FINANCIARIZACIÓN Y CLASES SOCIALES

Benjamin Lemoine

Quentin Ravelli

18/05/2018

La financiarización, fraccionando el asalariado, generalizando el endeudamiento y haciendo pensar que la propiedad se ha universalizado, ha modificado las relaciones entre grupos sociales, transformó las formas de los conflictos, así como los modos de representación política. El objetivo de esta introducción es sugerir, a partir de encuestas empíricas, pistas de reflexión sobre lo que hace la financiarización a los modos de división del mundo social. El análisis de la sociedad en términos de clases antagonistas, durante mucho tiempo central en ciencias humanas, se apagó. Pero luego de las crisis económicas, la cuestión de la deuda –su mercantilización por el capital financiero tanto como las formas de ascenso social o de sobreendeudamiento popular que engendra- revive el viejo problema de la definición de clases sociales y permite comprender como las relaciones entre las clases han evolucionado bajo la acción del capital financiero. Se trata de analizar las dinámicas de formación de grupos sociales pero también los juegos de consolidación y de desestabilización de estos grupos. Pero este ejercicio reflexivo sobre las categorías en juego se acompaña, en el mismo movimiento, de una mirada descriptiva realista, es decir, capaz de distinguir los grados de realidad alcanzados por tal o cual grupo, de evaluar las asimetrías y analizar las relaciones de fuerza entre grupos y categorías sociales. Las condiciones de existencia de las poblaciones, afectadas por el recurso masivo al crédito en muchos países, han sido ampliamente transformadas por la financiarización de la economía. Esto le da una consistencia, temporaria y frágil, al ideal político –sostenido especialmente por los gobiernos sucesivos de centro izquierda y de centro derecha- de una sociedad sin clases, en la que uno de los centros de gravedad sería la pequeña propiedad y la clase media extendida a todo el cuerpo social.

Introducción 

Clase dominante, clases poseedoras, clase obrera, clases populares: el análisis de la sociedad en términos de clases ha sido largo tiempo central en el desciframiento de la vida social y política así como un suelo esencial para las ciencias sociales. Una manera de abordarlas consiste en presuponer la realidad de las clases, en demostrar el enraizamiento profundo de intereses antagónicos fundados sobre las relaciones de propiedad, de dominación y de explotación entre grupos dotados de una consciencia de clase y de medios de representación colectiva –o, al contrario, en relativizar o negar su existencia. Pero después de los años de 1980, la visión del mundo social en términos de clases parece estar atenuada, a medida que progresaba la antigua idea de una sociedad postindustrial (Bell, 1973; Touraine, 1969), extendiendo progresivamente al conjunto del cuerpo social la categoría ‘atrapa-todo’ de clase media, algunas veces etérea y retórica, otras veces anclada económica y socialmente, y haciendo lugar al individuo o, en una versión agregada, a las comunidades. La hipótesis de una sociedad organizada por una multitud de pequeñas diferencias, por intereses divergentes más bien que contradictorios, ha hecho retroceder la hipótesis de un conflicto central subyacente. El sentido de la noción dinámica de clases, también ha evolucionado, deviniendo a menudo un simple sinónimo de la noción más mecánica de categoría social y difuminando así una lectura en términos de antagonismos de clases.

Sin embargo, los conflictos sociales de los años 2000, luego las consecuencias económicas y sociales de la crisis de 2008 en una escala mundial, contribuyen hoy a una cierta recuperación del interés por categorías demasiado rápidamente juzgadas arcaicas y sobrepasadas. Luego de la “muerte de las clases sociales” (Clark & Lipset 1991 ; Pakulski & Waters 1996), los años recientes marcaron el “retorno de las clases sociales” (Chauvel, 2001 ; Bouffartigue, 2004 ; Savage, 2015). Pero este renacimiento, tanto en las esferas académicas como en el mundo social, político y mediático, permanece impreciso, tenue e indirecto: las clases sociales se manifiestan en el cruce de los estudios consagrados al acrecentamiento de las desigualdades sociales, los clivajes socioculturales o nacionales, o aún describen la descomposición de las estructuras sindicales y las nuevas formas de desclasamiento. En este panorama, los conceptos de clase reaparecen y sus fronteras se transforman, la consistencia precisa de estas clases parece siempre inasible.

Este dossier parte de la idea que la financiarización, fraccionando al asalariado, generalizando el endeudamiento y dejando pensar que la propiedad está universalizada, ha modificado las relaciones entre los grupos sociales, transformado las formas de los conflictos, así como los modos de representación política. Pero el término “financiarización” como el término “neoliberalismo” el cual designa uno de sus componentes esenciales (1. Sin entrar en el detalle de las relaciones entre la ideología neoliberal y la financiarización, precisemos que después del fin de los años 1970 y sobre todo los años 1980 –marcados por los arribos al poder de R. Reagan en EE UU y M. Thatcher en Gran Bretaña- la finanza devino una herramienta política central, no solamente en los programas de gobierno orientados a la privatización de sectores claves de la economía, sino también  en sus discursos, por la promoción del ideal del pequeño propietario y del inversor universales, lo cual supone un rol clave del endeudamiento), aglomera e incluso confunde varias significaciones. Algunos lo entienden como una forma de acumulación del capital (Krippner, 2005 ; Boyer, 2000 ; Aglietta, 2001 ; Arrighi 1994 et 2007), otros como la imposición del “valor del accionariado” (Rappaport, 1986 ; Lordon, 2000 ; Orléan, 1998), o todavía lo asimilan al reforzamiento del poder de las instituciones financieras en las economías domésticas (Erturk et al., 2007), a través de la expansión del crédito y de la deuda, que pesa tanto sobre los presupuestos de las familias como sobre los de los Estados. Más allá de estas diferencias de interpretación, que no son forzosamente exclusivas, la financiarización constituye un fenómeno ampliamente documentado por las ciencias sociales (Knorr-Cetina & Preda, 2012 ; Van der Zwan, 2014) – sea por la sociología, por la historia, por la economía heterodoxa o por la ciencia política. Se puede, a mínima, entenderlo como “el acrecentamiento de la parte del sector financiero (bancos, seguros y actividades inmobiliarias) en el producto interior bruto, en términos de beneficios o de masa salarial”, pero también, más sociológicamente, como “la manera en que /la lógica de los mercados financieros/ irriga los universos sociales por afuera de su esfera original” (Godechot, 2016). Este acrecentamiento del peso de las finanzas, después de los años 1970, es sin duda una característica esencial del capitalismo contemporáneo.

Pero la « colonización » por las finanzas de sectores enteros de la economía, que le eran en otra época extraños, constituye el objeto de controversias. ¿Engendra, vía la “democratización” del crédito y de los productos financieros  (Langley, 2008), una mayor movilidad social, así como una ampliación de la base de las clases medias? Refuerza o fragiliza las diferencias preexistentes o, por el contrario, participa de la aparición de nuevas fronteras de clase? Para algunos economistas y sociólogos las identidades de clase en la escala del mundo se han disuelto bajo el efecto de la financiarización, transformando a los trabajadores en detentadores de capitales, en “inversores” o instituyendo alianzas de clase inéditas (Aguilera & Jackson, 2003 ; Höpner, 2003). Para otros, las violencias de clases se han agudizado y complejizado en una escala global, traduciéndose por una marginalización creciente y de olas de expulsiones de los centros de decisión del capitalismo (Aalbers, 2008; Sassen, 2014). Algunos autores han logrado recientemente cuantificar los efectos de la financiarización sobre los diferentes estratos de ingresos, o sea uno de los mecanismos que contribuyen a la estratificación social (Fligstein, 2015; Hager, 2016). Estudiar la financiarización permite comprender la mutación de las fronteras entre clases e, inversamente, el análisis de clases esclarece los mecanismos que operan en los procesos de financiarización. Suzanne de Brunhoff (2003) muestra por ejemplo que la financiarización ha conducido por un lado a la separación creciente de financistas y empresarios, haciendo aparecer una nueva frontera en el seno de los detentadores del capital, y por otro lado, en la transformación objetiva y subjetiva de las clases obreras, bajo la influencia de políticas monetarias de Estado favorables a las finanzas.

 Lejos de mostrar un recorrido exhaustivo de los debates que impulsan tal crecimiento, el objetivo de esta introducción es sugerir, a partir de encuestas empíricas, pistas de reflexión sobre el impacto de la financiarización sobre los modos de división del mundo social. Se esforzará particularmente en distinguir la clase social, que reenvía a una relación social, determinada por antagonismos capitalistas, y las categorías sociales, que pueden definirse según un criterio particular o una diferencia factual –edad, sexo, ingreso, patrimonio, profesión- y cuyas características así como las formas de movilización están ligadas a las relaciones de clase sin forzosamente reducirse a ellas. La cuestión de la deuda –su mercantilización por el capital financiero así como las formas de ascenso social o sobreendeudamiento que torna posibles- revive el viejo problema de la definición de las clases sociales y permite comprender como las relaciones entre las clases han evolucionado bajo la acción del capital financiero. El proceso retenido es a la vez constructivista y realista. Se trata de analizar las dinámicas de formación –el trabajo de puesta en forma de un grupo, de recorte del mundo social y de cirugía taxonómica- pero también los juegos sociales de consolidación y fragilización de estos grupos. Pero este ejercicio reflexivo sobre las categorías en juego se acompaña, en el mismo movimiento, de un enfoque descriptivo realista, es decir, capaz de distinguir los grados de realidad tomados por tal o tal grupo, de evaluar las asimetrías y de analizar las relaciones de fuerza entre grupos y categorías sociales. Explicando los ejes propios de la definición de lo que es una clase social, así como las disputas relativas en su (realización o desrealización) en el mundo social y político, analizamos los procesos de fabricación de estas clases por las diversas operaciones de la financiarización: el endeudamiento, el ahorro financiarizado, la acumulación patrimonial.

En un primer tiempo identificamos las configuraciones, operaciones, situaciones y experiencias que forjan una clase social y mostramos cómo interactúan con la financiarización (1. De qué clases se habla?). En estas evoluciones, las formas tomadas por la deuda -en tanto que técnica de financiamiento, de organización y problematización del mundo social- nos parecen jugar un rol central. La deuda, contribuyendo a la financiarización, no ha cesado de reforzarse con ella. Los lazos entre financiarización y clases sociales vía las prácticas de endeudamiento se manifiestan en diferentes niveles: desde el Estado y los ejes macro-sociales, macro políticos y macro económicos del endeudamiento mercantil hasta el nivel de los individuos, cuyo ejes no son menos “macro” pero diseñan, al final de la cadena, los modos de encarnación individual y subjetivación que introduce la finanza, por la deuda y el crédito.

El endeudamiento de los Estados como el de las familias permite en efecto pensar la evolución de los detentadores del capital financiero –y de grupos sociales que gravitan en torno de este polo- como las clases populares y algunas de sus fracciones particulares, como los desempleados o las clases medias (2. La utopía “universalista” de la finanza: el enrolamiento de las clases sociales). Tales desplazamientos de fronteras engendran nuevas formas de conflictos, que tienden a colocar la dominación financiera en el centro de las relaciones de clases e invitan a recalibrar la crítica social, reajustando sus blancos (3. Erosión de las clases medias y retorno de la solidaridad de las clases populares?)

1.     ¿De qué clases se habla?

Numerosos trabajos se interesaron en el empobrecimiento y el enriquecimiento vinculados con la financiarización, llegando a conclusiones contrastantes. Entre los economistas algunos afirman que la financiarización permite disminuir las desigualdades de ingresos y acrecentar las oportunidades de movilidad social (Becker & Tomes 1979 et 1986). Otros trabajos, por el contrario, señalan que la finanza acentúa las desigualdades, de manera directa (Piketty 2013) o indirecta (Greenwood & Jovanovic, 1990 ; Perrin-Heredia, 2009), por ejemplo por la precarización del mercado de trabajo que genera (Fligstein & Shin 2007). Pero raros son aquellos que han propuesto considerar –lo que supone un cruzamiento explícito entre economía, sociología y ciencia política (2. Aunque una renovación de los trabajos que retoman la cuestión de las clases sociales se inscribe en sociología política, raramente lo hacen con el prisma de la financiarización. Cuando los objetos financieros interfieren en esas encuestas, es indirectamente, a través de del concepto de “delincuencia de cuello blanco”, o del análisis de las relaciones sociales diferenciadas por el impuesto, o por la justicia (Hugré, Pénissat & Spire, 2017 ; Spire, 2013), como la financiarización reestructura las relaciones entre las clases, permitiendo el ascenso de ciertos grupos en detrimento de otros, o aún “inflándose” como una burbuja, la posición de clase por el acceso al crédito antes de sumergirse en el sobreendeudamiento y el desclasamiento. Los términos movilizados para designar estos efectos no están anclados o limitados a  las clases sociales: desigualdades sociales, asimetrías de poder o de información, los términos abundan. Asimismo, las maneras de recortar la sociedad a fin de marcar estas diferencias proliferan: “categorías socioprofesionales”, “medio social” o “condición social”, “grupos sociales”, “castas”, “ricos y pobres”, dominantes y dominados”, “oligarquía” y “élites” sons freciuentemente utiñizadpos de manera imprecisa, sino intercambiable. En el caso de la financiarización de la sociedad, esta pluralidad de cualificaciones reenvía a operaciones o secuencias diferenciadas de construcción y objetivación de una clase social. Así, actuando sobre el acceso a la propiedad y la circulación de capital, la finanza puede desplazar los intereses económicos y sociales, los modos de oposición y, in fine, la estratificación social que se objetiva en las clasificaciones, recortes, desmembramientos y reagrupamiento de individuos en categorías distintas y oficiales, como las categorías socio profesionales (Desrosières & Thévenot, 1988). Se trata entonces, cruzando los conocimientos y métodos de la economía, la sociología y la ciencia política, de seguir el trabajo de deconstrucción y reconstrucción operada por la financiarización y de identificar las zonas más sensibles.

1.     1 Antagonismo o estratificación : dos aproximaciones distintas a las clases sociales

Una larga tradición distingue habitualmente entre las aproximaciones de Marx y de Weber. Para Marx, las clases se definen en principio objetivamente, en sí, por su lugar en las relaciones sociales de producción, y más precisamente por la propiedad de los medios de producción. En  torno de esta relación de propiedad se organiza el antagonismo entre burguesía detentadora del capital y el proletariado, cuya explotación permite la acumulación de capital (3. Notemos que el campesinado en esta perspectiva está atravesado por una oposición similar entre propietarios de tierras y obreros agrícolas, con las condiciones de vida similares “a la inmensa masa de campesinos parcelarios” pese al status formal de pequeños propietarios de estos últimos (Marx, 1984). Para nuestro propósito, considerar el campesinado como una clase íntegramente -es lo que hace a veces la taxonomía marxista- sería por lo tanto algo fuera de lugar,  y es más preciso hablar de un “sector” terciario que, con el mismo título que la industria y los servicios, ha sido sometido al proceso de financiarización.). Una tal oposición histórica entre dos clases, capital y trabajo supone, para que devenga un motor de la historia, que estas clases existan también subjetivamente, para sí, en tanto que representación social colectiva y se doten de representantes y organizaciones políticas que defiendan sus intereses. Para Weber, las clases sociales no son más que la dimensión económica de la estratificación social, que se define tanto por sus dimensiones políticas, donde se confrontan los partidos políticos, más que sociales, en los que el prestigio define grupos de estatus distintos. La perspectiva weberiana supone superposiciones, encajonamientos, y no forzosamente un conflicto estructural entre dos polos con intereses irreductibles.

Las dos aproximaciones son objeto de numerosas tentativas de conciliación, como la de Erik Olin Wright (1985 et 2009), quien plantea una “aproximación analítica integrada” de la estratificación social a partir de premisas marxistas enriquecidas por la noción de “acaparamiento de oportunidades” que se encuentra también en la teoría de la desigualdad persistente de Tilly (1999) y en la de la distinción por el capital simbólico y de los campos de Bourdieu (1966) (4. En “Condición de clase y posición de clase”, Pierre Bourdieu distingue entre “diferencia de hecho y diferencia ‘significante’ (en valores)” los modos de existencia sociales, recurriendo a lo simbólico,, en complementariedad del materialismo marxista (Bourdieu, 1966). Las doce categorías de Wright encasilla así el mundo social combinando los criterios de propiedad, calificación y jerarquía, permitiendo a la vez la categorización y el análisis de las dinámicas históricas.

Su noción de una “posición de clase contradictoria” ha permitido comprender como las categorías sociales intermediarias pueden, estando objetivamente ligadas al mundo del trabajo, defender subjetivamente –moralmente, políticamente- los intereses del capital. Es el caso en Francia del grupo social de los “cuadros” ejecutivos –deben distinguirse de los ingenieros. En quienes la posición de clases contradictoria ha permitido, desde su emergencia hacia fines de los años 1930, la atenuación de los conflictos de clase, desviándolos hacia nuevas fronteras y una lectura “ternaria” (y no binaria, que opondría trabajo y capital) del mundo social (Boltanski, 1982). La función política de estas empresas de recorte de lo social es evidente, tal como fue el caso durante el período de entre las dos guerras mundiales.

La aparición del término “cuadro” y “movimiento de cuadros” vinculados con los “movimientos de clases medias”, alrededor de 1936, no es más que un elemento entre otros de la empresa de redefinición ideológica que trabajaron la burguesía y la pequeña burguesía y que encontró su punto culminante entre 1934 y 1938 cuando, con el reforzamiento del movimiento obrero se intensificó la lucha entre las clases. Ella tiene por eje la imposición de una representación ternaria del mundo social, centrada sobre la “clase media”, elemento “sano” y “estable” de la “nación”, calcada ella misma sobre la representación del espacio político que se forma cuando las vanguardias de la nueva derecha con entre los dos extremos, “colectivismo” y “capitalismo”, la Tercera Vía” (Boltanski, 1979). (5. Cuadros o clases medias, « todo pasa en efecto como si /la ideología de las clases medias/ hubiera tenido por función social en principio la denegación de los clivajes objetivos que ocupan su lugar” (Boltanski, 1979) (5. Luc Boltanski explica que los movimientos de clases medias, el sindicalismo de los ingenieros y de los « cuadros » -que son puestos en relación con la contra ofensiva de la derecha y, particularmente, del catolicismo social- tiene por función arrancar a la pequeña burguesía de los partidos de izquierda y movilizar las fracciones de las “clases medias” más opuestas al Frente Popular (Boltanski, 1979). La financiarización ha desplazado después los límites entre categorías sociales, sea que estén o no vinculados directamente con intereses de clase. Sin embargo, los efectos de la financiarización no son los mismos según que se aborde la cuestión de las relaciones de propiedad (personal o de medios de producción), las condiciones de existencia compartidas, las relaciones sociopolíticas entre clases o aún las representaciones colectivas (simbólicas, estadísticas) que dan a las clases su unidad ideológica y política.

1.     2 Las relaciones de propiedad

Se postulará aquí, a costa de rectificar enseguida este punto de partida, que una clase social se define en principio por su relación de propiedad, por lo que posee o no en términos de medios de producción de riquezas y de capital directa o indirectamente productivo. Esta propiedad puede expresarse jurídicamente, por la propiedad directa de medios de producción, o bajo la forma de una participación en el capital social de una sociedad comercial, del accionariado mayormente. Una tal propiedad de medios de producción tiende formalmente a distinguirse del patrimonio privado que, bajo la forma de bienes materiales o inmateriales, individuales o familiares, requiere de otro mecanismo para que este patrimonio no repose sobre una relación de empleador a empleado: la posesión de un automóvil, o de una casa, contrariamente a la posesión de una empresa, no implica una relación salarial (6. Reificar una distinción tal supondría hacer abstracción de las mediaciones entre los propietarios del capital – pequeños y grandes, que detentan, a título individual y familiar, los derechos de propiedad sobre los medios de producción-, las empresas que detentan también los títulos de propiedad sobre otras empresas, y los gestores de portafolios y fondos de inversión que hacen circular estos derechos de propiedad. Así, el patrón de un gran grupo  (Bolloré, Lagardère, Wendel, etc.) puede detentar personalmente títulos financieros pero también profesionalmente, vía las sociedades controladas por un holding familiar.).

Esta distinción, que conviene tomar como objeto de indagación más que por realidad efectiva, recubre la separación jurídica entre la persona del empresario y « la entidad-empresa”, especialmente en caso de quiebra o caída de la organización: los riesgos tomados por el empresario para el beneficio de su empresa son valorizados al punto de de proteger, en caso de quiebra, la personal y el patrimonio privado del empresario (Ould-Ahmed & Lordon, 2003 et 2006. ( 7. Estos autores analizan un « movimiento de debilitamiento de la responsabilidad […] en el derecho de quiebras […] y en las construcciones jurídicas de la empresa que definen los puntos de aplicación de la responsabilidad. En efecto todas estas evoluciones jurídicas aparentar tener por propiedad, por un lado, de separar la empresa del empresario –y de proteger al segundo de los compromisos que pesan sobre la empresa) y por otro lado suavizar el régimen de sanción económica (la quiebra) que deviene un acontecimiento cada vez menos estigmatizante y cada vez más socialmente admitido”).

Por el contrario, en caso de éxito y de beneficios generados por estas mismas empresas en riesgo, la frontera entre el dominio privado del jefe de empresa y el dominio colectivo de la empresa se muestra demasiado más lábil y la permeabilidad entre estas esferas puede ser puesta en beneficio del empresario privado. La distinción entre riqueza privada y riqueza profesional es el objeto de un trabajo social y de luchas entre actores: con el fin de legitimar los altos ingresos de los jefes de empresa, se considerará que los riesgos personales tomados por el jefe de empresa justifican su fortuna y que esta separación entre lo colectivo y lo personal es en parte artificial. En otros momentos, como lo muestra Camille Herlin en este dossier, el Estado puede operar para reconstruir la frontera entre riqueza privada y riqueza “pública”, a fin de tornar más legítima la fortuna personal y facilitar las transferencias lícitas y aceptadas de una a otra.

Sin embargo, después del nacimiento de la sociedad por acciones, el uso de la herramienta financiera en la gestión de las grandes firmas ha tenido la tendencia a disociar la propiedad y el control (Berle & Means, 1931), un tema largamente retomado en los años 1980  (Magnan de Bornier, 1987), un decenio durante el cual la financiarización de las grandes empresas, estimuladas por las políticas de desregulación, realizó un salto adelante. Por otro lado la innovación financiera ha demultiplicado las posibilidades de toma de control de las empresas, complicando aún más las relaciones entre propiedad y control. Fabien Foureault muestra así en este dossier como las innovaciones de la tecnología financiera del Leverage Buy Out (LBO) introducen nuevas relaciones entre la propiedad y el control de las empresas. Estas relaciones pueden tener efectos contra-productivo –desde el punto de vista de los utilizadores de los LBO. Y conducir en ciertas condiciones a pérdidas de control. De una manera general, el rol de los dirigentes de grandes  empresas ha atraído particularmente la atención: si ellos son también asalariados  y trabajadores, sus remuneraciones están alineadas, por la práctica del interés, sobre las performances financieras. Por consiguiente, sus estilos de vida, sus patrimonios privados, sus opiniones políticas y sus opciones de gestión tienden a alinearlos en una clase, pese a que sus condiciones de existencia no sean enteramente comparable, al lado de los accionistas mayoritarios (8. Los asalariados ricos y cuadros ejecutivos tienden a defender los intereses de los accionistas mayoritarios. Sin embargo, Vincent Bolloré, accionista mayoritario del grupo homónimo y del grupo Vivendi, por ejemplo no tiene las mismas condiciones de existencia que sus dirigentes, muy ricos pero no adscriptos  a este poder dinástico de “gran burguesía poseedora” descrita por Michel Monique Pinçon-Charlot (1996). Relativamente con otros medios sociales, todos comparten  sin embargo el mismo tren de vida, los mismos espacios de representaciones políticas.).

1.     3 Condiciones de existencia similares.

Desde un punto de vista más sociológico, las clases se definen también  por experiencias de vida similares. Paul Bouffartigue (2004, p. 12) distingue por ejemplo tres « dimensiones de existencia » de las clases: “comunidad relativa de situación y de destino, sentimiento de pertenencia a un mismo mundo, constitución como sujeto político”. Los estilos de vida y los actores de consumo más o menos “ostentosos” permite distinguir una “clase ociosa” (Veblen, 1899). A esto es a lo que Bourdieu denomina la “simbólica de la posición de clase” que “engloba… no solamente los procedimientos expresivos, es decir los actos específicamente e intencionalmente destinados a expresar la posición social, sino el conjunto de los actos sociales que, sin incluso quererlo o saberlo, traducen o traicionan, a los ojos de los otros y sobre todo de los extraños al grupo, una cierta posición en la sociedad” (Bourdieu, 1966).

La propiedad –bajo una forma distinta esta vez de la del “gran” capital – y en particular la propiedad inmobiliaria, opera como un criterio social distintivo de relaciones sociales. Ser o no propietario de su vivienda constituye una experiencia de clase específica que puede, en ciertos países, servir de delimitación entre la clase media y las clases populares (Lambert, 2015) y permites cambios de situación social por el acceso a la  propiedad (Ravelli, 2017a). El patrimonio hace ya mucho tiempo ha servido para demarcar a la clase media: “en los años 1930-1940, es todavía la propiedad del patrimonio, individual o familiar, el más a menudo invocado para definir la ‘clase media’ y que es utilizado para constituir el trazo de unión entre los rentistas (incluso si ellos ejercen también una profesión) y aquellos para quienes el patrimonio constituye el instrumento de trabajo –artesanos, comerciantes, pequeños industriales, etc.” (Boltanski, 1979).

Sin ingresos suficientes, tales ascensos reposan lógicamente sobre el endeudamiento, el acceso extendido de la población al crédito y –aunque las condiciones de este acceso al crédito sean también largamente determinadas por la condición y la posición de clase- sobre la banalización de la deuda en los medios populares. El frecuente pasaje de la exclusión financiera (Gloukoviezoff, 2010) por la sobre-inclusión por endeudamiento, es característica de la “vida cotidiana de la finanza mundializada” (Langley, 2008). En los medios populares, el recurso al crédito sirve de puente de movilidad, y por esto es que se puede hablar de un reposicionamiento de clases por la deuda. En este dossier, el artículo de Marambio-Tapia muestra así como la masificación, a veces llamada una "democratización”, del crédito en Chile ha servido de apoyo para los “relatos de clase” dando cuerpo a la idea de una clase media ascendente y mayoritaria, aunque reposa sobre este sujetamiento económico y social frágil del endeudamiento. En este cuadro, la dimensión política, sino cívica, es esencial: el crédito o la finanza (el ahorro) funcionan como técnicas de inclusión en la comunidad política (Polillo, 2013 ; Ott, 2011; 9. S. Polillo muestra como el amplio acceso al crédito en el Norte de USA y en Italia en el siglo XIX ha funcionado como un medio de inclusión política. Estos dispositivos eran puestos en obra por oposición a una política bancaria restrictiva destinada a conservar la jerarquía social en el Sur esclavista (Pollilo, 2013). Julia Ott muestra como el ahorro y la suscripción “socialmente  forzada” a los empréstitos del Estado de la Primera Guerra Mundial permitieron no solamente al Estado recoger dinero sino también fabricar una inclusión de nuevos inmigrantes (Ott, 2011).). El Estado puede utilizar el recurso al crédito como un modo de desarrollo económico sistemático, y una herramienta de “disciplinarización” del cuerpo social, haciendo de las clases medias propietarias un centro de gravedad político, potencialmente más dócil porque está atado a la protección de su pequeño patrimonio y dependiente del reembolsamiento de su crédito.

Una clase social no se define solamente por ella misma, sino que se inscribe en relaciones con las otras clases. Esta relación es siempre más que una simple yuxtaposición: conflictos, explotación, oposiciones y escándalos ritman estas relaciones sociales, a las que la financiarización ha agudizado los contornos. El antagonismo entre capital y trabajo puede tomar la forma, por ejemplo, de conflictos brutales, en las fábricas cerradas por razones de rentabilidad financiera juzgadas insuficientes (Ho, 2009), aún de escándalos político- financieros nacionales o internacionales, que pueden construir nuevas entidades: un “nosotros” agregado y movilizado contra un “ellos”, “los 1%” de los más ricos; los ciudadanos de “Cleveland contra Wall Street”. Tanto como los escándalos que pueden ser también pruebas sociales que constituyen la salida entre un mal circunscripto –el delito identificado, delimitado y condenado- y prácticas financieras normalizadas y re-legitimadas para esta ocasión (10  Tanto como los casos estudiados por la corriente naciente de la “sociología del fraude financiero” (Harrington, 2012 ; Angeletti, 2017).). Como lo muestra en este dossier el artículo de Anthony Amicelle y de Jean Bérard, una puesta en cuestión mayor del poder financiero puede traducirse por un reforzamiento de las asimetrías de clases y por la utilización de medios jurídicos al servicio del interés de un grupo social por el hecho de la dominación financiera global.

1.     4 Representaciones colectivas: la clase como sujeto social y político

En fin, una clase social es también una forma de representación colectiva que puede ser una conciencia de clase o, bajo formas menos precisas y explícitas, formas de puestas en escena de la unidad política (vía portavoces autorizados) o de legitimación de una posición social, dominante o dominada, que relaciona las organizaciones profesionales, sindicales o de los representantes políticos. 

Aunque el tema de la disolución de la clase obrera ha dominado mucho tiempo la escena, bajo la forma del “adiós al proletariado” de André Gorz  (1981), por el contrario la insistencia sobre la permanencia de una identidad de clase media dividida  (Beaud & Pialloux, 1999), muestra que la aproximación ha variado poco. Es más bien el crecimiento de la precariedad como fracaso de la “medianización” de la sociedad, o aún del desclasamiento como factor de radicalización  política es el que se hace entender. Esta crisis identitaria atraviesa también a la burguesía (Pinçon-Charlot, 2010) y puede conducir a formas de puesta en escena de sí que desplazan, o enmascaran simbólicamente, el origen del poder de clase. Camille Herlin esclarece en este dossier “las costuras invisibles del capital financiero”, descriptos como los nuevos modos de detentar el patrimonio que han confundido el límite entre patrimonio privado y patrimonio profesional, herencia y fortunas “adquiridas” y nuevas, y por lo tanto entre capital y trabajo. La legitimación de acumulación de la riqueza, presentada como el fruto del trabajo, de la recompensa de un talento de emprendedor y de una toma de riesgo, se traduce del lado de las políticas y económicas del Estado por una deslegitimación de la tasación (imposición de tasas) de estas riquezas “meritorias” –alcanzadas vía un relajamiento de las políticas de control fiscal de los empresarios en nombre de la defensa de yacimientos de empleo (Spire, 2017). Estos procesos recomponen la “morfología del grupo de los poseedores”, confundiendo la cuestión de los orígenes de sus riquezas y, de este modo, contribuyen a su legitimidad complejizando tanto la crítica social como la política.

Asimismo, con la financiarización, se coloca muy particularmente la cuestión de las entidades actuantes y por lo tanto eventualmente tomadas en cuenta como blancos para la protesta. Si ha devenido banal estigmatizar los “mercados financieros” y sus vilezas (señalando su ineficiencia, su inestabilidad, su avidez, y la amenaza, como el peligro que ellos plantean), sin embargo ¿es evidente la necesidad de elevarlos, sociológicamente, al rango de actor colectivo, es decir de considerarlos como un sujeto de acción, capaz de decisiones y de acciones políticas? De hecho, las asociaciones de inversores sobre los mercados de tasas o acción defensiva, al lado de organizaciones (como Paris Europlace), plantean los intereses comunes y buscan hacer entender, frente a los poderes públicos e instancias reglamentarias, la necesidad imperiosa de defender “la plaza financiera”.

En fin, la conciencia de clase reenvía a la experiencia vivida de formar un grupo, a los procesos de adhesión a los referenciales y símbolos de una unidad, en síntesis a las subjetividades. La financiarización se acompaña así de proyectos, desarrollados por representantes de bancos, de “concientización” de los individuos, ajustados y compatibles con las infraestructuras del crédito y de la finanza. Los dispositivos de educación financiera (finantial litteracy) y de pedagogía económica y bancaria (Lazarus, 2013) buscan así  formar y mantener  modos de subjetivación que hacen eje sobre la responsabilidad individual –responsabilización próxima a “la asunción”, el hecho de asumir sus actos, que está ocupado, en la lógica del mercado, de imponerse a los jefes de empresa (Ould-Ahmed & Lordon, 2003). La construcción de esta responsabilidad es por otra parte de alcance macropolítico, ya que responsabilizar al deudor y al sobre endeudado (como el desempleado al que los gobiernos actuales se esfuerzan en controlar y culpabilizar) es eliminar todo el tejido de causalidades macroeconómicas, de reglamentación bancaria, y de luchas sociales y políticas del entorno que podrían explicar de manera alternativa la situación particular de un individuo y evitar meterlo de nuevo por su responsabilidad propia y carencia personal.

Sin imponer una sola perspectiva, se trata de analizar las razones que hacen que estas clases aparezcan o desaparezcan, entren o no en lucha, mostrando cómo su constitución “en tanto que clases” se compruebe por relaciones de fuerza, formas de competencia y técnicas de objetivación, comenzando por las clases dominantes, cuyas fronteras son tanto más difíciles de cernir cuanto la financiarización intensifica las desigualdades provocando el desplazamiento hacia lo alto de una upper middle class, cruzando los escalones de ingreso entre top 10% y el resto de la población (y concentrando las riquezas en el top 1%) , pero complejizando también su aprehensión manteniendo operacionales las divisiones de lo social anteriores a la financiarización. Las clases aparecen como grupo cuya solidez –la realización objetiva, material  y simbólica- es variable. El estado gaseoso, líquido o sólido de estas clases sociales, bajo el efecto de la finanza que las transforma perdurablemente, por re-enclasamiento y desclasamiento, es precisamente el objeto de encuestas.

En estos desplazamientos, el caso del endeudamiento de las clases medias y de la inclusión financiera de las clases populares es central. Este endeudamiento genera un corte entre las situaciones de clase subjetivas y objetivas y coloca un problema de interpretación de la finanza, que actúa a la vez como estabilizadora y desestabilizadora de las relaciones sociales.

2.     La utopía universalista de la finanza: el enrolamiento de las clases sociales

El análisis del nacimiento de una « cultura financiera popular » (Aitken, 2007) es frecuentemente abordado de dos maneras. La primera considera la extensión de la finanza como una “democratización” de servicios financieros que parecían inaccesibles a la mayoría de la población. La inclusión financiera crearía la posibilidad –al menos aparente- de actuar a la vez como trabajador y como capitalista, como asalariado y como accionista, y en fin como propietario natural y vendedor de su fuera de trabajo. Habría allí un cemento eficaz para reforzar las clases medias, desarrollando la cultura del inversor, incluso de la especulación, en sus estratos superiores permitiendo a la propiedad difundirse en los estratos inferiores, donde el crédito permite, temporariamente, cambiar el modo de vida. La segunda aproximación insiste sobre el endeudamiento masivo que supone este proceso y que conduce de hecho, tarde o temprano, a un reajuste, al reembolsamiento de intereses elevados, al sobre endeudamiento y a menudo a la insolvencia. Lejos de oponerse, estas dos interpretaciones reenvían a secuencias históricas distintas, incluso a ciclos sucesivos, y no afectan a toda la población y sus franjas de la misma manera.

2.     1 El ascenso social por el endeudamiento y la financiarización.

El desarrollo del accionariado asalariado y de la remuneración por los intereses consiste en transformar, formalmente al menos, los trabajadores de las empresas en propietarios de pequeñas fracciones del capital. Incluso si los accionistas mayoritarios, que provienen de una medio social diferente que los asalariados, conservan el control de las empresas, esta participación salarial tiende a borrar las relaciones de propiedad. Estos últimos adoptan comportamientos de inversores, como las consultas frecuentes de portafolios de acciones, el cálculo de riesgos tomados por sus opciones de colocación, etc. Sin embargo, esta financiarización masiva perpetúa las condiciones y posiciones de clase reactualizando, en el acceso a las finanzas, las fuertes asimetrías de poder. Como lo muestra Sabine Montagne (2018), numerosas transformaciones reglamentarias en EE UU han construido esta finanza “en el nombre del pueblo” (people’s money), enrolando a las clases medias en un nuevo modo de dominación. De este modo, la ley ERISA introduce la financial economics “regulando la circulación del dinero de las clases no capitalistas”, por leyes y reglas que han diseñado un proyecto político y asignado las posiciones: las clases no capitalistas deben tener acceso a los mercados financieros bajo la forma de una gestión delegada y pasiva de su ahorro, en que los otros detentadores de riqueza pueden acomodarla en diferentes tipos de gestión más activas (Montagne, 2018).

En el dominio del consumo, y en particular de la vivienda, la financiarización se tradujo por un acceso al crédito del cual la burbuja inmobiliaria de los años 2000 es la ilustración más neta. En EE UU, en el Reino Unido, en España, en África del Sud y en los países de Europa del Este, los precios de las viviendas han despegado, en tanto que las políticas de mantenimiento de las tasas de interés débiles y las tecnologías financieras de derivación de los créditos permitían mantener la ilusión de un riesgo nulo, y de repartir sobre otros su carga por fragmentación y diseminación. Todos estos países han conocido una desregulación bancaria rápida y un  crecimiento masivo de sus mercados  financieros en el curso de los años 1990, en la línea de las políticas de Reagan en EE UU (1981-1989) y de Thatcher en Gran Bretaña (1979-1990. Este modelo financiero neoliberal se exportó tanto más fácilmente cuanto se desmoronó la Unión Soviética: con el fin de la guerra fría, los cerrojos políticos a la desregulación han saltado.

Los países antiguamente comunistas, como Hungría y China, han dado un nuevo poder al capital financiero: incluso si esta financiarización toma la forma particular de una canalización estatal, ella tiene efectos bien reales, en particular en la instalación de grandes proyectos urbanísticos  provocando las expulsiones masivas de campesinos chinos, y en el desclasamiento de clases medias empobrecidas por la asignación de créditos a tasas variables extendidas en francos suizos (Sassen, 2014 ; Pellandini-Simanyi et al., 2015).

Una de las consecuencias ha sido el rol central devuelto al crédito: para financiar las economías nacionales en transición, devino posible endeudarse masivamente, tanto en el nivel del aparato de Estado como de los particulares incitados a consumir. En algunos países que atravesaron cambios políticos mayores –como África del Sur en los años 1990- la financiarización apareció como un modo de desarrollo económico central, atrayendo a los inversores extranjeros y permitiendo oficialmente luchar contra las desigualdades. Esto se tradujo por un cambio en la moral económica de los gobernantes, para quienes el reembolsamiento del crédito, público o privado, incluso a tasas de interés elevadas y variables, no era más considerada ni como una injusticia ni como un riesgo inconsiderado. En este dispositivo, la financiarización ha jugado un rol político-ideológico esencial, como los testimonian los casos de África del Sur y España.

En África del Sur, al fines de los años 1990, los barrios Negros desfavorecidos han sido integrados al mercado financiero por el bias de múltiples prestadores informales llamados mashonishas (Bell, 2013), o “fossoyeurs”, pero también grandes bancos internacionales, porque el gobierno post-apartheid de Nelson Mandela (1994-1999) había utilizado el crédito como un arma contra la pobreza en los townships (Molefe, 2014). El endeudamiento de las economías domésticas alcanzó un nivel tal que devino progresivamente un problema social central, porque restaba una herramienta de construcción de una pequeña clase media negra necesaria para la estabilidad del régimen (Mohamed & Finnhof, 2005). En los medios más populares, esta difusión de la deuda afectó particularmente a los trabajadores migrantes del sector minero, en el corazón de la economía nacional y ya afectada, en tanto que trabajadores asalariados, por la financiarización de los consorcios de extracción de minerales (Ashman & Fine, 2013b ; Mvelase, 2014). En los años 2000, las campañas de publicidad agresivas de la banca ABIL propusieron, por ejemplo, préstamos que iban de 35.000 a 10.000 euros en 60 meses con tasas de interés anuales de 60%, mientras que la inflación es de alrededor de 6%.

En España, la ideología de la pequeña propiedad ha sido utilizada por largo tiempo como arma contra las protestas sociales por el régimen franquista (1939-1974), cuyo primer ministro de vivienda, José Luis de Arrese (1956-1960), sostenía una “sociedad de propietarios” más bien que una “sociedad de proletarios”. Más tarde las legislaciones favorables a la financiarización tomadas por los gobiernos socialistas de Felipe González (1982-1996) condujeron a un endeudamiento más extendido, del Estado pero también de la población, permitiendo una aceleración de esta extensión de la pequeña propiedad. En 1985, el decreto Boyer condena el arrendamiento en beneficio de la propiedad y facilita así, en el dominio de la política de vivienda, la eficacia de las medidas de financiarización, que trazaron el porvenir en este sector clave de la economía española.

En 1988, los bancos de depósitos (ahorro), hasta entonces locales y semi-públicos, se lanzan a una competencia financiera en una escala nacional. En 1992, la constitución de derivados es autorizada y en 1998, las ventas de tierra son radicalmente desreguladas por la Ley del Suelo, hasta que en los años 2000 ven triunfar el sistema llamado de “ladrillo” en el que la inmigración masiva alimenta la necesidad de mano de obra de un sector de Construcción inflado por préstamos inmobiliarios distribuidos sin control (Ravelli, 2017a et 2017b). Entre las poblaciones más afectadas, se encuentran las familias de trabajadores inmigrados de Marruecos y de América Latina, en particular de Ecuador, para quienes el acceso a la propiedad ha servido de “medida de integración” en la sociedad española (Gonik, 2015). Este proceso, encarado por el Estado, repercute sobre la tasación de la propiedad, que alcanza a 89% en España; contra 64% en Francia. Estos dos ejemplos muestran bien como la financiarización puede integrarse profundamente en los programas políticos de los gobiernos, que otorgan a ciertos estratos de la población un rol de estabilizador social. La constitución o el reforzamiento de estos cuerpos sociales intermediarios, disminuyendo la conflictualidad, a la manera del grupo de cuadros (cadres) en la Francia de los años 1930, implica que se utiliza una política de estratificación social para borrar los clivajes de clases demasiado marcados.

2.     2 Moral de Estado, burocracias de la deuda y estratificación social.

En Francia, el desarrollo de la industria finaciera y las reformas llamadas de desregulación de mediados de los años 1980 se fundamentaron de la misma manera en el nombre del acceso facilitado al crédito para las clases medias y populares: los mecanismos de competencia debían permitir bajar los precios y favorecer al francés medio más bien que al especulador (11. Paul Lagneau-Ymonet y Angelo Riva muestran la correlación entre liberalización y defensa de uns “capitalismo popular”, cf. « La privatisation paradoxale d’un étrange bien public : la bourse de Paris dans les années 1980 », Genèses, vol. 3, n° 80, 2010.).

El ministro de economía y de finanzas socialista Pierre Bérégovoy y su consejero Jean-Charles Naouri han concebido las reformas de liberalización financiera « au nom de l’homme simple » y como una protección del pequeño ahorrista: la prosecución de la desinflación deviene la garantía. Según el consejero e inspector de finanzas “Bérégovoy no estaba obsesionado más que por una sola cuestión: la de lograr el crédito menos caro para los franceses” (12. De la entrevista realizada por R. Abdelal (2009), Rules of Capital, Harvard University Press (p. 61).). En nombre del pequeño ahorrista y de los oficios modestos, del cual él mismo (Bérégovoy) había surgido, el ministro socialista hacía saltar los cerrojos de la reglamentación financiera. Al mismo tiempo, se trata de abrir un gran mercado financiero y de apelar al ahorro mundial y a los inversores no nacionales (considerados como el único medio sano y no inflacionista) para financiar el Tesoro y el presupuesto público, cuyos déficits son estructurales desde la mitad de los años 1970. Aquí aún, en los sectores de la alta función pública (direcciones nacionales del Tesoro, oficinas de los mercados financieros, direcciones de la comisión europea, agencias de regulación, etc.) contribuyen a gestionar las infraestructuras técnicas y reglamentarias adecuadas a los intereses financieros (Lemoine, 2016). Estas estructuras de mercado no son operacionales más que a condición que los poderes públicos construyan al mismo tiempo el orden social y político que conviene: las políticas públicas volcadas a la priorización de la lucha contra la inflación (también implementadas a mediados de los años 1980) y la santuarización del ahorro, conforme a la ideología de la clase media y del patrimonio. Este proyecto de una finanza concebida como una herramienta democrática, compartida por todos y al servicio de todos los grupos sociales –el ahorro era promovido conjuntamente con el endeudamiento de los hogares- se reencuentra en EE UU. Por homología, los mismos aparatos administrativos abren a la financiarización del país y el departamento del Tesoro defiende la deuda pública como una palanca  democrática, un activo detentado por todos, y en el cual toda la nación está enrolada, desde los más potentes hasta el americano medio, el « John Q Public » (Hager, 2016).

En Francia, los burócratas del Tesoro que han preparado este terreno político favorable al ahorro, a la rentabilidad de los créditos y al régimen de endeudamiento, .a la imagen de Jaques Larosière, antiguo director del Tesoro (1974-1978), del FMI (1978-1987), después Gobernador de la Banque de France (1987-1993)- van hasta considerar que los períodos contemporáneos de tasas débiles, sino negativas, son coyunturas anormales  de “represión” y de “tasación” del ahorro, y vuelve a “vivir en ingravidez”, en un mundo en el que son “derogadas las leyes sociales” (13. “Ofrecer tasas negativas, esto viene a reprimir el ahorro al punto de gravarlo! Hay aquí algo que no había vivido aún. A mi entender, las tasas de interés positivas constituyen un reparo fundamental para nuestras sociedades, y conservar durante mucho tiempo tasas negativas sería un error mayor. Decir a la gente que haga el esfuerzo de dejar el dinero a un costado en prrevisión de los azares de la vida, para su vejez, para sus hijos... que ellos van a perder, es invertir las leyes sociales, un poco como si viviéramos en ingravidez!”  (Mission d’évaluation et de contrôle, MEC, 2016).

La ideología de la clase media viene a justificar socialmente y políticamente un régimen de endeudamiento generalizado, tanto para los Estados como para los hogares (Lemoine, 2018b). Para los Estados, opera vía el recurso al ahorro “masivo” más que vía el recurso a los circuitos administrados y monetarios de fonanciamiento: los ahorristas, grandes o medianos, colocan su patrimonio lentamente adquirido en los préstamos que acerdan con el Estado -éste último, en retorno, debe hacer la prueba de su crédito y ajustar en función de sus políticas. Para el endeudamiento privado, opera vía la moral de clase de la responsabilidad y del deber personal de reembolsar que estas deudas instituyen en los hogares –sentido del deber enraizado desde hace mucho pero reactualizado entre las poblaciones más pobres por los dispositivos neoliberales de acceso al crédito. Concebido, como se lo ha evocado, en los años 1930 como un “arma contra el movimiento obrero” (porque “capaz por su acción y su masa de contener el impulso de la clase obrera”), el “el ensamblaje de las clases medias” y su “desagregación ... lejos de ser un problema puramente ‘científico’, ‘sociológico’ o ‘estadístico’, constituye un eje mayor de la lucha ideológica entre las clases sociales” (Boltanski, 1979). Pero la desorganización, sino la licuefacción, de la clase obrera en una clase media homogénea pasa también por el enrolamiento de la población en una moral de clase, la del ahorro, la laboriosidad y por esfuerzo indefinidamente renovado. El conjunto reposa sobre el suelo del patrimonio (cualesquiera sean las variaciones reales de su distribución social), de su defensa, y de la responsabilidad que implica. (14. En la imagen del padre Desqueyrat, que cita abundanemente Luc Boltanski para ilustrar esta moral del patrimonio y del ahorro. Este último opone “al gran capitalismo, fundado, dicé él, sobre el “crédito bancario”, por lo tanto sobre un “ahorro futuro y sobre el porvenir”, el “capitalismo de ahorro”, fundado sobre un “ahorro preexistente”, por lo tanto sobre el pasado, que constituye la “base económica de las clases medias” y que está caracterizado por el “predominio de los capitales personales o familiares sobre los capitales anónimos o colectivos” y correlativamente por la fusión práctica del capital y del trabajo que él realiza, el jefe dempresa siendo a la vez “director” y “trabajador en el sentido obrero del término” (Desqueyrat, « Classes moyennes françaises, crise, programme, organisation », Paris, Spes, 1939, p. 28-29, cité dans Boltanski 1979).

De este modo el enrolamiento por el ahorro (colocado en la deuda del Estado) y la individualización de las responsabilidades vía el acceso al crédito se refuerzan mutuamente (aunque sean opuestos en la ideología del buen padre de familia que rehúsa vivir a crédito) vía la constitución, comprendida por el artificio del crédito, por una clase media ampliada. La indiferenciación social que produce la clase medianizada difunde la moral del acreedor, y la destila, comprendidos aquellos que son enrolados  en este régimen de deuda accediendo a la propiedad vía el crédito. De este modo, la representación del homo economicus  « responsable » tiende a universalizarse, incluso entre los pobres. Esto engendra también una individualización del blaming: no es más la sociedad o el régimen económico a quien conviene denunciar en caso de crisis, sino al individuo que es colocado frente a sus opciones financieras y bancarias y responsable de sus actor de acumulación financiera o de gastos excesivos. Hay así una tendencia al desarrollo de valoes conservadores entre las poblaciones que la financiarización atrae hacia comportamientos de empresarios o inversores, incluso si ellos son reducidos, por sus ingresos o condiciones materiales de existencia, a su condición de asalariados pobres. La obligación de reembolsamiento de los créditos, el desarrollo del accionariado asalariado o, aún, la aceptación de opciones de inversiones en materia de retiro o de mutuales son por ejemplo terrenos favorables a una derechización de los electorados populares (Frank, 2008). Esta moral individual de la deuda se aplica también al Estado, del cual sólo  los excesos de gasto social serían responsables de la deuda (en defecto de meter en política las opciones de financiarización).

2.     3 Nomenclaturas de Estado y producción de divisiones sociales adecuadas a la finanza

Los reagrupamientos de franjas variadas de la población por la deuda difumina las solidaridades y atomiza el mundo social en una serie de individuos ligados los unos a los otros no por una conciencia común, sino por condiciones de existencia ampliamente heterogéneas y variables en el seno de esta amplia clase media. Las operaciones de cualificación y de reagrupamientos disponibles en el espacio público (emitidos por expertos o periodistas) contribuyen a hacer existir públicamente las categorías: ellas pueden permanecer floues, como las clases medias, puesto que los criterios de reagrupamiento son raramente precisados y juegan sobre la capacidad ómnibus de criterios comunes como el patrimonio o el ahorro (sin jamás abrir la caja negra de diferencias de lo que detenta éste o aquél). Mas oficialmente, las nomenclaturas, clasificaciones y estudios estadísticos producidos por las instituciones oficiales (INSEE en Francia, Eurostat en la escala de Europa) pueden hacer emerger  nuevas categorías y fomas de división de lo social que sirven de palanca para el debate público y en nombre de los cuales son promovidas opciones políticas: es el caso de los programas de reducción del gasto social en el caso de la deuda promovida en nombre de la preservación de las “generaciones futuras” (en lugar de ubicar las “categorías socio-profesionales”) (Lemoine, 2018ª). La generación (presente o futura) constituye aquí un agregado macro social del cual las disparidades económicas y sociales son invisibilizadas.

El artículo de Camille Herlin-Giret muestra cómo el Estado construye, justamente, un relato de legitimación “meritocrática” de la acumulación financiera, que se apoya sobre instrumentos jurídicos y estadísticos (“flou jurídico” que entorna el statuto de los holdings animadores, estricta prohibición  de divulgar informaciones calificadas de “privadas”, ausencia de comunicación de datos fiscales recolectados en el cuadro de la recaudación del ISF, como la imposible aprehensión del accionariado en la encuesta “Patrimonio” del INSEE). Estas interferencais, deliberadamente aplicadas por el poder público, contribuyen a la invisibilización de las fuentes reales de la riqueza: heredadas (renvían a los mecanismos de transmisión del patrimonio) o “producidas” y adquiridas en la empresa. Como lo explica Herlin, “el Estado, a través de estas diferentes dimensiones, torna particularmente difícil la captación de nuevas coutures de la riqueza y contribuye, haciendo esto, a dar una base a la retórica empresarial y meritocrática de legitimación de las fortunas”. La legitimidad pasa entonces por el borramiento de las fronteras y la importación de identidades de clases externas. Y las operaciones de cirugían taxinómica se funda por lo tanto también por un defecto de las estadísticas. El grupo toma consistencia por la ausencia de recortes. Analizando la reconstrucción por el Banco Postal de sus públicos-objetivos, Nadege Vézinat muestra en este dossier como las burocracias financieras, tanto las exclusivamente públicas  y enroladas en un circuito de marcación política del dinero y la asignación del crédito en la economía l servicio de un Estado intervencionista (los PTT y el circuito del Tesoro), Como las embarcadas en un universo de desreglamentación financiera y de desempleo de masas, participan de la recomposición de las categorías de percepción y de acción sobre los social: cada vez menos encargada de recolectar el ahorro nacional, la Banca Postal se especializa para devenir en adelante “la banca de los pobres”.

Pero el posicionamiento de clase, sea puesto en escena u obscurecido, puede ser a menudo puesto en cuestión o revelarse, retrospectivamente, fáctico: es especialmente el caso en el artículo de Marambo- Tapia, en el que la “clase obrera post-industrial” chilena no está integrada en la construcción de una vasta ‘clase media’ más que al precio de sobreendeudamiento importante y de un relato sociológico mediático que le da, sólo por un tiempo, una consistencia política. Se reencuentra aquí una forma de fabricación artificial de clases medias que puede conducir, como lo formula Sabine Montagne (2018), en una “discordancia entre los intereses objetivos de estas clases” y las “inversiones gestionadas en su nombre”

En fin, este endeudamiento masivo de las clases populares durante los años 1980 y 1990, si ha permitido un ascenso social relativo, se tradujo en los años 2000 por una pauperización mayor. El artículo de Alejandro Roig y Pablo Igancio Chena muestra así como los trabajadores autónomos, cuya categoría ha exigido un  paciente  trabajo de construcción social, conceptual y política por sus promotores, no es menos colonizado por la finanza ys uss lógicas de explotación. En el mismo sentido, Alejandro Marambo-Tapia describe en su artículo un doble movimiento de enclasificación –desclasamiento, que no toca las diferentes fracciones de clase de la misma manera. Estos resultados invitan a profundizar  la idea de una representación no lineal sino cíclica de las relaciones entre clases sociales y financiarización.

Cierto, la financiarización y el recurso generalizado al endeudamiento han sido estudiados como un medio de reportar en el tiempo los arbitrajes dolorosos entre grupos sociales con intreses heterogéneos, sea una manera de los poderes públicos de “comprar tiempo” (G. Krippner, 2012 y en el curso de una entrevista acordada a la Revue de la Régulation para este dossier ; W. Streeck, 2014). Solamen te, en el intervalo, toda una serie de opciones políticas so nefectuadas y tienden a favorecer y entretejer este régimen de sostén de la finanza y el ahorro, en detrimento por ejemplo de un crecimiento inflacionista, o de un relanzamiento presupuestario y monetario del gasto público y social. Estas opciones de sacrificar los gastos públicos y sociales (seguro por desempleo, jubilaciones, gastos de salud) del Estado a fin de santuarizar las deudas y acreencias financieras (las llamadas “deudas soberanas”) pueden paradojalmente suscitar las luchas y crear nuevas conflictualidades: por ejemplo entre grandes ahorristas y pequeños ahorristas (o no ahorristas) que abandonaron su identidad des ahorristas y se reconocen ante todo como víctimas  de las opciones de austeridad. O más profundamente involucrando a poblaciones enteras más allá de “suelos de tolerancia” al endeudamiento que conducen a la lucha colectiva por la puesta en cuestión de la legitimidad de la deuda individual (Ravelli, 2017ª) según una lógica comparable a la puesta en cuestión de las legitimidad de las deudas soberanas (Toussaint, 2017). Finalmentes, aunque la financiarización logra imponer una autoridad moral con efectos políticos, esta misma autoridad produce también, por otro lado, efectos de contestación (Polillo, 2011) que cambian las formas de expresión del conflicto de clase desplazándolos hacia el terreno de la dominación financiera.

3.     Erosión de las clases medias y retorno de la solidaridad de las clases populares?

Cuando el endeudamiento se generaliza y los reembolsos demandados alcanzan niveles superiores a los ingresos disponibles, las herramientas de construcción de una clase media por la financiarización aparece como una ilusión y generan movilizaciones. La legitimidad de la deuda es puesta en cuestión (Toussaint,2017) y el desarrollo del crédito es visto como un medio de dominación y ya no más de ascenso social o de desarrollo económico. Si este punto de ruptura ha podido presagiar períodos de turbulencia política profunda en el curso de la historia (Graeber, 2013), ha tomado la forma  específica de movilizaciones populares contra la deuda soberana y los desalojos de vivienda por créditos impagos en diferentes países después de la crisis de 20018. A menudo estas son justamente las poblaciones que habían sido largo tiempo excluidas de los circuitos financieros quienes se reencuentran para luchar contra el sobre endeudamiento.Lo que se juega en estas movilizaciones es especialmente el derrumbe de la adhesión moral a la dominación financiera, así como una parte de los criterios de identificación con la clase media. Se ve aquí que “la utopía en parte realizada” de la clase media, para retormar la expresi+on de Sabine Montagne, puede también ser hecha más que deshecha. Y este péndulo puede también entrañar el retorno a una identidad de clase más popular y el rechazo de un ideal de pequeño propietario.

3.     1 Más dura será la caída: el quiebre del ascenso social por el endeudamiento

Un lugar hoy reconocido es que las primeras víctimas de la crisis de los créditos a tasas de riesgo subprimes, y de sus equivalentes en otros países, han sido las minorías desfavorecidas económicamente, socialmente y a menudo víctimas de discriminación racial. En los EE UU, la dimensión racial de los desalojos por sobre endeudamiento está hoy bien documentada  (Hall, Crowder et Spring, 2015). Según un estudio  realizado en 2010, en el apogeo de la crisis de las subprimes, de 2007 a 2009, 2,5 millones de viviendas habían sido ya desalojadas, de los cuales 44% correspondían a familias blancas (que representan una parte mucho más importante de la población total:73,5% según el American Community Survey 2010-2015), afectando de manera desproporcionada a las poblaciones negras y latinas, entre quienes 8% de los tomadores de crédito perdieron su casa, contra 4,5% para los blancos (Gruenstein Bocian et al., 2010). En 2010, los riesgos de sufrir un desalojo entre los prestatarios eran respectivamente de 21,6 % para los Afroamericanos, 21,4% para los Latinos, 14,8% para los Blancos – 16, 5% para los Amerindios, 18,6% para los nativos del Pacífico y 15,7% para los Asiáticos.  Las tasas de propiedad que habían alcanzado su máximo durante el decenio precedente –con 76% para los Blancos, 49,4% para los Afroamericanos y 49,8% para los Latinos, bajaron de golpe alcanzando respectivamente 74,5%, 45;6% y 48,5% (Census Bureau, 2010) en apenas cinco años, una tendencia que no ha hecho más que confrimarse después. Éste era de hecho un signo de la quiebra de una “integración por la financiarización” que se había dado por proyecto el de combatir el redlining, es decir la discriminación geográfica de poblaciones enteras juzgadas insolventes desde los años 1990.

De manera similar España ha conocido un ola de desalojos por créditos impagos que alcanzó proporciones vertiginosas: según la estimación más precisa, se contabilizan más de 671 943 procedimientos de desalojo entre 2007 y 2015 (CGPJ), de los cuales la mayoría de residencias principales (Banco de España). Relacionado con una población total de 46 millones de habitantes en 2015, esta cifra es comparable a la de los EE UU tocados de lleno por la crisis de las subprimes. Pero una particularidad del sistema jurídico español ha acentuado la violencia de esta situación: una vez que la vivienda es recuperada por la banca, luego vendida a los intersados a un precio inferior al del precio inicial, el prestatario expropiado debe reembolsa la diferencia exigida por el banco, los que no es el caso en una serie de “Estados sin recursos” en los EE UU. En España, la venta forzada de vivienda, por adjudicación, absorbe una parte de al deuda pero no la elimina. Según la expresión de los militantes, “el afectado se queda con una mochila”: la víctima del crédito guarda una bolsa de deudas en la espalada que le seguirá para siempre. Además, esta deuda residual es a menudo muy elevada porque en la mayoría de los casos los precios inmobiliarios se derrumbaron, la banca no loga vender la vivienda al precio inicial: ella lo vende entonces, según la ley, a 60% de su valor. Familias enteras sese encuentran entonces en la calle pero sobre endeudadas para siempre y socialmente estigmatizadas porque figuran en las listas públicamente consultables de malos pagadores. Estas situaciones no se traducen, como en EE UU, en un deslizamiento hacia la derecha del electorado popular, sino por el contrario por formas de movilización popular inéditas, que fusionan el derecho a la vivienda y una contestación impulsada contra la dominación de los bancos en los barrios obreros y de inmigrantes.

3.     2 Reinstalar el capital financiero en el corazón de la politica

En EE UU el movimiento Occupy Wall Street de septiembre de 2011, en continuidad con el movimiento de Indignados del mes de mayo del mismo año y de la “primavera árabe” que la precedió, ha estructurado una amplia contestación de la dominación financiera, y se ha dotado de un lenguaje de “clase” coyuntural, en oposición al “1%” de la población más privilegiada, con el “99%” restante. Uno de los elementos desencadenantes de la protesta han sido las olas de desalojos por créditos impagos que alcanzaron los barrios populares. Entre los análisis de este movimiento social, numerosos son los que señalan el renacimiento de una radicalidad política atenuada, expresada en las urnas por una contestación del establishment demócrata y republicano –el voto Sanders, de una parte, y el voto Trump por la otra. Estimuladas por Occupy Wall Street, las luchas locales contra los desalojos se han beneficiado de las técnicas de organización comunitaria pero también, sobre un registro más jurídico, del recurso a las acciones de clase contra las prácticas financieras juzgadas predatorias (predatory landing). Por eso el movimiento Occupy Wall Street pudo ser considerado un « momento » más que como un verdadero “movimiento” de masas (Calhoun, 2013), lo que no es el caso de España.

En efecto, en España, el drama social que representan las situaciones de sobre endeudamiento y desalojos ha conducido a la creación de una organización de lucha el 22 de febrero de 2009 en Barcelona: la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a menudo llamados más simplemente la “PAH”, cuya principal reivindicación es la de obtener la “dación en pago”, es decir la anulación de la deudauna vez que la vivienda es recuperada por el banco. El objetivo es también de exigir una moratoria sobre los desalojos y reemplazar el sistema de crédito inmobiliario, clave de bóveda de la financiación inmobiliaria, por viviendas  sociales con cuotas proporcionales a los ingresos. Esta exigencia, llevada por una lucha constante contra las fuerzas del orden para impedir los desalojos, y contra los bancos para demandar las anulaciones de deuda, ha dado un golpe a la ideología de la pequeña propiedad, particularmente fuerte en España, donde el régimen franquista lo ha puesto en práctica activamente para limitar el arrendamiento. Progresivamente, el movimiento se extendió a todo el territorio –se reconocen 236 grupos activos- popularizando sus tres principales reivindicaciones y accediendo a tal notoriedad que la portavoz del movimiento, Ada Colau, sostenida por Podemos, ha sido electa por la intendencia de Barcelona en mayo de 2015. Pero la particularidad de la PAH ha sido siempre desafiar a todos los partidos políticos pese a los cambios institucionales, reivindicando sus propias ideas políticas.

De una manera general, estos «nuevos actores de la finanza » buscan de hecho “desfinanciarizarse” por vías jurídica, como las class actions, o por formas de intervención directa, como los escraches, estos reagrupamientos de base barrial que bscan modificar las legislaciones financieras, exportadas desde Argentina por España (Flesher, Fominaya & Montañes Jiménez, 2014). Estos ejemplos muestran como, en diferentes países, los conflictos de clases pueden desplazarse y reconstituirse de otra manera más que sobre el terreno de la empresa donde se oponen sindicatos y direcciones. Claro que muy lógicamente tales movilizaciones se difunden ampliamente en la población, contribuyendo al descrédito de las clases dominantes, y en particular a la reputación de fracciones de estas clases dirigentes colocadas a la cabeza de las instituciones financieras, como los bancos y fondos de inversión. Esta puesta en cuestión de injusticias financieras desestabiliza a las clases dominantes? Así como Islandia es el único país donde importantes penas de encierro en prisión han sido infligidas a los responsables de la crisis del crédito de 2008, la legitimidad de los medios financieros en su conjunto por el contrario, ha sufrido poco este movimiento de protesta.

Conclusión

Cualesquiera sean los criterios que se utilicen para definir las clases sociales en las sociedades capitalistas –propiedad, condiciones de existencia, representación colectiva – la financiarización ha transformado sus contornos. Las formas de propiedad del capital han evolucionado y tienden a enmascarar las relaciones de clases, haciendo emerger la figura de un “inversor” universal, propio del programa neoliberal iniciado en los años 1930 (Feher, 2017). Pero nada indica que las relaciones de clase se hayan disuelto bajo el efecto de las formas contemporáneas de tenencias del capital. Todo lleva a pensar, por el contrario, que estas relaciones de clase son reproducidas de una manera compleja, que torna más arduas su legibilidad y su puesta en la política. Las condiciones de existencia de las poblaciones, perturbadas por el recurso masivo al crédito en numerosos países, han sido ampliamente transformadas por la financiarización de la economía. Esta le da una consistencia temporaria y frágil (sino artificial) al ideal político (sostenido especialmente por los gobiernos sucesivos de centro-izquierda y de centro-derecha) de una sociedad sin clases, de la cual uno de sus centros de gravedad sería la pequeña propiedad y la clase media extendida a todo el cuerpo social. Esclareciendo estas transformaciones de la estratificación social, en el sentido weberiano, se ve por el contrario que el antagonismo de clases, en el sentido marxista, no desaparece bajo el efecto de la financiarización sino que se transforma, se expresa según voces inéditas, tanto subjetiva como objetivamente.

Las contribuciones de este dossier, enfocando diferentes países –Chile, Francia, Argentina, EE UU – y medios sociales –dirigentes, clases populares, clases medias- pero también diferentes tecnologías financieras, buscan precisar la lógica de estas nuevas estratificaciones. Ellas refuerzan la idea según la cual la cuestión binaria de la “democratización” o “pauperización” por la finanza está sin duda mal planteada por dos razones. En principio, la finanza empobrece democratizándose, porque los beneficiarios y las víctimas se desplazan en direcciones contrarias sobre la escala social, recomponiendo el paisaje de las desigualdades sin verdaderamente reducir sus clivajes. Y esto, incluso si el lugar más importante tomado por la movilidad ascendente en las representaciones puede dar la impresión contraria. En segundo lugar, la finanza introduce ciclos históricos que fundan lo que una clase social puede reencontrar “sobrevaluado” o “sobrestimado” por un tiempo, antes de ser finalmente devaluado y de engendrar nuevas formas de antagonismo social. (15. Los autores agradecen a los miembros del comité de redacción de la Revue de la Régulation, así como a Sabine Montagne, por sus relecturas y ayudas preciosas para la escritura de este artículo.)

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Benjamin Lemoine

CNRS-IRISSO, Université Paris Dauphine, PSL

Quentin Ravelli

CNRS-CMH (ENS, EHESS)

Fuente:

http://journals.openedition.org/regulation/12593

Traducción:

Héctor Palomino

Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/financiarizacion-y-clases-sociales