Estimados amigos:
Reiteramos la importancia de actuar integralmente
ante la segunda ola de la corrupción, que parece ser en montos más que la
primera ola de Fujimori/Montesinos/Hermoza Ríos; nuestro aporte está en
dirección a que el actual gobierno y el presidente de la república Pedro Pablo
Kuchinsky asuman la responsabilidad del cuánto que se han llevado las empresas
brasileras y sus aliadas peruanas.
Es evidente que hay lenidad para intervenir, con
decisión y firmeza, sin violar las leyes a fin de que la segunda ola corruptora
tengan no sólo las sanciones por parte de los órganos de justicia de cómo
obraron, sino que se encuentren los montos arrebatados al fisco peruano, de
manera tal que dicha recuperación sea al detalle, incluyendo las reparaciones
civiles.
El ejecutivo debe coordinar estas acciones con la
contraloría general para los efectos relacionados a la participación de los
interventores por designarse; asimismo, el trabajo terminado debe motivar que
se informe al congreso de la república, para que éste formule los dispositivos
que sean necesarios en el proceso de la recuperación de los millones de dólares
que indebidamente se apropiaron las empresas de la “geopolítica rapaz de los
brasileros” y de las empresas nacionales aliadas y cómplices de lo arrebatado
al tesoro público y a todos los peruanos.
Atentamente,
Fernando Arce Meza
El comportamiento del presidente Paniagua no ha
continuado en las siguientes administraciones de los gobiernos, las
consecuencias están a la vista; la eliminación de los juzgados y fiscalías
anticorrupción fueron despareciendo, y menos cabe pensar que los ex presidentes
Toledo, García y Humala no cumplieron con la prevención de los grandes hechos de
corrupción de estas dos últimas décadas y menos denunciar, amén de la
continuidad en el aflojamiento en su misión de la CG.
La segunda ola de la corrupción ha corrido a cargo del embate de
las empresas brasileras constructoras, aliadas con las nacionales y los
sobornados dirigentes de los gobiernos; ante este hecho el Perú como país no ha
encausado la recuperación del atentado perpetrado. El ejecutivo no se ha
organizado para la recuperación, nombrando a interventores en cada empresa
brasilera –caso Odebrecht que ha dicho que ha actuado en la corrupción y de las
otras empresas brasileras que han guardado silencio- para no obstaculizar la
marcha económica ya declinante.
Paradójicamente los ex presidentes aparecen
comprometidos en las faltas e irregularidades, son denunciados y otros son
investigados sobre las acciones de sobornos de parte de las empresas
constructoras brasileras y sus pares las constructoras nacionales que formaron
la segunda mafia. Esta ha correspondido a los períodos de los gobiernos
donde las empresas extranjeras brasileras participaron en la construcción de
obras de mucha inversión y de la pomposa importancia que se les dio, en un
tiempo de casi treinta y seis (36) años que corresponde a ocho gobiernos. Sin
embargo, debe tenerse muy en cuenta que esta mafia tenía un objetivo distinto
de la primera mafia.
Los brasileros ganarían las licitaciones de todas
las obras para obtener mucho dinero, el poderío de las empresas les aseguraría
no solo su riqueza, sino cómo los brasileros tendrían primacía y poder en la
región sudamericana y en Latinoamérica partiendo de ostentar estrategias que
seguirían un orden geopolítico. Es probable que este actuar hace que las
empresas se vuelvan muy fuertes económica y financieramente, para ello se
enlazaron con los políticos en el poder del Brasil. Se formó una alianza no
solo con el gobierno de su país –alrededor de Petrobras- la empresa pública más
sobresaliente del Brasil; sino con el partido de gobierno que tenía una
secuencia de tres períodos en el poder.
Estas alianzas políticas y financieras les abrirían
los espacios, a fin de alcanzar un ámbito de acción constructora imparable y de
aparente superioridad en la competencia internacional. La presencia de los
representantes de sus gobiernos como era el caso del partido de los
trabajadores, cumpliría también en hacer alianzas con gobiernos y partidos en
el Perú y con el resto de países de la región, tanto es así que el apoyo para
que ganen las elecciones los partidos amigos no solamente venían en adhesiones
y discursos, sino en apoyos económicos donde las empresas brasileras ponían las
cuotas de fondos, para ganar éstas, a través de licitaciones y buenas pro
que les fueran concedidas.
Tuvieron estas empresas brasileras personal
especializado en enganchar a altos y medianos funcionarios peruanos que los
“ayudaban” en salir ganadores de las licitaciones convocadas para acceder a
construir las obras de infraestructura. Los políticos peruanos que intervenían
en esos acuerdos ilícitos ¿ignoraban del trabajo geopolítico iniciado hace
varias décadas de la elite brasilera –militar y después política- como para que
este país sea potencialmente el más fuerte de la región? Esto no puede pasar ni
menos olvidar de la arremetida brasilera eliminando competidores en todas las
formas y estilos para desarrollarse en un país como el Perú, y de cómo no
resulta creíble que los brasileros tenían ambiciones de llegar a ostentar
que solamente sus empresas eran las más poderosas de la región sudamericana.
Esta organización empresarial extranjera tuvo como
acompañantes de construcción de obras públicas a las empresas nacionales de
significativa organización y de capital, además que trabajaron unidas por
muchos años. La habilidad delictiva de los brasileros como se ha dicho tuvo
características de modernidad no sólo para reclutar a funcionarios
“colaboradores”, sino de cómo entregaron el dinero usando una serie de
mecanismos de transacción financieras hasta llegar a los depósitos cifrados.
Sobre lo dicho cabe decir que será imposible llegar
a conocer cuánto recibieron los que se pusieron en venta a las empresas
brasileras, a no ser que se consiga o se presenten personas que se conviertan
en colaboradores –peruanos y/o extranjeros- o que la empresa extrajera negocie
con las autoridades peruanas del ejecutivo (procuradores) y de la fiscalía de
la nación, partiendo de que, a través de esta negociación se pueda saber
quiénes han sido los comisionistas en todos los niveles y cuánto han recibido.
Algo que hasta el momento no se ha producido.
Debe saberse que la segunda mafia ha calificado a
cada colaborador de acuerdo a la información proporcionada sobre la categoría
del cargo y de la falta de ética y moral de lo qué cuesta cada sobornado, esto
¿responde o forma parte del acervo geopolítico brasilero? Estas ilícitas
operaciones de la mafia han sido en un tiempo largo, pasando por varios
gobiernos, en consecuencia el gobierno peruano encabezado por el actual
presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski –como lo hizo Paniagua en
momentos semejantes- tiene que dirigir personalmente el tamaño trabajo que
permita obtener un inventario por cada empresa y por cada obra ejecutada bajo
la dirección de un ministerio y/o un organismo público.
Urge la necesidad de que el poder ejecutivo
usando las vías judiciales correspondientes nombre interventores en cada una de
las empresas brasileras, a fin de que las obras que están pendientes
continúen, no paralizando ni abandonando las mismas, ello afectaría la
continuidad de la inversión, lo que ha afectado y podría afectar más a la
economía nacional.
Esta debió ser como primera acción a fin de llegar
a recuperar lo apropiado ilícitamente y de los balances finales antes de actuar
en expulsarlos, se tiene que verificar los montos de las probables
reparaciones civiles, ante la apropiación ilícita de estas empresas
constructoras. Asimismo se deben dictar los dispositivos que reglamente lo
mencionado en los puntos anteriores, a fin de dar fluidez en el manejo de las
empresas intervenidas.
Estos dispositivos se tienen que dictar en el marco
de la participación de los interventores judiciales; por ejemplo el DS de
Urgencia Nº 003 se debió dictar después del ingreso de los interventores y no
necesariamente todos los artículos de éste decreto serán considerados, si no los
que tomen en cuenta la presencia interventora, los otros dispositivos que
igualmente sean dictados en la medida de las acciones realizadas por los
interventores y de los que éstos sugieran.
En consecuencia, es pertinente reconocer que la
recuperación de lo arrebatado no solo requiere la intervención de la fiscalía y
de los jueces de las cortes judiciales para apresar a los corruptos y sus
empresas y la de sus aliados; sino esta lucha de fiscales y jueces, se necesita
en favor del país; la
recuperación es cuestión del ejecutivo quien debe dirigir tamaña tarea, para
ello tiene que poner objetivos, fines y una organización que asuma las medidas
conducentes a dicha recuperación, porque como ya se ha dicho la segunda
mafia es distinta a la primera de los años 90; pero ambas son responsables de
haberse sustraído al país, a su Estado por lo menos dos puntos del producto
bruto interno (PBI).
El resultado del trabajo del poder ejecutivo, la
parte más importante es saber el costo de cada proyecto con los adicionales y
de las otras partes que se incluyeron y que todo o parte fue pagado
indebidamente. Esto último debe comparase con lo que realmente costó el
proyecto, usando los índices internacionales, la diferencia sería lo sustraído
(robado) por las empresas brasileras al Estado peruano. Esto debe motivar los
petitorios judiciales de recuperación por la conducta y procedimientos ilícitos
de dichas empresas.
Será pertinente licitar internacionalmente para que
una empresa se encargue de establecer los montos de devolución y multas de
apropiación ilícita que las empresas brasileras hicieron al llevarse las altas
ganancias producto de mayores costos. Estas ganancias indebidas deben ser
motivo de protocolos en que se señale lo que se tiene que recuperar de manera
ejemplar, pero, legal.
Cabe también que el poder ejecutivo sepa otros
hechos inherentes a estos robos mostrados en las millonarias coinmisiones, en
cuanto a conocer los contactos y las formas de negociar individual o en grupo,
siguiendo al detalle la secuencia de cada hecho, motivando esclarecer el
panorama sombrío del Estado peruano de este último cuarto de siglo, vinculando
a la recuperación de lo arrebatado al Perú.
El actuar del poder ejecutivo sería por demás
importante e imprescindible para que el Perú y la ciudadanía esté no sólo
enterada de lo ocurrió; sino lo que corresponde hacer con los “comisionistas” y
sus colaboradores, quienes deben ser acusados ante el poder judicial, además de
la aplicación de pronunciamientos cívicos, destinados a que no se vuelvan a
producir hechos indignos en la vida de un país democrático con historia
milenaria, lo que nunca jamás deberá tener eco en el tiempo.
Autor: Fernando Arce
Meza
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