18/05/2018
La financiarización, fraccionando el asalariado,
generalizando el endeudamiento y haciendo pensar que la propiedad se ha
universalizado, ha modificado las relaciones entre grupos sociales, transformó
las formas de los conflictos, así como los modos de representación política. El
objetivo de esta introducción es sugerir, a partir de encuestas empíricas,
pistas de reflexión sobre lo que hace la financiarización a los modos de
división del mundo social. El análisis de la sociedad en términos de clases
antagonistas, durante mucho tiempo central en ciencias humanas, se apagó. Pero
luego de las crisis económicas, la cuestión de la deuda –su mercantilización
por el capital financiero tanto como las formas de ascenso social o de
sobreendeudamiento popular que engendra- revive el viejo problema de la
definición de clases sociales y permite comprender como las relaciones entre
las clases han evolucionado bajo la acción del capital financiero. Se trata de
analizar las dinámicas de formación de grupos sociales pero también los juegos
de consolidación y de desestabilización de estos grupos. Pero este ejercicio
reflexivo sobre las categorías en juego se acompaña, en el mismo movimiento, de
una mirada descriptiva realista, es decir, capaz de distinguir los grados de
realidad alcanzados por tal o cual grupo, de evaluar las asimetrías y analizar
las relaciones de fuerza entre grupos y categorías sociales. Las condiciones de
existencia de las poblaciones, afectadas por el recurso masivo al crédito en
muchos países, han sido ampliamente transformadas por la financiarización de la
economía. Esto le da una consistencia, temporaria y frágil, al ideal político
–sostenido especialmente por los gobiernos sucesivos de centro izquierda y de
centro derecha- de una sociedad sin clases, en la que uno de los centros de
gravedad sería la pequeña propiedad y la clase media extendida a todo el cuerpo
social.
Introducción
Clase dominante, clases poseedoras, clase obrera,
clases populares: el análisis de la sociedad en términos de clases ha sido
largo tiempo central en el desciframiento de la vida social y política así como
un suelo esencial para las ciencias sociales. Una manera de abordarlas consiste
en presuponer la realidad de las clases, en demostrar el enraizamiento profundo
de intereses antagónicos fundados sobre las relaciones de propiedad, de
dominación y de explotación entre grupos dotados de una consciencia de clase y
de medios de representación colectiva –o, al contrario, en relativizar o negar
su existencia. Pero después de los años de 1980, la visión del mundo social en
términos de clases parece estar atenuada, a medida que progresaba la antigua
idea de una sociedad postindustrial (Bell, 1973; Touraine, 1969), extendiendo
progresivamente al conjunto del cuerpo social la categoría ‘atrapa-todo’ de
clase media, algunas veces etérea y retórica, otras veces anclada económica y
socialmente, y haciendo lugar al individuo o, en una versión agregada, a las
comunidades. La hipótesis de una sociedad organizada por una multitud de
pequeñas diferencias, por intereses divergentes más bien que contradictorios,
ha hecho retroceder la hipótesis de un conflicto central subyacente. El sentido
de la noción dinámica de clases, también ha evolucionado, deviniendo a menudo
un simple sinónimo de la noción más mecánica de categoría social y difuminando
así una lectura en términos de antagonismos de clases.
Sin embargo, los conflictos sociales de los años
2000, luego las consecuencias económicas y sociales de la crisis de 2008 en una
escala mundial, contribuyen hoy a una cierta recuperación del interés por
categorías demasiado rápidamente juzgadas arcaicas y sobrepasadas. Luego de la
“muerte de las clases sociales” (Clark & Lipset 1991 ;
Pakulski & Waters 1996), los años recientes marcaron el “retorno
de las clases sociales” (Chauvel, 2001 ; Bouffartigue, 2004 ; Savage,
2015). Pero este renacimiento, tanto en las esferas académicas como en el mundo
social, político y mediático, permanece impreciso, tenue e indirecto: las
clases sociales se manifiestan en el cruce de los estudios consagrados al
acrecentamiento de las desigualdades sociales, los clivajes socioculturales o
nacionales, o aún describen la descomposición de las estructuras sindicales y
las nuevas formas de desclasamiento. En este panorama, los conceptos de clase
reaparecen y sus fronteras se transforman, la consistencia precisa de estas
clases parece siempre inasible.
Este dossier parte de la idea que la
financiarización, fraccionando al asalariado, generalizando el endeudamiento y
dejando pensar que la propiedad está universalizada, ha modificado las
relaciones entre los grupos sociales, transformado las formas de los
conflictos, así como los modos de representación política. Pero el término
“financiarización” como el término “neoliberalismo” el cual designa uno de sus
componentes esenciales (1. Sin entrar en el detalle de las relaciones entre la
ideología neoliberal y la financiarización, precisemos que después del fin de
los años 1970 y sobre todo los años 1980 –marcados por los arribos al poder de
R. Reagan en EE UU y M. Thatcher en Gran Bretaña- la finanza devino una
herramienta política central, no solamente en los programas de gobierno
orientados a la privatización de sectores claves de la economía, sino
también en sus discursos, por la promoción del ideal del pequeño
propietario y del inversor universales, lo cual supone un rol clave del endeudamiento),
aglomera e incluso confunde varias significaciones. Algunos lo entienden como
una forma de acumulación del capital (Krippner, 2005 ; Boyer, 2000 ;
Aglietta, 2001 ; Arrighi 1994 et 2007), otros como la imposición del
“valor del accionariado” (Rappaport, 1986 ; Lordon, 2000 ; Orléan,
1998), o todavía lo asimilan al reforzamiento del poder de las instituciones
financieras en las economías domésticas (Erturk et al., 2007), a
través de la expansión del crédito y de la deuda, que pesa tanto sobre los presupuestos
de las familias como sobre los de los Estados. Más allá de estas diferencias de
interpretación, que no son forzosamente exclusivas, la financiarización
constituye un fenómeno ampliamente documentado por las ciencias sociales
(Knorr-Cetina & Preda, 2012 ; Van der Zwan, 2014) – sea por
la sociología, por la historia, por la economía heterodoxa o por la ciencia
política. Se puede, a mínima, entenderlo como “el acrecentamiento de la
parte del sector financiero (bancos, seguros y actividades inmobiliarias) en el
producto interior bruto, en términos de beneficios o de masa salarial”, pero
también, más sociológicamente, como “la manera en que /la lógica de los
mercados financieros/ irriga los universos sociales por afuera de su esfera
original” (Godechot, 2016). Este acrecentamiento del peso de las finanzas,
después de los años 1970, es sin duda una característica esencial del
capitalismo contemporáneo.
Pero la « colonización » por las finanzas
de sectores enteros de la economía, que le eran en otra época extraños,
constituye el objeto de controversias. ¿Engendra, vía la
“democratización” del crédito y de los productos financieros (Langley,
2008), una mayor movilidad social, así como una ampliación de la base de las
clases medias? Refuerza o fragiliza las diferencias preexistentes o, por el
contrario, participa de la aparición de nuevas fronteras de clase? Para algunos
economistas y sociólogos las identidades de clase en la escala del mundo se han
disuelto bajo el efecto de la financiarización, transformando a los
trabajadores en detentadores de capitales, en “inversores” o instituyendo
alianzas de clase inéditas (Aguilera & Jackson, 2003 ;
Höpner, 2003). Para otros, las violencias de clases se han agudizado y
complejizado en una escala global, traduciéndose por una marginalización
creciente y de olas de expulsiones de los centros de decisión del capitalismo
(Aalbers, 2008; Sassen, 2014). Algunos autores han logrado recientemente
cuantificar los efectos de la financiarización sobre los diferentes estratos de
ingresos, o sea uno de los mecanismos que contribuyen a la estratificación
social (Fligstein, 2015; Hager, 2016). Estudiar la financiarización permite
comprender la mutación de las fronteras entre clases e, inversamente, el
análisis de clases esclarece los mecanismos que operan en los procesos de
financiarización. Suzanne de Brunhoff (2003) muestra por ejemplo que la
financiarización ha conducido por un lado a la separación creciente de
financistas y empresarios, haciendo aparecer una nueva frontera en el seno de
los detentadores del capital, y por otro lado, en la transformación objetiva y
subjetiva de las clases obreras, bajo la influencia de políticas monetarias de
Estado favorables a las finanzas.
Lejos de mostrar un recorrido exhaustivo de
los debates que impulsan tal crecimiento, el objetivo de esta introducción es
sugerir, a partir de encuestas empíricas, pistas de reflexión sobre el impacto
de la financiarización sobre los modos de división del mundo social. Se
esforzará particularmente en distinguir la clase social, que reenvía a
una relación social, determinada por antagonismos capitalistas, y las categorías
sociales, que pueden definirse según un criterio particular o una
diferencia factual –edad, sexo, ingreso, patrimonio, profesión- y cuyas características
así como las formas de movilización están ligadas a las relaciones de clase sin
forzosamente reducirse a ellas. La cuestión de la deuda –su mercantilización
por el capital financiero así como las formas de ascenso social o
sobreendeudamiento que torna posibles- revive el viejo problema de la
definición de las clases sociales y permite comprender como las relaciones
entre las clases han evolucionado bajo la acción del capital financiero. El
proceso retenido es a la vez constructivista y realista. Se trata de analizar
las dinámicas de formación –el trabajo de puesta en forma de un grupo, de
recorte del mundo social y de cirugía taxonómica- pero también los juegos
sociales de consolidación y fragilización de estos grupos. Pero este ejercicio
reflexivo sobre las categorías en juego se acompaña, en el mismo movimiento, de
un enfoque descriptivo realista, es decir, capaz de distinguir los grados de
realidad tomados por tal o tal grupo, de evaluar las asimetrías y de analizar
las relaciones de fuerza entre grupos y categorías sociales. Explicando los
ejes propios de la definición de lo que es una clase social, así como
las disputas relativas en su (realización o desrealización) en el
mundo social y político, analizamos los procesos de fabricación de estas clases
por las diversas operaciones de la financiarización: el endeudamiento, el
ahorro financiarizado, la acumulación patrimonial.
En un primer tiempo identificamos las
configuraciones, operaciones, situaciones y experiencias que forjan una clase
social y mostramos cómo interactúan con la financiarización (1. De qué
clases se habla?). En estas evoluciones, las formas tomadas por la deuda
-en tanto que técnica de financiamiento, de organización y problematización del
mundo social- nos parecen jugar un rol central. La deuda, contribuyendo a la
financiarización, no ha cesado de reforzarse con ella. Los lazos entre
financiarización y clases sociales vía las prácticas de endeudamiento se
manifiestan en diferentes niveles: desde el Estado y los ejes macro-sociales,
macro políticos y macro económicos del endeudamiento mercantil hasta el nivel
de los individuos, cuyo ejes no son menos “macro” pero diseñan, al final de la
cadena, los modos de encarnación individual y subjetivación que introduce la
finanza, por la deuda y el crédito.
El endeudamiento de los Estados como el de las
familias permite en efecto pensar la evolución de los detentadores del capital
financiero –y de grupos sociales que gravitan en torno de este polo- como las
clases populares y algunas de sus fracciones particulares, como los
desempleados o las clases medias (2. La utopía “universalista” de la
finanza: el enrolamiento de las clases sociales). Tales desplazamientos de
fronteras engendran nuevas formas de conflictos, que tienden a colocar la
dominación financiera en el centro de las relaciones de clases e invitan a
recalibrar la crítica social, reajustando sus blancos (3. Erosión de las
clases medias y retorno de la solidaridad de las clases populares?)
1. ¿De qué clases se habla?
Numerosos trabajos se interesaron en el
empobrecimiento y el enriquecimiento vinculados con la financiarización,
llegando a conclusiones contrastantes. Entre los economistas algunos afirman
que la financiarización permite disminuir las desigualdades de ingresos y
acrecentar las oportunidades de movilidad social (Becker & Tomes
1979 et 1986). Otros trabajos, por el contrario, señalan que la finanza acentúa
las desigualdades, de manera directa (Piketty 2013) o indirecta (Greenwood & Jovanovic,
1990 ; Perrin-Heredia, 2009), por ejemplo por la precarización del mercado
de trabajo que genera (Fligstein & Shin 2007). Pero raros son
aquellos que han propuesto considerar –lo que supone un cruzamiento explícito
entre economía, sociología y ciencia política (2. Aunque una renovación de los
trabajos que retoman la cuestión de las clases sociales se inscribe en
sociología política, raramente lo hacen con el prisma de la financiarización.
Cuando los objetos financieros interfieren en esas encuestas, es indirectamente,
a través de del concepto de “delincuencia de cuello blanco”, o del análisis de
las relaciones sociales diferenciadas por el impuesto, o por la justicia
(Hugré, Pénissat & Spire, 2017 ; Spire, 2013), como la
financiarización reestructura las relaciones entre las clases, permitiendo el
ascenso de ciertos grupos en detrimento de otros, o aún “inflándose” como una
burbuja, la posición de clase por el acceso al crédito antes de sumergirse en
el sobreendeudamiento y el desclasamiento. Los términos movilizados para
designar estos efectos no están anclados o limitados a las clases
sociales: desigualdades sociales, asimetrías de poder o de información, los
términos abundan. Asimismo, las maneras de recortar la sociedad a fin de marcar
estas diferencias proliferan: “categorías socioprofesionales”, “medio social” o
“condición social”, “grupos sociales”, “castas”, “ricos y pobres”, dominantes y
dominados”, “oligarquía” y “élites” sons freciuentemente utiñizadpos de manera
imprecisa, sino intercambiable. En el caso de la financiarización de la
sociedad, esta pluralidad de cualificaciones reenvía a operaciones o secuencias
diferenciadas de construcción y objetivación de una clase social. Así, actuando
sobre el acceso a la propiedad y la circulación de capital, la finanza puede
desplazar los intereses económicos y sociales, los modos de oposición y, in
fine, la estratificación social que se objetiva en las clasificaciones,
recortes, desmembramientos y reagrupamiento de individuos en categorías
distintas y oficiales, como las categorías socio profesionales (Desrosières
& Thévenot, 1988). Se trata entonces, cruzando los conocimientos y métodos
de la economía, la sociología y la ciencia política, de seguir el trabajo de
deconstrucción y reconstrucción operada por la financiarización y de
identificar las zonas más sensibles.
1. 1 Antagonismo o
estratificación : dos aproximaciones distintas a las clases sociales
Una larga tradición distingue habitualmente entre
las aproximaciones de Marx y de Weber. Para Marx, las clases se definen en
principio objetivamente, en sí, por su lugar en las relaciones sociales
de producción, y más precisamente por la propiedad de los medios de producción.
En torno de esta relación de propiedad se organiza el antagonismo entre
burguesía detentadora del capital y el proletariado, cuya explotación permite
la acumulación de capital (3. Notemos que el campesinado en esta perspectiva
está atravesado por una oposición similar entre propietarios de tierras y obreros
agrícolas, con las condiciones de vida similares “a la inmensa masa de
campesinos parcelarios” pese al status formal de pequeños propietarios de estos
últimos (Marx, 1984). Para nuestro propósito, considerar el campesinado como
una clase íntegramente -es lo que hace a veces la taxonomía marxista- sería por
lo tanto algo fuera de lugar, y es más preciso hablar de un “sector”
terciario que, con el mismo título que la industria y los servicios, ha sido
sometido al proceso de financiarización.). Una tal oposición histórica entre
dos clases, capital y trabajo supone, para que devenga un motor de la historia,
que estas clases existan también subjetivamente, para sí, en tanto que
representación social colectiva y se doten de representantes y organizaciones
políticas que defiendan sus intereses. Para Weber, las clases sociales no son
más que la dimensión económica de la estratificación social, que se define
tanto por sus dimensiones políticas, donde se confrontan los partidos
políticos, más que sociales, en los que el prestigio define grupos de estatus
distintos. La perspectiva weberiana supone superposiciones, encajonamientos, y
no forzosamente un conflicto estructural entre dos polos con intereses
irreductibles.
Las dos aproximaciones son objeto de numerosas tentativas
de conciliación, como la de Erik Olin Wright (1985 et 2009), quien plantea una
“aproximación analítica integrada” de la estratificación social a partir de
premisas marxistas enriquecidas por la noción de “acaparamiento de
oportunidades” que se encuentra también en la teoría de la desigualdad
persistente de Tilly (1999) y en la de la distinción por el capital simbólico y
de los campos de Bourdieu (1966) (4. En “Condición de clase y posición de
clase”, Pierre Bourdieu distingue entre “diferencia de hecho y diferencia
‘significante’ (en valores)” los modos de existencia sociales, recurriendo a lo
simbólico,, en complementariedad del materialismo marxista (Bourdieu, 1966).
Las doce categorías de Wright encasilla así el mundo social combinando los
criterios de propiedad, calificación y jerarquía, permitiendo a la vez la
categorización y el análisis de las dinámicas históricas.
Su noción de una “posición de clase contradictoria”
ha permitido comprender como las categorías sociales intermediarias pueden, estando
objetivamente ligadas al mundo del trabajo, defender subjetivamente
–moralmente, políticamente- los intereses del capital. Es el caso en Francia
del grupo social de los “cuadros” ejecutivos –deben distinguirse de los
ingenieros. En quienes la posición de clases contradictoria ha permitido, desde
su emergencia hacia fines de los años 1930, la atenuación de los conflictos de
clase, desviándolos hacia nuevas fronteras y una lectura “ternaria” (y no
binaria, que opondría trabajo y capital) del mundo social (Boltanski, 1982). La
función política de estas empresas de recorte de lo social es evidente, tal
como fue el caso durante el período de entre las dos guerras mundiales.
La aparición del término “cuadro” y “movimiento de
cuadros” vinculados con los “movimientos de clases medias”, alrededor de 1936,
no es más que un elemento entre otros de la empresa de redefinición ideológica
que trabajaron la burguesía y la pequeña burguesía y que encontró su punto
culminante entre 1934 y 1938 cuando, con el reforzamiento del movimiento obrero
se intensificó la lucha entre las clases. Ella tiene por eje la imposición de
una representación ternaria del mundo social, centrada sobre la “clase media”,
elemento “sano” y “estable” de la “nación”, calcada ella misma sobre la representación
del espacio político que se forma cuando las vanguardias de la nueva derecha
con entre los dos extremos, “colectivismo” y “capitalismo”, la Tercera Vía”
(Boltanski, 1979). (5. Cuadros o clases medias, « todo pasa en efecto como
si /la ideología de las clases medias/ hubiera tenido por función social en
principio la denegación de los clivajes objetivos que ocupan su lugar”
(Boltanski, 1979) (5. Luc Boltanski explica que los movimientos de clases
medias, el sindicalismo de los ingenieros y de los « cuadros » -que
son puestos en relación con la contra ofensiva de la derecha y,
particularmente, del catolicismo social- tiene por función arrancar a la
pequeña burguesía de los partidos de izquierda y movilizar las fracciones de
las “clases medias” más opuestas al Frente Popular (Boltanski, 1979). La
financiarización ha desplazado después los límites entre categorías sociales,
sea que estén o no vinculados directamente con intereses de clase. Sin embargo,
los efectos de la financiarización no son los mismos según que se aborde la
cuestión de las relaciones de propiedad (personal o de medios de producción),
las condiciones de existencia compartidas, las relaciones sociopolíticas entre
clases o aún las representaciones colectivas (simbólicas, estadísticas) que dan
a las clases su unidad ideológica y política.
1. 2 Las relaciones de propiedad
Se postulará aquí, a costa de rectificar enseguida
este punto de partida, que una clase social se define en principio por su relación
de propiedad, por lo que posee o no en términos de medios de producción de
riquezas y de capital directa o indirectamente productivo. Esta propiedad puede
expresarse jurídicamente, por la propiedad directa de medios de producción, o
bajo la forma de una participación en el capital social de una sociedad
comercial, del accionariado mayormente. Una tal propiedad de medios de
producción tiende formalmente a distinguirse del patrimonio privado que, bajo
la forma de bienes materiales o inmateriales, individuales o familiares,
requiere de otro mecanismo para que este patrimonio no repose sobre una
relación de empleador a empleado: la posesión de un automóvil, o de una casa,
contrariamente a la posesión de una empresa, no implica una relación salarial
(6. Reificar una distinción tal supondría hacer abstracción de las mediaciones
entre los propietarios del capital – pequeños y grandes, que detentan, a título
individual y familiar, los derechos de propiedad sobre los medios de
producción-, las empresas que detentan también los títulos de propiedad sobre otras
empresas, y los gestores de portafolios y fondos de inversión que hacen
circular estos derechos de propiedad. Así, el patrón de un gran grupo
(Bolloré, Lagardère, Wendel, etc.) puede detentar personalmente títulos
financieros pero también profesionalmente, vía las sociedades
controladas por un holding familiar.).
Esta distinción, que conviene tomar como objeto de
indagación más que por realidad efectiva, recubre la separación jurídica entre
la persona del empresario y « la entidad-empresa”, especialmente en caso
de quiebra o caída de la organización: los riesgos tomados por el empresario
para el beneficio de su empresa son valorizados al punto de de proteger, en
caso de quiebra, la personal y el patrimonio privado del empresario
(Ould-Ahmed & Lordon, 2003 et 2006. ( 7. Estos autores analizan
un « movimiento de debilitamiento de la responsabilidad […] en el derecho
de quiebras […] y en las construcciones jurídicas de la empresa que definen los
puntos de aplicación de la responsabilidad. En efecto todas estas evoluciones
jurídicas aparentar tener por propiedad, por un lado, de separar la empresa del
empresario –y de proteger al segundo de los compromisos que pesan sobre la
empresa) y por otro lado suavizar el régimen de sanción económica (la quiebra)
que deviene un acontecimiento cada vez menos estigmatizante y cada vez más
socialmente admitido”).
Por el contrario, en caso de éxito y de beneficios
generados por estas mismas empresas en riesgo, la frontera entre el dominio
privado del jefe de empresa y el dominio colectivo de la empresa se muestra
demasiado más lábil y la permeabilidad entre estas esferas puede ser puesta en
beneficio del empresario privado. La distinción entre riqueza privada y riqueza
profesional es el objeto de un trabajo social y de luchas entre actores: con el
fin de legitimar los altos ingresos de los jefes de empresa, se considerará que
los riesgos personales tomados por el jefe de empresa justifican su fortuna y
que esta separación entre lo colectivo y lo personal es en parte artificial. En
otros momentos, como lo muestra Camille Herlin en este dossier, el Estado puede
operar para reconstruir la frontera entre riqueza privada y riqueza “pública”,
a fin de tornar más legítima la fortuna personal y facilitar las transferencias
lícitas y aceptadas de una a otra.
Sin embargo, después del nacimiento de la sociedad
por acciones, el uso de la herramienta financiera en la gestión de las grandes
firmas ha tenido la tendencia a disociar la propiedad y el control
(Berle & Means, 1931), un tema largamente retomado en los años
1980 (Magnan de Bornier, 1987), un decenio durante el cual la
financiarización de las grandes empresas, estimuladas por las políticas de
desregulación, realizó un salto adelante. Por otro lado la innovación
financiera ha demultiplicado las posibilidades de toma de control de las
empresas, complicando aún más las relaciones entre propiedad y control. Fabien
Foureault muestra así en este dossier como las innovaciones de la tecnología
financiera del Leverage Buy Out (LBO) introducen nuevas relaciones entre
la propiedad y el control de las empresas. Estas relaciones pueden tener
efectos contra-productivo –desde el punto de vista de los utilizadores de los
LBO. Y conducir en ciertas condiciones a pérdidas de control. De una manera general,
el rol de los dirigentes de grandes empresas ha atraído particularmente
la atención: si ellos son también asalariados y trabajadores, sus
remuneraciones están alineadas, por la práctica del interés, sobre las
performances financieras. Por consiguiente, sus estilos de vida, sus
patrimonios privados, sus opiniones políticas y sus opciones de gestión tienden
a alinearlos en una clase, pese a que sus condiciones de existencia no sean
enteramente comparable, al lado de los accionistas mayoritarios (8. Los asalariados
ricos y cuadros ejecutivos tienden a defender los intereses de los accionistas
mayoritarios. Sin embargo, Vincent Bolloré, accionista mayoritario del grupo
homónimo y del grupo Vivendi, por ejemplo no tiene las mismas condiciones de
existencia que sus dirigentes, muy ricos pero no adscriptos a este poder
dinástico de “gran burguesía poseedora” descrita por Michel Monique
Pinçon-Charlot (1996). Relativamente con otros medios sociales, todos
comparten sin embargo el mismo tren de vida, los mismos espacios de
representaciones políticas.).
1. 3 Condiciones de existencia
similares.
Desde un punto de vista más sociológico, las clases
se definen también por experiencias de vida similares. Paul Bouffartigue
(2004, p. 12) distingue por ejemplo tres « dimensiones de
existencia » de las clases: “comunidad relativa de situación y de destino,
sentimiento de pertenencia a un mismo mundo, constitución como sujeto
político”. Los estilos de vida y los actores de consumo más o menos
“ostentosos” permite distinguir una “clase ociosa” (Veblen, 1899). A esto es a
lo que Bourdieu denomina la “simbólica de la posición de clase” que “engloba…
no solamente los procedimientos expresivos, es decir los actos específicamente
e intencionalmente destinados a expresar la posición social, sino el conjunto
de los actos sociales que, sin incluso quererlo o saberlo, traducen o
traicionan, a los ojos de los otros y sobre todo de los extraños al grupo, una
cierta posición en la sociedad” (Bourdieu, 1966).
La propiedad –bajo una forma distinta esta vez de
la del “gran” capital – y en particular la propiedad inmobiliaria, opera como
un criterio social distintivo de relaciones sociales. Ser o no propietario de
su vivienda constituye una experiencia de clase específica que puede, en ciertos
países, servir de delimitación entre la clase media y las clases populares
(Lambert, 2015) y permites cambios de situación social por el acceso a la
propiedad (Ravelli, 2017a). El patrimonio hace ya mucho tiempo ha servido para
demarcar a la clase media: “en los años 1930-1940, es todavía la propiedad del
patrimonio, individual o familiar, el más a menudo invocado para definir la
‘clase media’ y que es utilizado para constituir el trazo de unión entre los
rentistas (incluso si ellos ejercen también una profesión) y aquellos para
quienes el patrimonio constituye el instrumento de trabajo –artesanos,
comerciantes, pequeños industriales, etc.” (Boltanski, 1979).
Sin ingresos suficientes, tales ascensos reposan
lógicamente sobre el endeudamiento, el acceso extendido de la población al
crédito y –aunque las condiciones de este acceso al crédito sean también
largamente determinadas por la condición y la posición de clase- sobre la
banalización de la deuda en los medios populares. El frecuente pasaje de la
exclusión financiera (Gloukoviezoff, 2010) por la sobre-inclusión por
endeudamiento, es característica de la “vida cotidiana de la finanza
mundializada” (Langley, 2008). En los medios populares, el recurso al crédito
sirve de puente de movilidad, y por esto es que se puede hablar de un
reposicionamiento de clases por la deuda. En este dossier, el artículo de
Marambio-Tapia muestra así como la masificación, a veces llamada una
"democratización”, del crédito en Chile ha servido de apoyo para los
“relatos de clase” dando cuerpo a la idea de una clase media ascendente y
mayoritaria, aunque reposa sobre este sujetamiento económico y social frágil
del endeudamiento. En este cuadro, la dimensión política, sino cívica, es
esencial: el crédito o la finanza (el ahorro) funcionan como técnicas de
inclusión en la comunidad política (Polillo, 2013 ; Ott, 2011; 9. S.
Polillo muestra como el amplio acceso al crédito en el Norte de USA y en Italia
en el siglo XIX ha funcionado como un medio de inclusión política. Estos dispositivos
eran puestos en obra por oposición a una política bancaria restrictiva
destinada a conservar la jerarquía social en el Sur esclavista (Pollilo, 2013).
Julia Ott muestra como el ahorro y la suscripción “socialmente forzada” a
los empréstitos del Estado de la Primera Guerra Mundial permitieron no
solamente al Estado recoger dinero sino también fabricar una inclusión de
nuevos inmigrantes (Ott, 2011).). El Estado puede utilizar el recurso al
crédito como un modo de desarrollo económico sistemático, y una herramienta de
“disciplinarización” del cuerpo social, haciendo de las clases medias
propietarias un centro de gravedad político, potencialmente más dócil porque
está atado a la protección de su pequeño patrimonio y dependiente del
reembolsamiento de su crédito.
Una clase social no se define solamente por ella
misma, sino que se inscribe en relaciones con las otras clases. Esta relación
es siempre más que una simple yuxtaposición: conflictos, explotación,
oposiciones y escándalos ritman estas relaciones sociales, a las que la
financiarización ha agudizado los contornos. El antagonismo entre capital y
trabajo puede tomar la forma, por ejemplo, de conflictos brutales, en las
fábricas cerradas por razones de rentabilidad financiera juzgadas insuficientes
(Ho, 2009), aún de escándalos político- financieros nacionales o
internacionales, que pueden construir nuevas entidades: un “nosotros” agregado
y movilizado contra un “ellos”, “los 1%” de los más ricos; los ciudadanos de
“Cleveland contra Wall Street”. Tanto como los escándalos que pueden ser
también pruebas sociales que constituyen la salida entre un mal circunscripto
–el delito identificado, delimitado y condenado- y prácticas financieras
normalizadas y re-legitimadas para esta ocasión (10 Tanto como los
casos estudiados por la corriente naciente de la “sociología del fraude
financiero” (Harrington, 2012 ; Angeletti, 2017).). Como lo muestra en
este dossier el artículo de Anthony Amicelle y de Jean Bérard, una puesta en
cuestión mayor del poder financiero puede traducirse por un reforzamiento de
las asimetrías de clases y por la utilización de medios jurídicos al servicio
del interés de un grupo social por el hecho de la dominación financiera global.
1. 4 Representaciones colectivas: la
clase como sujeto social y político
En fin, una clase social es también una forma de representación
colectiva que puede ser una conciencia de clase o, bajo formas menos
precisas y explícitas, formas de puestas en escena de la unidad política (vía
portavoces autorizados) o de legitimación de una posición social, dominante o
dominada, que relaciona las organizaciones profesionales, sindicales o de los
representantes políticos.
Aunque el tema de la disolución de la clase obrera
ha dominado mucho tiempo la escena, bajo la forma del “adiós al proletariado”
de André Gorz (1981), por el contrario la insistencia sobre la
permanencia de una identidad de clase media dividida
(Beaud & Pialloux, 1999), muestra que la aproximación ha variado
poco. Es más bien el crecimiento de la precariedad como fracaso de la
“medianización” de la sociedad, o aún del desclasamiento como factor de
radicalización política es el que se hace entender. Esta crisis
identitaria atraviesa también a la burguesía (Pinçon-Charlot, 2010) y puede
conducir a formas de puesta en escena de sí que desplazan, o enmascaran
simbólicamente, el origen del poder de clase. Camille Herlin esclarece en este
dossier “las costuras invisibles del capital financiero”, descriptos como los
nuevos modos de detentar el patrimonio que han confundido el límite entre
patrimonio privado y patrimonio profesional, herencia y fortunas “adquiridas” y
nuevas, y por lo tanto entre capital y trabajo. La legitimación de acumulación
de la riqueza, presentada como el fruto del trabajo, de la recompensa de un
talento de emprendedor y de una toma de riesgo, se traduce del lado de las
políticas y económicas del Estado por una deslegitimación de la tasación
(imposición de tasas) de estas riquezas “meritorias” –alcanzadas vía un relajamiento
de las políticas de control fiscal de los empresarios en nombre de la defensa
de yacimientos de empleo (Spire, 2017). Estos procesos recomponen la
“morfología del grupo de los poseedores”, confundiendo la cuestión de los
orígenes de sus riquezas y, de este modo, contribuyen a su legitimidad
complejizando tanto la crítica social como la política.
Asimismo, con la financiarización, se coloca muy
particularmente la cuestión de las entidades actuantes y por lo tanto
eventualmente tomadas en cuenta como blancos para la protesta. Si ha devenido
banal estigmatizar los “mercados financieros” y sus vilezas (señalando su
ineficiencia, su inestabilidad, su avidez, y la amenaza, como el peligro que
ellos plantean), sin embargo ¿es evidente la necesidad de elevarlos,
sociológicamente, al rango de actor colectivo, es decir de considerarlos como
un sujeto de acción, capaz de decisiones y de acciones políticas? De hecho, las
asociaciones de inversores sobre los mercados de tasas o acción defensiva, al
lado de organizaciones (como Paris Europlace), plantean los intereses comunes y
buscan hacer entender, frente a los poderes públicos e instancias
reglamentarias, la necesidad imperiosa de defender “la plaza financiera”.
En fin, la conciencia de clase reenvía a la experiencia
vivida de formar un grupo, a los procesos de adhesión a los referenciales y
símbolos de una unidad, en síntesis a las subjetividades. La financiarización
se acompaña así de proyectos, desarrollados por representantes de bancos, de
“concientización” de los individuos, ajustados y compatibles con las
infraestructuras del crédito y de la finanza. Los dispositivos de educación
financiera (finantial litteracy) y de pedagogía económica y bancaria
(Lazarus, 2013) buscan así formar y mantener modos de subjetivación
que hacen eje sobre la responsabilidad individual –responsabilización próxima a
“la asunción”, el hecho de asumir sus actos, que está ocupado, en la lógica del
mercado, de imponerse a los jefes de empresa
(Ould-Ahmed & Lordon, 2003). La construcción de esta
responsabilidad es por otra parte de alcance macropolítico, ya que
responsabilizar al deudor y al sobre endeudado (como el desempleado al que los
gobiernos actuales se esfuerzan en controlar y culpabilizar) es eliminar todo
el tejido de causalidades macroeconómicas, de reglamentación bancaria, y de
luchas sociales y políticas del entorno que podrían explicar de manera
alternativa la situación particular de un individuo y evitar meterlo de nuevo
por su responsabilidad propia y carencia personal.
Sin imponer una sola perspectiva, se trata de
analizar las razones que hacen que estas clases aparezcan o desaparezcan,
entren o no en lucha, mostrando cómo su constitución “en tanto que clases” se
compruebe por relaciones de fuerza, formas de competencia y técnicas de
objetivación, comenzando por las clases dominantes, cuyas fronteras son tanto
más difíciles de cernir cuanto la financiarización intensifica las
desigualdades provocando el desplazamiento hacia lo alto de una upper middle
class, cruzando los escalones de ingreso entre top 10% y el resto de la
población (y concentrando las riquezas en el top 1%) , pero complejizando
también su aprehensión manteniendo operacionales las divisiones de lo social
anteriores a la financiarización. Las clases aparecen como grupo cuya solidez
–la realización objetiva, material y simbólica- es variable. El estado
gaseoso, líquido o sólido de estas clases sociales, bajo el efecto de la
finanza que las transforma perdurablemente, por re-enclasamiento y desclasamiento,
es precisamente el objeto de encuestas.
En estos desplazamientos, el caso del endeudamiento
de las clases medias y de la inclusión financiera de las clases populares es
central. Este endeudamiento genera un corte entre las situaciones de clase
subjetivas y objetivas y coloca un problema de interpretación de la finanza,
que actúa a la vez como estabilizadora y desestabilizadora de las relaciones
sociales.
2. La utopía universalista de la
finanza: el enrolamiento de las clases sociales
El análisis del nacimiento de una « cultura
financiera popular » (Aitken, 2007) es frecuentemente abordado de dos
maneras. La primera considera la extensión de la finanza como una
“democratización” de servicios financieros que parecían inaccesibles a la mayoría
de la población. La inclusión financiera crearía la posibilidad –al menos
aparente- de actuar a la vez como trabajador y como capitalista, como
asalariado y como accionista, y en fin como propietario natural y vendedor de
su fuera de trabajo. Habría allí un cemento eficaz para reforzar las clases
medias, desarrollando la cultura del inversor, incluso de la especulación, en
sus estratos superiores permitiendo a la propiedad difundirse en los estratos
inferiores, donde el crédito permite, temporariamente, cambiar el modo de vida.
La segunda aproximación insiste sobre el endeudamiento masivo que supone este
proceso y que conduce de hecho, tarde o temprano, a un reajuste, al
reembolsamiento de intereses elevados, al sobre endeudamiento y a menudo a la
insolvencia. Lejos de oponerse, estas dos interpretaciones reenvían a
secuencias históricas distintas, incluso a ciclos sucesivos, y no afectan a
toda la población y sus franjas de la misma manera.
2. 1 El ascenso social por el
endeudamiento y la financiarización.
El desarrollo del accionariado asalariado y de la
remuneración por los intereses consiste en transformar, formalmente al menos,
los trabajadores de las empresas en propietarios de pequeñas fracciones del
capital. Incluso si los accionistas mayoritarios, que provienen de una medio
social diferente que los asalariados, conservan el control de las empresas,
esta participación salarial tiende a borrar las relaciones de propiedad. Estos
últimos adoptan comportamientos de inversores, como las consultas frecuentes de
portafolios de acciones, el cálculo de riesgos tomados por sus opciones de
colocación, etc. Sin embargo, esta financiarización masiva perpetúa las
condiciones y posiciones de clase reactualizando, en el acceso a las finanzas,
las fuertes asimetrías de poder. Como lo muestra Sabine Montagne (2018),
numerosas transformaciones reglamentarias en EE UU han construido esta finanza
“en el nombre del pueblo” (people’s money), enrolando a las clases
medias en un nuevo modo de dominación. De este modo, la ley ERISA introduce la financial
economics “regulando la circulación del dinero de las clases no
capitalistas”, por leyes y reglas que han diseñado un proyecto político y
asignado las posiciones: las clases no capitalistas deben tener acceso a los
mercados financieros bajo la forma de una gestión delegada y pasiva de su
ahorro, en que los otros detentadores de riqueza pueden acomodarla en
diferentes tipos de gestión más activas (Montagne, 2018).
En el dominio del consumo, y en particular de la
vivienda, la financiarización se tradujo por un acceso al crédito del cual la
burbuja inmobiliaria de los años 2000 es la ilustración más neta. En EE UU, en
el Reino Unido, en España, en África del Sud y en los países de Europa del
Este, los precios de las viviendas han despegado, en tanto que las políticas de
mantenimiento de las tasas de interés débiles y las tecnologías financieras de
derivación de los créditos permitían mantener la ilusión de un riesgo nulo, y
de repartir sobre otros su carga por fragmentación y diseminación. Todos estos
países han conocido una desregulación bancaria rápida y un crecimiento
masivo de sus mercados financieros en el curso de los años 1990, en la
línea de las políticas de Reagan en EE UU (1981-1989) y de Thatcher en Gran
Bretaña (1979-1990. Este modelo financiero neoliberal se exportó tanto más
fácilmente cuanto se desmoronó la Unión Soviética: con el fin de la guerra
fría, los cerrojos políticos a la desregulación han saltado.
Los países antiguamente comunistas, como Hungría y
China, han dado un nuevo poder al capital financiero: incluso si esta
financiarización toma la forma particular de una canalización estatal, ella
tiene efectos bien reales, en particular en la instalación de grandes proyectos
urbanísticos provocando las expulsiones masivas de campesinos chinos, y
en el desclasamiento de clases medias empobrecidas por la asignación de
créditos a tasas variables extendidas en francos suizos (Sassen, 2014 ;
Pellandini-Simanyi et al., 2015).
Una de las consecuencias ha sido el rol central devuelto
al crédito: para financiar las economías nacionales en transición, devino
posible endeudarse masivamente, tanto en el nivel del aparato de Estado como de
los particulares incitados a consumir. En algunos países que atravesaron
cambios políticos mayores –como África del Sur en los años 1990- la
financiarización apareció como un modo de desarrollo económico central,
atrayendo a los inversores extranjeros y permitiendo oficialmente luchar contra
las desigualdades. Esto se tradujo por un cambio en la moral económica de los
gobernantes, para quienes el reembolsamiento del crédito, público o privado,
incluso a tasas de interés elevadas y variables, no era más considerada ni como
una injusticia ni como un riesgo inconsiderado. En este dispositivo, la financiarización
ha jugado un rol político-ideológico esencial, como los testimonian los casos
de África del Sur y España.
En África del Sur, al fines de los años 1990, los
barrios Negros desfavorecidos han sido integrados al mercado financiero por el bias
de múltiples prestadores informales llamados mashonishas (Bell, 2013), o
“fossoyeurs”, pero también grandes bancos internacionales, porque el gobierno
post-apartheid de Nelson Mandela (1994-1999) había utilizado el crédito como un
arma contra la pobreza en los townships (Molefe, 2014). El endeudamiento
de las economías domésticas alcanzó un nivel tal que devino progresivamente un
problema social central, porque restaba una herramienta de construcción de una
pequeña clase media negra necesaria para la estabilidad del régimen (Mohamed
& Finnhof, 2005). En los medios más populares, esta difusión de la deuda
afectó particularmente a los trabajadores migrantes del sector minero, en el
corazón de la economía nacional y ya afectada, en tanto que trabajadores asalariados,
por la financiarización de los consorcios de extracción de minerales
(Ashman & Fine, 2013b ; Mvelase, 2014). En los años 2000,
las campañas de publicidad agresivas de la banca ABIL propusieron, por ejemplo,
préstamos que iban de 35.000 a 10.000 euros en 60 meses con tasas de interés
anuales de 60%, mientras que la inflación es de alrededor de 6%.
En España, la ideología de la pequeña propiedad ha
sido utilizada por largo tiempo como arma contra las protestas sociales por el
régimen franquista (1939-1974), cuyo primer ministro de vivienda, José Luis de
Arrese (1956-1960), sostenía una “sociedad de propietarios” más bien que una
“sociedad de proletarios”. Más tarde las legislaciones favorables a la
financiarización tomadas por los gobiernos socialistas de Felipe González
(1982-1996) condujeron a un endeudamiento más extendido, del Estado pero
también de la población, permitiendo una aceleración de esta extensión de la
pequeña propiedad. En 1985, el decreto Boyer condena el arrendamiento en
beneficio de la propiedad y facilita así, en el dominio de la política de
vivienda, la eficacia de las medidas de financiarización, que trazaron el
porvenir en este sector clave de la economía española.
En 1988, los bancos de depósitos (ahorro), hasta
entonces locales y semi-públicos, se lanzan a una competencia financiera en una
escala nacional. En 1992, la constitución de derivados es autorizada y en 1998,
las ventas de tierra son radicalmente desreguladas por la Ley del Suelo, hasta
que en los años 2000 ven triunfar el sistema llamado de “ladrillo” en el
que la inmigración masiva alimenta la necesidad de mano de obra de un sector de
Construcción inflado por préstamos inmobiliarios distribuidos sin control
(Ravelli, 2017a et 2017b). Entre las poblaciones más afectadas, se encuentran
las familias de trabajadores inmigrados de Marruecos y de América Latina, en
particular de Ecuador, para quienes el acceso a la propiedad ha servido de
“medida de integración” en la sociedad española (Gonik, 2015). Este proceso,
encarado por el Estado, repercute sobre la tasación de la propiedad, que
alcanza a 89% en España; contra 64% en Francia. Estos dos ejemplos muestran
bien como la financiarización puede integrarse profundamente en los programas
políticos de los gobiernos, que otorgan a ciertos estratos de la población un
rol de estabilizador social. La constitución o el reforzamiento de estos
cuerpos sociales intermediarios, disminuyendo la conflictualidad, a la manera
del grupo de cuadros (cadres) en la Francia de los años 1930, implica
que se utiliza una política de estratificación social para borrar los clivajes
de clases demasiado marcados.
2. 2 Moral de Estado, burocracias de
la deuda y estratificación social.
En Francia, el desarrollo de la industria finaciera
y las reformas llamadas de desregulación de mediados de los años 1980 se
fundamentaron de la misma manera en el nombre del acceso facilitado al crédito
para las clases medias y populares: los mecanismos de competencia debían
permitir bajar los precios y favorecer al francés medio más bien que al
especulador (11. Paul Lagneau-Ymonet y Angelo Riva muestran la correlación
entre liberalización y defensa de uns “capitalismo popular”, cf. « La
privatisation paradoxale d’un étrange bien public : la bourse de Paris
dans les années 1980 », Genèses, vol. 3, n° 80,
2010.).
El ministro de economía y de finanzas socialista
Pierre Bérégovoy y su consejero Jean-Charles Naouri han concebido las reformas
de liberalización financiera « au nom de l’homme simple » y
como una protección del pequeño ahorrista: la prosecución de la desinflación
deviene la garantía. Según el consejero e inspector de finanzas “Bérégovoy
no estaba obsesionado más que por una sola cuestión: la de lograr el crédito
menos caro para los franceses” (12. De la entrevista realizada por R.
Abdelal (2009), Rules of Capital, Harvard University Press
(p. 61).). En nombre del pequeño ahorrista y de los oficios modestos, del
cual él mismo (Bérégovoy) había surgido, el ministro socialista hacía saltar
los cerrojos de la reglamentación financiera. Al mismo tiempo, se trata de
abrir un gran mercado financiero y de apelar al ahorro mundial y a los
inversores no nacionales (considerados como el único medio sano y no
inflacionista) para financiar el Tesoro y el presupuesto público, cuyos
déficits son estructurales desde la mitad de los años 1970. Aquí aún, en los
sectores de la alta función pública (direcciones nacionales del Tesoro,
oficinas de los mercados financieros, direcciones de la comisión europea,
agencias de regulación, etc.) contribuyen a gestionar las infraestructuras
técnicas y reglamentarias adecuadas a los intereses financieros (Lemoine,
2016). Estas estructuras de mercado no son operacionales más que a condición
que los poderes públicos construyan al mismo tiempo el orden social y político
que conviene: las políticas públicas volcadas a la priorización de la lucha
contra la inflación (también implementadas a mediados de los años 1980) y la
santuarización del ahorro, conforme a la ideología de la clase media y del
patrimonio. Este proyecto de una finanza concebida como una herramienta
democrática, compartida por todos y al servicio de todos los grupos sociales
–el ahorro era promovido conjuntamente con el endeudamiento de los hogares- se
reencuentra en EE UU. Por homología, los mismos aparatos administrativos abren
a la financiarización del país y el departamento del Tesoro defiende la deuda
pública como una palanca democrática, un activo detentado por todos, y en
el cual toda la nación está enrolada, desde los más potentes hasta el americano
medio, el « John Q Public » (Hager, 2016).
En Francia, los burócratas del Tesoro que han
preparado este terreno político favorable al ahorro, a la rentabilidad de los
créditos y al régimen de endeudamiento, .a la imagen de Jaques Larosière,
antiguo director del Tesoro (1974-1978), del FMI (1978-1987), después
Gobernador de la Banque de France (1987-1993)- van hasta considerar que los
períodos contemporáneos de tasas débiles, sino negativas, son coyunturas
anormales de “represión” y de “tasación” del ahorro, y vuelve a “vivir en
ingravidez”, en un mundo en el que son “derogadas las leyes sociales” (13.
“Ofrecer tasas negativas, esto viene a reprimir el ahorro al punto de gravarlo!
Hay aquí algo que no había vivido aún. A mi entender, las tasas de interés positivas
constituyen un reparo fundamental para nuestras sociedades, y conservar durante
mucho tiempo tasas negativas sería un error mayor. Decir a la gente que haga el
esfuerzo de dejar el dinero a un costado en prrevisión de los azares de la
vida, para su vejez, para sus hijos... que ellos van a perder, es invertir las
leyes sociales, un poco como si viviéramos en ingravidez!” (Mission
d’évaluation et de contrôle, MEC, 2016).
La ideología de la clase media viene a justificar
socialmente y políticamente un régimen de endeudamiento generalizado, tanto
para los Estados como para los hogares (Lemoine, 2018b). Para los Estados,
opera vía el recurso al ahorro “masivo” más que vía el recurso a
los circuitos administrados y monetarios de fonanciamiento: los ahorristas,
grandes o medianos, colocan su patrimonio lentamente adquirido en los préstamos
que acerdan con el Estado -éste último, en retorno, debe hacer la prueba de su
crédito y ajustar en función de sus políticas. Para el endeudamiento privado,
opera vía la moral de clase de la responsabilidad y del deber personal
de reembolsar que estas deudas instituyen en los hogares –sentido del deber
enraizado desde hace mucho pero reactualizado entre las poblaciones más pobres
por los dispositivos neoliberales de acceso al crédito. Concebido, como se lo
ha evocado, en los años 1930 como un “arma contra el movimiento obrero”
(porque “capaz por su acción y su masa de contener el impulso de la clase
obrera”), el “el ensamblaje de las clases medias” y su “desagregación ... lejos
de ser un problema puramente ‘científico’, ‘sociológico’ o ‘estadístico’,
constituye un eje mayor de la lucha ideológica entre las clases sociales”
(Boltanski, 1979). Pero la desorganización, sino la licuefacción, de la clase
obrera en una clase media homogénea pasa también por el enrolamiento de la
población en una moral de clase, la del ahorro, la laboriosidad y por esfuerzo
indefinidamente renovado. El conjunto reposa sobre el suelo del patrimonio
(cualesquiera sean las variaciones reales de su distribución social), de su
defensa, y de la responsabilidad que implica. (14. En la imagen del padre
Desqueyrat, que cita abundanemente Luc Boltanski para ilustrar esta moral del
patrimonio y del ahorro. Este último opone “al gran capitalismo, fundado, dicé él,
sobre el “crédito bancario”, por lo tanto sobre un “ahorro futuro y sobre el
porvenir”, el “capitalismo de ahorro”, fundado sobre un “ahorro preexistente”,
por lo tanto sobre el pasado, que constituye la “base económica de las clases
medias” y que está caracterizado por el “predominio de los capitales personales
o familiares sobre los capitales anónimos o colectivos” y correlativamente por
la fusión práctica del capital y del trabajo que él realiza, el jefe dempresa
siendo a la vez “director” y “trabajador en el sentido obrero del término”
(Desqueyrat, « Classes moyennes françaises, crise, programme,
organisation », Paris, Spes, 1939, p. 28-29, cité dans Boltanski
1979).
De este modo el enrolamiento por el ahorro
(colocado en la deuda del Estado) y la individualización de las
responsabilidades vía el acceso al crédito se refuerzan mutuamente
(aunque sean opuestos en la ideología del buen padre de familia que rehúsa
vivir a crédito) vía la constitución, comprendida por el artificio del
crédito, por una clase media ampliada. La indiferenciación social que produce
la clase medianizada difunde la moral del acreedor, y la destila, comprendidos
aquellos que son enrolados en este régimen de deuda accediendo a la
propiedad vía el crédito. De este modo, la representación del homo
economicus « responsable » tiende a universalizarse,
incluso entre los pobres. Esto engendra también una individualización del blaming:
no es más la sociedad o el régimen económico a quien conviene denunciar en caso
de crisis, sino al individuo que es colocado frente a sus opciones financieras
y bancarias y responsable de sus actor de acumulación financiera o de gastos
excesivos. Hay así una tendencia al desarrollo de valoes conservadores entre
las poblaciones que la financiarización atrae hacia comportamientos de
empresarios o inversores, incluso si ellos son reducidos, por sus ingresos o
condiciones materiales de existencia, a su condición de asalariados pobres. La
obligación de reembolsamiento de los créditos, el desarrollo del accionariado
asalariado o, aún, la aceptación de opciones de inversiones en materia de
retiro o de mutuales son por ejemplo terrenos favorables a una derechización de
los electorados populares (Frank, 2008). Esta moral individual de la deuda se
aplica también al Estado, del cual sólo los excesos de gasto social
serían responsables de la deuda (en defecto de meter en política las opciones
de financiarización).
2. 3 Nomenclaturas de Estado y
producción de divisiones sociales adecuadas a la finanza
Los reagrupamientos de franjas variadas de la
población por la deuda difumina las solidaridades y atomiza el mundo social en
una serie de individuos ligados los unos a los otros no por una conciencia
común, sino por condiciones de existencia ampliamente heterogéneas y variables
en el seno de esta amplia clase media. Las operaciones de cualificación y de
reagrupamientos disponibles en el espacio público (emitidos por expertos o
periodistas) contribuyen a hacer existir públicamente las categorías: ellas
pueden permanecer floues, como las clases medias, puesto que los criterios de
reagrupamiento son raramente precisados y juegan sobre la capacidad ómnibus de
criterios comunes como el patrimonio o el ahorro (sin jamás abrir la caja negra
de diferencias de lo que detenta éste o aquél). Mas oficialmente, las
nomenclaturas, clasificaciones y estudios estadísticos producidos por las
instituciones oficiales (INSEE en Francia, Eurostat en la escala de Europa)
pueden hacer emerger nuevas categorías y fomas de división de lo social que
sirven de palanca para el debate público y en nombre de los cuales son
promovidas opciones políticas: es el caso de los programas de reducción del
gasto social en el caso de la deuda promovida en nombre de la preservación de
las “generaciones futuras” (en lugar de ubicar las “categorías
socio-profesionales”) (Lemoine, 2018ª). La generación (presente o futura)
constituye aquí un agregado macro social del cual las disparidades económicas y
sociales son invisibilizadas.
El artículo de Camille Herlin-Giret muestra cómo el
Estado construye, justamente, un relato de legitimación “meritocrática” de la
acumulación financiera, que se apoya sobre instrumentos jurídicos y
estadísticos (“flou jurídico” que entorna el statuto de los holdings
animadores, estricta prohibición de divulgar informaciones calificadas de
“privadas”, ausencia de comunicación de datos fiscales recolectados en el
cuadro de la recaudación del ISF, como la imposible aprehensión del
accionariado en la encuesta “Patrimonio” del INSEE). Estas interferencais,
deliberadamente aplicadas por el poder público, contribuyen a la
invisibilización de las fuentes reales de la riqueza: heredadas (renvían a los
mecanismos de transmisión del patrimonio) o “producidas” y adquiridas en la
empresa. Como lo explica Herlin, “el Estado, a través de estas diferentes
dimensiones, torna particularmente difícil la captación de nuevas coutures de
la riqueza y contribuye, haciendo esto, a dar una base a la retórica
empresarial y meritocrática de legitimación de las fortunas”. La legitimidad
pasa entonces por el borramiento de las fronteras y la importación de
identidades de clases externas. Y las operaciones de cirugían taxinómica se
funda por lo tanto también por un defecto de las estadísticas. El grupo toma
consistencia por la ausencia de recortes. Analizando la reconstrucción por el
Banco Postal de sus públicos-objetivos, Nadege Vézinat muestra en este dossier
como las burocracias financieras, tanto las exclusivamente públicas y
enroladas en un circuito de marcación política del dinero y la asignación del
crédito en la economía l servicio de un Estado intervencionista (los PTT y el
circuito del Tesoro), Como las embarcadas en un universo de desreglamentación
financiera y de desempleo de masas, participan de la recomposición de las categorías
de percepción y de acción sobre los social: cada vez menos encargada de
recolectar el ahorro nacional, la Banca Postal se especializa para devenir en
adelante “la banca de los pobres”.
Pero el posicionamiento de clase, sea puesto en
escena u obscurecido, puede ser a menudo puesto en cuestión o revelarse,
retrospectivamente, fáctico: es especialmente el caso en el artículo de
Marambo- Tapia, en el que la “clase obrera post-industrial” chilena no está
integrada en la construcción de una vasta ‘clase media’ más que al precio de
sobreendeudamiento importante y de un relato sociológico mediático que le da,
sólo por un tiempo, una consistencia política. Se reencuentra aquí una forma de
fabricación artificial de clases medias que puede conducir, como lo formula
Sabine Montagne (2018), en una “discordancia entre los intereses objetivos de
estas clases” y las “inversiones gestionadas en su nombre”
En fin, este endeudamiento masivo de las clases
populares durante los años 1980 y 1990, si ha permitido un ascenso social
relativo, se tradujo en los años 2000 por una pauperización mayor. El artículo
de Alejandro Roig y Pablo Igancio Chena muestra así como los trabajadores
autónomos, cuya categoría ha exigido un paciente trabajo de
construcción social, conceptual y política por sus promotores, no es menos
colonizado por la finanza ys uss lógicas de explotación. En el mismo sentido,
Alejandro Marambo-Tapia describe en su artículo un doble movimiento de
enclasificación –desclasamiento, que no toca las diferentes fracciones de clase
de la misma manera. Estos resultados invitan a profundizar la idea de una
representación no lineal sino cíclica de las relaciones entre clases sociales y
financiarización.
Cierto, la financiarización y el recurso
generalizado al endeudamiento han sido estudiados como un medio de reportar en
el tiempo los arbitrajes dolorosos entre grupos sociales con intreses
heterogéneos, sea una manera de los poderes públicos de “comprar tiempo”
(G. Krippner, 2012 y en el curso de una entrevista acordada a
la Revue de la Régulation para este dossier ;
W. Streeck, 2014). Solamen te, en el intervalo, toda una serie de opciones
políticas so nefectuadas y tienden a favorecer y entretejer este régimen de
sostén de la finanza y el ahorro, en detrimento por ejemplo de un crecimiento
inflacionista, o de un relanzamiento presupuestario y monetario del gasto
público y social. Estas opciones de sacrificar los gastos públicos y sociales
(seguro por desempleo, jubilaciones, gastos de salud) del Estado a fin de santuarizar
las deudas y acreencias financieras (las llamadas “deudas soberanas”) pueden
paradojalmente suscitar las luchas y crear nuevas conflictualidades: por
ejemplo entre grandes ahorristas y pequeños ahorristas (o no ahorristas) que
abandonaron su identidad des ahorristas y se reconocen ante todo como
víctimas de las opciones de austeridad. O más profundamente involucrando
a poblaciones enteras más allá de “suelos de tolerancia” al endeudamiento que
conducen a la lucha colectiva por la puesta en cuestión de la legitimidad de la
deuda individual (Ravelli, 2017ª) según una lógica comparable a la puesta en
cuestión de las legitimidad de las deudas soberanas (Toussaint, 2017).
Finalmentes, aunque la financiarización logra imponer una autoridad moral con
efectos políticos, esta misma autoridad produce también, por otro lado, efectos
de contestación (Polillo, 2011) que cambian las formas de expresión del
conflicto de clase desplazándolos hacia el terreno de la dominación financiera.
3. Erosión de las clases medias y retorno
de la solidaridad de las clases populares?
Cuando el endeudamiento se generaliza y los
reembolsos demandados alcanzan niveles superiores a los ingresos disponibles,
las herramientas de construcción de una clase media por la financiarización
aparece como una ilusión y generan movilizaciones. La legitimidad de la deuda
es puesta en cuestión (Toussaint,2017) y el desarrollo del crédito es visto
como un medio de dominación y ya no más de ascenso social o de desarrollo
económico. Si este punto de ruptura ha podido presagiar períodos de turbulencia
política profunda en el curso de la historia (Graeber, 2013), ha tomado la
forma específica de movilizaciones populares contra la deuda soberana y los
desalojos de vivienda por créditos impagos en diferentes países después de la
crisis de 20018. A menudo estas son justamente las poblaciones que habían sido
largo tiempo excluidas de los circuitos financieros quienes se reencuentran
para luchar contra el sobre endeudamiento.Lo que se juega en estas
movilizaciones es especialmente el derrumbe de la adhesión moral a la
dominación financiera, así como una parte de los criterios de identificación
con la clase media. Se ve aquí que “la utopía en parte realizada” de la clase
media, para retormar la expresi+on de Sabine Montagne, puede también ser hecha
más que deshecha. Y este péndulo puede también entrañar el retorno a una
identidad de clase más popular y el rechazo de un ideal de pequeño propietario.
3. 1 Más dura será la caída: el
quiebre del ascenso social por el endeudamiento
Un lugar hoy reconocido es que las primeras
víctimas de la crisis de los créditos a tasas de riesgo subprimes, y de sus
equivalentes en otros países, han sido las minorías desfavorecidas económicamente,
socialmente y a menudo víctimas de discriminación racial. En los EE UU, la
dimensión racial de los desalojos por sobre endeudamiento está hoy bien
documentada (Hall, Crowder et Spring, 2015). Según un estudio
realizado en 2010, en el apogeo de la crisis de las subprimes, de 2007 a 2009,
2,5 millones de viviendas habían sido ya desalojadas, de los cuales 44%
correspondían a familias blancas (que representan una parte mucho más
importante de la población total:73,5% según el American Community Survey
2010-2015), afectando de manera desproporcionada a las poblaciones negras y
latinas, entre quienes 8% de los tomadores de crédito perdieron su casa, contra
4,5% para los blancos (Gruenstein Bocian et al., 2010). En 2010,
los riesgos de sufrir un desalojo entre los prestatarios eran respectivamente
de 21,6 % para los Afroamericanos, 21,4% para los Latinos, 14,8% para los
Blancos – 16, 5% para los Amerindios, 18,6% para los nativos del Pacífico y
15,7% para los Asiáticos. Las tasas de propiedad que habían alcanzado su
máximo durante el decenio precedente –con 76% para los Blancos, 49,4% para los
Afroamericanos y 49,8% para los Latinos, bajaron de golpe alcanzando
respectivamente 74,5%, 45;6% y 48,5% (Census Bureau, 2010) en apenas cinco
años, una tendencia que no ha hecho más que confrimarse después. Éste era de
hecho un signo de la quiebra de una “integración por la financiarización” que
se había dado por proyecto el de combatir el redlining, es decir la
discriminación geográfica de poblaciones enteras juzgadas insolventes desde los
años 1990.
De manera similar España ha conocido un ola de
desalojos por créditos impagos que alcanzó proporciones vertiginosas: según la
estimación más precisa, se contabilizan más de 671 943 procedimientos de
desalojo entre 2007 y 2015 (CGPJ), de los cuales la mayoría de residencias
principales (Banco de España). Relacionado con una población total de 46
millones de habitantes en 2015, esta cifra es comparable a la de los EE UU
tocados de lleno por la crisis de las subprimes. Pero una particularidad del
sistema jurídico español ha acentuado la violencia de esta situación: una vez
que la vivienda es recuperada por la banca, luego vendida a los intersados a un
precio inferior al del precio inicial, el prestatario expropiado debe reembolsa
la diferencia exigida por el banco, los que no es el caso en una serie de
“Estados sin recursos” en los EE UU. En España, la venta forzada de vivienda,
por adjudicación, absorbe una parte de al deuda pero no la elimina. Según la
expresión de los militantes, “el afectado se queda con una mochila”: la víctima
del crédito guarda una bolsa de deudas en la espalada que le seguirá para
siempre. Además, esta deuda residual es a menudo muy elevada porque en la
mayoría de los casos los precios inmobiliarios se derrumbaron, la banca no loga
vender la vivienda al precio inicial: ella lo vende entonces, según la ley, a
60% de su valor. Familias enteras sese encuentran entonces en la calle pero
sobre endeudadas para siempre y socialmente estigmatizadas porque figuran en
las listas públicamente consultables de malos pagadores. Estas situaciones no
se traducen, como en EE UU, en un deslizamiento hacia la derecha del electorado
popular, sino por el contrario por formas de movilización popular inéditas, que
fusionan el derecho a la vivienda y una contestación impulsada contra la
dominación de los bancos en los barrios obreros y de inmigrantes.
3. 2 Reinstalar el capital
financiero en el corazón de la politica
En EE UU el movimiento Occupy Wall Street de
septiembre de 2011, en continuidad con el movimiento de Indignados del mes de
mayo del mismo año y de la “primavera árabe” que la precedió, ha estructurado
una amplia contestación de la dominación financiera, y se ha dotado de un
lenguaje de “clase” coyuntural, en oposición al “1%” de la población más
privilegiada, con el “99%” restante. Uno de los elementos desencadenantes de la
protesta han sido las olas de desalojos por créditos impagos que alcanzaron los
barrios populares. Entre los análisis de este movimiento social, numerosos son
los que señalan el renacimiento de una radicalidad política atenuada, expresada
en las urnas por una contestación del establishment demócrata y republicano –el
voto Sanders, de una parte, y el voto Trump por la otra. Estimuladas por Occupy
Wall Street, las luchas locales contra los desalojos se han beneficiado de
las técnicas de organización comunitaria pero también, sobre un registro más
jurídico, del recurso a las acciones de clase contra las prácticas financieras
juzgadas predatorias (predatory landing). Por eso el movimiento Occupy Wall
Street pudo ser considerado un « momento » más que como un
verdadero “movimiento” de masas (Calhoun, 2013), lo que no es el caso de
España.
En efecto, en España, el drama social que
representan las situaciones de sobre endeudamiento y desalojos ha conducido a
la creación de una organización de lucha el 22 de febrero de 2009 en Barcelona:
la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a menudo llamados más
simplemente la “PAH”, cuya principal reivindicación es la de obtener la “dación
en pago”, es decir la anulación de la deudauna vez que la vivienda es
recuperada por el banco. El objetivo es también de exigir una moratoria sobre
los desalojos y reemplazar el sistema de crédito inmobiliario, clave de bóveda
de la financiación inmobiliaria, por viviendas sociales con cuotas
proporcionales a los ingresos. Esta exigencia, llevada por una lucha constante
contra las fuerzas del orden para impedir los desalojos, y contra los bancos
para demandar las anulaciones de deuda, ha dado un golpe a la ideología de la
pequeña propiedad, particularmente fuerte en España, donde el régimen
franquista lo ha puesto en práctica activamente para limitar el arrendamiento.
Progresivamente, el movimiento se extendió a todo el territorio –se reconocen
236 grupos activos- popularizando sus tres principales reivindicaciones y
accediendo a tal notoriedad que la portavoz del movimiento, Ada Colau,
sostenida por Podemos, ha sido electa por la intendencia de Barcelona en mayo
de 2015. Pero la particularidad de la PAH ha sido siempre desafiar a todos los
partidos políticos pese a los cambios institucionales, reivindicando sus
propias ideas políticas.
De una manera general, estos «nuevos actores de la
finanza » buscan de hecho “desfinanciarizarse” por vías jurídica, como las
class actions, o por formas de intervención directa, como los escraches,
estos reagrupamientos de base barrial que bscan modificar las legislaciones
financieras, exportadas desde Argentina por España (Flesher, Fominaya &
Montañes Jiménez, 2014). Estos ejemplos muestran como, en diferentes países,
los conflictos de clases pueden desplazarse y reconstituirse de otra manera más
que sobre el terreno de la empresa donde se oponen sindicatos y direcciones.
Claro que muy lógicamente tales movilizaciones se difunden ampliamente en la
población, contribuyendo al descrédito de las clases dominantes, y en
particular a la reputación de fracciones de estas clases dirigentes colocadas a
la cabeza de las instituciones financieras, como los bancos y fondos de
inversión. Esta puesta en cuestión de injusticias financieras desestabiliza a
las clases dominantes? Así como Islandia es el único país donde importantes
penas de encierro en prisión han sido infligidas a los responsables de la
crisis del crédito de 2008, la legitimidad de los medios financieros en su
conjunto por el contrario, ha sufrido poco este movimiento de protesta.
Conclusión
Cualesquiera sean los criterios que se utilicen
para definir las clases sociales en las sociedades capitalistas –propiedad,
condiciones de existencia, representación colectiva – la financiarización ha
transformado sus contornos. Las formas de propiedad del capital han
evolucionado y tienden a enmascarar las relaciones de clases, haciendo emerger
la figura de un “inversor” universal, propio del programa neoliberal iniciado
en los años 1930 (Feher, 2017). Pero nada indica que las relaciones de clase se
hayan disuelto bajo el efecto de las formas contemporáneas de tenencias del
capital. Todo lleva a pensar, por el contrario, que estas relaciones de clase
son reproducidas de una manera compleja, que torna más arduas su legibilidad y
su puesta en la política. Las condiciones de existencia de las poblaciones,
perturbadas por el recurso masivo al crédito en numerosos países, han sido
ampliamente transformadas por la financiarización de la economía. Esta le da
una consistencia temporaria y frágil (sino artificial) al ideal político
(sostenido especialmente por los gobiernos sucesivos de centro-izquierda y de
centro-derecha) de una sociedad sin clases, de la cual uno de sus centros de
gravedad sería la pequeña propiedad y la clase media extendida a todo el cuerpo
social. Esclareciendo estas transformaciones de la estratificación social, en
el sentido weberiano, se ve por el contrario que el antagonismo de clases, en
el sentido marxista, no desaparece bajo el efecto de la financiarización sino
que se transforma, se expresa según voces inéditas, tanto subjetiva como
objetivamente.
Las contribuciones de este dossier, enfocando
diferentes países –Chile, Francia, Argentina, EE UU – y medios sociales
–dirigentes, clases populares, clases medias- pero también diferentes
tecnologías financieras, buscan precisar la lógica de estas nuevas
estratificaciones. Ellas refuerzan la idea según la cual la cuestión binaria de
la “democratización” o “pauperización” por la finanza está sin duda mal
planteada por dos razones. En principio, la finanza empobrece
democratizándose, porque los beneficiarios y las víctimas se desplazan en
direcciones contrarias sobre la escala social, recomponiendo el paisaje de las
desigualdades sin verdaderamente reducir sus clivajes. Y esto, incluso si el
lugar más importante tomado por la movilidad ascendente en las representaciones
puede dar la impresión contraria. En segundo lugar, la finanza introduce ciclos
históricos que fundan lo que una clase social puede reencontrar “sobrevaluado”
o “sobrestimado” por un tiempo, antes de ser finalmente devaluado y de
engendrar nuevas formas de antagonismo social. (15. Los autores agradecen a los
miembros del comité de redacción de la Revue de la Régulation, así como
a Sabine Montagne, por sus relecturas y ayudas preciosas para la escritura de
este artículo.)
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CNRS-IRISSO,
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CNRS-CMH
(ENS, EHESS)
Fuente:
http://journals.openedition.org/regulation/12593
Traducción:
Héctor
Palomino
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