En pasados escritos decíamos que en nuestro estudio “El Estado
en el Perú Debe Ser Para Todos” (en el tomo II en su Epílogo -parte final
del libro, páginas 231 a 234) se buscaba que estos procesos investigatorios
sobre la corrupción partieran del poder ejecutivo, debiendo ser dirigidos por
el propio presidente de la república que, en ese momento era Pedro Pablo
Kuczynski; tal como sucedió con la primera mafia de los 90 en que la
dirección de las investigaciones estuvieron a cargo del Presidente Transitorio
Constitucional Valentín Paniagua, y fueron los procuradores quienes
en tiempos sumarios, hicieron las denuncias siguiendo los debidos procesos
judiciales.
Este accionar por primera vez hizo posible apresar a cientos de
funcionarios civiles y militares de los poderes públicos, del poder judicial,
ministerio público, los del JNE y de empresas y personas del sector privado.
Sin embargo, en la segunda ola delictiva que corrió a cargo de las
empresas brasileras, el poder ejecutivo presidido por Pedro Pablo Kuczynski,
no tomó la iniciativa que Paniagua si la asumió ante la mafia de
los 90. Esta omisión ha retrasado las acciones y se ha esperado que sean los
propios brasileros – autoridades judiciales y los propios funcionarios de
Odebrecht – los que se allanan a entregar al ministerio público del Perú las
informaciones de detalle sobre los sobornos y los costos engañosos de las obras
realizadas.
Para ello se viene dando los últimos toques a un acuerdo
peruano/brasilero de colaboración. Siendo los fiscales Rafael Vela y Domingo
Pérez quienes a nombre de ministerio público tendrán todas las prerrogativas de
interrogar, conocer y recibir las informaciones respectivas sobre los actos de
corrupción perpetrados por la empresa Odebrecht; llegar a un acuerdo representa
un trabajo arduo y de mucha importancia, porque ello permite revelar la
identidad de los funcionarios públicos y miembros de los partidos políticos
peruanos en que circunstancia accedieron a los sobornos y a las colaboraciones
ilícitas.
La fecha señalada sería el 11 de enero del nuevo año 2019, donde los
fiscales peruanos serán receptores de todos los presuntos delitos y de las
participaciones de lo peruanos que accedieron al recibir prebendas de las
empresas brasileras. Esta información ha sido tomada como que sin los
brasileros no habría de conocer quienes eran los peruanos infractores del
arrebato de los fondos del erario público; este sólo hecho no era bienvenido
para altos dirigentes en especial de los partidos políticos. Su rechazo llegó a
impugnar la calidad de los fiscales conocedores de los delitos producidos.
Como siempre ha ocurrido, a cuento de que las autoridades judiciales no
pierdan el carácter basado en el principio de sujeción, como si éstas fueran
las fuerzas armadas donde prima la verticalidad en la autoridad, esto no juega
ni es comparable con el accionar de los organismos de justicia.
Claro está que un capitán no puede desobedecer a su general en jefe, ni
actuar bajo la órbita de un juez o fiscal. Son situaciones que determinados
peruanos -civiles y militares- aún les cuesta entender. El fiscal de la nación
no es el comandante general del ejército, la marina o de la aviación, sus
fiscales o jueces como se ha dicho tienen autonomía para el ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales. Es evidente que el discutido encargado de la
Fiscalía de la Nación no actuó de acuerdo a ley y al sentido común de fácil
comprensión; empero este fiscal de la nación Pedro Chavarry no es un auténtico
fiscal, su comportamiento es de un político que obedece a los intereses del
fujialanismo.
Chavarry creyó en que él era un monarca blindado por una corte de
indeseables notables, que en su conjunto no se daban cuenta, ni menos a su
entender se proyectan en concepciones morales y legales, siempre acostumbrados
a los escondidos intereses, no pueden pensar que nuestro país ya no es como del
oncenio de Leguía, la verticalidad de Benavides, el ochenio de Odría, el Perú
de los noventa con el autócrata de Fujimori y su corte de defraudadores
manipuladas por Montesinos y Hermoza Ríos. Asimismo, a los aventureros de
Toledo y Ollanta, y los PPK y García Pérez que son ladinos y comerciantes de
negocios de vieja data y que preguntan cuál es la mía.
Felizmente hoy los peruanos reaccionan y salen a las calles a postergar,
y tienen en este momento un Ejecutivo que lidera y no reprime, y aun
cuando pudiera existir la represión, los ciudadanos no corren. La protesta no
la ven dura, todavía creen que bastaría como antes un balconazo de Alan García
y todo se paraliza. Los que apenas hace 24 horas apoyaban la decisión del
discutido Pedro “ChaBarry”, donde la señora Keiko Fujimori pedía a su mayoría
congresal evitar la emergencia del ministerio público. Ahorita nomás esta
dama manifiesta que es necesaria la medida de emergencia.
El inefable Pedro Chavarry ha sido el primero ¿asustado tal vez? Y ante
el miedo de sus fiscales reemplazantes de Lava jato que declinan la orden del
encargado de la fiscalía de la nación, se emite una resolución que repone a los
fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez.
Finalmente, el Presidente Vizcarra llega al congreso y entrega el
proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público, porque el
fiscal Chavarry no ha sido una persona con ética y juega a favor de los
mafiosos consagrados y de los novatos que aparecen como colita de la segunda
ola de la corrupción.
Atentamente,
Fernando Arce
Meza
Surco, 2 de enero del 2019
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