VOLUNTAD DE CAMBIOS Y SURGIMIENTO DE LA DEMOCRACIA ¿ES DESEO DE TODOS LOS PERUANOS?

El Perú republicano requiere cambiar el estilo conservador de la vida política y económica, para ello se tiene no sólo que reformar la estructura organizativa de su Estado, poniendo a éste al servicio de todos; sino correlativamente se habrá de revertir la exclusión en términos culturales bajo la perspectiva de renovar las relaciones sociales y políticas que, tome en cuenta un primer eje la dinámica de lo que representa ser ciudadano y los derechos de la persona humana, y un segundo eje en cuanto a que el proceso de la economía se prioricen cambios que estén dirigidos a la diversificación productiva. 

A la actualidad el accionar del Estado está condicionado a una sola función, la subsidiaria, los gobiernos no han decidido, ni han llegado a asumir las funciones reguladoras y promotoras, en razón a que la Constitución Política de 1993 no les da un reconocimiento explícito, ningún gobierno o partido político se ha atrevido a interpretar en otros artículos constitucionales la de tomar la decisión política sobre las funciones limitadas a que no sólo sean subsidiarias.

La subsidiaridad marca la matriz de la gestión estatal, haciéndola excluyente en el actuar de las entidades públicas, razón por la cual los sucesivos gobiernos no logran intensificar proyectos colaterales a la salud tanto a obras de agua y desagüe y relleno sanitario, como los vinculados a las de vivienda. 

Estos servicios que resultan necesarios porque se dirigen a la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso en el transcurso de muchos años no todos cuentan con aceptables servicios básicos, lo que representa no solo la exclusión para un mejor vivir, sino muestra la desigualdad social cruzada por la economía que favorece a los grupos privilegiados y empresariales, a los que se les hace difícil entender el valor de la solidaridad, esto se demuestra cuando se ofrecen y se pagan salarios disminuidos a los trabajadores y cuando el mismo Estado en relación a sus servidores públicos en que grupos privilegiados ganan mucho y mientras otros estamentos tienen salarios bastante reducidos.  

Esta situación se da en el marco de una economía formal, la que se agudiza cuando los pobres creen que con la informalidad les irá mejor, empujados por el egoísmo de las fuerzas del poder empresarial al rebajar el status laboral; las estadísticas señalan que los índices de la pobreza se incrementan lo que evidencia irremediablemente que los asalariados de la formalidad son bajas, y éstas remuneraciones son sólo para sobrevivir, y llegamos a sostener que la pobreza está por encima del 20%, porque es vista desde el ángulo económico; en cambio, la informalidad es tan vasta que sobrepasa el 70% en todos los campos de la vida nacional, y hace que estos bolsones de ciudadanos y de territorios en términos sociales y culturales no alcancen niveles decorosos. 

Las mediciones oficiales no han evaluado toda la realidad del país, razón para demostrar que son engañosas, a pesar de casi doscientos años la pobreza y la desigualdad persisten, lo cual es grave y conduce a la protesta ciudadana, creando un destino que puede avizorarse más complejo de lo que representan los conflictos sociales por un desembalse ante las sucesivas postergaciones. 

En el Perú republicano los grupos privilegiados son altamente favorecidos en la distribución de la riqueza, conviviendo con la inequidad prevaleciente, lo que nos dice que no estamos enmarcados en el régimen de la democracia y que a la vez se está en contra del desarrollo humano que debería ser uno de los objetivos nacionales; en cambio, la perspectiva de las dirigencias políticas y económicas se limitan a los procesos de crecimiento económico, los cuales se producen en tiempos cortos que no pasan de una década, gracias a las exitosas exportaciones primarias al elevarse los precios; sin embargo, caso de los minerales que dependen de la demanda de los mercados internacionales.  

El extractivismo de los recursos no renovables resulta ser una política nacional porque hace posible para el país el mayor ingreso en impuestos y canones, gracias a estas recaudaciones se realizan las obras públicas que son programadas bajo la responsabilidad del Estado que no solo le corresponde al gobierno central; sino a los gobiernos descentralizados, en los territorios departamentales y municipales. 

Sin embargo, el tratamiento en este caso de obras materiales, por parte de los gobiernos regionales muestran: un primer comportamiento inaceptable que beneficia más a las principales ciudades, como las capitales regionales, ellas reciben los mayores recursos, postergando la ejecución destinada a cubrir las necesidades del resto de los ámbitos, incluidos los rurales; un segundo punto está circunscrito a la carencia de cuadros técnicos al no existir la meritocracia que sería la que llevaría acabo los proyectos; un tercero, de ser ejecutados no respetan los plazos programados, además que no se distinguen por su eficiente calidad; y un cuarto punto es que las sumas de las financiaciones permanecen en el Banco de la Nación o en su defecto regresan al tesoro público, y se corre el riesgo de no ejecutar las obras  

Esto último también marca la perversidad del Estado al convertirse en un país excluyente, dirigida por autoridades que monitorean por encima de los deseos y voluntad de las poblaciones; es decir, los peruanos están sujetos al predominio autoritario muy propio de un país en que todavía se actúa bajo los rezagos del sometimiento colonial, heredada de los gobiernos de la época virreinal, lo que configura la disminuida posición social de la población ante los grupos de poder y de otros segmentos sociales que han alcanzando niveles profesionales y de alta especialidad. 

La colonialidad persiste para los grupos mayoritarios aún cuando existan gobiernos elegidos por voto universal, al no haber organizaciones civiles y políticas organizadas que hagan respetar los veredictos electorales, ello  muestra una disminuida ciudadanía en el marco de la precariedad democrática; la paradoja es que siguen existiendo la ciudadanía de segunda clase. 

Estos últimos no tienen no solo la igualdad de oportunidades tanto en su desarrollo personal y familiar, como en su normal participación en las políticas públicas y los diversos campos de la vida nacional; sino que dicha colonialidad se retroalimenta por la desigual económica, este entrecruzamiento se liga a la situación de que se pueda dar la movilidad social, lo que sella las distancias sociales sobre las diversidades culturales. Esta situación de predominio impide el intento de acabar con la colonialidad interna porque el sentir de los peruanos es aún temeroso a los cambios, a lo más se hacen notas declaratorias en favor de los derechos humanos y las reivindicaciones laborales. 

Esto es consecuencia de un país gobernado por los grupos de poder que no son favorables a la mayoría de la población, porque en ellos priman sus intereses sociales y económicos, este grupo es sinónimo de la vigencia oligárquica, el mismo que se ha convertido por décadas en un obstáculo que impide el desarrollo político y social en democracia. Su presencia al ser  exclusiva con predominio del sector de la banca y del orden financiero, su  característica de estas las oligarquías peruanas se hacen a la vez plutocráticas, expresión viva de esta situación es el reinado del dinero y el consumismo. 

No se sabe a ciencia cierta porque la actual administración recoge el clamor de los pueblos por mejorar, por ejemplo reformar el sistema electoral dirigido a contar con representaciones auténticas al parlamento y de que los partidos realicen elecciones primarias previas, a los actos públicos de las elecciones del ejecutivo y el legislativo; asimismo, es posible la reformas del sistema de justicia. Estos cambios están aprobados por referéndum a iniciativa del poder ejecutivo, se espera con la instalación del nuevo congreso de que este esté rodeado de una resurrección en democracia pura, con miembros que sepan de su deber de representar y ejecutar las reformas políticas que todavía faltan discutir y aprobar. 

Sea el año 2020 a julio del 2021 que la democracia política esté apta en disposiciones y de una voluntad de reformas, a pesar que en 200 años de que se alcanzó la independencia predominó una abierta autocracia y últimamente los autoritarismos solapados, todos ellos sujetos a los intereses de los grupos de poder político y económico que se comportaron como rivales del sistema democrático y de regimenes de gobiernos que perfeccionaran sus acciones en igualdad de oportunidades, nacidos del respeto a la dignidad de la persona y que le da la característica de oligarquías plutocráticas.

El Perú hoy en día es un potencial para que exista consenso, en disposición de  oportunidades en favor de la república, la que nació incompleta por tantas carencias de la elección de gobiernos promotores y de pueblos convertidos en ser ciudadanía que hagan respetar los veredictos electorales y participen bajo sus representantes y a través de los actos de democracia directa cuando se hace necesario que se realicen.

Fernando Arce Meza                    Surco, 30 de diciembre del 2019