15-03-2018
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Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de
Bustillo
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Cada año
más de 30.000 ciudadanos de Estados Unidos pierden la vida a causa de disparos.
Cada mes, en patios escolares, discotecas, salas de concierto, centros de
trabajo y lugares públicos, personas inocentes son exterminadas por asesinos
que manejan potentes armas semiautomáticas compradas legalmente. La Asociación
Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas inglesas), una organización con 3
millones de afiliados, apoya y promociona el acceso libre a armamento militar.
La inmensa mayoría de legisladores, presidentes y jueces de EE.UU. es
partidaria de la posesión de esas mismas armas que causan las masacres.
¿Por qué el sistema político estadounidense se
lamenta de la frecuencia con que se producen atentados masivos y sin embargo
respalda el proceso político que hace posibles las matanzas? El volumen,
alcance y duración de las masacre requiere que examinemos las características
sistémicas a gran escala y largo plazo de la economía política estadounidense.
Política bélica: Las masacres en el exterior como
símbolo del “heroísmo americano”
El gobierno de EE.UU. ha participado en multitud
guerras sangrientas en las que ha masacrado a millones de civiles –incluyendo
familias enteras en sus casas– que no suponían ninguna amenaza para el pueblo
estadounidense. Las guerras representan el triunfo de la destrucción y la
muerte como modo de promover los programas políticos de Estados Unidos. Se
rinde honores a los criminales de guerra. Los conflictos políticos y problemas
sociales internos se resuelven destruyendo a adversarios inventados y a
naciones enteras.
En una economía política en la que las masacres
perpetradas en el extranjero son dirigidas por líderes elegidos
democráticamente, ¿quién va a cuestionar el comportamiento de un “vecino
sociópata” que se limita a seguir el modo de actuar de su presidente? Este
hecho no debería sorprender a nadie: las masacres al por mayor en el exterior
promovidas por nuestros dirigentes se reproducen en las masacres al por menor
en el interior desencadenadas por el “chiflado local”.
Los medios de comunicación: Hablan las armas, los
asesinatos resuelven y los medios se enriquecen
Todos los días, a todas horas, en todos los medios
de comunicación, las armas y las matanzas dominan las mentes, los pensamientos
y las fantasías (o las pesadillas) de los espectadores, especialmente de los
millones que absorben el “mensaje”. Las películas, los programas de televisión
y los videojuegos están plagados de conflictos que se resuelven por las armas,
matando víctimas, ya sean policías o civiles. Los problemas se resuelven
mediante la violencia.
El mensaje de los medios de comunicación es que las
masacres logran victorias. Las guerras y los asesinatos se reproducen en
multitud de escenarios: hogares, edificios públicos, escuelas, centros de
trabajo, calles y plazas. Las guerras y las masacres son un elemento esencial
de este sistema político y los medios de comunicación aseguran que penetren en
la mente de las masas y se normalicen.
La economía
Las armas que se utilizan en las masacres son un
negocio muy lucrativo. Los fabricantes, vendedores al por mayor, vendedores al
por menor y clubs de armas así como las instituciones policiales y militares
prosperan en este mercado libre del asesinato. Los dirigentes políticos
utilizan la economía que se mueve alrededor de las armas para financiar sus
campañas electorales. Los políticos ven con buenos ojos las guerras, la
industria armamentística y las asociaciones pro-armas, con lo que perpetúan las
condiciones para que se produzcan las masacres. Las grandes empresas están
protegidas de los asesinatos internos. ¿Por qué iban a preocuparse los
ejecutivos y las élites políticas de las matanzas que se producen en las
escuelas públicas si sus propios hijos están a salvo en sus caros colegios
privados? Al fin y al cabo, están en juego los votos y los beneficios. Solo los
“fracasados” envían a sus hijos a peligrosas escuelas públicas. Los
“triunfadores” tienen alternativas más seguras…
Soluciones
Para hacer frente a la epidemia de matanzas masivas
es esencial efectuar cambios en la economía política.
1. Reemplazar las políticas de guerras imperiales
por el fomento de la diplomacia, las negociaciones y la resolución pacífica de
los conflictos.
2. Reemplazar la cultura de las armas presente en
los medios de comunicación por los valores culturales de la solidaridad en
comunidades seguras y comprometidas con lo público.
3. Reemplazar la obsesión de los civiles por poseer
armas militares con una visión de la propia vida edificada en torno a un
ambiente saludable compartido por vecinos comprometidos socialmente.
4. Prohibir o regular los clubs de armas y las
milicias. Abolir la venta del armamento militar que se utiliza en estas
carnicerías. Las armas empleadas en tiro deportivo y en la caza son diferentes
de las armas de guerra utilizadas para masacrar a docenas de niños apiñados en
sus aulas.
Planteamientos falsos y verdaderos sobre las
masacres
El presidente Trump ha propuesto armar a los
profesores para “solucionar” las matanzas en la escuela. Se trata de una opción
descabellada que solo agravaría la proliferación de armas, estimularía nuevas
carnicerías, socavaría el papel de los maestros como educadores y crearía
nuevos “modelos” para potenciales futuros asesinos. La propuesta de Trump
también pone de manifiesto el profundo desprecio de su administración por el
papel que tienen la educación pública y los educadores públicos en la
construcción de una sociedad sana. Su propensión a culpar a las víctimas (“si
los maestros estuvieran armados…”) es una muestra del grotesco darwinismo
social inherente a su ideología y de su interés por destruir por completo el
sector público. Los hijos de la élite y de los políticos no tienen que asistir
a clases de matemáticas o de francés a cargo de profesores armados. Según la
lógica de Trump y de la élite empresarial y política, los tiroteos en las aulas
de las escuelas públicas simplemente subrayan la necesidad de disolver los
Departamentos de Educación de todos los niveles, así como los demás servicios
públicos de esta nación.
Los profesores deberían poder concentrarse en
educar a sus alumnos sobre cómo ser ciudadanos productivos y competentes que
valoran la comunidad y la cooperación por encima de las armas y la guerra.
Deberían graduar estudiantes capaces de evaluar críticamente el papel de los
medios de comunicación en la promoción de la violencia. Deberían fomentar en
sus alumnos habilidades cívicas que les llevaran a movilizarse contra líderes
políticos que han aceptado sobornos (“donaciones”) de sectas de la muerte como
la Asociación Nacional del Rifle.
Para detener la violencia, los dinamizadores
comunitarios pueden boicotear a las empresas que proporcionan apoyo político y
material a quienes promueven la guerra, a las milicias y a los extremistas
armados.
Sería necesario aprobar leyes nacionales para
limitar las armas de fuego a parcelas y eventos bien definidos, como los clubs
de tiro o la caza.
Los propietarios de armas deberían obtener los
permisos de uso según estrictos criterios psicológicos y tener que renovar
dichos permisos con frecuencia. El ejército debería informar a las autoridades
civiles locales de cualquier conducta violenta y criminal de los soldados que
dejen el ejército. No pueden liberar una “bomba de relojería” en medio de la
población a la que han jurado proteger así como así. La enfermedad mental es un
asunto de salud pública y debería incrementarse la partida presupuestaria
destinada a financiar hospitales e instalaciones en las que identificar y
tratar a los individuos que lo necesiten. Estos enfermos no deberían entrar y
salir de las cárceles o ser arrojados a las calles.
Los vendedores de armas y las exhibiciones de armas
tendrían que estar regulados y obligados a seguir protocolos estrictos bajo
amenaza de sanciones.
Los cazadores deberían usar armas apropiadas para
el tipo de caza que practican. Las armas semiautomáticas no son las indicadas
para cazar ciervos, conejos o pavos. Pero se utilizan para cazar y para matar a
seres humanos, incluyendo a niños desarmados en sus aulas.
Conclusión
Es posible poner en marcha cambios culturales,
políticos y económicos, pero para ello es preciso que las luchas populares se
mantengan en el tiempo. Mientras tanto, deberían implementarse reformas a corto
plazo para regular y reducir la frecuencia y mortandad de las masacres locales.
Es preciso divulgar y rectificar el protocolo por
el cual la policía acordona el perímetro de las matanzas, impidiendo que entren
rápidamente los primeros equipos médicos que acuden a estabilizar a los heridos
al tiempo que se protege a sí misma (un proceso que puede prolongarse durante
una hora y provocar muertes innecesarias por pérdida de sangre). Mientras los
equipos SWAT* se preparan y “aseguran el perímetro”, con una serie de maniobras
coreografiadas para asegurar la “protección de la fuerza”, (un eufemismo que
significa “proteger a la policía”), se desperdician los “minutos de oro” en que
se podría estabilizar a las víctimas. Si los heridos recibieran rápidamente
primeros auxilios y pudieran ser inmediatamente transferidos a los hospitales
para someterse a cirugía de emergencia y transfusiones de sangre, muchas de las
víctimas se salvarían. Es un escándalo la terrible tasa de mortalidad de estos
tiroteos (el 100% en el caso de los niños y profesores de la Escuela Primaria
de Sandy Hook**) especialmente si tomamos en cuenta lo poco que se reflexiona
sobre ello posteriormente. Parece claro que los jueces y la policía locales y
estatales ocultan información sobre el efecto que tiene impedir la entrada
rápida de equipos médicos de emergencia. Es imprescindible que se realice una
investigación independiente sobre el retraso deliberado de la policía en
permitir la asistencia inmediata que salva vidas.
Prácticamente todos los tiroteos producidos en
escuelas que han terminado en masacres los cometen individuos a quienes la
policía o la comunidad conocen por su comportamiento imprevisible y maltrato
familiar. El hecho de que la policía local o la familia conocieran que estos
individuos dementes y homicidas tenían acceso a armamento militar y no
actuaran, a pesar de las quejas recibidas al respecto, exige que una
investigación independiente a escala estatal y federal. Es preciso reforzar las
leyes o estatutos relacionados con la hospitalización o detención preventivas
de estos individuos inestables y violentos. Es preciso nombrar una comisión
nacional que investigue la situación de los tratamientos de salud mental en
Estados Unidos y los recursos destinados para ello. En vez de pedir a los
profesores que vayan armados, hay que mantener instituciones cualificadas de
salud mental. No basta con encerrar a los enfermos mentales en cárceles locales
por pequeñas faltas y luego volver a ponerlos en la calle sin ofrecerles
ninguna asistencia.
Es preciso apoyar la enseñanza pública y a sus
profesores. Hay que terminar con décadas de políticas que debilitan servicios
públicos como la educación, y potencian la “libertad de elección de escuela”,
—un eufemismo para decir enseñanza privada— convirtiendo la educación en un
privilegio para ricos en vez de un derecho de los ciudadanos. En lugar de un
único profesor (preferiblemente armado, según el presidente Trump y la NRA)
para dar clase a cuarenta alumnos, cada aula debería contar con tres profesores
competentes que trabajaran en equipo para asegurar el progreso de los
estudiantes en las diversas asignaturas necesarias para llegar a ser en un
futuro ciudadanos libres y productivos. Es un escándalo que el Departamento de
Educación y la Secretaria de Educación hayan mantenido silencio y permanecido
ausentes tras las frecuentes masacres de estudiantes. Pero tampoco resulta
extraño si consideramos las prioridades de sus altos cargos, procedentes de la
élite y, en el caso de la secretaria actual Betsy DeVos, de la clase de los
multimillonarios. Nunca han puesto un pie en una escuela pública. Sus hijos
reciben “educación en casa” con tutores privados o asisten a elitistas academias
privadas. Sus programas contrarios a la enseñanza pública reflejan su
hostilidad ideológica hacia el propio concepto de bienestar social. Las
palabras de Trump culpando a los profesores por no ir armados en el aula
muestran claramente su desdén por la enseñanza pública y por las familias de
clase trabajadora y media que confían sus hijos a la educación pública en todo
el país.
Estos sucesos tienen lugar en el espacio público,
un espacio a disposición de todos los ciudadanos que debería ser seguro. La
escuela pública ha sido uno de los cimientos en los que se basaba la creación
de una ciudadanía libre y productiva. No es casualidad que las masacres de
jóvenes tengan lugar exclusivamente en escuelas pública. Los valiosos hijos de
la élite están a salvo en sus hogares-fortaleza y en escuelas privadas
superselectas, atendidas por profesores altamente cualificados, que pueden
dedicarse a enseñar sin preocuparse por si alguien esconde un arma o por la
aparición repentina de un pistolero. Sus hijos tienen el futuro garantizado.
Pero la situación de los hijos de clase media y
trabajadora es mucho más incierta. El acceso a la educación de calidad ha
dejado de ser un derecho y un deber para los ciudadanos. En el mejor de los
casos, los jóvenes pueden “acceder a préstamos para la educación” con tipos de
interés usurarios que les encadenan a décadas de servidumbre por deudas,
mientras los estudiantes de clase alta tienen libertad para seguir una carrera
y desarrollar su talento. Mientras continúen deteriorándose las perspectivas de
futuro de los jóvenes, con el traspaso masivo de riqueza nacional a las élites,
estas masacres, los suicidios y las muertes por sobredosis no pararán de
aumentar. Todo esto ocurre en un contexto sociopolítico: las decisiones
deliberadas tomadas desde arriba generan horror y caos en la base.
Existe un sustrato de clase en las pesadillas que
atenazan a los padres, profesores y estudiantes de clase media y trabajadora de
todo el país. Seguridad, educación de calidad y sanidad de calidad son, cada
vez más, dominio exclusivo de la élite. Las políticas dirigidas por esta, que
se iniciaron en el reinado del presidente Ronald Reagan, han orquestado la
disolución de las instituciones públicas de salud mental y el alta masiva de
individuos inestables y vulnerables, al tiempo que violentos, en comunidades
que no están preparadas para ello. Quienes sufren las consecuencias de dichas
políticas no significan nada para la élite, aunque asistan a sus funerales para
hacerse la foto. Las políticas dirigidas por las élites de los presidentes Bill
Clinton, George Bush hijo, Barack Obama y Donald Trump no han dejado de
promover el desmantelamiento del sector público y la privatización de la
riqueza y de las instituciones de la nación.
La tremenda reducción de impuestos provocada por la
ley fiscal de Donald Trump representa una ganancia inesperada de más de un
billón de dólares para la clase inversora (la élite financiera) a costa de las
instituciones públicas y la red de seguridad que dan servicio a las clases
media y trabajadora. La mayor incidencia de asesinatos en masa, así como el
lugar donde se producen y la identidad de las víctimas, no son fruto del azar:
están definidas por la clase y son reflejo de la pérdida de poder ciudadano.
Los ganadores de esta lucha de clases derraman lágrimas de cocodrilo para la
foto mientras en privado ridiculizan a las familias de las víctimas por confiar
en las instituciones públicas.
Las decisiones tomadas desde arriba que han
producido esta epidemia de masacres en las escuelas públicas, así como otras
epidemias paralelas de suicidios y sobredosis entre las clases media y
trabajadora, han beneficiado enormemente a la élite. Los multimillonarios y los
donantes de ambos partidos políticos no tienen motivo alguno para dar marcha
atrás y poner en marcha reformas o programas destinados a recuperar los
derechos de los ciudadanos y el espacio público. Solo los amigos, familias y
vecinos de las víctimas de clase media y baja, a quienes en privado se
considera “fracasados que deciden enviar a sus hijos a instituciones públicas”,
pueden unirse para cambiar todo esto y recuperar la justicia social y económica
que rinda homenaje a los muertos inocentes y ofrezca un futuro digno y justo
para sus hijos. No se trata de armar a los profesores o de envolver a los
alumnos pequeños en “mantas a prueba de balas”, mientras la élite nos culpa de
nuestro sufrimiento desde la seguridad de sus mansiones. Comprender el sustrato
de clase de esta crisis nos ayudará a levantar los cimientos de las soluciones
reales.
Notas:
* SWAT, unidad de élite incorporada a diversas
fuerzas de seguridad, especializada en operativos de alto riesgo y dotada de
equipos muy sofisticados.
**Tiroteo masivo en la escuela de Sandy Hook,
Connecticut, en diciembre de 2012, que produjo 26 muertos (20 de ellos, niños
de 6 y 7 años). Fue el más mortífero de los habidos en escuelas primarias o
secundarias en la historia del país.
La presente traducción puede reproducirse
libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a su autor, su
traductor y a Rebelión como fuente de la misma
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