23/08/2017
La izquierda peruana carece de una alternativa
económica al actual modelo. En principio, rechaza y denuncia al neoliberalismo,
pero no está claro en qué consiste su contrapropuesta. Hasta el colapso de la
izquierda a inicios de la década de 1990, su paradigma fue la estatización del
capital físico (medios de producción en la jerga de la época) para procurar una
redistribución más equitativa de la renta nacional. El referente de este
paradigma era la experiencia de la planificación soviética que convirtió a
Rusia en una potencia industrializada y la llevó a la competencia aeroespacial
con los EEUU. De la Rusia socialista también provenía buena parte de las
teorías y nociones económicas anticapitalistas.
Evidentemente esta situación ha
cambiado. El estatismo del programa económico de Izquierda Unida (IU) de 1985
tuvo como objetivos promover la industrialización, proteger el mercado interno
y la redistribución de la riqueza.[1]
Sin embargo, el estatismo de los ochenta estuvo asociado a la recesión
económica y a la corrupción del primer gobierno de Alan García. El apoyo de la
IU al proyecto de estatización de la banca de 1987 y que ante el retroceso del
PAP se convirtió la izquierda en su principal defensora, la colocó como parte
de lo “viejo” y la emparentó con el populismo aprista.[2]
En todo caso, la liberalización de la economía de 1990-1995 cerró el ciclo del
paradigma estatista.
Ahora bien, la izquierda no puede ni pretende
revivir el estatismo. El programa económico del Frente Amplio que defendió
Verónika Mendoza, tuvo como eje la “diversificación productiva”. El problema es
que dicho programa no surge del debate de las fuerzas de izquierda y aparece
sin un “arreglo de cuentas con el pasado”. La izquierda tampoco ha generado una
“narrativa comprensiva” sobre las transformaciones económicas y sociales que la
liberalización de la economía produjo en la peruana. Estas son tareas
ineludibles si se desea disputar la hegemonía al neoliberalismo. A cargo de
volver sobre estos puntos y por los límites de este artículo, voy a referirme a
dos cuestiones:
Uno. ¿A qué tipo de crecimiento aspiramos? Con
todos los problemas que implicaron las reformas de los noventa, lo cierto es
que dichas reformas estabilizaron la economía, la conectaron con el crecimiento
internacional y se produjo una significativa reducción de la pobreza que viene
favoreciendo segmentos de los sectores populares. La crítica de la izquierda
señala que este crecimiento se debe a factores externos, como el boom de
precios internacionales, y que la reducción de la pobreza está distorsionada,
pues se mide el ingreso monetario y no el acceso a derechos de salud, seguro
médico y pensiones. Dicha crítica es correcta. Sin embargo, no se puede rehuir una
propuesta de crecimiento alternativa al neoliberalismo. El crecimiento actual
está basado en la inversión privada externa, la eliminación de derechos
laborales y la desprotección del medio ambiente. La izquierda debe ofrecer una
alternativa a este tipo de crecimiento y construir un consenso en torno a dicho
programa. Las reformas de Velasco, en particular la Reforma Agraria,
resultó viable porque la medida fue asumida por los diversos sectores políticos
de la sociedad peruana. Es decir, no es suficiente un “programa económico”; es
necesario su debate en amplios sectores sociales y políticos, y generar el
consenso que penetre a la sociedad.
Dos. ¿Qué hacemos con la informalidad? La economía
informal-ilegal se generalizó en los ochenta como una salida a la recesión. En
la medida que no generó conflicto social ni agudizó las contradicciones
existentes, fue tolerada por el Estado y las elites. Sin embargo, en el siglo
XXI, en el contexto del crecimiento económico, la informalidad dejó de ser un
simple mecanismo de supervivencia y se convirtió en la plataforma para que
capas de “emprendedores” escalaran a la clase media. Como es conocido, le
economía informal absorbe el 75% de la PEA.
De otro lado, el contrabando y la minería ilegal.
El contrabando, solo en Puno y Tacna, mueve entre 900 y 1.200 millones de
soles, y alrededor de 300 mil familias se sostienen con esta actividad. La
minería ilegal produce alrededor de 29.000 millones de dólares anuales y
también involucra a 300.000 personas. ¿Qué propuesta tiene la izquierda para la
informalidad y la economía ilegal? Los emprendedores ni los que viven del
contrabando y la minería ilegal buscan un Lenin, pero constituyen sectores
importantes para los cuales la izquierda debe elaborar una propuesta económica
y una narrativa política que vaya más allá del mito del progreso.
Notas
[1] Plan
de Gobierno de Izquierda Unida. Perú 1985-1990. Síntesis. Lima: s/e, 1985.
[2] Estatizar
para democratizar. La Izquierda Unida responde a la derecha y al APRA. Lima:
s/e, 1987.
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