lunes, 21 de agosto de 2017

AL 2016 EN LUGAR DE CONSOLIDARSE LA DEMOCRACIA EN EL PERÚ, SE HA CONSOLIDADO LA CORRUPCIÓN.




Estimados amigos:
Durante estos años en el Perú se viene mostrando no tanto por los hechos positivos, si no por los negativos, como la corrupción. Esto obedece a que en los últimos dieciséis años aún se está en una democracia precaria, porque no llega a alcanzar los niveles suficientes de institucionalidad, lo que desencamina a establecerse la etapa cuyo objetivo será consolidar un régimen democrático.
La falta de institucionalidad se hace más evidente porque sus poderes públicos están lejos de compartir los pesos y contrapesos; además el poder ejecutivo en sus tres formas de gobierno central, regional y local no hay definidas competencias funcionales y territoriales; el poder legislativo es estrecho en su representatividad, no cumple a cabalidad, mermando su responsabilidad de ejercer su máxima fiscalización administrativo/política; el poder judicial no garantiza no solo ser cabales en sus fallos, sino que éstos se emiten sobre todo a destiempo. La contraloría general sigue disminuida en su accionar en que se le regatea su autonomía constitucional, ello no solo limita su intervención fiscalizadora técnico/administrativa dirigida a presentar el control de resultados; sino que ya no sanciona a los funcionarios que fallan en las gestiones como responsables de los pliegos presupuestales y cometen irregularidades en el uso de los fondos asignados del erario público. Y finalmente, las fuerzas del orden y policiales no llegan a cubrir los grados aceptables de seguridad interna.
Está imposibilidad de construir institucionalidad impide cambios y reformas necesarias en la estructura organizativa del Estado, base importante para impulsar a nivel de país su gobernabilidad, a pesar que como nunca se han realizado cuatro elecciones políticas continuas para renovar a sus autoridades en el poder ejecutivo y en el legislativo; sin embargo, estas autoridades elegidas más de la veces no practican las formas virtuosas de lo que representan las reglas que rigen la  vida democrática, sin estar acostumbrados a esta nueva forma de relacionarse ha hecho que en las administraciones de gobierno queden gruesos rezagos del autoritarismo abierto o asolapado.
La existencia de los gobiernos autocráticos como bien sabemos son negadores de cualquier expresión libre de manifestarse donde bajo cualquier forma de organizaciones de sociedad civil opinan y ponen al descubrimiento el mal andar de sus gobiernos y por ende de sus gobernantes, como la corrupción.   
Otro asunto que vincula autoritarismo y gobiernos autocráticos con la sociedad civil que se hereda del pasado, es que en estos últimos dieciséis (2001/2017) años no ha sido posible que desde la sociedad civil y la ciudadanía surjan elites que se organicen en partidos políticos y agremiaciones sociales y económicas donde sus dirigencias sobresalgan y se practique la democracia interna con liderazgos de sentido renovador y sus asociados sean respetados como sean  leales a las condiciones dispuestas en cada organización.
En vez de elites y liderazgos, persisten grupos de poder y caudillos que aparte de no estar formados para crecer en política y otros campos de la vida, tampoco ostentan las cualidades que los diferencian de los líderes en su comportamiento ético y ser impulsores de una moral de trabajo, requisitos necesarios para que cuando les llegue la hora de ser elegidos presidentes y legisladores o sean designados, puedan ejercer debidamente sirviendo en cargos públicos y en general en las otras esferas de la vida económica del país.
En todos estos casos también existe por formación un dominador común, la solidaridad, el respeto a la persona humana, el sentido del servicio ciudadano y honestidad a toda prueba. Ello representa las bases que permitirán ser las raíces sobre el cual se construirá el árbol de la institucionalidad, la que hace posible alcanzar larga vida a las organizaciones políticas, sociales y económicas en una república que como el Perú y los países de Latino América estén convencidos de que rija el régimen democrático de política liberal y que se vaya consolidando, dejando atrás la precariedad, para crear país.
Sin democracia política, sin tener un Estado regulador y promocional, y sin estrechar la interculturalidad entre las distintas etnias y agrupaciones en camino a la identidad inclusiva que busca nacionalidad, no sólo no llegaremos a ser solidarios al margen de los penosos exclusivismos, como el racismo; sino que no estamos preparados en optar por cambios importantes en la esfera de la producción económica, al ser participes de la unilateral exportación de los recursos naturales, considerada como única la explotación extractivista.
Estos cambios en la dirección a la diversidad productiva tiene un significado en el aspecto no sólo en la calidad de la economía; sino en la esfera social y personal que a una mayor producción se camina al progreso y al desarrollo que habrá de superar la desigualdad, la que abriría la opción en términos de la democracia social, siempre que se siga perfeccionando la democracia política
Las carencias de institucionalidad y de grupos dispuestos se ve incapacita a la viabilidad por cambios y progresos; en cambio, se han facilitado las brechas para la persistencia de los actos de corrupción que, resulta ser una variable que se correlaciona de manera inversa con la variable del control público y las rendiciones de cuentas –debilitadas y no existiendo- que como ya visto en estas  últimas décadas en el Perú, aparecen hasta dos olas de corrupción: la primera (fujimorista), alcanzó su desarrollo máximo en la década del 90; y la segunda (brasilera) cuyos efectos más evidentes se han ido descubriendo, principalmente, durante la segunda década del siglo XXI.
Desde 1992 la contraloría general ve disminuido su accionar supervigilante con grave desmedro de su autonomía institucional; la supervisión de la legalidad que reemplaza a la supervigilancia contralora es consagrada en la Constitución Política de 1993, lo que hace fatídico el quehacer del ente contralor, pues, a partir de esta fecha, han pasado casi 25 años (un cuarto de siglo), en que el control público pierde vigencia, lo que ha permitido que las compuertas pertinentes del manejo financiero, sean sobrepasadas por la invasión de las dos mencionadas mafias de la corrupción.
Sobre esto último, la organización Transparencia Internacional presenta que el Perú al año 2016, ocupa el puesto 101 en el cuadro de los países en que se califica de menos a más corrupción. Se observa que el recorrido que comienza el año 2006 con el puesto 72, eleva la colocación del Perú en la corrupción (ver cuadros adjuntos y el gráfico), en ellos se observa como el Perú de hoy muestra un constante incremento de la corrupción.
Al 2016 en lugar se consolidarse la democracia, se ha consolidado la corrupción. El Perú se coloca en la segunda parte de los países de mayor corrupción, de un total de 176, frente a los años anteriores en que se ubicaba en la primera mitad de los países menos corruptos.
A través de uno de los cuadros se aprecia que los países limítrofes al Perú, ocupan: como Chile (24), Brasil (79) y Colombia (90), están en posiciones menores con respecto al Perú (101); y cercanos levemente a Bolivia (113) y a Ecuador (120); asimismo se observa que los países latinoamericanos como Uruguay (21), Chile (24) y Costa Rica (41), son países con menor corrupción y donde la democracia política se ha venido consolidando, como en Canadá (9) y Estados Unidos (18), que tácitamente son igualmente los menos corruptos.
En cambio, Bolivia (113), Ecuador (120), México (123), Paraguay (123), Guatemala (136), Nicaragua (145) y Venezuela (166) entre otros, siguen ocupando los lugares de mayor corrupción, a la que se suma ahora el Perú, donde precisamente los regimenes democráticos son precarios; el caso de México es especial por el narcotráfico y que muestra visos de quiebres en su institucionalidad democrática; y en los casos de Nicaragua y Venezuela la democracia política es nula.

Cuadro Percepción de la Corrupción en América del 2016


Fuente: Transparency Internacional (Transparencia Internacional) organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional.






 
  Autor: Fernando Anibal Arce Meza 


























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