23/08/2017
Por primera vez en varios años un movimiento social
provoca una grieta de proporciones en la hegemonía política y cultural que el
neoliberalismo ha impuesto a la sociedad peruana. Los maestros han procedido a
derrotar varios momentos del relato dominante difundido por la mayor parte de
la élite política y los principales medios de comunicación. Primero la
invisibilización de la huelga cuando sucedieron los primeros conatos en el sur.
Segundo que la huelga era un invento de Sendero Luminoso cuando la misma llegó
a la capital trayendo la voz de miles de maestros del interior. Tercero que
como sus dirigentes estaban ligados a grupos terroristas no había con quien
negociar, por más que ya existía un Comité Nacional de Lucha y sus dirigentes
se paseaban por los medios de comunicación y el Congreso. Y cuarto, que como no
habían dirigentes confiables había que negociar por la vía de intermediarios,
sin sentarse a la mesa con los verdaderos interlocutores. Estos sucesivos
momentos lo primero que señalan es un desprecio por el otro —por parte de las
autoridades y los medios— por ser pobre, provinciano y maestro, como pocas
veces se ha visto en nuestra historia reciente.
A contrapelo de este relato el movimiento
magisterial ha demostrado a lo largo de dos meses que es un movimiento real,
constituido abrumadoramente por maestros de base, con una plataforma justa y
que atiende a los problemas de fondo de la educación peruana. Un movimiento
además que ha repercutido en casi todas las ciudades del Perú, despertando la
simpatía y solidaridad de los estudiantes, padres de familia y sociedad en
general porque ven en los maestros reflejada su propia situación. Todas estas
cuestiones le ha dado legitimidad a la huelga entre la población. Sin embargo,
a diferencia de otras grandes huelgas magisteriales en décadas pasadas, su
dirección en este caso ha sido fragmentada, en buena medida espontánea y sin
reconocimiento legal, lo que le ha quitado fuerza en la resolución del
conflicto. Asimismo, este carácter ha permitido la influencia de sectores
radicales ligados a Sendero Luminoso que, a pesar de ser minoritarios, han dado
pie para la satanización de la huelga por los poderes político y mediático.
El movimiento además, no sólo por su magnitud sino
también por sus reclamos, es expresión del fracaso de una política educativa.
Una política que se ha presentado en la última década como una “reforma de la
educación”, clave en la hegemonía neoliberal, que le permite pasar del asalto a
los bolsillos al asalto a las mentes de los peruanos. Esta política fracasa en
un punto fundamental: la necesaria relación que debe existir entre el salario
del docente y la evaluación a la cual se le somete. Desde la famosa frase del
dúo Alan García-José Antonio Chang en el quinquenio 2006-2011 “no habrá
aumentos sin evaluación”, pasando por la radicalización de esta política que se
lleva a cabo de la gestión ministerial de Jaime Saavedra (2013-2016) en
adelante. Craso error, la experiencia nos ha señalado que no se puede evaluar
al maestro sin tomar en cuenta las condiciones materiales, salario y
condiciones de trabajo, en las que desenvuelve. Evaluar a quien no puede
reproducir su fuerza de trabajo lleva una explosión como la que hemos visto en
las últimas semanas.
Esta es la teoría del maestro barato que llevó a
Saavedra, enviado del MEF en el Ministerio de Educación, a multiplicar varias
veces los maestros contratados y adjudicar menos de la mitad de las plazas que
tuvo a disposición para nombrados. En otras palabras multiplicar a los
contratados que cuestan menos y evitar a los nombrados que cuestan más. La
teoría del maestro barato con una evaluación por encima de sus posibilidades
tiene como objetivo tener asustado al magisterio para controlarlo
políticamente. Una cuestión clave en un gremio con gran capacidad de protesta
como el de los maestros. Ahora bien, ¿por qué se produce esta huelga en
junio-julio de este año? Por la amenaza de una evaluación de desempeño para el
segundo semestre de 2017, que junto con la ausencia de aumentos a la vista, los
maestros interpretan como un procedimiento masivo de despido de la carrera
docente. Esto hace que la combinación de bajo sueldos y evaluaciones llegue a
su punto de ebullición.
Empero, está también la negativa magisterial —casi
de principio— de someterse a cualquier evaluación que tenga consecuencias,
luego de no aprobar la misma en tres oportunidades, en su salida de la carrera
docente. Este es un debate tan antiguo como el inicio de las evaluaciones a
principio del siglo XXI. Aquí chocan el interés corporativo del gremio
interesado en la estabilidad laboral con el interés social interesado en la
calidad de la educación. El mal tratamiento de esta contradicción puede llevar
a una radicalización sin salida de los docentes y a un aislamiento de los
mismos del resto de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Por
ello, es de fundamental importancia un manejo adecuado de la misma que incluya
aumento de las remuneraciones y las pensiones, las capacitaciones necesarias y
finalmente participación de los profesores en las evaluaciones mismas.
Pero no solo se trata de salarios y evaluaciones.
Los maestros, desde su punto de vista, señalan también la necesidad de revisar
la ley general de educación de 2003 y la ley de carrera pública magisterial de
2012, así como la necesidad de aumentar el porcentaje de la riqueza nacional,
el PBI, que se dedica a educación. En este punto plantean una cifra quizá
inviable, el 10% del PBI, errando en el número pero no en el tema ya que la
meta del 6% se planteó en el Acuerdo Nacional hace 15 años y solo hemos llegado
al 3.8% en la actualidad. Existe entonces, aunque lo niegue el poder, una
preocupación de estos maestros por la educación en su conjunto, solo que
abordar el problema supone revisar la política educativa ya fracasada a lo que
tercamente se oponen las élites neoliberales por ser uno de los pilares de su
hegemonía actual.
Todo esto se da en un contexto de división del
sindicato magisterial. Una división que no es nueva y tiene ciertamente como
ingredientes la disputa de grupos como Sendero Luminoso y Puka Llacta con
Patria Roja, tradicionalmente el partido de mayor influencia sindical en el
magisterio. Sin embargo, hoy observamos que la dirección nacional, el CEN del
Sutep, en manos de Patria Roja, ha sido largamente rebasada por sus bases, en
una magnitud que no puede ser explicada solo por la disputa con los grupos
radicales. Es indudable que el efecto de la política neoliberal en los maestros
ha sido subestimada por la dirigencia nacional y esa es la clave de su
desplazamiento. No sabemos aún cuál será el futuro del sindicato magisterial,
pero la solución corresponde solamente a los maestros y ojalá el resultado sea
un sindicato nacional unitario y democrático.
Queda por ver cuál será el resultado de la huelga
actual. Ante la fuerza del movimiento social y la falta de alternativas del
gobierno de turno este parece haber tomado la decisión de liquidar la huelga,
es decir, aparecer derrotándola más allá del acuerdo o el desacuerdo al que se
llegue. Esta opción es clara cuando se descalifica a la dirigencia que parece
conducir a la mayoría de las regiones a través del llamado Comité Nacional de
Lucha. Primero se anuncia que no se negociará con ella y luego, ante la presión
de la opinión pública, se decide hacerlo de manera vergonzante, mediante
intermediarios, estableciendo una distancia entre maestros y funcionarios del
sector que es resentida por los primeros. En este punto, con la ministra en el
sexto piso del Ministerio de Educación y los dirigentes magisteriales en el
primero, la negociación lógicamente fracasa. Los gestos hablan por si solos.
Ojalá que los próximas días nos deparen algo mejor.
http://www.alainet.org/es/articulo/187584
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