El 14 de febrero de 2018, los ministros de Exteriores de los
12 países reunidos en el “Grupo de Lima” rechazaron la elección
presidencial anticipada convocada en Venezuela. Después de haber
reclamado insistentemente esa elección presidencial anticipada,
presentándola incluso como la solución para todos los problemas de
Venezuela, el “Grupo de Lima” afirma ahora que “las condiciones no están
reunidas” para la realización de esa consulta. Esto recuerda lo
ocurrido en 2014, cuando los ministros de Exteriores de la Liga Árabe
rechazaron la convocación de una elección presidencial en Siria,
calificándola por adelantado de “farsa”. Todos los observadores
extranjeros presentes en Siria durante la elección dieron fe del
carácter democrático de la consulta.
por Julio
Yao Villalaz
Luego de haber criticado violentamente al gobierno
de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro, exigiendo además una
elección presidencial anticipada, el Grupo de Lima, conformado por
12 Estados miembros de la OEA, se pronuncia ahora contra la
elección presidencial anticipada que Caracas acaba de convocar. Esta actitud
contradictoria del Grupo de Lima es parte de la campaña internacional
de Estados Unidos contra la República Bolivariana. Se busca
hacer creer que el país de Hugo Chávez está en quiebra y en la
existencia de una crisis humanitaria de proporciones tales que justificaría una
«intervención humanitaria». El diplomático panameño Julio Yao
refuta esa argumentación.
Red Voltaire | Panama (Panama) | 3 de marzo de 2018 
La intervención que Estados Unidos está
promoviendo contra Venezuela con la complicidad del llamado “Grupo de
Lima”, integrado por 12 países –menos de la mitad de los Estados
miembros la Organización de Estados Americanos (OEA)– entre los cuales aparece
vergonzosamente Panamá, es una empresa ilegítima e imposible porque viola
escandalosamente la Carta de la OEA, la Carta de la ONU y el Derecho
Internacional.
La violación colectiva del Derecho Internacional
abarca décadas de acciones ilícitas, desde que Hugo Chávez llegó al poder
en Venezuela y Estados Unidos empezó a perder allí sus ventajas,
canonjías y subsidios petroleros.
Pese al incuestionable desprestigio de esa
organización, la Carta
de la OEA consagra principios del Derecho Internacional que
imposibilitan la intervención individual o colectiva de sus miembros en
los asuntos internos y externos de otros Estados y que son, mutatis mutandi,
los mismos principios de la Carta de la ONU, entre otros:
1. Todo Estado tiene
derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y
social, y a organizarse en la forma que más le convenga (Artículo 3,
literal e). 2. Las controversias de
carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser
resueltas por medio de procedimientos pacíficos (Art. 3,
literal i). 3. Ningún Estado o grupo de
Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y
sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de
cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza
armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o
de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos
políticos, económicos y culturales que lo constituyen (Art. 19). 4. Ningún Estado podrá
aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para
forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas
de cualquier naturaleza (Art. 20). 5. El territorio de un
Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación militar ni de
otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o
indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. (Art. 21). 6. Los Estados americanos
se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la
fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados
vigentes o en cumplimiento de dichos tratados (Art. 22). 7. Ninguna de las
estipulaciones de esta Carta se interpretará en el sentido de menoscabar
los derechos y obligaciones de los Estados miembros de acuerdo con
la Carta de las
Naciones Unidas (Artículo 131).
La llamada «Carta Democrática»
de la OEA no es aplicable contra Venezuela porque la llamada
«democracia representativa» que intenta sacralizar está en conflicto con
el Artículo 103 de la Carta de la ONU, que prevalece sobre
la OEA:
«En caso de conflicto entre las obligaciones
contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la
presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro
convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente
Carta.»
La Carta de la ONU no menciona la «democracia
representativa» (objetivo primordial de la «Carta Democrática» de
la OEA) como un modelo o sistema político obligatorio para sus miembros
porque reconoce que en el mundo existen diversas formas de organización
política o de gobierno, como las repúblicas y las monarquías
(democráticas o no, presidencialistas o parlamentarias), los principados,
etc.
Pero la República Bolivariana de Venezuela supera
con creces a las llamadas «democracias representativas» de
la región (Venezuela es una democracia participativa) y es uno de los
países más democráticos del mundo, como lo demuestran su historia y
su experiencia actual, constatadas por la ONU, por organismos
internacionales de derechos humanos y por personalidades y asociaciones de
prestigio, como la Fundación Carter, entre otros.
Sin embargo, Estados Unidos y sus adláteres,
secuaces y cipayos del “Grupo de Lima” perseveran en la violación del Derecho
Internacional pese a que en la OEA ni siquiera lograron el respaldo
del organismo para esta aventura imperialista (los países independientes
del Caribe y otros lo impidieron) y casi la totalidad del “Grupo de
Lima” viola y está lejos de normas que garanticen mínimos requerimientos
siquiera de una elemental gobernanza democrática.
¿Qué derecho tiene Estados Unidos para saquear
Venezuela, si el propio Estados Unidos es el mayor violador de la Carta de
la ONU y el principal negador absoluto del Derecho Internacional; si
Estados Unidos es el Estado que más tratados de derechos humanos
ha rechazado o no ha ratificado a nivel mundial; cuando
Estados Unidos es el país con el mayor número de condenas
a muerte en el planeta; si Estados Unidos es el Estado cuyo
presupuesto de “defensa” es mayor que el presupuesto total de los
6 Estados que le siguen en ese rubro; si Estados Unidos es el
Estado con mayor cantidad de bases militares en el mundo (más de 1 000);
si Estados Unidos ha dividido el planeta en 10 comandos
militares, sin autorización ni consentimiento de ningún país; si
Estados Unidos es el Estado que acapara la mayor parte de la riqueza
mundial; si solamente, según la FAO, se requieren
1 060 millones de dólares para acabar con el hambre del mundo,
mientras que Estados Unidos gasta un billón de dólares (más de
mil millones) en guerras?
¿Qué derecho tiene ese país delincuente a negar el
derecho del pueblo venezolano a la existencia?
¿Qué derecho tiene Colombia a encabezar la agresión
contra Venezuela, si en el plano externo Colombia es un país ocupado por
Estados Unidos (hay 7 bases militares estadounidenses
en Colombia) y carece de independencia; y, en el plano interno, Colombia
es un narcoestado que mantiene a uno de cada 10 colombianos en el
extranjero, seguido por Brasil y Perú; cuando Colombia ha traicionado los
Acuerdos de Paz que firmó con la guerrilla y asesina y permite a paramilitares
eliminar sistemáticamente a defensores sociales y de derechos humanos; si
Colombia tolera que se hostigue y agreda a movimientos políticos que
participan en la política nacional, como las FARC? Colombia ya es cómplice
de las sanciones contra Venezuela y será punta de lanza de la invasión a
la República Bolivariana.
¿Qué derecho tiene el Perú para alegar falta de
democracia en Venezuela, si su presidente, Pedro Pablo Kuczynski, estuvo
a punto de ser destituido por el Congreso por «incapacidad moral»
para gobernar porque recibió sobornos de Odebrecht; si ese mismo presidente peruano
indultó ilegalmente al ex presidente Alberto Fujimori –un genocida
confeso– y su gobierno está sitiado permanentemente por reclamaciones de
los trabajadores de la salud y la educación?
¿Qué derecho tiene Argentina a cuestionar la
transparencia en Venezuela, si su presidente, Mauricio Macri, está
embarrado hasta los tuétanos en el escándalo Odebrecht y en los «Panama
Papers» [1]
y su gobierno está cotidianamente acosado por reclamaciones de su pueblo,
de los indios mapuches, de los jubilados y las clases medias, que lo han
visto estancar su progreso, logrado durante el mandato de la ex presidente
Cristina Kirchner?
¿Qué derecho tiene Brasil a prestar su territorio
como trampolín para una intervención y denunciar a Venezuela como «dictadura»,
si su presidente no electo, Michel Temer, llegó al cargo gracias
a un «golpe suave» contra Dilma Roussef, está acusado por el Fiscal
General del Estado de «corrupción pasiva, obstrucción de la justicia y
organización criminal» y bloquea antidemocráticamente la candidatura de
Luis Inacio Lula da Silva a la presidencia?
¿Qué derecho tiene México a denunciar a Venezuela
por «crisis humanitaria», si su presidente, Enrique Peña Nieto,
preside un gobierno corrupto y sustentado por el narcotráfico y el crimen
organizado, que ha entregado las riquezas de México a las transnacionales
de Estados Unidos y el propio México ostenta el record mundial de
periodistas asesinados y desaparecidos?
¿Qué derecho tiene Honduras (¡por favor!) a
cuestionar la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente de
Venezuela, si su “presidente”, inconstitucional y no electo, entronizado
por un fraude de proporciones cósmicas, José O. Hernández,
se aferra al poder con el respaldo de las bayonetas del Comando Sur
estadounidense [2]
y mata sin vacilación a su propio pueblo?
¿Qué derecho tiene Panamá a cuestionar la
independencia y la democracia de Venezuela, si el Partido Panameñista (del
presidente Juan Carlos Varela) llegó al poder en brazos de los
invasores [estadounidenses] (que juramentaron a Guillermo Endara como
presidente de Panamá en una base militar estadounidense) a raíz de
la invasión de 1989 [3]?
Vale recordar que, en derecho internacional, los acuerdos firmados
bajo ocupación militar son ipso facto nulos.
¿Qué moral tiene Panamá para destruir el derecho
de Venezuela a la autodeterminación, si Guillermo Endara, el primer
presidente títere post-invasión y presidente del Partido Panameñista (el
partido del actual presidente panameño Juan Carlos Varela), suscribió el
Acuerdo Arias Calderón-Hinton (1991), base de los tratados Salas-Becker
de 2002, que entregan Panamá a 16 agencias federales de
Estados Unidos (incluidos el Pentágono, el US Army, la
US Air Force, la US Navy y el Servicio de Guardacostas de
Estados Unidos)? Esas instancias estadounidenses pueden convertir
nuevamente a Panamá en plataforma de agresión para el Comando Sur.
¿Qué derecho tiene Panamá a inmiscuirse
en Venezuela, si los gobiernos panameños han tolerado sin chistar las
MANIOBRAS PANAMAX (2003-2018), realizadas anualmente entre países de la región
y potencias miembros de la OTAN en base a un tratado entre Chile y
Estados Unidos? Ese tratado (firmado en 2003) viola el Tratado
de Neutralidad y la Constitución panameña. Panamá lo desconoce y no
lo ha suscrito.
¿Qué derecho tiene el presidente panameño Juan Carlos
Varela a suscribir el Acuerdo Nuevos Horizontes 2018, que puede
instrumentarse para encubrir una intervención contra Venezuela, si ese
tratado es violatorio del Tratado de Neutralidad, de la Constitución de Panamá
y del Derecho Internacional?
¿Qué derecho tiene el presidente de Panamá a actuar
contra Venezuela, si los Tratados Salas-Becker –de los cuales
es parte el Acuerdo Nuevos Horizontes– jamás fueron sometidos a la
aprobación de la Asamblea Legislativa o Nacional panameña y, por tanto,
no existe obligación constitucional de cumplirlos?
La ex presidente de Panamá Mireya Moscoso, del
Partido Panameñista, ostenta el deshonor de haber suscrito la totalidad de
los Tratados Salas-Becker (entre 2001 y 2004, salvo el de 1991) y de
haber indultado ilegalmente, a petición de Colin Powell (alias “el
carnicero de Panamá” [4]),
a Luis Posada Carriles, el terrorista confeso que intentó asesinar al
presidente de Cuba, Fidel Castro, en 2002. El indulto fue
anulado por la Corte Suprema de Justicia cuando el pájaro ya había volado.
La ex presidente Moscoso autorizó además el Tratado
Alemán Zubieta-Becker (1º de abril de 2002), firmado por el
Administrador de la Autoridad del Canal, Alberto Alemán Zubieta, quien
no estaba facultado para suscribir tratados y que, para colmo,
lo aceptó y firmó en inglés, aunque la Constitución Nacional
consagra el español como lengua oficial de Panamá: ¡extralimitación de
funciones para la ex presidente y el ex Administrador del Canal
(cf. Constitución Nacional de la República de Panamá, Art. 191)!
No obstante la ninguna capacidad moral o legal del
“Grupo de Lima” para atacar a Venezuela, Estados Unidos insiste
en invadirla con la complicidad de gobiernos no representativos,
anacrónicos, forajidos y enemigos del Derecho Internacional, que aprovechan los
Carnavales y siguen como comparsa (en este martes [20 de febrero] de Carnaval)
a su dios Momo, Estados Unidos, bajo la bandera infame de una nueva «Intervención
Humanitaria».
Se nos quiere hacer creer que en Venezuela hay una
«crisis humanitaria» que exige enfrentar a pueblos contra pueblos
de la región, a pobres contra pobres y a hermanos contra hermanos,
para satisfacer los apetitos de Washington, malinterpretando al genial
estratega chino, Sun Tzu, que aconsejaba ahorrar las propias fuerzas y
usar las ajenas.
Las intervenciones humanitarias, que responden a la
necesidad de proteger a víctimas de las guerras cuando no existe la
voluntad o la capacidad del soberano para asumir esa responsabilidad,
han sido desvirtuadas por los poderes hegemónicos para encubrir sus
fechorías depredatorias. Pero, ¡ojo!, la intervención humanitaria es un
concepto polémico aún bajo debate.
Personalmente me opuse, como presidente de
SERPAJ-Panamá, a su adopción indiscriminada en la reunión de la ONU en
Centroamérica (San José, 2005), convocada por la Fundación Arias.
A veces se le confiere el «derecho a proteger» –inherente a la «intervención
humanitaria»– al Consejo de Seguridad de la ONU, a un acuerdo
regional (como la OTAN) o a un grupo de Estados.
En Yugoslavia se implementó la «intervención
humanitaria» para impedir supuestamente una limpieza étnica que Slobodan
Milosevic llevaba a cabo en Bosnia, pero la OTAN (léase
Estados Unidos) invadió Yugoslavia, el único país europeo que
no era miembro de esa organización bélica, la desmembró
en función de los intereses geopolíticos del imperio y la sumió en la
ruina.
La verdad llegó tarde:
«Diez años después de que Slobodan Milosevic,
ex presidente de la desaparecida Yugoslavia, muriera en extrañas
circunstancias (bajo arresto), el Tribunal Penal Internacional ha
exonerado al político serbio de la responsabilidad en supuestos crímenes
de guerra cometidos en Bosnia…
Slobodan Milosevic fue vilipendiado de manera
sistemática por toda la prensa occidental y por los políticos de
los países de la OTAN. Los medios de comunicación de la época
lo calificaron como el “carnicero de los Balcanes” y
lo compararon con Hitler. Fue acusado igualmente de “genocida” y de
ser “un monstruo sediento de sangre”, según rezaban los titulares
de los grandes rotativos europeos y estadounidenses de entonces.
Con la utilización de ese cliché falsificado
se trató de justificar no sólo las sanciones económicas
contra Serbia, sino también los bombardeos de la OTAN en 1999
sobre Serbia, así como la encarnizada guerra de Kosovo.» [5]
En Libia, se implementó en 2011 la «intervención
humanitaria» para enfrentar la violación de los derechos humanos por parte
del «dictador» Muammar el-Kadhafi. Pero la OTAN (Estados Unidos)
se hizo cargo y aplicó su «derecho a proteger» a la población «desvalida».
En 7 meses utilizaron 40 000 bombas y misiles contra
la población libia y –usando a la vez espías, terroristas y
mercenarios extranjeros– mataron a 120 000 libios, asesinaron a
Kadhafi de manera atroz y particularmente morbosa, expropiaron los activos y
el petróleo del país, sumiéndolo en un infierno perpetuo, y eliminaron del
gobierno a los libios «de piel oscura» a pesar de que el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU había encomiado aquel mismo año (2011)
a Kadhafi precisamente por el progreso de Libia en materia de
igualdad racial. Después se supo que una de las razones de la «intervención
humanitaria» era el intento de Kadhafi de reemplazar
el dólar por una moneda común africana.
En el caso de Panamá, Estados Unidos
ni siquiera se tomó el trabajo de informar a la OEA ni a la ONU,
como tampoco al Senado estadounidense, de que debían aprobar la invasión
de 1989, pero sí mintió y satanizó al general Manuel Antonio Noriega,
como se evidencia en documentos “Secretos-Sensitivos” del Consejo de
Seguridad Nacional estadounidense, documentos que fijaron como objetivo abrogar
los Tratados sobre el Canal [de Panamá] y echar abajo las
negociaciones entre Japón y Panamá para un nuevo Canal [6].
Pero en Venezuela no hay crisis humanitaria
ni guerra civil –tampoco la había en Panamá. Sí existe una masiva
intervención externa en los asuntos propios, internos y externos, de
su pueblo, intervención que se manifiesta en forma de guerras
ultramodernas y multiformes, con apoyo transnacional de países,
organizaciones no gubernamentales y personalidades que intentan destruir
la nación venezolana, destruir su revolución y robarle a Venezuela sus
prodigiosas riquezas naturales.
La intervención contra Venezuela sería una agresión
contra América Latina y el Caribe, un retroceso temporal de
la Unidad Latinoamericana, un golpe a la memoria de los libertadores
de Nuestra América, y por lo mismo, esa intervención
es imposible ¡y no puede triunfar!
[1]
«Mossack-Fonseca, el
escándalo Irán-Contras y Noriega», por Julio Yao Villalaz, La Estrella
de Panamá , Red Voltaire , 27 de abril de 2016.
[2]
El autor se refiere al SouthCom, el mando regional de las fuerzas armadas
estadounidenses a cargo de las tropas desplegadas en las numerosas bases
militares de Estados Unidos en Sudamérica, América Central y
el Caribe. Nota de la Red Voltaire.
[3]
El autor se refiere a la intervención militar estadounidense que Washington
justificó oficialmente esgrimiendo una supuesta implicación del general
panameño Manuel Antonio Noriega en el narcotráfico internacional y una
“amenaza” a la libre navegación a través del canal interoceánico.
Hasta el día de hoy no ha podido determinarse con precisión
la cantidad de civiles muertos en los bombardeos «quirúrgicos» de
la US Air Force contra los barrios populares de la capital panameña,
desatados –al igual que la invasión– sin previa declaración de guerra
por parte de Washington. Nota de la Red Voltaire.
[4]
El general estadounidense Colin Powell, internacionalmente célebre, como
secretario de Estado de la administración Bush hijo, por su exposición
ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las «armas de destrucción
masiva» que hacían “necesaria” la invasión contra Irak, era jefe del
Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos en el momento de la invasión
estadounidense contra Panamá. Nota de la Red Voltaire.
[5]
«El
Tribunal Internacional de La Haya reconoce tardíamente la inocencia de
Slobodan Milosevic», Canarias-Semanal.org (España), 27 de julio
de 2016.
[6]
Ver el próximo libro de Julio Yao El Monopolio del Canal y
la Invasión a Panamá, EUPAN, 2018)
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