Escribe: Milcíades Ruiz
La administración estatal ha
decretado mayores cargas tributarias, a la población, sin que hasta ahora la
izquierda salga en defensa de los afectados. Esta actitud en plena campaña
electoral podría ser interpretada como que está de acuerdo o no le importa. Si
la izquierda no defiende los intereses del pueblo no habrá diferencia con la
derecha. ¿Cómo pedirle entonces a la gente que vote por nuestras opciones si es
lo mismo que la derecha?
Con un cinismo desvergonzado, la
administración Vizcarra justifica el castigo tributario alegando que lo hace
para evitar la contaminación ambiental, la obesidad y los vicios que afectan la
salud. ¿Nos tragamos el cuento? ¿Nos gusta que nos engañen y por eso no protestamos?
¿Qué garantía hay que en lo sucesivo tendremos mejor salud y veamos a Kuczynski
como a Alan o, a parlamentarios sin protuberancias abdominales? ¿Nos preocupan
más los panzones que los famélicos y anémicos que son mayoría nacional?
La verdad es que el gobierno está
buscando el dinero que no tiene y opta por meterle la mano al bolsillo del
ciudadano justificando este arrebato con promesas de inversión pública y otras
lisonjas falsas. ¿No hay delito de falsedad genérica? ¿Y quiénes controlarán
que el dinero recaudado por estos impuestos adicionales se utilicen
honradamente y se cumplan los objetivos que los motivaron? Si nosotros somos
permisivos aceptando el castigo tributario, ¿acaso no somos también culpables?
En realidad, el país afronta una
severa recesión económica debido a su dependencia de la inversión extranjera,
la caótica estructura económica y los desaciertos de gobierno nacional. Los
ingresos estatales han caído por baja recaudación del IGV y del impuesto a la
renta fundamentalmente, como reflejo de la caída en las ventas de los negocios
y en las inversiones. El déficit fiscal está creciendo, pero hay urgentes
necesidades de instalaciones públicas y las exigencias salariales van en
aumento.
La recesión de la economía ocasiona por efecto
dominó, una caída en cadena de los eslabones de toda la estructura. Al
sobrecargar con mayores impuestos caen los ingresos empresariales y personales,
cae la demanda de bienes y servicios, por lo tanto se reduce la producción, cae
el empleo, caen los negocios, etc. Consiguientemente, el incremento tributario
ocasiona una menor recaudación del IGV y del impuesto a la renta, pues baja la
demanda, la gente compra menos, caen las ventas y las rentas y los afectados
para mantener sus márgenes optarán por evadir falseando la contabilidad. Así
pues, lo que se pensaba ganar por un lado se pierde por el otro.
Peor aún, la mayor carga impositiva hace crecer la
indigencia, la delincuencia, la competencia desleal, la adulteración de insumos
y productos, la evasión tributaria, la corrupción, etc. Es más, todos sabemos
que el aumento de los costos siempre se trasladan al consumidor final que es el
que pagará la factura de los S/. 2,700 millones anuales que el gobierno piensa
recaudar con el incremento de impuestos.
Si se encarecen los combustibles no solamente se
castiga a los taxistas y camioneros que se ganan la vida míseramente, sino
también, a los agricultores que a cada rato, hacen paros porque los precios no
compensan los costos de producción. Tractores, cosechadoras, trilladoras,
desgranadoras, motobombas de fumigación, bombeo de riego, agrofármacos,
despulpadoras de café y más, utilizan combustibles. Todo esto, en momentos de
alza del precio internacional del petróleo.
Pero este paquete de medidas también afecta a los
pescadores, mineros artesanales, agroindustria rural, transportistas fluviales,
aserraderos de monte, servicios diversos, etc. Encarece también la fabricación
de pinturas, cosméticos, ceras y otros derivados industriales. Entonces, por
culpa de Lima, que tiene alta contaminación ambiental por combustibles ¿se
tiene que reventar al resto del país? Los castigos tributarios crean
condiciones para la violencia social. Que no se culpe a la izquierda de un
incendio social provocado desde el gobierno.
Si la lógica del gobierno es desalentar el consumo
de azúcar, la industria azucarera aportará menos al PBI nacional. Con esta
misma lógica podría elevar el impuesto a la compra de armas para desalentar la
criminalidad, y si lo que persigue es mejorar el medio ambiente debería reparar
en los miles de toneladas de carbón que diariamente se consumen con el pollo a
la brasa eliminando miles y miles de hectáreas de bosques cuyos árboles demoran
cinco años en adquirir consistencia maderera para que las pollerías lo
desaparezcan en un solo día.
Gobernar requiere ser eficientes y equitativos.
Dentro de las opciones para aumentar los ingresos estatales hay muchas que no
afectan a los consumidores. Solo hay que aplicar justicia tributaria. ¿Por qué
no afectar a los grandes deudores del estado, a los exportadores que gozan de
beneficios tributarios, a los clubes deportivos que llevan años sin pagar sus
deudas teniendo patrimonio de sobra para embargar, o a las fraudulentas
operaciones de devolución de impuestos a los grandes consorcios extranjeros que
importan maquinaria minera y otros bienes de capital sobrevalorados?
Podrá decirse que los aumentos tributarios
decretados son ínfimos y que no provocarán inflación. Lógicamente, si la
demanda está deprimida, una carga más ocasionará mayor deflación. Los que
tienen dinero no lo sentirán pero sí la angustiada población de ingresos
precarios para los cuales un sol más, es cinco panes menos.
Si los castigos tributarios no obtienen los
propósitos perseguidos sino todo lo contrario, el tiro saldrá por la culata
¿Quiénes pagarán las consecuencias del fracaso? En todo caso, a la izquierda
corresponde denunciar las medidas anti populares de la derecha y aprovechar
políticamente las esas fallas para ganar terreno. Es una oportunidad más para
demostrarle al pueblo que la izquierda lo defiende ¿No les parece? ¿Por qué no
lo hace? Tal vez ustedes tengan la respuesta.
Mayo 2018
Otra información en https://republicaequitativa.wordpress.com/
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