El Perú republicano requiere cambiar el estilo
conservador de la vida política y económica, para ello se tiene no sólo que
reformar la estructura organizativa de su Estado, poniendo a éste al servicio
de todos; sino correlativamente se habrá de revertir la exclusión en términos
culturales bajo la perspectiva de renovar las relaciones sociales y políticas
que, tome en cuenta un primer eje la dinámica de lo que representa ser
ciudadano y los derechos de la persona humana, y un segundo eje en cuanto a que
el proceso de la economía se prioricen cambios que estén dirigidos a la
diversificación productiva.
A la actualidad el accionar del Estado está
condicionado a una sola función, la subsidiaria, los gobiernos no han decidido,
ni han llegado a asumir las funciones reguladoras y promotoras, en razón a que
la Constitución Política de 1993 no les da un reconocimiento explícito, ningún
gobierno o partido político se ha atrevido a interpretar en otros artículos
constitucionales la de tomar la decisión política sobre las funciones limitadas
a que no sólo sean subsidiarias.
La subsidiaridad marca la matriz de la gestión
estatal, haciéndola excluyente en el actuar de las entidades públicas, razón
por la cual los sucesivos gobiernos no logran intensificar proyectos
colaterales a la salud tanto a obras de agua y desagüe y relleno sanitario,
como los vinculados a las de vivienda.
Estos servicios que resultan necesarios porque se
dirigen a la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso en el transcurso
de muchos años no todos cuentan con aceptables servicios básicos, lo que
representa no solo la exclusión para un mejor vivir, sino muestra la
desigualdad social cruzada por la economía que favorece a los grupos
privilegiados y empresariales, a los que se les hace difícil entender el valor
de la solidaridad, esto se demuestra cuando se ofrecen y se pagan salarios
disminuidos a los trabajadores y cuando el mismo Estado en relación a sus
servidores públicos en que grupos privilegiados ganan mucho y mientras otros
estamentos tienen salarios bastante reducidos.
Esta situación se da en el marco de una economía
formal, la que se agudiza cuando los pobres creen que con la informalidad les
irá mejor, empujados por el egoísmo de las fuerzas del poder empresarial al
rebajar el status laboral; las estadísticas señalan que los índices de la
pobreza se incrementan lo que evidencia irremediablemente que los asalariados
de la formalidad son bajas, y éstas remuneraciones son sólo para sobrevivir, y
llegamos a sostener que la pobreza está por encima del 20%, porque es vista
desde el ángulo económico; en cambio, la informalidad es tan vasta que
sobrepasa el 70% en todos los campos de la vida nacional, y hace que estos
bolsones de ciudadanos y de territorios en términos sociales y culturales no
alcancen niveles decorosos.
Las mediciones oficiales no han evaluado toda la
realidad del país, razón para demostrar que son engañosas, a pesar de casi
doscientos años la pobreza y la desigualdad persisten, lo cual es grave y
conduce a la protesta ciudadana, creando un destino que puede avizorarse más
complejo de lo que representan los conflictos sociales por un desembalse ante
las sucesivas postergaciones.
En el Perú republicano los grupos privilegiados son
altamente favorecidos en la distribución de la riqueza, conviviendo con la
inequidad prevaleciente, lo que nos dice que no estamos enmarcados en el
régimen de la democracia y que a la vez se está en contra del desarrollo humano
que debería ser uno de los objetivos nacionales; en cambio, la perspectiva de
las dirigencias políticas y económicas se limitan a los procesos de crecimiento
económico, los cuales se producen en tiempos cortos que no pasan de una década,
gracias a las exitosas exportaciones primarias al elevarse los precios; sin
embargo, caso de los minerales que dependen de la demanda de los mercados
internacionales.
El extractivismo de los recursos no renovables
resulta ser una política nacional porque hace posible para el país el mayor
ingreso en impuestos y canones, gracias a estas recaudaciones se realizan las
obras públicas que son programadas bajo la responsabilidad del Estado que no solo
le corresponde al gobierno central; sino a los gobiernos descentralizados, en
los territorios departamentales y municipales.
Sin embargo, el tratamiento en este caso de obras
materiales, por parte de los gobiernos regionales muestran: un primer comportamiento
inaceptable que beneficia más a las principales ciudades, como las capitales
regionales, ellas reciben los mayores recursos, postergando la ejecución
destinada a cubrir las necesidades del resto de los ámbitos, incluidos los
rurales; un segundo punto está circunscrito a la carencia de cuadros técnicos
al no existir la meritocracia que sería la que llevaría acabo los proyectos; un
tercero, de ser ejecutados no respetan los plazos programados, además que no se
distinguen por su eficiente calidad; y un cuarto punto es que las sumas de las
financiaciones permanecen en el Banco de la Nación o en su defecto regresan al
tesoro público, y se corre el riesgo de no ejecutar las obras
Esto último también marca la perversidad del Estado
al convertirse en un país excluyente, dirigida por autoridades que monitorean
por encima de los deseos y voluntad de las poblaciones; es decir, los peruanos
están sujetos al predominio autoritario muy propio de un país en que todavía se
actúa bajo los rezagos del sometimiento colonial, heredada de los gobiernos de
la época virreinal, lo que configura la disminuida posición social de la
población ante los grupos de poder y de otros segmentos sociales que han
alcanzando niveles profesionales y de alta especialidad.
La colonialidad persiste para los grupos
mayoritarios aún cuando existan gobiernos elegidos por voto universal, al no
haber organizaciones civiles y políticas organizadas que hagan respetar los
veredictos electorales, ello muestra una disminuida ciudadanía en el
marco de la precariedad democrática; la paradoja es que siguen existiendo la
ciudadanía de segunda clase.
Estos últimos no tienen no solo la igualdad de
oportunidades tanto en su desarrollo personal y familiar, como en su normal
participación en las políticas públicas y los diversos campos de la vida
nacional; sino que dicha colonialidad se retroalimenta por la desigual
económica, este entrecruzamiento se liga a la situación de que se pueda dar la
movilidad social, lo que sella las distancias sociales sobre las diversidades
culturales. Esta situación de predominio impide el intento de acabar con la
colonialidad interna porque el sentir de los peruanos es aún temeroso a los
cambios, a lo más se hacen notas declaratorias en favor de los derechos humanos
y las reivindicaciones laborales.
Esto es consecuencia de un país gobernado por los
grupos de poder que no son favorables a la mayoría de la población, porque en
ellos priman sus intereses sociales y económicos, este grupo es sinónimo de la
vigencia oligárquica, el mismo que se ha convertido por décadas en un obstáculo
que impide el desarrollo político y social en democracia. Su presencia al ser
exclusiva con predominio del sector de la banca y del orden financiero,
su característica de estas las oligarquías peruanas se hacen a la vez
plutocráticas, expresión viva de esta situación es el reinado del dinero y el
consumismo.
No se sabe a ciencia cierta porque la actual
administración recoge el clamor de los pueblos por mejorar, por ejemplo
reformar el sistema electoral dirigido a contar con representaciones auténticas
al parlamento y de que los partidos realicen elecciones primarias previas, a
los actos públicos de las elecciones del ejecutivo y el legislativo; asimismo,
es posible la reformas del sistema de justicia. Estos cambios están aprobados
por referéndum a iniciativa del poder ejecutivo, se espera con la instalación
del nuevo congreso de que este esté rodeado de una resurrección en democracia
pura, con miembros que sepan de su deber de representar y ejecutar las reformas
políticas que todavía faltan discutir y aprobar.
Sea el año 2020 a julio del 2021 que la democracia
política esté apta en disposiciones y de una voluntad de reformas, a pesar que
en 200 años de que se alcanzó la independencia predominó una abierta autocracia
y últimamente los autoritarismos solapados, todos ellos sujetos a los intereses
de los grupos de poder político y económico que se comportaron como rivales del
sistema democrático y de regimenes de gobiernos que perfeccionaran sus acciones
en igualdad de oportunidades, nacidos del respeto a la dignidad de la persona y
que le da la característica de oligarquías plutocráticas.
El Perú hoy en día es un potencial para que exista
consenso, en disposición de oportunidades en favor de la república, la
que nació incompleta por tantas carencias de la elección de gobiernos
promotores y de pueblos convertidos en ser ciudadanía que hagan respetar los
veredictos electorales y participen bajo sus representantes y a través de los
actos de democracia directa cuando se hace necesario que se realicen.
Fernando Arce
Meza
Surco, 30 de diciembre del 2019
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