24/07/2019
Como se informó la semana pasada en esta
publicación, nuestro Estado sigue contratando con Verint Systems, una turbia
empresa de espionaje que se originó en la Unidad 8200 de los servicios de
inteligencia israelíes, y que, desde su creación, ha acumulado un terrible
historial de colaboración con regímenes autoritarios por todo el mundo.
Me ofrezco de voluntario, ad-honorem, para asesorar
al Estado peruano y sus dependencias en futuras compras de este tipo. A
diferencia de nuestras autoridades, cuento con una conexión a internet, donde
se encuentra toda la información reseñada abajo. Su peligrosa ineptitud (o
complicidad) está poniendo en riesgo los derechos fundamentales de millones de
peruanos.
Caballo de Troya
Hace más de 10 años, en setiembre de 2008, el
periodista norteamericano Christopher Ketcham denunciaba los turbios manejos
que ciertas agencias gubernamentales de su país estaban permitiendo en sus
propios fueros. El problema venía de antes: “Desde fines de la década de 1990
–escribió entonces Ketcham–, agentes federales han reportado intrusiones
sistemáticas en las comunicaciones del Departamento de Justicia, el FBI, la
DEA, el Departamento de Estado y la Casa Blanca”.
Los agentes federales entrevistados le aseguraron
que las intrusiones podían rastrearse a dos compañías de alta tecnología y
comunicaciones: Verint Systems –en el Perú desde 2015, como reveló este
semanario el viernes 3 de julio de ese año–, y Amdocs. Para el 2008, ambas
formaban la “columna vertebral” del aparato de vigilancia doméstica del
gobierno norteamericano. Verint “aspiraba” toda la información del operador
telefónico Verizon, mientras Amdocs hacia lo suyo con AT&T, como reveló el
“whistleblower” Mark Klein, en 2004. Las operaciones de Verint eran dirigidas
por espías “freelance” y veteranos de las agencias de inteligencia israelíes.
Un agente de la CIA en retiro, Philip Giraldi, le
contaría al periodista este sorprendente detalle: cuando su agencia debía
espiar a algún objetivo, las “llamadas telefónicas (eran) interceptadas,
grabadas y transmitidas a los investigadores norteamericanos por Verint, la que
aseguraba que debía tener los equipos de espionaje ‘siempre a mano’, para poder
dar mantenimiento al sistema”.
Giraldi también contó que el gobierno de Israel
cubría el 50% de los gastos que Verint efectuaba en investigación y desarrollo
de nuevas tecnologías.
En 2001, un reportero de Fox News, Carl Cameron,
hizo otra revelación sorprendente: cuando los agentes del FBI y otras agencias
se disponían a investigar el trabajo de Verint (antes de 2001 conocida como
“Comverse Infosys”), sus pesquisas eran detenidas antes de que pudieran poner
sus manos sobre los equipos de Verint. Peor aún, los agentes empecinados en el
asunto empezaban a ser “atacados por varios flancos”. La “columna vertebral”
del espionaje doméstico tenía amigos poderosos en los laberintos del Estado
profundo norteamericano.
En países como el Perú, debido a las enormes
diferencias tecnológicas en relación al primer mundo, esta compañía podría
acceder muy fácilmente a la información de sus clientes bajo la justificación
de dar mantenimiento o actualización a los equipos vendidos. Estas labores de
mantenimiento –¿cuándo nos tocará la próxima?–, incluso pueden ser realizados
de manera remota, según los informes revisados.
Recordemos que las leyes que regulan las escuchas y
la vigilancia son poco más que tinta sobre papel en países como el nuestro, tal
como en las decenas de países subdesarrollados y con instituciones débiles que
constituyen la clientela favorita de Verint y otras empresas relacionadas, como
Hacking Team, la empresa italiana que estuvo en conversaciones con varias
instituciones peruanas, militares y gubernamentales (¡hasta la Municipalidad de
Lima!), entre 2012 y 2015.
Ese año, WikiLeaks reveló la absoluta falta de
ética de la compañía, así como su colaboración con regímenes criminales, por lo
general alineados con la política exterior estadounidense. Siria e Irán, por
ejemplo, eran evitadas por estas empresas privadas, mientras que Arabia Saudí y
otras dictaduras medievales eran diligentemente asistidas en sus labores
represivas. Verint pertenece al mismo club: uno de sus clientes criminales era
el régimen de Kazakstán, donde Verint “empoderó” al gobierno en su persecución
de periodistas y activistas, tal como denunció en noviembre de 2014 Privacy
International.
Este detalle es fundamental: los centros de
monitoreo de Verint les permitían a las agencias kazakas: “acceso irrestricto a
llamadas telefónicas y actividad en internet de ciudadanos de manera masiva e
indiscriminada”. Es decir, no a un objetivo individual y específico, como un
delincuente, sino a toda una población, al mismo tiempo.
Verint y toda una “constelación” de empresas
privadas de Israel, el Reino Unido y Estados Unidos hicieron lo mismo en
Colombia, donde el Estado asesina civiles a mansalva. No es necesario usar
eufemismos. Su gusto por la sangre de sus ciudadanos más humildes quedó
perfectamente representado en el caso de los “falsos positivos”, pero esa es
solo la punta del iceberg en la masacre colombiana. Tanto el Reino Unido como
EE.UU. tienen importantes negocios extractivos en Colombia, donde han
colaborado extensamente en la represión social. La tecnología de espionaje
masivo complementa el entrenamiento militar contrainsurgente y el
aprovisionamiento de armas que ambas potencias han realizado en favor del
régimen colombiano, con fines que disfrazan bajo el ardid de la “guerra contra
las drogas”. Otro terror que los latinoamericanos podríamos haber superado ya,
si tuviéramos un periodismo real, dedicado a su sociedad y no a la élite
propietaria. La sangre está también en sus manos.
Lejos de servir a la sociedad, ese mismo periodismo
condena a una de las pocas instituciones que han sacado a la luz los crímenes
internacionales de los actores más poderoso del mundo, WikiLeaks, y a su
creador, Julian Assange, hoy sufriendo tortura en una cárcel de Londres, de
acuerdo con informes del relator de las Naciones Unidas, Nils Melzer.
El origen
A fines de 2002, la policía holandesa aseguró tener
evidencia de que los servicios secretos israelíes tenían “acceso irrestricto a
la información confidencial (escuchas) recogida por la policía y los servicios
de inteligencia” de ese país.
El holandés Paul Wouters, escribiendo al respecto
para una revista de su país, cuenta que, cuando los equipos de espionaje fueron
entregados por los israelíes, se acordó que “solo el equipo de Verint podría
tocar los sistemas… el código fuente no estaría disponible para nadie”.
Como otros especialistas agregan, sin un código
fuente abierto, no hay como saber cuáles podrían ser las vulnerabilidades del
sistema y es probable que ellas, además, se encuentren en el mismo diseño,
puestos ahí de manera deliberada.
La entrada de las compañías “privadas” israelíes a
EE.UU. y su sistema de comunicaciones fue facilitada por una serie de leyes
emitidas en 1994, conocidas por las siglas CALEA (“Communications Assistance
for Law Enforcement Act”). CALEA, “forzó a los negocios vinculados a la
comunicación (de EE.UU.) a buscar la encriptación de la información de sus
usuarios a través de terceros”, explica Christopher Ketcham en el artículo
referido al inicio de este artículo. Fue entonces cuando las privadas Verint y
Amdocs entraron a asumir ese rol (Counterpunch, 27/09/08).
Como explica James Bamford para la revista Wired
(03/04/12), Verint fue fundada por Jacob “Kobi” Alexander, un oficial de
inteligencia israelí retirado y prófugo de la justicia estadounidense hasta el
2016. Ese año, Alexander pudo volver a EE.UU. luego de pasar una década en
Namibia, a donde huyó para evitar la cárcel. El FBI lo buscaba por lavado de
dinero, soborno, robo, entre otros. Dos de sus asociados en Verint también
participaron de sus delitos y pasaron tiempo en la cárcel, pagando millones en
multas.
En una “rara admisión”, el brigadier general del
ejército israelí en retiro, Hanan Gefen, antes comandante de la Unidad 8200
–dedicada a la interceptación de información–, le contó a un periodista de
Forbes que Comverse (el nombre anterior de Verint), así como otras empresas
privadas israelíes en el sector, fueron “influenciadas” directamente por la
tecnología desarrollada por su agencia. Tanto los veteranos de la unidad de
inteligencia israelí, como sus tecnologías, son empleados hoy en alrededor de 30
a 40 compañías privadas alrededor del mundo. Esto es posible gracias a la casi
completa desregulación de este mercado, que pasó de la inexistencia a mover
cerca de 5 mil millones de dólares anuales hacia la primera década de este
siglo.
También las regulaciones de carácter nacional –o la
falta de ellas–, son abusadas por estas empresas. En Colombia, Verint trabajó
con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cerrada luego de que se
revelara el espionaje de 600 figuras públicas, las que también sufrieron, en
muchos casos, acoso por parte de la agencia. Verint contrató con el DAS y
muchas otras agencias que no tenían autoridad legal para interceptar
comunicaciones, de acuerdo con Privacy International. “Verint –explica la
entidad–, realizó pruebas de vigilancia para la DAS, incluso luego de que esta
fuera denunciada por sus actividades ilegales” (02/09/15).
En el Perú, los contratos iniciales con Verint
(conocidos gracias a este semanario), fueron realizados durante la gestión de
Ollanta Humala, cuyo gobierno protagonizó su propio escándalo de espionaje.
Ahora el gobierno de Vizcarra retoma los negociados. No es, pues, un asunto
partidario. Son “tendencias” globales que llegan a nuestro país, en su calidad
de patio trasero, casi como imposiciones. Esa subordinación es solo provechosa
para una élite que preferiría que no sepamos nada de lo reseñado aquí.
Más que un bicentenario, lo que necesitamos es una
segunda independencia.
-Publicado el viernes 19 en el semanario Hildebrandt
en sus 13, Lima, Perú.
https://www.alainet.org/es/articulo/201176
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