaron en la región selvática de El
Caguan en noviembre de 1998. El presidente Pastrana había negociado con las
FARC y activistas sociales numerosas promesas, concesiones y reformas pero, al
mismo tiempo, había firmado un acuerdo multimillonario de ayuda militar por
diez años con el presidente Clinton, conocido como “Plan Colombia”. Esta
práctica de “dobles relaciones” culminó con el inicio por parte de las Fuerzas
Armadas de Colombia de una “política de tierra quemada” contra las “zonas
desmilitarizadas” bajo el recién elegido presidente Álvaro Uribe, relacionado
con los escuadrones de la muerte. A lo largo de los siguientes ocho años, el
presidente Uribe empujó al exilio interno a cerca de cuatro millones de
campesinos colombianos. Gracias a la financiación de cientos de miles de
millones por parte de Washington, Uribe pudo duplicar el volumen de las fuerzas
armadas hasta superar los 350.000 hombres, a la vez que incorporaba a miembros
de los escuadrones de la muerte al ejército. Asimismo, supervisó la formación
de nuevos grupos paramilitares. Hacia 2010, el número de guerrilleros de las
FARC había descendido de 18.000 combatientes a menos de 10.000, se habían
producido cientos de bajas civiles y millones de personas perdieron su hogar.
En 2010, el antiguo ministro de defensa de Uribe,
Juan Manuel Santos, fue elegido presidente. En 2012, Santos inició otro “proceso
de paz” con las FARC, que fue firmado finalmente a finales de 2016. Según este
nuevo acuerdo negociado en Cuba, cientos de oficiales implicados en torturas,
asesinatos y desplazamientos forzosos de campesinos recibirían inmunidad
mientras que las guerrillas de las FARC tendrían que enfrentarse a juicio. El
gobierno prometió la reforma agraria y el derecho al retorno a los campesinos
desplazados y sus familias. No obstante, cuando los campesinos regresaban para
reclamar sus tierras, eran expulsados o incluso asesinados.
Los dirigentes de las FARC aceptaron la
desmovilización y el desarme unilateral que tendría que realizarse en junio de
2017. El ejército y sus aliados paramilitares conservarían sus armas y
obtendrían el control total sobre las zonas previamente liberadas por las FARC.
El presidente Santos aseguró que el “acuerdo de
paz” incluiría una serie de decretos presidenciales para privatizar los
recursos minerales y petroleros del país y convertir las pequeñas granjas
familiares en plantaciones para la agroexportación. A los campesinos-rebeldes
desmovilizados se les ofreció parcelas de tierra yerma y marginal, sin recibir
apoyo del gobierno ni fondos para carreteras, aperos, semillas, fertilizantes,
ni siquiera para construir las escuelas o viviendas necesarias para la
transición. Aunque algunos de los líderes de las FARC obtuvieron escaños en el
Congreso y la libertad para presentarse a las elecciones sin ser hostigados,
las bases jóvenes de la guerrilla y los campesinos quedaban sin muchas alternativas,
a no ser la de unirse a los paramilitares o las bandas de narcotráfico.
En resumen, este repaso histórico demuestra que
sucesivos presidentes y regímenes colombianos han violado sistemáticamente
todos los acuerdos de paz, asesinado a los rebeldes firmantes y mantenido el
control de la economía y la mano de obra por parte de las élites. Antes de la
actual elección, Santos presidió la década más letal siendo ministro de defensa
con Uribe.
Por su intermediación para lograr la paz de los
cementerios para decenas de miles de campesinos y activistas colombianos, el
presidente Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
En la Habana, los líderes y negociadores de las
FARC recibieron los elogios del presidente cubano Raúl Castro, el presidente
Obama, el presidente Maduro de Venezuela y la gran mayoría de “progresistas“ y
derechistas de Norteamérica, Sudamérica y Europa.
La sangrienta historia de Colombia, con sus
asesinatos generalizados de activistas por los derechos humanos y líderes
campesinos, ha continuado incluso cuando se estaban firmando los documentos que
señalaban el Acuerdo de Paz. Durante el primer mes de 2017, los escuadrones de
la muerte, vinculados a la oligarquía y el ejército, asesinaron a cinco
activistas por los derechos humanos. En 2015, cuando las FARC negociaban varias
clausulas del acuerdo, más de 120 campesinos y activistas fueron asesinados por
los grupos paramilitares que continuaban actuando libremente en zonas
controladas por el ejército de Santos. La maquinaria propagandística de los
medios de comunicación de masas continúa repitiendo la mentira de que “más de
200.000 personas perdieron la vida a manos de la guerrilla y el ejército”,
cuando la inmensa mayoría de los asesinatos fueron cometidos por el gobierno y
sus aliados, los escuadrones de la muerte; una calumnia que los líderes
guerrilleros no han sabido desmontar. El prominente investigador jesuita Javier
Giraldo ha documentado minuciosamente el hecho de que más de tres cuartas
partes de dichas muertes fueron obra del ejército y los paramilitares.
Se nos pide que creamos que los regímenes
presidenciales que han asesinado y continúan asesinando a más de 150.000
trabajadores, campesinos, líderes indígenas y profesionales colombianos se han
convertido de un día para otro en socios amantes de la justicia para conseguir
la paz. En los tres primeros meses de este año, activistas defensores del
acuerdo de paz con las FARC siguen siendo el objetivo y siguen siendo
asesinados por los paramilitares supuestamente desmovilizados.
Los líderes de los movimientos sociales denuncian
un aumento de la violencia por parte de las fuerzas del ejército y sus aliados.
Incluso los monitores de los acuerdos de paz y la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos admiten que la violencia
estatal y paramilitar está destruyendo cualquier estructura pensada por el
presidente Santos para implementar las reformas. A medida que las FARC se
retiran de las regiones bajo control popular, los campesinos que pretenden
acogerse a la reforma agraria se convierten en objetivo de los ejércitos
privados. El régimen de Santos está más interesado en proteger las
apropiaciones masivas de tierras de los grandes consorcios mineros.
Mientras los asesinatos de partidarios de las FARC
y activistas de derechos humanos se multiplican, mientras el presidente Santos
y Washington intentan aprovecharse de una guerrilla desarmada y desmovilizada,
el “histórico acuerdo de paz” se convierte en un gran engaño diseñado para
expandir el poder imperial.
Conclusión: Epitafio para los acuerdos de paz
Una y otra vez, en todo el mundo, las negociaciones
y los acuerdos de paz orquestados por el Imperio han tenido un solo objetivo:
desarmar, desmovilizar, derrotar y desmoralizar a los luchadores de la
resistencia y a sus aliados.
Los “acuerdos de paz”, tal y como los conocemos,
sirven para rearmar y reagrupar a las fuerzas respaldadas por Estados Unidos
tras los contratiempos tácticos de la lucha de guerrillas. Su objetivo es
dividir a la oposición (la llamada “táctica del salami”) y facilitar la
conquista. La retórica de paz utilizada en estas “negociaciones de paz”
significa básicamente el “desarme unilateral” de los luchadores de la
resistencia, la rendición del territorio y el abandono de los simpatizantes
civiles. Las denominadas “zonas de guerra”, que contienen tierras fértiles y
valiosas reservas minerales, se “pacifican” siendo absorbidas por el régimen
“amante de la paz”. Ello contribuye a sus programas de privatización y a la
promoción del saqueo por parte del “Estado desarrollista”. Los arreglos de paz
negociados están supervisados por las autoridades estadounidenses, que elogian
y loan a los líderes rebeldes cuando firman los acuerdos que serán
implementados por regímenes vasallos del poder imperial… Este último se
asegurará de que no se produzca ningún realineamiento en política exterior ni
ningún cambio estructural socioeconómico.
Algunos acuerdos de paz permiten que los antiguos
dirigentes guerrilleros compitan y en algunos casos ganen elecciones como representantes
marginales, mientras su base de apoyo es diezmada.
En la mayor parte de los casos, durante el proceso
y especialmente tras la firma del “acuerdo de paz”, las organizaciones y
movimientos sociales y sus seguidores del campesinado y la clase trabajadora,
así como los activistas por los derechos humanos, acaban siendo objetivo a
abatir por el ejército y los escuadrones de la muerte paramilitares que operan
en connivencia con las bases militares del gobierno.
Con frecuencia, los aliados internacionales de los
movimientos de resistencia les han animado a negociar acuerdos de paz para
demostrar a Estados Unidos que son responsables, con la esperanza de de
mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales. No hace falta decir que las
“negociaciones responsables” simplemente servirán para reforzar la
determinación del poder imperial para presionar futuras concesiones y estimular
agresiones militares y nuevas conquistas.
Los “acuerdos de paz” justos se basan en el desarme
mutuo, el reconocimiento de la autonomía territorial y la autoridad de la
administración insurgente local sobre las reformas agrarias acordadas, al
tiempo que mantienen los derechos sobre los recursos minerales y el control de
la seguridad militar-pública.
Los acuerdos de paz deberían ser el primer paso
de una agenda política implementada bajo el control del ejército rebelde
independiente y monitores civiles.
El desastroso resultado del desarme unilateral es
producto de la no implementación de una política exterior y cambios
estructurales progresistas e independientes.
Las negociaciones de paz presentes y pasadas,
basadas en el reconocimiento de la soberanía de un Estado independiente
vinculado a los movimientos de masas, siempre han terminado con Estados Unidos
rompiendo los acuerdos. Los genuinos “acuerdos de paz” son contrarios a la meta
imperial de conquistar mediante la mesa negociadora lo que no pudieron ganar
mediante la guerra.
El presente artículo puede reproducirse libremente
siempre que se respete su totalidad y se nombre a su autor, su traductor y a
Rebelión como fuente del mismo.
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