PERÚ: SEGUNDA OLA DE LA CORRUPCIÓN

Estimados amigos:

Reiteramos la importancia de actuar integralmente ante la segunda ola de la corrupción, que parece ser en montos más que la primera ola de Fujimori/Montesinos/Hermoza Ríos; nuestro aporte está en dirección a que el actual gobierno y el presidente de la república Pedro Pablo Kuchinsky asuman la responsabilidad del cuánto que se han llevado las empresas brasileras y sus aliadas peruanas.

Es evidente que hay lenidad para intervenir, con decisión y firmeza, sin violar las leyes a fin de que la segunda ola corruptora tengan no sólo las sanciones por parte de los órganos de justicia de cómo obraron, sino que se encuentren los montos arrebatados al fisco peruano, de manera tal que dicha recuperación sea al detalle, incluyendo las reparaciones civiles.

El ejecutivo debe coordinar estas acciones con la contraloría general para los efectos relacionados a la participación de los interventores por designarse; asimismo, el trabajo terminado debe motivar que se informe al congreso de la república, para que éste formule los dispositivos que sean necesarios en el proceso de la recuperación de los millones de dólares que indebidamente se apropiaron las empresas de la “geopolítica rapaz de los brasileros” y de las empresas nacionales aliadas y cómplices de lo arrebatado al tesoro público y a todos los peruanos.   

Atentamente,

Fernando Arce Meza

El comportamiento del presidente Paniagua no ha continuado en las siguientes administraciones de los gobiernos, las consecuencias están a la vista; la eliminación de los juzgados y fiscalías anticorrupción fueron despareciendo, y menos cabe pensar que los ex presidentes Toledo, García y Humala no cumplieron con la prevención de los grandes hechos de corrupción de estas dos últimas décadas y menos denunciar, amén de la continuidad en el aflojamiento en su misión de la CG.

La segunda ola de la corrupción ha corrido a cargo del embate de las empresas brasileras constructoras, aliadas con las nacionales y los sobornados dirigentes de los gobiernos; ante este hecho el Perú como país no ha encausado la recuperación del atentado perpetrado. El ejecutivo no se ha organizado para la recuperación, nombrando a interventores en cada empresa brasilera –caso Odebrecht que ha dicho que ha actuado en la corrupción y de las otras empresas brasileras que han guardado silencio- para no obstaculizar la marcha económica ya declinante.

Paradójicamente los ex presidentes aparecen comprometidos en las faltas e irregularidades, son denunciados y otros son investigados sobre las acciones de sobornos de parte de las empresas constructoras brasileras y sus pares las constructoras nacionales que formaron la segunda mafia. Esta  ha correspondido a los períodos de los gobiernos donde las empresas extranjeras brasileras participaron en la construcción de obras de mucha inversión y de la pomposa importancia que se les dio, en un tiempo de casi treinta y seis (36) años que corresponde a ocho gobiernos. Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que esta mafia tenía un objetivo distinto de la primera mafia.

Los brasileros ganarían las licitaciones de todas las obras para obtener mucho dinero, el poderío de las empresas les aseguraría no solo su riqueza, sino cómo los brasileros tendrían primacía y poder en la región sudamericana y en Latinoamérica partiendo de ostentar estrategias que seguirían un orden geopolítico. Es probable que este actuar hace que las empresas se vuelvan muy fuertes económica y financieramente, para ello se enlazaron con los políticos en el poder del Brasil. Se formó una alianza no solo con el gobierno de su país –alrededor de Petrobras- la empresa pública más sobresaliente del Brasil; sino con el partido de gobierno que tenía una secuencia de tres períodos en el poder.

Estas alianzas políticas y financieras les abrirían los espacios, a fin de alcanzar un ámbito de acción constructora imparable y de aparente superioridad en la competencia internacional. La presencia de los representantes de sus gobiernos como era el caso del partido de los trabajadores, cumpliría también en hacer alianzas con gobiernos y partidos en el Perú y con el resto de países de la región, tanto es así que el apoyo para que ganen las elecciones los partidos amigos no solamente venían en adhesiones y discursos, sino en apoyos económicos donde las empresas brasileras ponían las cuotas de fondos, para ganar éstas, a través de  licitaciones y buenas pro que les fueran concedidas.  

Tuvieron estas empresas brasileras personal especializado en enganchar a altos y medianos funcionarios peruanos que los “ayudaban” en salir ganadores de las licitaciones convocadas para acceder a construir las obras de infraestructura. Los políticos peruanos que intervenían en esos acuerdos ilícitos ¿ignoraban del trabajo geopolítico iniciado hace varias décadas de la elite brasilera –militar y después política- como para que este país sea potencialmente el más fuerte de la región? Esto no puede pasar ni menos olvidar de la arremetida brasilera eliminando competidores en todas las formas y estilos para desarrollarse en un país como el Perú, y de cómo no resulta creíble que los brasileros tenían ambiciones de llegar a ostentar que solamente sus empresas eran las más poderosas de la región sudamericana.

Esta organización empresarial extranjera tuvo como acompañantes de construcción de obras públicas a las empresas nacionales de significativa organización y de capital, además que trabajaron unidas por muchos años. La habilidad delictiva de los brasileros como se ha dicho tuvo características de modernidad no sólo para reclutar a funcionarios “colaboradores”, sino de cómo entregaron el dinero usando una serie de mecanismos de transacción financieras hasta llegar a los depósitos cifrados.

Sobre lo dicho cabe decir que será imposible llegar a conocer cuánto recibieron los que se pusieron en venta a las empresas brasileras, a no ser que se consiga o se presenten personas que se conviertan en colaboradores –peruanos y/o extranjeros- o que la empresa extrajera negocie con las autoridades peruanas del ejecutivo (procuradores) y de la fiscalía de la nación, partiendo de que, a través de esta negociación se pueda saber quiénes han sido los comisionistas en todos los niveles y cuánto han recibido. Algo que hasta el momento no se ha producido.

Debe saberse que la segunda mafia ha calificado a cada colaborador de acuerdo a la información proporcionada sobre la categoría del cargo y de la falta de ética y moral de lo qué cuesta cada sobornado, esto ¿responde o forma parte del acervo geopolítico brasilero? Estas ilícitas operaciones de la mafia han sido en un tiempo largo, pasando por varios gobiernos, en consecuencia el gobierno peruano encabezado por el actual presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski –como lo hizo Paniagua en momentos semejantes- tiene que dirigir personalmente el tamaño trabajo que permita obtener un inventario por cada empresa y por cada obra ejecutada bajo la dirección de un ministerio y/o un organismo público.

Urge la necesidad de que el poder ejecutivo usando las vías judiciales correspondientes nombre interventores en cada una de las empresas brasileras, a fin de que las obras que están pendientes continúen, no paralizando ni abandonando las mismas, ello afectaría la continuidad de la inversión, lo que ha afectado y podría afectar más a la economía nacional.

Esta debió ser como primera acción a fin de llegar a recuperar lo apropiado ilícitamente y de los balances finales antes de actuar en expulsarlos, se tiene que  verificar los montos de las probables reparaciones civiles, ante la apropiación ilícita de estas empresas constructoras. Asimismo se deben dictar los dispositivos que reglamente lo mencionado en los puntos anteriores, a fin de dar fluidez en el manejo de las empresas intervenidas.

Estos dispositivos se tienen que dictar en el marco de la participación de los interventores judiciales; por ejemplo el DS de Urgencia Nº 003 se debió dictar después del ingreso de los interventores y no necesariamente todos los artículos de éste decreto serán considerados, si no los que tomen en cuenta la presencia interventora, los otros dispositivos que igualmente sean dictados en la medida de las acciones realizadas por los interventores y de los que éstos sugieran.

En consecuencia, es pertinente reconocer que la recuperación de lo arrebatado no solo requiere la intervención de la fiscalía y de los jueces de las cortes judiciales para apresar a los corruptos y sus empresas y la de sus aliados; sino esta lucha de fiscales y jueces, se necesita en favor del país; la recuperación es cuestión del ejecutivo quien debe dirigir tamaña tarea, para ello tiene que poner objetivos, fines y una organización que asuma las medidas conducentes a dicha recuperación, porque como ya se ha dicho la segunda mafia es distinta a la primera de los años 90; pero ambas son responsables de haberse sustraído al país, a su Estado por lo menos dos puntos del producto bruto interno (PBI).

El resultado del trabajo del poder ejecutivo, la parte más importante es saber el costo de cada proyecto con los adicionales y de las otras partes que se incluyeron y que todo o parte fue pagado indebidamente. Esto último debe comparase con lo que realmente costó el proyecto, usando los índices internacionales, la diferencia sería lo sustraído (robado) por las empresas brasileras al Estado peruano. Esto debe motivar los petitorios judiciales de recuperación por la conducta y procedimientos ilícitos de dichas empresas.

Será pertinente licitar internacionalmente para que una empresa se encargue de establecer los montos de devolución y multas de apropiación ilícita que las empresas brasileras hicieron al llevarse las altas ganancias producto de mayores costos. Estas ganancias indebidas deben ser motivo de protocolos en que se señale lo que se tiene que recuperar de manera ejemplar, pero, legal.

Cabe también que el poder ejecutivo sepa otros hechos inherentes a estos robos mostrados en las millonarias coinmisiones, en cuanto a conocer los contactos y las formas de negociar individual o en grupo, siguiendo al detalle la secuencia de cada hecho, motivando esclarecer el panorama sombrío del Estado peruano de este último cuarto de siglo, vinculando a la recuperación de lo arrebatado al Perú.

El actuar del poder ejecutivo sería por demás importante e imprescindible para que el Perú y la ciudadanía esté no sólo enterada de lo ocurrió; sino lo que corresponde hacer con los “comisionistas” y sus colaboradores, quienes deben ser acusados ante el poder judicial, además de la aplicación de pronunciamientos cívicos, destinados a que no se vuelvan a producir hechos indignos en la vida de un país democrático con historia milenaria, lo que nunca jamás deberá tener eco en el tiempo.

Autor: Fernando  Arce Meza