domingo, 31 de diciembre de 2017

DETRÁS DEL INDULTO A ALBERTO FUJIMORI




31/12/2017 | Óscar Ugarteche 

Perú acababa de pasar por una prueba de fuego institucional. Y luego, tras salvarse de ser destituido por el parlamento, el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, liberó a Alberto Fujimori, traicionando a los votantes que le permitieron ganar el balotaje contra Keiko Fujimori en 2016.

Despojado de intuición política y carente de experiencia fujimorista, al congresista de izquierda Marco Arana, de la coalición Frente Amplio, no se le pasó por la cabeza que su iniciativa terminaría devolviéndole poder al fujimorismo cuando pidió la vacancia presidencial por incapacidad moral, tras revelarse que el mandatario había mentido sobre su relación con la constructora Odebrecht. Mientras fungió como ministro y premier, Kuczynski habría recibido dinero de la trasnacional envuelta en numerosos escándalos de corrupción por toda América Latina.

Nadie intuyó que el pedido del ex cura y ecologista Arana terminaría sirviendo como una cortina de humo para liberar al ex presidente Fujimori. Pero cuando el pasado jueves 21 debía votarse en el Congreso la destitución del presidente –mientras la gran mayoría de los analistas ya llevaba una semana anunciando la salida de Kuczynski– la situación se revirtió rápidamente y éste terminó rescatado por la abstención de un puñado de legisladores encabezados por Kenji Fujimori, hijo del ex presidente encarcelado por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

Orígenes del fujimorismo 

Kuczynski fue acusado de haber recibido pagos de Odebrecht durante su período como ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo (2003-2006). La historia comenzó cuando el hoy presidente fundó en 1992 –año del golpe de Fujimori– la consultora Westfield Capital para atender sobre todo a clientes que compraron parte de lo que el Estado peruano privatizó. Fue el momento de la implementación de las reformas neoliberales y del fuerte enriquecimiento de Kuczynski, de la mano del fujimorismo y del capital chileno, lo que selló sus lealtades.

La década del 90 encandiló a algunos jóvenes devotos del neoliberalismo –muchos hijos de prominentes izquierdistas– que trabajaban honestamente dentro del Estado operando las reformas.

La corrupción, el narcotráfico, los conflictos de interés de los abogados de los grandes bancos internacionales que trabajaban en el Ministerio de Economía o de los asesores del ministro de Economía nombrados por el Banco de Crédito no parecían preocuparles. Tampoco el robo de casi 6 mil millones de dólares de las arcas públicas. Muchos de ellos pensaban que esto era un precio menor a pagar por el objetivo de lograr una mayor eficiencia económica que genuinamente pensaban llevaría a captar mayores inversiones extranjeras y por lo tanto mayor crecimiento. Frente al reto de liberar el mercado, la naturaleza antidemocrática del régimen les resultaba un problema secundario. De allí surgió lo que en Perú se bautizó como “el fujimorismo”: liberal en lo económico pero conservador en lo político, y sobre todo descreído de la democracia como forma de gobierno.

Durante su campaña electoral de 2016, Kuczynski se presentó como un liberal genuino en lo económico y lo político, y nucleó a un grupo pequeño de gente entrenada en Estados Unidos para armar su proyecto político. Detrás existía la idea de una alianza natural con los fujimoristas; dos fuerzas de liberalismo económico para enfrentar a la izquierda.

Cuando el domingo 24 de diciembre Kuczynski decidió concederle el indulto por gracia presidencial a su antecesor, que cumplía una pena de 25 años de cárcel, la alianza tácita de los años noventa se explicitó.

Deterioro institucional 

A lo largo de los noventa el Foro Democrático, conformado por un pequeño grupo de intelectuales y artistas, promocionó en Perú la importancia de la institucionalidad en el país. La lista de golpes de Estado peruanos en el siglo XX es más larga que la de los gobiernos electos, y el inicio del siglo XXI no podía seguir por ese camino. Fue esta idea la que movilizó a la población y logró derribar al fujimorismo mediante marchas callejeras. Algunas fueron lideradas por el Foro Democrático, otras no. Pero en julio de 2000 luego de que 600 mil personas salieran a la calle, la “eminencia” del régimen, el ahora encarcelado Vladimiro Montesinos, partió hacia Panamá en un avión del Banco de Crédito. Luego se fugó el propio Fujimori y se instaló en Japón.

Así, a fines del año 2000 se recuperó la democracia política y pocos meses más tarde fueron convocadas elecciones, en las que el 28 de julio de 2001 Alejandro Toledo resultó electo presidente. Sus promesas electorales fueron incumplidas cuando resultó acusado de haberse enriquecido en decenas de millones de dólares gracias a sobornos de Odebrecht. Hoy se encuentra en Estados Unidos –gracias a su pasaporte de ese país– y pesa sobre él un pedido de extradición.

Cuando en 2005 Alberto Fujimori viajó a Chile fue denunciado y luego extraditado a Perú, por lo que desde entones se encontraba en la cárcel en Lima.

El otrora centroizquierdista Alan García regresó a la presidencia en 2006, esta vez dando un paso a la derecha, tal como lo hicieron entre otros Michael Manley, de Jamaica, y Felipe González, de España. García nunca explicó del todo su inmenso desbalance patrimonial –el ex presidente percibe alrededor de 5 mil dólares mensuales de jubilación, pero mantiene a dos familias a todo tren con casas en París, Madrid y Lima–, y aunque existe la convicción popular de que es un gran corrupto, nadie le pone el cascabel al gato. A García lo siguió Ollanta Humala, quien junto a su esposa se encuentra en la cárcel por haber recibido dinero de Odebrecht. La crisis política peruana es, pues, profunda.

En este marco, la eventual destitución de Kuczynski aportaba tan sólo un granito más a la descomposición de las instituciones políticas. El juicio político para vacar la presidencia por incapacidad moral de Kuczynski –por sus relaciones empresariales– fue impulsado por una fracción de la izquierda y rápidamente fue liderado por los fujimoristas.

Resulta paradójico que quienes ahora afirman tener autoridad moral para acusar al presidente sean quienes apoyan a Alberto Fujimori, que en 1992 instaló la república empresarial en Perú y que se encontraba en la cárcel.

El presidente peruano fue salvado, el jueves 21 de diciembre, por la izquierda que prefiere un liberal a un conservador antidemocrático en la presidencia, y un profesional dudoso a una banda de delincuentes en el gobierno.

La construcción de la institucionalidad política ha sido un tema central para la mayor parte de la izquierda peruana desde los años setenta. El voto universal es el resultado de una propuesta de la izquierda para la Constitución de 1979. La posibilidad de tener un gobierno honrado que claramente defienda los intereses populares es vital en la república de los empresarios, donde no parecen haber buenos.

Y lo que está en cuestión en Perú es la estructura democrática. El fujimorismo, que en 2016 se congratuló de su retorno con mayoría absoluta en el parlamento, ha conseguido despedir al contralor general de la república y suplantarlo con otro de su agrado. También intenta despedir al fiscal de la nación, que está investigando la corrupción de su líder, Keiko Fujimori, y a Alan García en el caso Odebrecht. La Fiscalía había citado a Keiko Fujimori para el miércoles 20 de diciembre, pero ella pidió y consiguió un aplazamiento. El fujimorismo igualmente ha intentado echar a dos magistrados del Tribunal Constitucional (como hizo Fujimori padre en 1997) para nombrar en su lugar a dos jueces propios. En este contexto, la esperada destitución del presidente, el jueves 21, era la última etapa, no la primera, de lo que algunos han llamado un golpe constitucional.

Para allanar el camino y mostrar su poder, el fujimorismo ya le ha censurado cinco ministros a un gobierno que sólo lleva 15 meses en funciones. Tal es la debilidad de Kuczynski, que no los defendió en el Congreso, por entender que el fujimorismo era su aliado en cuestiones económicas.

El jueves 21, 78 legisladores votaron a favor de la vacancia presidencial, 21 se abstuvieron y 18 votaron en contra, un resultado que no alcanzó para concretar la destitución de Kuczynski. Un grupo de diez legisladores del partido fujimorista Fuerza Popular, liderado por Kenji Fujimori, votó a favor del presidente.

El indulto

La noche del 24 de diciembre Kuczynski firmó un indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori. Pero ya desde junio pasado el presidente venía mencionando la posibilidad de concederle la gracia presidencial a su antecesor encarcelado, y ahora le habría servido de carta de negociación para no ser destituido.

El parlamento hizo un esfuerzo por no destituir a un presidente que ganó por un pelo en las elecciones de 2016, y lo rescató el 21 de diciembre pasado por otro pelo con el retiro de diez votos de la izquierda y otros del fujimorismo. Pero la maquinaria para liberar al reo Fujimori ya se había puesto en marcha al menos desde setiembre pasado. Y por eso es posible que el pedido de vacancia fuera parte de la escenografía de esa obra.

También circularon versiones de que el jueves 21, mientras se desarrollaba el juicio político en el Congreso, Alberto Fujimori habría llamado a Kuczynski y le habría ofrecido votos a cambio del indulto. Y habría sido de esta manera que una porción del fujimorismo votó a favor de mantenerlo en la presidencia.

Paso a paso 

Cuando circularon estas versiones, la primera ministra, Mercedes Aráoz, salió a decir ese 21 de diciembre que el indulto no se negociaba. Lo cierto es que bajo el liderazgo de Aráoz se organizó una trama que involucró a los ministerios de Salud y de Justicia.
En setiembre de 2017, cuando Kuczynzski venía anunciando su deseo de liberar a Fujimori como una manera de obtener el apoyo del fujimorismo en el Congreso, hubo cambios en su gabinete que, se entiende, tenían ese fin.

El 11 de setiembre asumió Enrique Mendoza como nuevo ministro de Justicia, remplazando en el cargo a Marisol Pérez Tello, quien en reiteradas ocasiones había descartado o cuestionado públicamente la posibilidad de indultar a Fujimori. El 12 de octubre pasado el nuevo ministro de Justicia cambió al presidente y a los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales (Cgp). El designado como nuevo presidente de la Cgp renunció seis días más tarde y fue sustituido el 7 de noviembre por el viceministro de Justicia. Con esa movida el Ministerio de Justicia ya estaba listo para firmar el indulto.

El 11 de setiembre asumió como nuevo ministro de Salud el vicealmirante retirado Fernando D’Alessio, y en simultáneo con el cambio en el Ministerio de Justicia fue sustituido el director de Redes Integrales de Salud Lima Este. Esta es la zona donde se encuentra el penal en el que estaba preso Fujimori. D’Alessio puso como director de Redes al marino retirado Luis Champin Loli, que no sabe nada de salud pública ni de gerencia de servicios de salud, pero que trabajó con él en Centrum, de la Universidad Católica. El objetivo de Champin era nombrar una junta médica penitenciaria conformada por el médico de Fujimori, Juan Postigo Díaz, y por otros dos: Víctor Amado Sánchez y Guido Hernández Montenegro, para obtener un informe favorable al indulto por razones humanitarias. La trama del Ministerio de Salud fue descrita al detalle por el economista Pedro Francke (sociologiaenlaunjfsc.wordpress.com, 25-XII-17).

Una junta médica penitenciara anterior había dicho en 2013 que Fujimori no tenía un cáncer en etapa terminal. Ahora el informe médico dice básicamente que Fujimori está anciano y que tiene que ser controlado médicamente, más o menos como cualquier persona mayor. Y argumenta que el cáncer que padece podría reaparecer si se mantiene la condición carcelaria. Hace cinco años que está en remisión un cáncer en la lengua que le apareció en 1997.

Esta maniobra que colocó al médico de Fujimori en la junta médica penitenciaria ocurrió bajo el mando de dos ministros del gabinete Aráoz. Así que cuando ella dijo –durante el debate en el Congreso el jueves 21– que su gobierno no negocia indultos, es posible que ya supiera cómo iba este indulto desde antes del pedido de vacancia. En todo caso es la responsable política directa.

Ya con los preparativos para la gracia presidencial en proceso, el 15 de diciembre Alberto Fujimori solicitó su indulto, pero la crisis política desatada por el pedido de la vacancia ocultó ese hecho.

Kuczynzski ganó el balotaje presidencial gracias al 50,5 por ciento de los electores peruanos, muchos de los cuales expresaron entonces un voto contra el fujimorismo. Ahora, en cambio, es el presidente de los fujimoristas.

29/12/2017
Óscar Ugarteche, Integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Unam, Sni-Conacyt, coordinador de www.obela.org

FUJIMORI ES PPKAUSISTA




(29 de diciembre de 2017)
Por Miguel Aragón

Muy a la ligera se afirma que "PPK es fujimorista". Eso no es cierto. 

Recomiendo revisar la historia política del Perú, por lo menos de los últimos cincuenta años. 

Entre comienzos de la década de 1960 y fines de la década de 1980, en el Perú se aplicó un modelo de desarrollo capitalista basado en el "capitalismo de estado", modelo que fue legalizado con la constitución burguesa de orientación populista de 1979. Ese modelo estaba inspirado en la propuesta política de Haya de la Torre (revisar el panfleto El Antiimperialismo y el APRA) y en el Plan Inca, que preparó en el año 1968 la cúpula de las Fuerzas Armadas, con el asesoramiento de Carlos Delgado, asesor  que se había formado en el Apra. 

En el transcurso de la década de 1980, durante los gobiernos de Belaunde (1980-1985) y Alan García (1985-1990), la economía peruana entró a un largo periodo de crisis general y generalizada, periodo de Hundimiento y Bancarrota. Esa fue la crisis más larga y  más profunda de toda la historia republicana. Grave crisis económica y crisis política que se agravó por la farsa de la “lucha subversiva”, estimulada,  propagandizada y magnificada  por la propia clase dominante. La “lucha subversiva” y su complemento la “lucha anti subversiva”, sirvieron para encubrir la grave crisis del país, para encubrir la grave crisis del viejo estado feudal burgués, y sirvió como pretexto  para reprimir brutalmente todas las luchas reivindicativas del pueblo trabajador.   Eso nunca  debemos de olvidarlo.

Para superar la grave y larga crisis, el estancamiento y hundimiento generalizado de la economía peruana, a fines de la década de 1980 la clase dominante  preparó un plan de gobierno alternativo, un plan de gobierno de orientación neoliberal, inspirado y orientado por el llamado Consenso de Washington. 

Ese  fue el Plan de Gobierno del FREDEMO,  movimiento político derechista de esos años.  Los autores directos de ese plan fueron PPK, Hernando de Soto, Mario Vargas Llosa, Hurtado Miller, y Carlos Boloña, entre otros. 

Al ganar las elecciones presidenciales de 1990, el movimiento Cambio 90 acaudillado por Alberto Fujimori, fue obligado por la clase dominante a dejar de lado y tirar al tacho de basura su propio plan, y aplicar el plan de gobierno del FREDEMO. 

Desde entonces, desde 1990 hasta el presente, en el Perú se viene aplicando el plan de gobierno neoliberal del FREDEMO. Todos los grupos políticos  que se han sucedido en la administración del gobierno en los últimos 25 años (Fujimori, Toledo, García, Humala, y  PPK) han aplicado ese mismo, y único plan de gobierno, cada uno de ellos dándole ligeros retoques superficiales.   

Durante los inicios del gobierno de Fujimori, en la primera mitad de la década de 1990, los principales autores del plan de gobierno (con excepción de Mario Vargas Llosa), fueron asesores y directores de Fujimori. Es decir PPK, de Soto, Hurtado y Boloña, dirigieron al entonces novato e improvisado  Fujimori. Fujimori se comportó como un “buen alumno” y se atrevió a aplicar, sin dudas ni murmuraciones, planes brutales de reajustes, que posiblemente el literato Vargas Llosa no se hubiera atrevido a aplicar, por cuestiones de prestigio intelectual.

El golpe de estado del  5 de abril de 1992, el cierre del parlamento,  y la nueva Constitución del año  1993, fueron parte de la aplicación del plan de gobierno neoliberal del FREDEMO. En esos momentos, desde el punto de vista de la clase dominante,  no había otra forma de aplicar ese plan de gobierno. Necesaria y obligatoriamente tenía que aplicarse de manera autoritaria. 

Entonces lo correcto sería decir que “FUJIMORI  ES  PPKAUSISTA”, y no a la inversa.  

El  más antiguo antecedente del actual cogobierno entre PPK y Fujimori, se remonta al año 1990, y al igual que en esos tiempos, la primera voz y quien dirige es PPK. AFF se reduce a ser  la segunda voz. 

Ese viejo compromiso de cogobierno,  nuevamente se actualizó 25 años después, al día siguiente de las Elecciones Parlamentarias del 10 de abril de 2016. Después de  conocerse los primeros resultados de la votación, y el peligro que significaban para el viejo orden social, los tres millones de votos de la oposición democrática poblana,  ese mismo día, y por mandato de la clase dominante, se acordó instaurar el actual  Gobierno de Concertación Nacional, pacto que incluía la necesidad de otorgar el indulto político  a Fujimori. (Pero éste,  ya es otro capítulo de la historia, que espero lo podamos  tratar más adelante).  

viernes, 29 de diciembre de 2017

JERUSALÉN Y LA PREPOTENCIA IMPERIAL




29-12-2017

Israel debe ser como un perro rabioso, muy peligroso para ser molestado.” General Moshé Dayán

¿Qué pasaría si el presidente de un determinado país, pongamos como ejemplo Guatemala, o las Islas Marshall, unilateralmente decidiera trasladar la embajada de su país en Estados Unidos, es decir de Washington a otra ciudad distinta de la capital: digamos a Atlanta, o Las Vegas? Además de tomarlo por chiflado, ello provocaría un revuelo tal (o un escarnio tal) que la medida ni remotamente podría concretarse. ¿Por qué no sucede lo mismo con lo que acaba de hacer el presidente estadounidense Donald Trump con la decisión de trasladar la sede diplomática de su país en Israel, desde la capital Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén?

Porque esa potencia se mueve como dueña del mundo. Obviamente no lo es, pero su pretensión va por ese lado. Lo que hace, saltándose todo tipo de norma jurídica internacional, es una demostración de su prepotencia, de su soberbia imperial. En alguna ocasión, hace unos pocos años, John Bolton, funcionario de alto nivel de Washington, dijo sin tapujos: Cuando Estados Unidos marca el rumbo, la ONU debe seguirlo. Cuando sea adecuado a nuestros intereses hacer algo, lo haremos. Cuando no sea adecuado a nuestros intereses, no lo haremos”. Lo proclamado por el presidente Trump va en ese sentido.

El anuncio del traslado de la embajada en Israel complica más aún la ya complicada, compleja, incendiaria situación de Medio Oriente. En modo alguno esto contribuye al proceso de paz entre israelíes y palestinos sino que, por el contrario, lo aleja, lo boicotea. ¿Por qué, entonces, toma esta medida Donald Trump? Hacer un análisis pormenorizado de la misma impone tratar de sintetizar innúmeros y variados elementos, sabiendo que muchos de ellos son fragmentarios, o se mueven en el más absoluto secretismo, de ahí la dificultad de su comprensión. De todos modos es necesario intentar entender por dónde va el proceso, para ir más allá de la crónica roja –e ideológicamente peligrosísima– de continuas muertes entre “judíos y terroristas árabes” por “motivos religiosos”. Esa televisiva forma de presentar los acontecimientos entorpece el análisis, obviando los elementos reales en juego: lucha de clases e intereses capitalistas. Lo que menos está en juego aquí son elementos de fe religiosa, aunque así se pretenda presentarlo.

Donald Trump efectivizó lo que ningún presidente estadounidense se había atrevido a concretar desde 1995, año en que una medida legislativa del Congreso de Estados Unidos ya fijaba el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Todos los mandatarios habían evitado efectivizar la medida, sorteándola con prórrogas semestrales. ¿Por qué lo hace ahora Trump?

Hay varias explicaciones, seguramente interactuantes entre sí. Lo que sí, de ningún modo es una extravagancia de un presidente loco, excéntrico, una pura bravuconada descontextualizada. En todo caso, todas las políticas imperiales de Washington son una bravuconada, siendo que el estilo del actual mandatario es menos “políticamente correcto” que otros. Pero la medida actual de ningún modo puede tomarse como la expresión de una ocurrencia caprichosa. Hay lógicas férreas tras todo esto, hay procesos que dan cuenta de la decisión.

Por un lado, se ha intentado ver esto como una medida determinada por la situación doméstica: existe la posibilidad que el ahora ex asesor de Seguridad Nacional, el general Michael Flynn, testifique contra el presidente en el caso de la denunciada injerencia rusa en las pasadas elecciones. La situación se podría complicar así para Trump, por eso, la presente medida sería un distractor buscando el apoyo del Congreso, supuestamente influenciado (¿dominado?) por el llamado lobby judío. Con ello elevaría el perfil de su yerno, el judío Jared Kushner (casado con su hija Ivanka, quien se convirtiera a la fe judía), investigado ahora por la justicia en relación al caso de Rusia, apelando de esa manera a la influencia israelí para salir del atolladero.

En esa línea hay quien interpreta la medida como una cuestión explicable por razones enteramente de política interna: ahora que su popularidad está en franco descenso, Trump intentaría recuperar el apoyo de millones de votantes de derecha, conservadores, reaccionarios, en especial de evangélicos fundamentalistas, que fueron determinantes para ganar la presidencia. Y también enviando un guiño al lobby judío, tan importante en la financiación de las campañas presidenciales, cumpliéndole así la promesa oportunamente formulada de traslado de la capital hacia Jerusalén.

Con todo esto se podría pensar (buena parte de analistas así lo cree) que Trump responde a las presiones de ese llamado lobby judío, la poderosa AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) en principio –el Comité de Asuntos Públicos Israel-Estados Unidos–, quien en su página electrónica expresa: “Los Estados Unidos e Israel forman una alianza única para enfrentarse a las cada vez mayores amenazas estratégicas de Oriente Medio. Este esfuerzo colaborador ofrece beneficios importantes tanto para los Estados Unidos como para Israel. Ello presenta, una vez más, una cierta teoría conspirativa. De ese modo, ese supuesto lobby judío sería el responsable de la política exterior estadounidense. Cada medida que toma cualquier presidente sentado en la Casa Blanca responde a los mandatos de ese lobby, que pareciera moverse en las sombras pero con un poder inaudito.

La política imperial de Washington la fijan los intereses de sus grandes megacapitales, que no tienen otra lógica que la interminable acumulación capitalista, sin importar credos religiosos (pudiendo ser judíos o no). En un brillante análisis “Sobre el «lobby judío”, del Grupo ReVista, publicado el 9 de agosto de 2012, puede entenderse más a fondo el mito en juego que hay allí: En cuanto al aporte de los distintos grupos de lobby “La industria de la minería, particularmente la del carbón, ocupa el segundo lugar con casi 100 millones de dólares entre 2007 y 2010. Le sigue la Industria de la Defensa, de la que el informe no aclara montos. La industria del agro, alimentación y tabaco gastan “más de 150 millones al año, financiando campañas” y haciendo lobby. Por supuesto, las petroleras no van a la zaga: “150 millones en 2010”. El lobby financiero le sigue, pero no se aportan cifras. Las grandes industrias farmacéuticas gastaron más de 25 millones de dólares en 2009; seguidas de cerca, sí, aunque no lo puedan creer, por la Asociación Americana de Personas Retiradas, que gastaron 22 millones de dólares en lobby. La Asociación Nacional del Rifle, según este informe, gastó 7.2 millones de dólares en las elecciones de 2010. Y, ahora sí, el omnipresente y omnipotente lobby pro-israelí, el AIPAC, que gastó… 4 millones de dólares en 2010. Veamos, algo va mal: si un lobby logra tantísimo con 4 millones de dólares, o son de una astucia e inteligencia inenarrables, o bien la torpeza del resto es gigantesca (lo cual, por otra parte, es inverosímil: cómo, entonces, han llegado a obtener tantísimo dinero).

Más acertadamente, creemos, se podría entender la medida de Trump como la expresión de una política exterior sostenida por Washington en el tiempo, que ahora, sin ambages, se permite dar un manotazo sobre la mesa sin guardar las formas de corrección política. Sin ningún lugar a dudas el reconocimiento de Jerusalén Este como capital de Israel traerá más conflictos en la región, de por sí ya muy convulsionada. Esto hace saber al mundo que Estados Unidos ya no considera la ocupación israelí en Jerusalén Oriental como un acto ilegal, avalando así los asentamientos judíos construidos después de la Guerra de 1967, los cuales vulneran el derecho internacional según el Convenio de Ginebra. Por supuesto que esto traerá la reacción de los palestinos (que ya comenzó, y no sería improbable que se forme una Tercera Intifada), o de buena parte del mundo musulmán incluso, lo que se verá reflejado en más represión por parte del Estado de Israel. La posibilidad de creación de un estado palestino queda así relegada sin fecha, lo que militarmente significa más guerra para toda el área (¿más negocio para el complejo militar-industrial?)

En otros términos: la medida de Trump, rechazada por la amplia mayoría de países, no es sino la escenificación “sin anestesia” (un tanto brutalmente, como es el estilo de este magnate arrogante, “macho” probado) de una inveterada política estadounidense respecto a Israel, más allá de las presiones de un pretendido todopoderoso lobby judío. ¿Por qué Washington, en solitario, sigue apoyando al Estado israelí, más allá de todas las condenas que pueda haber hecho la comunidad internacional, más allá del derecho internacional, más allá de las medidas enjuiciatorias emanadas de la ONU? ¿Por qué Israel es el país que más ayuda recibe como cooperación internacional de parte del país americano: 3.000 millones de dólares anuales? ¿Por qué su poderío nuclear ni se menciona, cuando a Washington lo enfurece el desarrollo atómico de Irán o de Corea del Norte? ¿Por qué tolera la continua violación flagrante de derechos humanos contra el pueblo palestino, una de las más monstruosas aberraciones humanas, comparable a las atrocidades que décadas atrás cometieron los nazis contra los judíos en los oprobiosos campos de concentración europeos, tan abiertamente condenados por Washington? Porque la clase dominante de Estados Unidos hace lo que quiere, considerándose dueña del mundo: “Cuando sea adecuado a nuestros intereses hacer algo, lo haremos. Cuando no sea adecuado a nuestros intereses, no lo haremos”. Y el Estado de Israel sirve a esos intereses imperiales de los grandes megacapitales norteamericanos.

¿Por qué Estados Unidos apoya a Israel?”, se preguntaba Stephen Zunes en un muy lúcido análisis: “Las frecuentes guerras libradas por Israel han servido de campo de pruebas para el armamento norteamericano, a menudo contra el armamento soviético. Israel ha servido como conducto para suministrar armamento norteamericano a regímenes y movimientos demasiado impopulares en Estados Unidos como para concederles ayuda militar directa, como el régimen del apartheid en Sudáfrica, la República Islámica de Irán, la Junta Militar de Guatemala, o los contra en Nicaragua. Asesores militares israelíes han ayudado a la Contra, a la Junta de El Salvador, y a las fuerzas de ocupación presentes en Namibia y el Sáhara Occidental. Los servicios de inteligencia de Israel han ayudado a los servicios de inteligencia de Estados Unidos en la recogida de información y en operaciones secretas. Israel cuenta con misiles capaces de llegar hasta la antigua Unión Soviética, tiene un arsenal nuclear de cientos de armas, y ha cooperado con la industria militar de Estados Unidos en la investigación y el desarrollo de nuevos aparatos de vuelo y sistemas de defensa antimisiles. (…)  La correlación está clara: cuanto más fuerte y más dispuesta a cooperar con los intereses de Estados Unidos se muestra Israel, mayor es el apoyo que se le brinda.”

En otros términos, el Estado de Israel es una avanzada de la política exterior estadounidense en Medio Oriente. Está ahí, armado hasta los dientes (se sabe que dispone de hasta 400 armas atómicas, no declaradas oficialmente, existiendo lo que se conoce como Opción Sansón –estrategia de disuasión de retaliación masiva con armas nucleares en contra de las naciones cuyos ataques militares amenazan su existencia–) para cuidar los intereses estadounidenses, intereses que ¡no son religiosos precisamente!

Está ahí, y seguirá estando –la medida de Trump envía el mensaje claramente– para:

1.     disciplinar a todo aquel que intente tomar alguna medida popular con tinte socialista, o que ponga en entredicho los intereses estadounidenses, extendiendo así la lógica de la Guerra Fría (Israel comenzó a ser una “delegación militar” de Estados Unidos en la década de los 60 del siglo pasado, cuando el “socialismo árabe” pro soviético comenzaba a expandirse por la región);
2.     cuidar las reservas petroleras de las que se aprovecha la economía norteamericana (el Consejo de Cooperación del Golfo –compuesto por Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, el mayor proveedor de petróleo del mundo, constituido por regímenes conservadores disciplinadamente alineados con Washington, un muy importante comprador de equipo militar del complejo militar-industrial americano–, es un aliado de Israel, lo que evidencia que no todo el mundo árabe o musulmán está enfrentado con ese país);
3.     contener el avance de las geoestrategias de Rusia, China o de Irán;

Sin cuidar las formas –parece que a este presidente eso no le preocupa mucho– Trump ha hecho saber al mundo que el complejo militar-industrial (que podrá ser judío o no, eso no importa, es casi anecdótico) sigue marcando el ritmo de la política imperial de Washington. Lo cual evidencia, por otro lado, que el capitalismo, en tanto sistema global, no puede ofrecer solución a los problemas de la Humanidad, puesto que su única salida, su única posibilidad de supervivencia, es la guerra. Por lo que, una vez más, son válidas las palabras de Rosa Luxemburgo: “socialismo o barbarie”.