Estimados amigos:
Durante estos años en el Perú
se viene mostrando no tanto por los hechos positivos, si no por los negativos,
como la corrupción. Esto obedece a que en los últimos dieciséis años aún se
está en una democracia precaria, porque no llega a alcanzar los niveles
suficientes de institucionalidad, lo que desencamina a establecerse la etapa cuyo
objetivo será consolidar un régimen democrático.
La falta de institucionalidad se
hace más evidente porque sus poderes públicos están lejos de compartir los
pesos y contrapesos; además el poder ejecutivo en sus tres formas de gobierno
central, regional y local no hay definidas competencias funcionales y
territoriales; el poder legislativo es estrecho en su representatividad, no
cumple a cabalidad, mermando su responsabilidad de ejercer su máxima
fiscalización administrativo/política; el poder judicial no garantiza no solo ser
cabales en sus fallos, sino que éstos se emiten sobre todo a destiempo. La
contraloría general sigue disminuida en su accionar en que se le regatea su
autonomía constitucional, ello no solo limita su intervención fiscalizadora técnico/administrativa
dirigida a presentar el control de resultados; sino que ya no sanciona a los
funcionarios que fallan en las gestiones como responsables de los pliegos
presupuestales y cometen irregularidades en el uso de los fondos asignados del
erario público. Y finalmente, las fuerzas del orden y policiales no llegan a
cubrir los grados aceptables de seguridad interna.
Está imposibilidad de
construir institucionalidad impide cambios y reformas necesarias en la
estructura organizativa del Estado, base importante para impulsar a nivel de
país su gobernabilidad, a pesar que como nunca se han realizado cuatro
elecciones políticas continuas para renovar a sus autoridades en el poder
ejecutivo y en el legislativo; sin embargo, estas autoridades elegidas más de
la veces no practican las formas virtuosas de lo que representan las reglas que
rigen la vida democrática, sin estar
acostumbrados a esta nueva forma de relacionarse ha hecho que en las
administraciones de gobierno queden gruesos rezagos del autoritarismo abierto o
asolapado.
La existencia de los gobiernos
autocráticos como bien sabemos son negadores de cualquier expresión libre de
manifestarse donde bajo cualquier forma de organizaciones de sociedad civil opinan
y ponen al descubrimiento el mal andar de sus gobiernos y por ende de sus
gobernantes, como la corrupción.
Otro asunto que vincula
autoritarismo y gobiernos autocráticos con la sociedad civil que se hereda del
pasado, es que en estos últimos dieciséis (2001/2017) años no ha sido posible que
desde la sociedad civil y la ciudadanía surjan elites que se organicen en
partidos políticos y agremiaciones sociales y económicas donde sus dirigencias sobresalgan
y se practique la democracia interna con liderazgos de sentido renovador y sus asociados
sean respetados como sean leales a las
condiciones dispuestas en cada organización.
En vez de elites y liderazgos,
persisten grupos de poder y caudillos que aparte de no estar formados para
crecer en política y otros campos de la vida, tampoco ostentan las cualidades
que los diferencian de los líderes en su comportamiento ético y ser impulsores
de una moral de trabajo, requisitos necesarios para que cuando les llegue la
hora de ser elegidos presidentes y legisladores o sean designados, puedan ejercer
debidamente sirviendo en cargos públicos y en general en las otras esferas de
la vida económica del país.
En todos estos casos también
existe por formación un dominador común, la solidaridad, el respeto a la
persona humana, el sentido del servicio ciudadano y honestidad a toda prueba. Ello
representa las bases que permitirán ser las raíces sobre el cual se construirá
el árbol de la institucionalidad, la que hace posible alcanzar larga vida a las
organizaciones políticas, sociales y económicas en una república que como el
Perú y los países de Latino América estén convencidos de que rija el régimen
democrático de política liberal y que se vaya consolidando, dejando atrás la
precariedad, para crear país.
Sin democracia política, sin
tener un Estado regulador y promocional, y sin estrechar la interculturalidad entre
las distintas etnias y agrupaciones en camino a la identidad inclusiva que
busca nacionalidad, no sólo no llegaremos a ser solidarios al margen de los
penosos exclusivismos, como el racismo; sino que no estamos preparados en optar
por cambios importantes en la esfera de la producción económica, al ser
participes de la unilateral exportación de los recursos naturales, considerada
como única la explotación extractivista.
Estos cambios en la dirección a
la diversidad productiva tiene un significado en el aspecto no sólo en la calidad
de la economía; sino en la esfera social y personal que a una mayor producción se
camina al progreso y al desarrollo que habrá de superar la desigualdad, la que abriría
la opción en términos de la democracia social, siempre que se siga perfeccionando
la democracia política
Las carencias de institucionalidad
y de grupos dispuestos se ve incapacita a la viabilidad por cambios y progresos;
en cambio, se han facilitado las brechas para la persistencia de los actos de
corrupción que, resulta ser una variable que se correlaciona de manera inversa
con la variable del control público y las rendiciones de cuentas –debilitadas y
no existiendo- que como ya visto en estas últimas décadas en el Perú, aparecen hasta dos
olas de corrupción: la primera (fujimorista), alcanzó su desarrollo máximo en
la década del 90; y la segunda (brasilera) cuyos efectos más evidentes se han ido
descubriendo, principalmente, durante la segunda década del siglo XXI.
Desde 1992 la contraloría
general ve disminuido su accionar supervigilante con grave desmedro de su
autonomía institucional; la supervisión de la legalidad que reemplaza a la
supervigilancia contralora es consagrada en la Constitución Política de 1993, lo
que hace fatídico el quehacer del ente contralor, pues, a partir de esta fecha,
han pasado casi 25 años (un cuarto de siglo), en que el control público pierde
vigencia, lo que ha permitido que las compuertas pertinentes del manejo
financiero, sean sobrepasadas por la invasión de las dos mencionadas mafias de
la corrupción.
Sobre esto último, la
organización Transparencia Internacional presenta que el Perú al año 2016, ocupa
el puesto 101 en el cuadro de los países en que se califica de menos a más
corrupción.
Se observa que el recorrido que comienza
el año 2006 con el puesto 72, eleva la colocación del Perú en la corrupción
(ver cuadros adjuntos y el gráfico), en ellos se observa como el Perú de hoy
muestra un constante incremento de la corrupción.
Al 2016 en lugar se
consolidarse la democracia, se ha consolidado la corrupción. El Perú se coloca
en la segunda parte de los países de mayor corrupción, de un total de 176,
frente a los años anteriores en que se ubicaba en la primera mitad de los
países menos corruptos.
A través de uno de los cuadros
se aprecia que los países limítrofes al Perú, ocupan: como Chile (24), Brasil
(79) y Colombia (90), están en posiciones menores con respecto al Perú (101); y
cercanos levemente a Bolivia (113) y a Ecuador (120); asimismo se observa que
los países latinoamericanos como Uruguay (21), Chile (24) y Costa Rica (41), son
países con menor corrupción y donde la democracia política se ha venido
consolidando, como en Canadá (9) y Estados Unidos (18), que tácitamente son
igualmente los menos corruptos.
En cambio, Bolivia (113),
Ecuador (120), México (123), Paraguay (123), Guatemala (136), Nicaragua (145) y
Venezuela (166) entre otros, siguen ocupando los lugares de mayor corrupción, a
la que se suma ahora el Perú, donde precisamente los regimenes democráticos son
precarios; el caso de México es especial por el narcotráfico y que muestra
visos de quiebres en su institucionalidad democrática; y en los casos de Nicaragua
y Venezuela la democracia política es nula.
Cuadro
Percepción de la Corrupción en América del 2016
Fuente:
Transparency Internacional (Transparencia Internacional) organización
no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y
corrupción política en el ámbito internacional.
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